La complicidad de los “árbitros
arbitrarios”
Las transnacionales aumentan su ofensiva contra México y Latinoamérica
Por Sergio Ferrari
A paso redoblado, grandes grupos empresariales
internacionales continúan su ofensiva contra los Estados latinoamericanos y
caribeños exigiendo pagos multimillonarios en concepto de indemnizaciones.
Entre el inicio de este año y el 24
de julio, el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países
Bajos, constató 18 nuevas demandas promovidas por grandes empresas
norteamericanas y europeas contra Estados de América Latina y el Caribe. Esta
región contabiliza un total de 364 procesos de este tipo en su contra, más de
la mitad de los mismos promovidos en los últimos 12 años. Como lo explica el TNI,
América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones del mundo que más
siente el impacto del régimen de arbitraje internacional incorporado en los
tratados comerciales internacionales.
Dicho mecanismo (conocido como ISDS,
por su sigla en inglés), es el favorito de las transnacionales para resolver
disputas entre inversionistas y Estados cuando aquellas perciben que sus
intereses pueden verse afectados. Se trata de un instrumento que les permite a
los inversores extranjeros demandar a los Estados ante tribunales
internacionales si consideran que las políticas públicas de dichos estados
–incluso las concebidas para proteger el medioambiente o la salud– afectan sus
intereses y beneficios (https://isds-americalatina.org/).
Tales demandas, que no reconocen la jurisdicción de los tribunales nacionales
de los países donde esas empresas internacionales operan, desembocan en un
pequeño grupo de abogados privados. En su rol de árbitros, estos tienen la
potestad de decidir cada caso. En general, para estos juristas los beneficios
de las empresas demandantes son más importantes que el interés público de las
naciones demandadas. La historia muestra que estos arbitrajes, comunes en todo
el mundo, tienden a beneficiar a las grandes empresas. Como resultado, los
fallos contra los Estados les garantizan a esos grupos privados ganancias
multimillonarias en detrimento de las arcas nacionales.
Todos contra México
En el transcurso del primer semestre de 2023, México fue el país
latinoamericano que más demandas sufrió: 8 en total. Seguido por Honduras, con
3 demandas; Venezuela, con 2, y Colombia, Ecuador, Costa Rica, Belice y
Trinidad Tobago, con 1 cada uno.
El caso mexicano en este primer
semestre es, tal vez, el más emblemático debido a la cantidad y diversidad de
los grupos económicos que lo atacaron con este tipo de arbitraje.
Una de esas demandas fue promovida
por la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp. Se
trata del segundo proceso promovido por la misma empresa. A través del actual,
contesta decisiones impositivas contra su subsidiaria local Primero Empresa
Minera. El monto reclamado es desconocido, pero en la primera demanda First
Majestic reclamó 500 millones de dólares. La empresa canadiense invoca
como referencia jurídica el Tratado de Libre comercio de América del
Norte/México-Canadá-Estados Unidos (TLCAN) y el T-MEC, el nuevo tratado entre
estos tres países, vigente desde julio de 2020.
Otro proceso contra el país azteca
fue promovido por inversores estadounidenses del grupo Arbor Confections, Inc.,
Mark Alan Ducorsky y Brad Dukosrsky por un valor de 80 millones de dólares,
monto que reclaman por una renta impaga de una fábrica de dulces en Ciudad
Juárez.
La minera canadiense Silver
Bull Resources, Inc. (a través de su sucursal en Estados Unidos) también atacó
a México. Explota la Mina Sierra Mojada, en el Estado de Coahuila, con ricos
yacimientos de plata, plomo y zinc. La empresa argumenta que no puede acceder a
la mina porque la misma se encuentra bloqueada por comunidades locales. El
reclamo, en este caso de 178 millones de dólares, se presentó ante el CIADI
(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), del
Banco Mundial (https://icsid.worldbank.org/es/acerca).
Enerflex US Holdings Inc. y Exterran
Energy Solutions LP acaban de iniciar este año un nuevo proceso. Ambas empresas
estadounidenses y canadienses de producción de gas y petróleo acusan al Estado
mexicano de obligarlas a pagar la indemnización de uno de sus empleados
despedidos. Según ellas, los tribunales mexicanos le concedieron a ese empleado
un monto exorbitante. El reclamo asciende a no menos de 120 millones de
dólares.
Por su parte, la empresa
estadounidense Access Business Group LLC, cuya subsidiaria es la manufacturera
de alimentos Nutrilite, demanda a México por la expropiación de 280 hectáreas
de tierras cultivables. México alega que dicha expropiación es legal porque se basa
en una resolución presidencial de Lázaro Cárdenas de 1939, cuando se determinó
la devolución de tierras en dos ciudades de Jalisco a comunidades campesinas
locales. Access Business reclama más de 3.000 millones de dólares en concepto
de indemnización.
