La banca “mexicana”: usura, fraudes y corrupción
Mientras los índices de pobreza y violencia se
incrementan entre el grueso de la población, un sector siempre gana: el de los
banqueros. Y aunque se le ha implicado en usura, lavado de dinero,
corrupción y fraude, tiene garantizada la impunidad
Era inevitable que –como una mosca en las
viandas– la sombra de la corrupción que involucra a las
empresas Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex) gravitara embarazosamente
sobre la Convención Nacional Bancaria. Ese añejo, tedioso e inútil ritual
monárquico –más allá de los símbolos de supremacía– donde anualmente
se reúne la nobleza de las altas finanzas, los verdaderos dueños del poder
económico y político del país –aunque con actores transmutados, porque la
mayoría de los oligarcas especuladores casabolseros criollos se
vieron obligados a heredar sus espacios a los robber barons foráneos
a partir de 1997, después que llevaron al desastre al sistema bancario y
financiero en 1995– y sus administradores gubernamentales en turno, se reúnen
con el objeto de repartirse melosas lisonjas.
Era ineludible el bochorno de
los comensales, en un ambiente que apestaba más que en Dinamarca, merced a
la saturación de malolientes. No sólo porque al supurar el
absceso en Estados Unidos, poco antes de dicha convención, la
purulencia salpicó y ensució al anfitrión técnico: Javier Arrigunaga Gómez del
Campo, el reelecto presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) para
el periodo 2013-2014 y director general del Grupo Financiero Banamex, el
segundo consorcio extranjerizado más grande del país, cuyo banco, Banamex, fue
el principal chamaqueado por los ingeniosos dueños de
Oceanografía, por un monto de 400 millones de dólares. Ese quebranto obligó a
la matriz del grupo, el Citigroup, a ajustar sus ingresos de 2013 a la baja, en
235 millones de dólares, y a soportar que un gran jurado y la Corporación
Federal del Seguro de Depósitos, ambos estadunidenses, husmearan en los
renglones torcidos de sus hojas de balance, por presuntas violaciones al
secreto bancario y las leyes contra el lavado de dinero.
De por sí, el pasado de Javier Arrigunaga, como
servidor público, es cochambroso.
Él, como licenciado en derecho, fue responsable
de instrumentar el programa de rescate de los bancos quebrados durante el
zedillismo, el cual violentó el estado de derecho y en su momento fue
calificado como “el robo del siglo”. En términos contantes y sonantes,
al cierre de 2013, las tropelías cometidas por los neobanqueros salinistas
fueron cuantificadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) en 924 mil 836 millones de pesos (pasivos brutos), equivalentes al 5.1
por ciento del producto interno bruto (PIB). En términos netos, es decir, si se
descuentan los recursos líquidos, suman 830 mil 400 millones de
pesos, el 5 por ciento del PIB. Hacienda, empero, señaló que los pasivos netos
ascienden a 846 mil 236 millones de pesos, equivalentes al 13 por ciento del
saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (6.5
billones de pesos).
Gracias al generoso salvamento diseñado por
Ernesto Zedillo, los entonces titulares de Hacienda y Crédito Público
Guillermo Ortiz y José Ángel Gurría, y Arrigunaga, el operador del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, transformado en el IPAB en 1998),
los especuladores casabolseros salvaguardaron sus patrimonios.
Pero alguien tiene que pagar el rescate. Al socializar las pérdidas, el costo
del rescate de la nacionalización disfrazada, convertido en deuda pública, en
una pesada lápida, fue trasladado hacia la espaldade la
población. Ésta ha pagado los intereses devengados en poco más de 15 años; y,
como en la era de la servidumbre, los continuará pagando a perpetuidad, en
tanto no se cancele definitivamente el saldo total de tales débitos.
