El (des) informe de Pádrés
Por Alejandro Maty Ortega/ Dossier Político
Hermosillo, Sonora.- Este 14 de octubre, el gobernador Guillermo Padrés Elías rendirá ante un selecto grupo de políticos, empresarios y líderes sociales, su IV Informe de Gobierno donde por mandato constitucional debe resumir las acciones a favor de las familias; sin embargo, no hablará del quebranto financiero, el conflicto social por el agua, la invasión de Poderes, Guardería ABC, mineros de Cananea, Ríos Fimbres, caso Guaymas y menos, de su falta de sensibilidad política para resolver los grandes problemas de Sonora.
Indudablemente que el tema de la construcción y operación del Acueducto Independencia, la “eliminación” del impuesto Comun para el 2014, el Estadio Sonora, el primer lugar en educación a nivel nacional, la inversión histórica en pavimentación de calles y el inicio de la presa Bicentenario, serán el eje rector de su discurso mientras los bloqueos en Vícam, el caos transportista y los golpeteos pre-electorales continúan por la falla de sus operadores.
Dossier Político, en su compromiso de informar y exponer la realidad en el actuar del Gobierno del Estado, expone una serie de hechos que pretenderán ocultar a fin de “planchar” una alfombra roja al mandatario para salir avante en un IV Informe que será blindado mientras que la sociedad pagará por el desfondo de las arcas públicas en Sonora.
La estrategia mediática utilizada por los operadores del Nuevo Sonora donde se invierten millones de pesos que aún no se tiene claridad del monto, pero sí destino en medios de comunicación, de televisión, radio y prensa, nacionales y locales, ha logrado contener los ánimos de miles de sonorenses que en su momentos se volcaron a las calles, bulevares y plazas para exigir sus derechos y lanzar consignas contra el abuso de poder y la imposición de la carga tributaria del Estado.
La realidad es que en Sonora existe desorden financiero, abuso de poder, violación sistemática del Estado de Derecho, insensibilidad gubernamental, persecución política, intolerancia, opresión, negligencia, indiferencia por las causas sociales, incumplimiento de la ley y discriminación franca contra los grupos marginados de la entidad, como las mismas Tribu Yaqui y Guarijía.
En este IV Desinforme de Gobierno se resumirá lo que el gobernador Guillermo Padrés Elías jamás hablará en su impecable IV Informe de Gobierno que será aplaudido incesantemente por los presentes en el Palacio de Gobierno, invitados ad doc del mandatario Número 1 de Sonora.
Hacienda-Comun
El pasado 13 de diciembre del 2013 DP documentó que impuestos y nuevos cobros se avecinaban desde el primero de enero en Sonora, a fin de cubrir el pago de mil 700 millones de pesos sólo de intereses de la deuda estatal, esto debido a una falla en el diseño de la política financiera del Gobierno del Estado, presuntos desvíos de recursos y gastos excesivos; lo anterior luego de que los diputadas aprobaran el cobro del Comun.
En un estudio elaborado se logró establecer que el Impuesto Especial para el Fortalecimiento de la Infraestructura Municipal conocido como “tenencia” no será el único dolor de cabeza para los sonorenses pues después de éste, el “Rosario” impositivo viene de donde sea a fin de cubrir la deuda heredada por administraciones pasadas más la contraída en los últimos 3 años.
La Contribución al Fortalecimiento Municipal aunque el 2012 sería aplicado con una tasa del 0 %, el 2013 el cobro será aplicado el 3 por ciento del valor del automóvil y en depreciación para carros con hasta 10 años de antigüedad.
Además, los sonorenses deberán cargar con el incremento en la expedición o renovación de las licencias para conducir como la de automovilista que pasó de 342 pesos a 380 por dos años, de 458 a 517 pesos por tres años y de 574 a 650 por 4 años; quienes utilizan las licencias de chofer pagarán de 406 a 456 pesos si solicita una mica por dos años, de 522 a 620 pesos por 3 años y por 4, de 637 a 780 pesos.
