Caso Duarte en Chihuahua: Tres
peticiones de extradición, once órdenes de arresto. PGR en duda.
Por Daniela Barragán
Luego de dos semanas en que la exigencia de solicitar la extradición de
César Duarte Jáquez creció, el día de ayer la PGR anunció que “esta semana” se
tramitarían tres órdenes para traer a México al ex Gobernador de Chihuahua.
Se sabe que son 11 órdenes de arresto las que tiene (10 estatales y 1
federal) y LA PGR informó que se analizaron una por una para realizar las
solicitudes formales. Finalmente quedarán tres.
Al respecto, el encargado de la estrategia jurídica de Chihuahua, Paulo
Díez Gargari, comentó que lo anunciado por la PGR parece un “error deliberado”,
ya que el tratado de extradición México-Estados Unidos contempla que la persona
que sea extraditada podrá ser juzgada únicamente por las órdenes que se
presentaron. Es decir, si Duarte es extraditado, se corre el riego de que César
Duarte solo sea juzgado por las tres causas penales que la PGR escogió y no por
el resto.
Ciudad de México.-
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el día de ayer que a la
brevedad tramitará tres órdenes de extradición contra el ex Gobernador de
Chihuahua, César Duarte Jáquez, lo que ha generado suspicacia entre las
autoridades estatales encargadas de procesarlo por corrupción.
En conferencia de
prensa, Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, explicó que
durante 2017 recibió 11 causas penales (10 estatales y una más de orden
federal).
Luego del análisis
de cada una, agregó, se determinó que se tramitarían tres causas: dos estatales
y una federal; que la PGR se encontraba ya en la etapa final de formulación de
conductos diplomáticos para la solicitud de extradición.
Las 10 denuncias
presentadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo acusan, entre
otros delitos, del desvío de mil 200 millones de pesos del erario público
durante su mandato en esa entidad. La otra salió desde la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (Fepade) y lo acusa del
desvío de 79 millones de pesos de las arcas estatales.
César Duarte
Jáquez es aún miembro del PRI, que mantiene en la congeladora la solicitud para
retirarle sus derechos partidistas.
El abogado Paulo
Díez Gargari, quien es el encargado de la estrategia jurídica de Chihuahua,
criticó el actuar de la PRG y de Elías Beltrán y mira en el anuncio del día de
ayer un comportamiento atípico, irregular e ilegal.
“Da la impresión
que estuvieran haciendo todo mal, como que se estuvieran equivocando al
propósito, como si estuvieran cometiendo errores de manera deliberada para
favorecer que César Duarte se fugue o que una vez que sea extraditado, pueda
ser liberado fácilmente con base en algún argumento formal relativo al debido
proceso”, dijo a SinEmbargo.
Díez explicó que
el proceso debió haberse hecho a la inversa. El tratado de extradición
México-Estados Unidos en el Artículo 11 establece la facultad de los estados de
solicitar al otro estado la detención provisional de la persona que se está
requiriendo para efectos de extradición. Eso es lo que permite detener a la
persona antes de que ésta tenga noticias de que se ha solicitado su
extradición.
Luego de la
detención de la persona, el estado que solicitó la extradición, en este caso
México, tiene 60 días para presentar la solicitud de extradición.
El Artículo 17 del
Tratado establece la regla general en ese sentido: una persona que ha sido
extraditada no puede ser enjuiciada ni sancionada en México, por un delito
distinto a aquel por el cual se concedió la extradición.
“Entonces uno se
pregunta por qué anuncia el Procurador que solamente solicitará la extradición
por tres órdenes de aprehensión y no por las 11 que existen. Es cierto que se
pueden presentar en el curso de los próximos días y lo que se debería exigir es
que la actuación de la PGR sea apegada a derecho e impecable, porque lo que no
queremos es que, como saben que ese proceso en contra de Duarte no será un
proceso encapsulado como el de Duarte de Veracruz, decidan ‘equivocarse’ con la
extradición y abrirle la puerta a Duarte para que, o se mueva a otro país antes
de que exista una solicitud formal de detención suya, o si es que resulta
extraditado, pueda promover algunos amparos y salir libre, rápidamente, sin
mayores problemas”, agregó Díez en entrevista con SinEmbargo y
sostuvo que de entrada, lo primero que debe garantizarse es la detención de
Duarte.
