Las casas de empeño agiotistas
CRóNICA10
Después de la caída de El Árbolito, -aquél banco chiquito que fue victima del fraude y el robo descarado por sus acreedores y accionistas y golpeado por la oligarquía financiera, pero que le prestaba a la gente de bajos ingresos-, el micro crédito desapareció.
Los trabajadores, pequeños prestadores de servicios o personas dedicados a la economía informal, que ganan menos de tres salarios mínimos, 5 mil 400 pesos mensuales, no son sujetos de crédito del sistema bancario anquilosado y que le sirve solamente a los poderosos: un grupo reducido de profesionistas de altos ingresos y de dueños de negocios en este país.
Los bancos, alrededor de 8 grupos financieros en los cuales imperan capitales extranjeros, no le prestan al 80 por ciento de la población, ni siquiera con una garantía inmueble de por medio. Han vivido de la extorsión y el fraude vía Fobaproa que robó al erario público más de 120 mil millones de pesos para pagar cartera vencida de rateros vestidos de empresarios.
La gente de abajo que se joda, y se las ve negras para salir al paso de las urgencias que se presentan: un familiar enfermo, una improvisada necesidad de efectivo ante un robo, un accidente, o un recibo alterado de la luz. En el gasto familiar, flujo de efectivo de pequeños negocios independientes o eventualidades como gastos por enfermedades.
Adinerados y extorsionadores que tienen comercios, bienes raíces o que de plano se dedican a la lavandería, atesoran un capital considerable y sin ninguna ley de por medio, con un Registro Fiscal, ponen en un local de renta, una ventanilla con grueso cristal y una caja blindada, y por una joya o un bien prendario, que puede ir desde una computadora a un horno de microondas, le prestan a la gente con una llamada boleta de empeño que no tiene ningún valor jurídico.
Ponen al libre albedrío, -dicen que la rige la ley de la oferta y la demanda o sea el libre mercado pues-, una tasa de interés que va desde el 60 por ciento al 130 por ciento anual y prestan a como se deje la valuación de la prenda, o sea mientras mas necesitado o pendejo sea el cliente o clienta menos le prestan y más se los friegan.
Hay veces que le prestan hasta la quinta parte del valor de la prenda y si al día siguiente del vencimiento no se presenta a pagar el deudor, cuchiflais, voló la prenda.
Y como la Profeco es como la carabina de Ambrosio, o sea que sirve pa tres cosas, panada, panada y panada, pues no hay donde quejarse. Ni con el cuico que dice que es pa resguardar el orden.
En cinco años se han instalado más de 50 casas prestamistas prendarias o sea, han crecido 300 por ciento.
Si no fuera negocio no se inaugurarían tantas, ¿o sí?.
El Centenario ha abierto cuatro sucursales, Oscar casa de empeño tiene 7 sucursales, Ditalia otra tantas.
Además de arribar cadenas nacionales del centro del país de prestamistas saca ojos.
Entonces se reproducen como conejos, solo es cuestión de ver los negocios uno pegado a otro por las calles Sinaloa y Galeana, Chihuahua, por la California y al interior de diversas colonias.
Venden prendas como estufas, televisiones, bicicletas, herramienta, cadenas, esclavas, aretes que no han reclamado a los que se les venció el plazo, y automóviles, y los venden al precio del mercado, pero prestaron un monto menor al correspondiente a la tercera parte del verdadero valor de la prenda.
En el centro de Ciudad Obregón, por la calle California y al interior de diferentes colonias proliferan más de 50 casas de empeño.
Se estima que los establecimientos prestan entre 35 y 40 por ciento del monto del avalúo. Los intereses oscilan entre 7 y 10 por ciento mensual y, según el monto del préstamo, 120 por ciento anual. Las empresas privadas dedicadas al préstamo cobran tres veces más que los intereses de las tarjetas de crédito.
Los clientes no piden para gastos suntuosos, sino para financiar consumos urgentes y de primera necesidad; esto se comprueba en sus registros, ya que el promedio de préstamos es menor a mil pesos.
Para gran parte de la población el empeño es una forma de financiamiento rápido utilizado con frecuencia para cubrir faltantes
Y tres de cada cuatro personas mayores de 20 años, no tienen forma de lograr créditos bancarios.
En otras palabras, 45 millones de mexicanos necesitan de un préstamo y los eficientes bancos trasnacionales los desechan como acreditados.