Para los motociclistas también hay noticias pues el 2012 pagaban 221 pesos y entrando el año pagan 380.
En cuanto a la expedición o canje de placas, se paga 785 pesos, 570 por revalidación además de 100 pesos por la baja, 150 pesos por la verificación y validación del Número de Identificación Vehicular, 150 por la verificación y validación de factura, 500 pesos por la verificación del pedimento de importación del vehículo y 100 pesos por la expedición de constancia de inscripción en el Registro Vehicular.
En el Registro Civil, ya no paga 75 presos sino 90 por el Acta de Nacimiento, 690 por casarse dentro de la oficina en horas hábiles y 2 mil 245 pesos al hacerlo fuera de la oficina en horas inhábiles, además de 865 pesos por los actos del estado civil de los mexicanos realizados en el extranjero, también 525 pesos por las resoluciones judiciales relativas a adopciones y 771 pesos por resoluciones judiciales referentes a divorcios.
Ante esta realidad, cada vez fueron más los sonorenses que se han sumado a la exigencia de revocar el impuesto de Contribución al Fortalecimiento Municipal y desde el pasado lunes se consolidó el llamado Movimiento de Ciudadanos Inconformes que van por 300 mil firmas para lograr eliminar la carga tributaria en Sonora.
El autollamado movimiento “No más Impuestos” llevó a cabo marchas para exigir la revocación del “impuesto disfrazado”, incremento a la tarifa del agua en Hermosillo y otros gravámenes que lesionan sensiblemente el bolsillo de los sonorenses que deberán sufrir los embates tradicionales del inicio de la cuesta de enero.
El lunes 17 de diciembre del 2012, la Opinión Pública sonorense manifestó su descontento por el albazo en el Congreso del Estado donde, sin tapujo alguno, se aprobó el cobro de la tenencia y el incremento a la tarifa del agua en la capital de Sonora.
Dossier Político realizó un sondeo en el Centro de la ciudad para saber la opinión de la gente sobre el incremento del 40 por ciento a la tarifa del agua en Hermosillo y el cobro de la tenencia y todos, sin excepción, lo consideraron un crimen a los bolsillos de las familias de Sonora que confiaron en las promesas de Padrés.
Para el señor Gustavo Alcántar de oficio taxista y apostado por fuera del Mercado Municipal, la decisión de aumentar el agua y cobrar una tenencia disfrazada “fue del gobernador Guillermo Padrés, él y los diputados son los responsables de este robo a despoblado”.
Criticó que es muy difícil mantener su taxi “porque la gente no tiene dinero para andar pagando un servicio como el de nosotros, prefiere pasar penurias en los camiones y aún así batallan para pagar los 7 pesos imagínese para pagar 70 ó 90 pesos a El Sahuaro, lo más triste es que ahora no podrán pagar ni el agua”.
La señora Josefina Torres Juárez, de Las Pilas, dijo desconocer sobre la tenencia pues en su familia no utilizan vehículo pero sí opinó sobre la tarifa del agua:
“Lo único que sé es que es un crimen que nos quieran dar más cara el agua, si de por sí pagamos 80 pesos al mes y apenas nos alcanza, ahora me imagino que serán más de 100 pesos, lo que no estoy de acuerdo es que paguemos según entiendo porque el Agua de Hermosillo no hay dinero para reparar las tuberías, pero eso no es culpa de nosotros”, lamentó.
Por su parte, Sergio Buitimea Gómez, comerciante del Centro expresó que “tenemos lo que merecemos, sabíamos que este Padrés iba a aumentar el agua con su acueducto y no dijimos nada, pero ahí andan los de la Unión de Usuarios apoyando una obra ilegal que pronto nos cobrará la factura del silencio y la apatía”.
En tanto, María Herrera, enfermera, manifestó que “cada año es la misma, no sé por qué la gente como sociedad no hace nada al respecto, creo que nos hemos vuelto insensibles al dolor humano, creemos que porque nosotros podemos pagar no tenemos por qué protestar por fuera del Congreso o del Palacio de Gobierno, creo que es un asunto de indiferencia”.