La firma Amerra Capital Management LLC, afiliada al fondo financiero AMERRA y
el banco JPMorgan Chase, promovió, por su parte, un nuevo proceso contra el
Estado mexicano en relación con créditos impagos e hipotecas vinculadas con dos
empresas azucareras. No se conoce el monto reclamado.
Lo común en todas estas demandas es
que los diferentes inversores invocan violaciones a los tratados TLCAN y el
T-MEC, en los que encuentran paraguas jurídicos y amparo legal.
La ofensiva continental no se detiene
El resto de las demandas promovidas
en tribunales arbitrales por empresas extranjeras que operan en América Latina
y el Caribe no difiere conceptualmente de las que experimenta México. Entre
otras, tal es el caso de la demanda –la tercera de este tipo– de las mineras de
oro y diamantes holandesas y panameña Highbury International AVV, Compañía
Minera de Bajo Caroní AVV y Ramstein Trading Inc. contra Venezuela invocando el
Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre ese país sudamericano y los Países
Bajos.
También lanzó su ataque contra
Caracas la Banreal Holding SL (inversores españoles), alegando la expropiación
de una empresa de seguros (La Previsora) y de un banco (Banco Real). Invocó,
para iniciar la querella, el TBI suscrito entre España y Venezuela.
A través de mecanismos similares, la
Lynton Trading LDT atacó a Ecuador. Si bien existe poca información sobre esta
demanda, el TNI sostiene que dicha firma sería una de seis empresas off-shore de
Luis Fuentealba Meier, inversor basado en Chile y con negocios en casinos en
diversos lugares de América Latina. La empresa fue cliente de Mossack-Fonseca,
el estudio de abogados que en 2016 estuvo en el centro mismo del escándalo de
los Panamá Papers.
Lista incompleta, aunque
ejemplificadora, de los 18 nuevos pleitos que confrontan los países
latinoamericanos. Pleitos que vuelven a mostrar la extrema vulnerabilidad
jurídica de los Estados ante el poder transnacional, envalentonado por los
tratados de libre comercio que le proporciona el garrote legal para golpear.
El poder del dólar y del euro
El Centro para el Avance del Estado
de Derecho en las Américas (CAROLA), de la Universidad de Georgetown, en la
ciudad de Washington, estima en 1190 el número de demandas de esta naturaleza
en el mundo, el 31,18% de las cuales se ubican en América Latina y el Caribe.
Seis de cada diez Estados de esta región han sido acusados, en un momento u
otro, ante tribunales arbitrales.
Según el Centro, una organización de
primer nivel para el estudio del derecho y la política latinoamericana, hasta
diciembre del año pasado la región de América Latina y el Caribe ha
protagonizado 371 disputas de esta índole, es decir, entre inversores y Estados.
(https://isdslac.georgetown.edu/). Argentina
con 62 procesos en su contra, Venezuela con 61, Perú con 45 y México con 40,
son las naciones del continente más atacadas por las transnacionales.
El TNI de Ámsterdam, por su parte,
calcula que más del 20% de los casos latinoamericanos concierne al sector de la
minería, el gas y el petróleo, renglones de significativa importancia
estratégica. Y sostiene que, hasta el presente, la resolución de 6 de cada 10
demandas favoreció a los inversores. Como consecuencia de las mismas, los
Estados fueron condenados a pagar, o aceptaron pagar 33.638 millones de
dólares. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, con solo un tercio de
este monto podría resolverse la pobreza extrema en 16 de los países de la
región (https://isds-americalatina.org/).
El informe del TNI de junio de 2021, con datos actualizados hasta esa fecha,
señala que los procesos contra los Estados se intensificaron a partir de 2011,
como parte de la nueva embestida neoliberal en las últimas décadas. Y señala
que los promotores del 86% de las demandas (siempre hasta junio de 2021), son
empresas o inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Entre los
europeos más voraces implicados en este tipo de procedimientos contra los
Estados latinoamericanos y caribeños, se encuentran firmas francesas,
españolas, inglesas y holandesas. (https://isds-americalatina.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-ISDS-en-AL-Junio-2021-final.pdf).
No es nuevo. La historia parece
repetirse una y mil veces. Las multinacionales imponen sus leyes y las
ejecutan, aunque debiliten las políticas públicas de los países del Sur global.
Los “arbitrajes arbitrarios”; la deuda creciente de los países del sur; la
evasión impositiva de las grandes transnacionales; los paraísos fiscales para albergarlas;
el secreto bancario; los fondos buitres etc. forman parte de esos múltiples
instrumentos financieros internacionales que no dan respiro a los sectores
mayoritarios de la población mundial, cada día más empobrecidos.