Mientras maniobraba desde las catacumbas del
Fobaproa, y como un Hércules limpiaba el estercolero
de los establos de los Augías financieros, Arrigunagaayudó a Banamex a
barrer la basura de sus estados contables. La cantidad involucrada fue de 60
mil millones de pesos, la cual fue graciosamente transformada en deuda pública.
Después, una vez saneado, en 2001, los dueños del Grupo Financiero Banamex-Accival,
Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú y Alejandro Betancourt, decidieron
venderlo a Citigroup en 12 mil 500 millones de dólares. La transacción fue
realizada a través del mercado de valores. Como en ese momento las operaciones
bursátiles estaban libres de gravámenes, Hernández, Harp y Betancourt se
ahorraron un pago de impuestos estimado en 3.5 mil millones de dólares, unos 35
mil millones de pesos. A decir de Gabriel Reyes, exprocurador fiscal de la
Federación, “la operación [causó el] mayor quebranto fiscal en la historia del
país, al omitirse el pago de contribuciones por más de 3 mil 500 millones de
dólares, acudiendo a una nueva simulación, consistente en hacer pasar dicha
transacción como si se tratase de una operación espontáneamente surgida en el
seno de la Bolsa Mexicana de Valores” (Roberto Garduño y Roberto González
Amador, “Autorizó Gil Díaz venta de Banamex que provocó enorme quebranto
fiscal”;www.jornada.unam.mx/2008/09/21/index.php?section=politica&article=003n
1pol ).
Fue un lindo negocio para Hernández, Harp y
Betancourt. Y pésimo para la hacienda pública y la población.
Gracias a la magnanimidad oficial, hoy en día
Hernández y Harp pueden enseñorearse en el listado de los hombres más ricos del
mundo, según la revista Forbes, con una fortuna por 1 mil 800 millones de
dólares y 1 mil 500 millones, respectivamente.
Pero no todo es turbio.
En virtud de su corazoncito filantrópico,
en febrero pasado, Harp fue inmortalizado por el demócrata rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, quien le puso a un
deportivo el nombre de CP Alfredo Harp Helú. Así, con todo y su título
nobiliario. Hernández ha sido más práctico. Sus obras pías han
sido orientadas a beneficiar a uno que otro gobernante y partido de la derecha.
Por ejemplo, en 2000, se dijo que puso a disposición de Vicente Fox y Ernesto
Zedillo su isla caribeña, ubicada en Punta Pájaros, en Quintana Roo.
Por la cuantía de sus fortunas, empero, podría
decirse que son unos pobres ricos, comparados con Carlos Slim, Alberto
Baillères o Germán Larrea, cuyas riquezas son tasadas, en ese orden, en 73 mil
millones de dólares, 18.2 mil millones y 16.7 mil millones. Los dos últimos se
han forjado, parcialmente, en la minería, en donde las condiciones laborales
rememoran a la esclavitud colonial.
Los hombres de presa pueden ser
agradecidos con sus siervos. Hernández aún aparece como presidente
del Consejo de Administración del Banco Nacional de México. Ese empleado del
Citigroup ayudó a que Arrigunaga fuera incorporado al grupo financiero
transnacional, en mayo de 2002, y actualmente, en pleno escándalo, ocupa el
puesto de director general Grupo Financiero Banamex.
Los estafadores, timados
La buena estrella de Arrigunaga
se debe, en parte, a que está emparentado con Roberto Hernández, debido a sus
lazos familiares con el fallecido abogado potosino Íñigo Laviada Arrigunaga,
quien se casó con María Elena Hernández, la hermana del casabolsero; que su
carrera ha sido al amparo del exsecretario Francisco Gil Díaz, como recuerda la
columna Oficio de Papel (http://oficiodepapel.com.mx/contenido/?p=601 ); que es primo carnal de la consorte de
Felipe Calderón Hinojosa (Margarita Zavala Gómez del Campo) y familiar de la
cónyuge de Eduardo Bours, exdesgobernador de Sonora. El resto
de su buen sino se debe a sus propias ambiciones. Por cierto, Gil Díaz fue
denunciado porque, como titular de Hacienda, participó en la venta de Banamex
pese a su conflicto de intereses, pues había sido subordinado de Hernández. El
subsecretario era en ese entonces Agustín Carstens (Roberto Garduño y Roberto
González, www.jornada.unam.mx/
2008/09/21/index.php?section=politica&article=003n1pol).