El Gobernador de
Chihuahua, Javier Corral Jurado reconoció el paso de la PGR, pero con
suspicacia por el riesgo que existe de que Duarte logre salir impune.
Javier Corral
precisó que el tratado de extradición señala con toda claridad, que la
autoridad federal pedirá en ese momento la detención provisional con fines de
extradición y en este caso, se le da una oportunidad a César Duarte, al
anunciarle lo que se va a hacer y en lo relativo a las tres órdenes de
extradición.
“Esperemos que
este sea el paso que inicie el proceso para desahogar todas las órdenes de
aprehensión, las 10 en total que presentó Chihuahua, toda vez que el criterio
de especialidad en materia de extradición señala, que cuando se obtiene la
extradición de una persona, solo se le podrá llevar a juicio por los delitos
acreditados en el expediente de extradición”, indicó el gobernador.
Explicó que una
vez detenido, hay un tiempo para agregar otras causas penales antes de que se
dicte el juicio de extradición.
Los presuntos
actos de corrupción de César Duarte al frente del Gobierno de Chihuahua
abrieron un conflicto entre el Gobierno federal y el encabezado por Javier
Corral Jurado, quien acusó que la Secretaría de Hacienda le ha negado recursos
por la investigación que tiene abierta contra el ex mandatario priista.
La dependencia
encabezada por José Antonio González Anaya negó que castigue a la
administración de Corral y ha argumentado insuficiencia de recursos o fallas en
el número de cuenta que les fue proporcionada para justificar la ausencia del
dinero.
Javier Corral
atribuye el “castigo” financiero a las recientes revelaciones en contra del ex
secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional priista, Alejandro
Gutiérrez, quien supuestamente desvió 250 millones de pesos destinados a las
arcas del estado norteño en 2016. De la mano de Duarte Jáquez, ese dinero
habría servido para las campañas presidenciales del PRI en 2016.
El desvío de
recursos habría sido ocultado con facturas y servicios inexistente.
De acuerdo con el
propio testimonio de Gutiérrez, los montos desviados de la Federación
fueron entonces avalados por la SHCP, encabezada entonces por Luis Videgaray
Caso.
Niegan
amparo a Beltrones: Chihuahua no ordenó aprehenderlo
El exdirigente nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, no es investigado ni hay órdenes
de detención en su contra, dio a conocer una jueza federal, quien le negó un
amparo definitivo.
La titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo
en Materia Penal de la Ciudad de México, María Dolores Núñez, le negó al
exlegislador la suspensión definitiva que había solicitado en un juicio de
amparo contra posibles actos de las autoridades del gobierno de Chihuahua que
investigan desvíos millonarios del erario a campañas electorales priistas.
En dicho juicio, el gobierno de Javier Corral
informó a la jueza que no hay alguna orden de aprehensión o de citatorio contra
el político sonorense.
Sin embargo, la defensa de Beltrones presentará una
serie de pruebas de que el gobierno de Chihuahua tiene activa una investigación
contra su cliente.
El pasado 9 de enero se dio a conocer que la jueza
Núñez Solorio suspendió cualquier orden de aprehensión, comparecencia y
citatorio girado contra Beltrones.
En aquella ocasión, Núñez precisó que dicha
suspensión sería efectiva siempre y cuando los delitos que se imputen al líder
priista no sean considerados graves en el viejo sistema o que ameriten la
prisión preventiva oficiosa con el nuevo sistema de justicia. (APRO).
El Cabildo aprobó por unanimidad, la propuesta del DIF
Cajeme, de ratificar a los ciudadanos que integran el Consejo Local de
Tutelas del Municipio de Cajeme, ello acorde a lo previsto por los
artículos 445 del Código de Familia vigente en el Estado de Sonora y 61
fracción III inciso N de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