Mientras, Jesús Alfredo Jaime, cobrador, apuntó que “quieras o no quieras el Gobierno siempre hará lo que quiere porque se lo permitimos, nos quedamos callados y los medios de comunicación nunca publican el sentir de la gente, están vendidos, son unos corruptos y me refiero especialmente a El Imparcial, Televisa, TV Azteca y Telemax”.
Desde mentadas, críticas, reproches y decepción, se pudo percibir de los entrevistados, contra el gobernador y los diputados, que en su mayoría apenas superan los mil pesos de ingreso semanal, ingreso que cada vez reciente los embates de la negligencia, irresponsabilidad y deshumanización de los políticos sonorenses.
De este ejercicio ciudadano, también se logró obtener que, sin importar “color”, todos los que antes fueron candidatos y hoy ostentan un cargo público, se olvidaron de las necesidades y las promesas que hicieron cuando ansiaban el poder comprando el voto ciudadano con menudo, tortas y un refresco de cola.
El viernes 21 de diciembre, el gobernador Padrés afirmó que “todos sabemos que él -Eduardo Bours Castelo- lanzó planes a través de créditos que nos han salido muy caro hasta ahorita y ahorita hay que pagar eso… la verdad es que no hay muchas opciones de cómo podemos hacer frente a la situación y el manejo que se le dio a la economía del Estado en años pasados, que ahorita nos viene a alcanzar a todos, pero no hemos dejado que nadie salga afectado”.
En una entrevista concedida a un medio local de Sonora, Padrés Elías reconoció que el nuevo cobro del impuesto Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal es para abonar a la “gran deuda” que dejaron las administraciones pasadas, sobre todo la del ex gobernador Eduardo Bours.
“El Gobierno del Estado viene arrastrando una deuda muy grande que se contrajo en administraciones pasadas, que nosotros de ninguna manera la contratamos, que hemos venido reestructurándola buscando las mejores condiciones para la gente”, justificó el gobernador Guillermo Padrés el cobro desmedido de impuestos y alza en servicios como el agua y transporte público para el 2013 en Sonora.
“Son alrededor de 9 mil millones de pesos que venimos arrastrando, es una deuda muy grande que recibimos, que nosotros llegando la reestructuramos con tasas mucho más bajas”, puntualizó, “… tenemos que pagar este año (2013) alrededor de mil 700 millones de pesos”.
El jueves 20 de diciembre, el dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, calificó de “traidores” a los diputados panistas de Sonora y consideró que deberían dejar de llamarse representantes del Pueblo, luego de aprobar más impuesto para los sonorenses que dañan su economía.
“Con este tipo de acciones son todo menos representantes, nosotros les llamaríamos traidores a la confianza que les dio el ciudadano de buena fe, únicamente hemos recibido una traición por parte de ellos, porque los problemas sociales donde debe de haber una presencia, una firmeza por parte de ellos, no hubo ningún sentido”, espetó.
Como una estrategia socorrida calificó el economista de la Universidad de Sonora, Germán Palafox Moyer, la estrategia tributaria que pretende imponer el gobernador Guillermo Padrés a los sonorenses esencialmente porque falló el diseño de política financiera que no midió el pago de intereses.
Acueducto Independencia
Indudablemente, el tema de Acueducto Independencia ha marcado un antes y un después en la historia de Sonora, en la forma de hacer Gobierno y de provocar con sus acciones la división, el conflicto social, la violación del Estado de Derecho y la incapacidad para atender puntualmente los problemas de Sonora.
Sólo falta recordar que el 10 de abril, el director de Conagua dijo que el Gobierno del Estado no cuenta con los permisos de trasvase de agua de la presa “El Novillo” al Acueducto Independencia, por lo que no puede extraer una sola gota del vital líquido y por ende, distribuirlo al reservorio y menos aún, a la red de agua potable de Hermosillo.