El apostema también salpicó a Banorte,
Interacciones, Bancomext, el holandés Rabobank Group, el Instituto Mexicano del
Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, Pemex, al Servicio de Administración Tributaria. El préstamo de
Banorte a Oceanografía representa alrededor del 0.13 por ciento de su cartera
crediticia total. De los contados bancos que quedan en manos de oligarcas
mexicanos, Banorte es el mayor. Su dueño, el finado Maseco, Roberto González,
arropó a Guillermo Ortiz, actual presidente del Consejo de Administración de
Grupo Financiero Banorte.
Por extensión, la excrecencia también alcanzó a
losdesreguladores gubernamentales que asistieron al aristocrático
convite: Enrique Peña Nieto; Luis Videgaray, secretario de Hacienda; Agustín
Carstens; y Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
Todos quedaron embarrados por
un escándalo que no pudieron seguir ocultando bajo la alfombra,
debido alpésimo gusto de los estadunidenses.
Todos fueron puestos en ridículo por las
estafas, por decirlo de una manera piadosa, ya que todos,
defraudadores y desfalcados actuaron, por acción u omisión, como Fuenteovejuna.
Entre éstos, los esperpénticos controladores de
los bancos encargados de velar por la ética y las sanas costumbres crediticias.
Los administradores públicos responsables de cuidar la impoluta conducta de los
intermediarios y de garantizar la pulcritud del sistema financiero mexicano
trasnacionalizado y desregulado.
Según El Financiero, “los esfuerzos
realizados por ejecutivos de Citigroup para reforzar los controles en Banamex
fueron desairados por directores de la institución 5 años antes de que el banco
estadunidense se enterara de que su unidad local había sufrido un fraude por
400 millones de dólares” (www.elfinanciero.
com.mx/economia/banamex-desairo-controles-de-citi-antes-de-fraude-de-oceanografia.html).
Pero ello equivale a que el ahorcado enseñe la cuerda en su propia casa.
No puede soslayarse que el Citigroup siempre ha sido señalado por sus
prácticas sucias –por ejemplo, el lavado de dinero–.
En 2008 tuvo que ser apoyado financieramente por el gobierno estadunidense –por
un monto del orden de una cuarta parte de su capital– para poder hacer frente a
las pérdidas ocasionadas por sus inversiones tóxicas (hipotecas
y derivados), estimadas estas últimas en 301 mil millones de dólares (http://elpais.com/diario/
2010/01/20/economia/1263942005_ 850215.html). En la cima de la crisis
financiera, tuvo que aceptar 45 mil millones de dólares a cambio de ceder
acciones ordinarias y preferentes.
La creatividad contable falló.
Al final, las aguas negras desbordaron a la “creatividad contable”.
Lo anterior no fue un “hecho aislado”, como
podría decir Emilio Lozoya, director de Pemex, que así calificó la relación
fraudulenta de la paraestatal con Oceanografía.
Aislado o no, el caso es que el colapso
financiero global iniciado en 2008 dejó una fabulosa estela de bancos e
intermediarios financieros reventados, heridos de muerte, lisiados, mutilados,
intervenidos, desacreditados. Como en un salvaje campo de batalla. Todos
hermanados por una curiosa manía: fueron víctimas de su propia desmesura
desregulada, provocada por su pavloviana ambición de maximizar sus tasas de
ganancias, que les motivó a arrojar por la borda el sentido de
la prudencia y la ética que supuestamente caracteriza a la industria
financiera.
Casos aislados o no, pero el hecho es que, sólo
en Estados Unidos, el costo del rescate de su sistema financiero aún genera
controversias. De acuerdo con la economista Nora C Ampudia Márquez, de una
universidad libre de toda sospecha (la opusdeista Universidad
Panamericana, de Guadalajara) los númerosdanzan en un amplio rango:
1.2 billones de dólares para la Reserva Federal; 7.7 billones para Bloomberg;
16 billones para la oficina de contabilidad del gobierno; el Levy Economics
Institute of Bard College estima que fue de 29 billones, entre enero de 2007 y
noviembre de 2011 (www.milenio.
com/firmas/dra-_nora_c-_ampudia_marquez/costo-rescate-financiero-EU-dlls_18_117168310.html).
Únicamente las nueve principales entidades financieras del país, Citigroup,
Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan
Stanley, Bank of New York y State Street, recibieron una inyección de capital
por 125 mil millones de dólares. En España, el monto es de 220 mil millones de
euros.
Lo único claro es que México y demás latitudes
financieramente arrasadas guardan otra peculiar similitud: “Pocos meses después
de que los contribuyentes de Estados Unidos les echaran una soga para
salvarlos de la bancarrota, los grandes bancos le echan otra soga a quienes se
ven incapacitados de pagar sus hipotecas, pero no precisamente para
rescatarlos” (www.ipsnoticias.net/2009/05/economia-eeuu-bancos-rescatados-dedicados-a-ejecutar-a-pobres/).
En 2011 la oficina de Christy Romero, inspectora general del rescate, señaló
que 4 mil millones de dólares provinieron de los contribuyentes para ayudar a
la industria financiera y a los fabricantes automotrices. En contrapartida, la
industria financiera aplica la piedad de la horca: los
embargos, las persecuciones judiciales, el bloque de cuentas…
Sin embargo, el problema de los fraudes
cometidos por Oceanografía, SA de CV, los intermediarios financieros y las
empresas no es un problema exclusivo de ética, de una supervisión defectuosa o
de la connivencia corrupta establecida entre el poder político y económico.
La situación anterior, empero, es consecuencia
de un fenómeno más amplio, estructural, político, ideológico.
La especulación y los irrefrenables ímpetus por
llevar a cabo operaciones altamente riesgosas que han provocado sucesivos
desastres y masivos y onerosos rescates bancarios –las crisis de las cajas de
ahorro en Estados Unidos en la década de 1980, el derrumbe de los llamados
“mercados emergentes, como México, Rusia, los Tigres asiáticos,
Irlanda, la reciente de 2007-2009– responden al proceso de desregulación
financiera global e integración de los mercados impulsado por el
reaganismo-thatcherismo y los organismos multilaterales como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial desde la década de 1980. Ellos y los gobiernos
nacionales que abrazaron la ideología neoliberal desmantelaron las regulaciones
que contenían al espíritu salvaje de los intermediarios y los obligaban a
cumplir un papel destacado dentro del proceso de fomento del ahorro y el
financiamiento del desarrollo –separación de la banca comercial y de inversión,
topes a las tasas de interés activas y pasivas, cajones selectivos de crédito,
financiamiento subsidiado a sectores estratégicos, etcétera–, bajo el supuesto
de que con ello se provocaba una “represión financiera” y se afectaba la
calidad y la competencia que redundaría en un mejor acceso al crédito con
intereses menores.
Dichas transformaciones, que sentaron las bases
de lo que después se denominaría el Consenso de Washington, sustituyeron la arquitectura
económica y financiera emanada en Bretton Woods, después de la Segunda Guerra
Mundial, la cual, mientras existió, aseguró una relativa estabilidad mundial
con escasos colapsos financieros. El economista Hyman Minsky ya observaba una
tendencia cíclica financiera, fases de expansión y contracción del crédito, que
puede ser atemperada por las regulaciones. Ese fenómeno –por cierto ya
explicado por Carlos Marx– fue denominado “la teoría de la inestabilidad
inherente”.