En la reunión con el gobernador Guillermo Padrés Elías, el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman reiteró que el Gobierno del Estado requiere de los permisos actualizados de parte de Conagua, por lo que se suspendió la extracción de agua de “El Novillo” hasta regularizar la situación técnica-administrativa del Acueducto Independencia.
Durante un recorrido por el reservorio, el gobernador Padrés dijo “ustedes –los periodistas- están presenciando un hecho histórico sin precedentes y como decía el corrido muy famoso del ´Moro de Cumpa´, aquí se acabaron las dudas ahí está el agua de la Plutarco Elías Calles” e insistió que el vital líquido fue extraído de “El Novillo” contrario a la afirmación de la Conagua de que no existía permiso para tal trasvase.
Gobernador, ¿de dónde viene esta agua del reservorio?, se le cuestionó, “que lo sigan, vayan y vean de dónde viene el agua, vayan ustedes a presenciar ya los hemos invitado, ustedes saben dónde está la presa y dónde está la obra de toma, ustedes son periodistas y a muchos de ustedes les gusta hacer trabajo de investigación periodística”, refirió a algunos de los periodistas presentes.
Sobre el tema de los litigios que actualmente se debaten en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Padrés se limitó a decir que son asuntos de los especialistas.
Padrés Elías invitó a los reporteros que asistieron al reservorio a que siguieran “la huella” del agua que recorrió más de 150 kilómetros desde “El Novillo” hasta la capital de Sonora, “recórranlo –el Acueducto Independencia- esta agua viene de la presa ´Plutarco Elías Calles´, de ´El Novillo´, están prendidas las bombas en este momento, están trabajando y aquí está el esfuerzo de todos los ingenieros y quiero decirlo, del consorcio de empresas que hicieron ese esfuerzo, que hicieron esta obra posible”, destacó el mandatario sonorense.
Durante el recorrido de supervisión de la llegada del agua al reservorio, al preguntarle sobre la declaración del director de Conagua en el sentido de que la Comisión Nacional del Agua no había recibido solicitud de trasvase de parte del Gobierno del Estado de Sonora, el Gobernador Padrés apuntó al reservorio que tiene una capacidad de almacenamiento de 1.3 millones de metros cúbicos:
“Ahí está el agua”.
En la Ciudad de México, en una reunión con diputados federales integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, aseguró que “mi compromiso es con Sonora, no con una región ni con otra, sino que tenga todo el Estado agua… en este momento no hemos tenido ninguna solicitud de trasvase”.
“Diputado Faustino Félix, miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos ahí le van... ahí le va la primera que quiere oír, todos los trasvases de este País requieren la autorización de la Comisión Nacional del Agua, donde sean y donde se establezcan y una cosa es que quién maneja la obra de toma pero el trasvase como tal requiere de una autorización del Gobierno de la República en el caso de esta infraestructura –Acueducto Independencia-”, reveló el director de Conagua.
Al continuar con el tema, David Korenfeld apuntó que “número dos, tiene que estar de conformidad con los títulos vigentes de derechos de agua para efectos de hacer los trasvases… de los anuncios que ha hecho el Gobernador –de Sonora, Guillermo Padrés Elías- pues me he enterado igual que tú por los medios y ahí le pediría a la parte de Pimentel y de Camarena que te den los últimos avances que lleva la obra para efectos que determines el estado real de la obra”, precisó el director de Conagua.
“Sin entrar a debates si la obra es justa o injusta o está bien o está mal, para eso está la autoridad judicial y seré muy respetuoso de la autoridad judicial lo que vemos es que darle sustentabilidad y como lo establecí y se lo dije al Gobernador y se lo digo al Diputado mi compromiso es con Sonora no con una región ni con otra, si no que tenga todo el Estado agua”, señaló.