La ecuación, empero, se invertiría con el
neoliberalismo financiero: los desastres financieros, la vulnerabilidad mundial
y el estancamiento económico se convirtieron en la normalidad.
En México ese proceso fue iniciado por Carlos
Salinas de Gortari, con la eliminación de controles bancarios y financieros y
la reprivatización bancaria. La extranjerización forma parte de ese proceso y
los ajustes peñistas no buscaron eliminarlos, sino mejorar su funcionamiento,
pese a que no existe una experiencia internacional que lo avale. Los colapsos
nacionales y globales son sus consecuencias lógicas.
La incorporación de nuevos intermediarios o la
emisión de una amplia gama de instrumentos en un sector financiero con escasa
capacidad para diferenciarse en los servicios ofrecidos, aun en su diversidad,
estimulan la “huida hacia adelante”, hacia el precipicio, asumiéndose más y
crecientes riesgos con tal de aumentar la rentabilidad en el menor tiempo
posible que, al cabo, desembocan en las crisis.
“El clima especulativo del modelo
económico globalizado habilitaba todo tipo de fraudes financieros, que sólo en
pocos casos fueron judicialmente castigados. Este clima se extendió por toda la
década, llegando al detonante de la crisis del área de los créditos
hipotecarios subprime, que algunos autores llaman ‘gran recesión’” (www.latindadd.org/
economiacritica/?p=726).
Toda crisis, quiebra, rescate, fraudes,
etcétera, no hacen más que desacreditar a la ideología que tiene fe en los
mercados libres y sin restricciones. Que ellas manifiesten la avaricia y la voracidad
del sistema financiero; que evidencien la ausencia de ética; que sean
jurídicamente ilegales, carece de importancia.
La lógica que priva es otra. La oligarquía
financiera pondera entre el costo de una sanción por una práctica ilegal y las
ganancias que puede obtener. Si esta última es mayor, está dispuesta a asumir
el riesgo. Simultáneamente, hará todo lo posible, contable y políticamente –al
cabo, financian partidos y carreras políticas, cooptan a reguladores– por
esconder lo mejor posible sus desmanes.
¿Acaso no fue el mismo razonamiento empleado por
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?
Una multa menor por sus tropelías electorales,
que sería endosada a sus partidos y pagada con los impuestos de los
contribuyentes, puede aceptarse si se logra el fin mayor: usurpar la
Presidencia.
Esa lógica fue la empleada por Oceanografía,
Banamex, Banorte y demás.
En diciembre de 2012 el banco HSBC aceptó pagar
multas civiles por 665 millones de dólares y un decomiso por 1 mil 246 millones
de dólares en Estados Unidos, a cambio de que se desestimara una acusación
relacionada con el lavado de dinero y otras prácticas ilegales
que realizaba a favor de los cárteles mexicanos y colombianos de narcotráfico.
Reconoció que había cometido “errores” en materia de supervisión y traslado de
dinero de sus clientes en Myanmar, Cuba, Irán, Libia y Sudán, operaciones
susceptibles de ser sancionadas. Edgardo Buscaglia comentó que una multa por
ese monto es “irrisoria”, ya que equivale a cinco semanas de los ingresos del
banco de origen inglés y representa menos del 10 por ciento de sus ganancias de
capitalización de junio a la fecha. Asimismo, agregó que llama la atención que
el gobierno estadunidense no hiciera imputaciones penales contra los
responsables del blanqueo de 881 millones de dólares de los
cárteles de Sinaloa, México, y del Valle del Norte, Colombia, como descubrió
una investigación del Departamento de Justicia. Y concluyó: “Estamos hablando
de un sistema que de alguna manera subsidia ellavado de dinero”, ante
un maquillaje mediático: “No existe en ningún lugar del planeta
monto de dinero lavadoque no esté ligado a actores políticos”.
HSBC ponderó correctamente.
La banca mexicana extranjerizada sopesa
adecuadamente. La multa por 32 millones de pesos que le impuso la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
a las siete instituciones financieras más grandes, Bancomer, Banamex,
Santander, Banorte-Ixe, HSBC, Scotiabank e Inbursa, por sus abusivas políticas
en tarjetas de crédito, no es más que un estímulo para continuar con sus
tropelías.
Todos evalúan costos y beneficios. Y hasta el
momento las ganancias económicas y políticas son más rentables en el mundo
financiero desregularizado y en un sistema político descontrolado. Los casos
Monex, Banamex, HSBC, son simples anécdotas que sólo inquietan temporalmente a
algunos que, de todos modos pueden dormir tranquilamente, en virtud de las
redes de complicidad. Aunque estén embarrados y apesten.
En todo caso, el dinero no tiene olor.
SAT atorado por reforma de EPN
Contadores habían advertido los problemas para los
usuarios
Francisco Navarro Fausto
La dependencia ha generado
el descontento de los contribuyentes. No hay atención rápida, mucho menos citas
para aclarar dudas y para colmo el portal está plagado de problemas
Mientras que fuera de
México, el Presidente Enrique Peña Nieto es ensalzado por las reformas
estructurales que inició en su sexenio, al interior del país el descontento de
la población crece. La molestia no es menor. Los impuestos se han elevado al
igual que la inflación; la gasolina está más cara, la desconfianza del
consumidor sigue en alza y para colmo se impuso un sistema tributario
burocrático, complejo ante el cual el Sistema de Administración Tributaria
(SAT) no parece estar tecnológicamente a la altura de las exigencias.
Cabe recordar que a partir
del 1 de enero de 2014 y como parte de la Reforma Hacendaria, el SAT informó a
los contribuyentes que habrían de realizar, altas, bajas, suspensiones,
solicitudes de devolución, declaraciones, facturas y demás trámites fiscales de
forma electrónica.
Sin embargo la autoridad
tributaria no ha tenido la capacidad de responder de forma pronta a los
inconvenientes que han ocasionado con los cambios que agobian al contribuyente.
Dentro del listado de
imposibles para personas físicas y morales están:
-Inconvenientes para
acceder al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
-Bloqueo para hacer un
aumento o disminución de obligaciones.
-Citas tardadas.
-Un servicio en línea
inoperante para renovar la FIEL.
-Deficiencia para realizar
trámites a través del SAT.
Para colmo la dependencia
federal no cumple con lo que prometió, pues no está regresando a los
contribuyentes los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Lo
anterior a pesar de que el Código Fiscal de la Federación
(CFF) menciona que el SAT está obligado a entregar en un plazo no mayor a
40 días los montos que el ciudadano tenga favor por dicho impuesto.
El Contador Juan Manuel
Hernández Brito, dijo que este problema se veía venir luego de que en su
momento advirtieron que la dependencia no tendría la capacidad suficiente para
hacer frente al número de trámites a realizar ante dicho ente fiscal.
“Desde el año pasado
advertimos que la dependencia no tendría la capacidad para hacer frente a la
carga de trámites que se habrían de llevar a cabo. Por ejemplo, si atendían mil
citas ahora son 2 mil 500 y quedan muchas personas sin atención. Dijimos que no
estaba preparada con el personal ni con la capacitación y programas necesarios.
“El problema es que las
plataformas que están poniendo no tienen una homologación y están más o menos
actualizadas de lo que tiene el contribuyente, quien muchas de las veces ha
tenido que gastar en asesoría de un contador o bien adquirir un equipo de
cómputo al que poco le puede sacar provecho, pues al momento que se va a bajar
la plataforma no lo pueden hacer.
“Además, como tienen la
plataforma en desarrollo y se está modificando, hay muchas cosas que no han
quedado habilitadas; para efecto de cumplimiento no le han servido de mucho. Lo
único que están haciendo (SAT) es pateando el problema más adelante, lo que
genera que el contribuyente prefiera no registrarse y se vaya a la
informalidad.