El diputado Félix Chávez inquirió al funcionario federal antes de pasar al tema de “Red de Agua de Hermosillo”, “la pregunta concreta, ¿hay autorización en este momento?”…
“En este momento no hemos tenido ninguna solicitud de trasvase”, respondió David Korenfeld al final de la reunión con los diputados federales integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá el curso legal del Acueducto Independencia después del análisis de la Controversia Constitucional 24/2012 presentada el pasado 11 de septiembre por las autoridades municipales de San Ignacio Río Muerto contra la obra hidráulica.
Además, la SCJN analiza las impugnaciones presentadas por los opositores desde hace casi 2 años entre las que se encuentra la afirmación de no existir excedentes de agua y que no es posible asignar aguas a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para el servicio de agua potable de Hermosillo toda vez que la administración del agua en dicha ciudad corresponde al Municipio y no a la CEA.
En un documento enviado, los inconformes señalan que los actos reclamados son cualquier procedimiento administrativo tendiente a resolver la autorización del proyecto de construcción u operación del Acueducto Independencia para trasvasar aguas del Río Yaqui a la Cuenca Hidrológica del Río Sonora, así como la autorización emitida por Semarnat en materia de impacto ambiental para la construcción de la obra Acueducto Independencia.
De la misma forma, los títulos de asignación: 02SON150083/09HBDA10 mediante el cual se asignan 40’182,450.60 millones de metros cúbicos; el título de asignación 02SON150085/09HBDA10, mediante el cual se asignan 11’720,000.00 millones de metros cúbicos, y; el título 02SON150734/09HBDA11, mediante el cual se asignaron 8’582,594.00 millones de metros cúbicos de aguas superficiales del Río Yaqui a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora.
La SCJN revisa también la elaboración, aprobación y ejecución del Programa Sonora SI (Proyecto Sonora Sistema Integral), así como cualquier procedimiento administrativo tendiente a resolver la autorización del proyecto de construcción u operación del Acueducto Independencia para trasvasar aguas del Río Yaqui a la cuenca hidrológica del Río Sonora.
La licitación pública No. 55201001-001-10, (parte integrante del Programa Sonora SI) relativa al proyecto integral para el diseño y construcción del “Acueducto Independencia”, que incluye obra de toma y acueducto de la presa “Plutarco Elías Calles”, en todas sus etapas y los actos que de ella se deriven.
Sobre este asunto, las autoridades yaquis de San Ignacio Río Muerto aducen que tienen derecho a un medio ambiente sano (Art. 4 Constitucional y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Decretos de Veda. Humedal de Bahía de Lobos por la diversidad de flora y fauna (Sitio Ramsar protegido por tratados internacionales).
Consideran el derecho de audiencia previsto en el Artículo 14, en relación con los diversos 4, 27 y 115 fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río ya que, durante el desarrollo de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental no se le emplazo a los mismos, ni se le otorgó intervención alguna, lo que le afecta de modo especial en virtud de la posición que guarda frente a los actos impugnados.
Además, que durante el desarrollo de los procedimientos de asignación de aguas nacionales a favor de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora no se le emplazó a los mismos, ni se le otorgó intervención alguna, lo que le afecta de modo especial en virtud de la posición que guarda frente a los actos impugnados.
Aseveran que los actos reclamados violan los requisitos de debida fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 en relación con los artículos 1, 4, 27, 115 fracción V, inciso g) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sobre el impacto ambiental, refieren el Artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que claramente señala que cuando se someta a evaluación de impacto ambiental un proyecto ante la DGIRA y éste contravenga lo establecido en la LGEEPA, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, la resolución que se emita debe ser en sentido negativo.
Consideran que no es posible asignar aguas a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para el servicio de agua potable de Hermosillo toda vez que la administración del agua en dicha ciudad corresponde al Municipio y no a la CEA.
Además, que no existe disponibilidad efectiva del recurso agua (excedentes) en la cuenca del Río Yaqui para trasvasar a la Cuenca del Río Sonora, tal como lo exige la Ley de Aguas Nacionales. Se tomó en cuenta un balance hidrológico del 2004 cuando debe actualizarse cada 3 años.