Agregó que al “famoso
portal del expediente electrónico” le están poniendo candados. Por si lo
anterior fuera poco, las citas para tratar de resolver en persona los enredos
que electrónicamente se generan están saturadas.
Respecto a la devolución
oportuna de los saldos a favor en el IVA, agregó que éstos no se han entregado
porque primero la dependencia está haciendo los cruces con la información que
tiene del ciudadano, lo que se complica con la ineficacia en el portal ya que
no está completa.
“Pero cuando estás hablando
de más de dos patrones el término de los cinco días para regresar el dinero, no
se puede porque están haciendo la fiscalización. Nos están solicitando el 100
por ciento de la información. La política es no regresarles el dinero a los
contribuyentes y los están afectando.
“Hacemos un llamado a la
autoridad, lo que pedimos es que nos ayuden, que esto no sea un círculo
vicioso, que no lo hagan más tortuoso, que finalmente podamos llevar a cabo el
pago de obligaciones”, finalizó.
El descontento de la
población se confirma con las quejas de los usuarios en el portal de Facebook
del SAT, donde los ciudadanos de norte a sur de México externan a diario su
malestar. Éstos son apenas algunos ejemplos:
“SAT No pude hacer el
movimiento al RIF (Régimen de Incorporación Fiscal que considera a
contribuyentes que no superan ingresos por más de 2 millones de pesos y que
tengan otros ingresos por salarios o intereses) por la intermitencia de su
sistemas, dime qué puedo hacer. Está en muy malas condiciones su portal, espero
que contesten”.
-Érika Delgado:
“Aún no se pueden realizar
actualización de obligaciones por medio del portal del SAT. ¿Hasta cuándo
estará vigente? Y sobre todo ¿con qué fecha retroactiva se puede presentar?”
“Necesito que me orienten,
quiero hacer aumento de obligaciones. Me sale una leyenda que dice que estoy en
el régimen de sueldos y salarios (trabajaba como empleada) que no es
compatible. No sé qué hacer, ¿me ayudan?”
“No se puede realizar
aumento y disminución de obligaciones, van a dar otra prórroga el plazo venció
ayer domingo 13 de abril y no tenemos ninguna respuesta. Ni en la oficina del
SAT de Córdoba, Veracruz, saben algo al respecto, así contesto un empleado de
nombre Esteban, por teléfono. Igualmente no saben nada y por el chat ni permite
ingresar”.
“Este fin de semana no
logre dar de alta el RFC al régimen de Reincorporación. El portal tiene algunos
apartados que no actualiza y no carga. Por favor avisen ¿qué se puede hacer?”
“Presenté mi declaración el
día 1 de abril de 2014. Al día de hoy, 14 de abril, no me han hecho mi
devolución. ¿Por qué promueven un estimado de 5 días hábiles si no es cierto?”
“¿Dónde se presentan las declaraciones
en ceros? Me llegó un aviso por email indicándome que están pendientes de
presentar unas declaraciones, pero son pagos en ceros. Mejor habiliten los
pagos en ceros en vez de estar enviando avisos”.
Marcamos
al
número telefónico de la dependencia para solicitar información al
Administrador, sin embargo el teléfono está descolgado.
El reportero entró al
portal para recibir asesoría en línea (chat) en el apartado titulado Requerimientos
técnicos y soporte informático; lo único que pudo ver después de varios
intentos fallidos, fue: “En unos segundos atenderemos su llamada. Ha entrado en
cola de espera…”.
El reportero entró al
portal de la dependencia para agendar una cita del 14 al 30 de abril no hay
disponibilidad, en tanto que del 1 al 9 de mayo no hay citas.
En otras palabras, y
evocando un pasado que el país no debiera repetir, por lo pronto la reforma
fiscal de Enrique Peña Nieto a México no lo beneficia, ni lo perjudica, sino
todo lo contrario.