Explican que se le debió de notificar el programa Sonora SI al Municipio, previo a su aprobación, a efecto de que estuviéramos en condiciones de expresar nuestra opinión al respecto y de presentar pruebas en apoyo de sus afirmaciones.
El Gobierno debió consensar previamente con la Tribu Yaqui, en términos de lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, que obliga a que las acciones del sector público, social o privado que impacten los recursos naturales sobre los cuales los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho preferente para acceder de manera autónoma a su uso y disfrute, deberán ser previamente consensuadas con ellos, por lo que al no haberse realizado, los actos hoy impugnados son inválidos.
En este sentido, exponen, resulta aplicable también el Convenio 169 de OTI Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, cuyo artículo 6 establece una serie de garantías procedimentales al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
A un mes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmara la atracción del caso del Acueducto Independencia, la cual sustenta el amparo #461/2011, inició el proceso de discusión y análisis, por lo que solicitó informes a la Semarnat y Conagua a fin de determinar si detendrá la obra hidráulica.
El pasado 18 de septiembre se recibió el documento que expone “por haber emitido la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental para la obra del Acueducto Independencia, sin cumplir con la obligación constitucional de haberles otorgado a la Tribu Yaqui, el Derecho de Audiencia, exigiéndole se repusiera el procedimiento”
El ex senador por Sonora, Javier Castelo, anunció en ese entonces que “los seis Juicios de Amparo en proceso en el Juzgado Octavo de Distrito, al dictar sentencia la Titular del Juzgado Octavo e interpuesto por cualquiera de las partes el Recurso de Revisión, será atraído por la SCJN y se acumulará su estudio al Amparo 461/2011.
El pasado 31 de julio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó una vez más al gobernador Guillermo Padrés Elías a acatar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación y obedecer la orden de suspensión de la obra del Acueducto Independencia y someterse al Estado de Derecho.
Castelo Parada informó sobre los avances en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la reunión que sostuvieron los integrantes del Movimiento “No a El Novillo” Adalberto Rosas, Alberto Vizcarra, Jesús María Martínez y Tomás Rojo Mario Luna.
Castelo Parada describió que se abordaron temas relacionados a los avances de la Controversia Constitucional presentada por el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto (SIRM).
“El Magistrado Arturo Pueblita nos dijo que en la página de la SCJN se informó que el Ministro Jorge Pardo Rebolledo fue designado Ministro Ponente para presentar ante la Primera Sala el Dictamen sobre la Controversia Constitucional; el Ministro Pardo solicitó información a los Juzgados de Distrito sobre Amparos presentados ante ellos y Suspensiones otorgadas y requirió que en un término de tres días hábiles a partir de ser notificados, dependencias del gobierno federal y del Estado presenten la información requerida”, dijo.
Expuso que el Ayuntamiento de SIRM solicitó la Acción Suspensiva -ésta es el equivalente a la Suspensión Provisional en los Juicios de Amparo- la información requerida por el Ministro será la base para que él decida si otorga la Acción Suspensiva.
“De otorgarse, la obra del Acueducto se suspende y con la SCJN no puede haber desacato, de inmediato de no obedecer, separa del cargo al Gobernador; consideramos que en no más de dos semanas conoceremos la decisión del Ministro Jorge Pardo.
Además, expresó que sostuvieron reunión en la Procuraduría General de la República donde “nos entrevistamos con el Subprocurador Mtro. Irving Barrios y abordamos los temas de insistir en consignar ante el Poder Judicial a los funcionarios que incurrieron en desacato, desde el 2010”.
Al mismo tiempo, amplió que “le recordamos que la Procuradora Mtra. Marisela Morales, en febrero de este año, dijo a un grupo de los defensores del agua del Novillo, que había revisado el expediente y encontró plenamente sustentado el desacato y que le extrañaba no se hubiere consignado”, concluyó.
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