Una casa de empeño hace contratos prendarios con un préstamo sobre el avalúo respecto del bien llevado, por lo general son joyas que tienen un valor sin depreciación, electrodomésticos y herramientas.
De acuerdo a la PROFECO, la obligación de los negocios es poner a la vista del público los precios y tarifas.
«Todos los montes de piedad, casas de empeño o prestamistas deben tenerlos. En todo caso, se refieren al costo de intereses del refrendo; en el caso de la gente que va a comprar mercancía de remate, si hay alguna comisión, precisarla. Dar comprobante de pago, que es la boleta de empeño. La mayoría lo tiene, pero cuando pagas intereses para prorrogar los bienes, deben dar comprobante».
Los agraristas de Sonora
Maximiliano R. López (2ª parte)
El destierro, Los sindicalistas y El reparto agrario
M. C. Ana María López R.
El Machi forzado por las circunstancias toma la decisión de salir temporalmente del estado, dirigiéndose a Mexicali, Baja California, quizá con la esperanza de regresar pronto y quizá también consciente de que si su situación se agravaba, podría pasar a Estados Unidos a refugiarse y esperar mejores momentos. Atrás queda su esposa, su primer hijo (Maximiliano) había fallecido y esperan otro. Con dolor, pero con decisión por su fe inquebrantable en la lucha social, deja a su esposa en casa de un hermano.
En Mexicali puso su voluntad inquebrantable y la experiencia acumulada en años de lucha, al servicio de los trabajadores de la industria jabonera, organizados en el sindicato Miguel Hidalgo que se encontraba en lucha por demandas laborales. Los trabajadores del sindicato lo eligen Secretario General.
En una entrevista realizada a Orencio López en 1985, éste relata un pasaje de la estancia del Machi en Mexicali:
al compañero Machi lo conocí en Mexicali en el año de 1930, organizó la Federación Obrera de Mexicali con elementos que entonces pertenecían a la Lucha por la tierra”, quienes luchaban nada menos que con la compañía Colorado River. Las reuniones para hacer peticiones de tierra se hacen a escondidas de noche en el campo. En estas condiciones tomaron preso al compañero Machi para mandarlo a las islas Marías; hacia allá mandaban a los líderes obreros y a este (el Machi) por ser líder campesino, ya en ese lugar (Islas Marías) ya estaban muchos recluidos. De Baja California ya se han llevado una “cuerda”, al Machi lo llevan hacia Ensenada para salir a las Islas. Esta detención coincide con una huelga nacional que estalla la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM), en la que se incluyen algunas demandas, siendo una de éstas la cancelación de enviar al Machi a la prisión de Mazatlán. Abelardo L. Rodríguez, Presidente de la República, se compromete a cumplirlas y de esta manera el Machi, junto con otros de sus compañeros, regresan a Mexicali. Perdí de vista al compañero Machi y lo vine a encontrar aquí en el valle del Yaqui en 1933, ya como un famoso líder agrario (Palacios, 1985: 4).
Después de pisar nuevamente el suelo de las cárceles y haber sido condenado junto con otro de sus compañeros a la deportación en las islas Marías, Un paro general de los trabajadores de Mexicali impidió que esa medida se llevara a cabo, y luego en 1931 el destino lo regresa a su estado natal donde continúa la lucha por su causa, que es la de los campesinos pobres y la de los trabajadores asalariados de la ciudad.
Los sindicalistas
Al regresar al valle del Yaqui, el Machi se encuentra que la actividad sindical en esta región va en aumento, aunque aún se realiza en forma clandestina. En Sonora se pone al frente de la lucha de los sindicatos agrícolas por el reparto agrario y del sindicato industrial, que aglutinaba a cargadores. Como en todo el país, la lucha de los explotados fue cobrando auge. De nuevo la tormenta se cierne sobre el territorio nacional; otra vez amenaza el fantasma de la guerra civil. Los ríos de sangre que bañan al país durante la segunda década de este siglo parecen haber sido derramados en vano. Los campesinos, que aportaron las principales fuerzas de la rebelión contra el porfiriato, continúan viviendo en condiciones de explotación y de opresión extremas. Son otros los explotadores —aliados de los viejos latifundistas— pero los explotados siguen siendo los mismos. Y los extranjeros que “han hecho su agosto” explotando las riquezas de la tierra del Yaqui y el trabajo de los campesinos, con la mentalidad propia de los dominadores que ven al líder de los explotados pero no a su base, hacen llover sobre el Machi López amenazas siniestras y desencadenan una campaña general presionando al gobierno del estado para que lo destierren de nuevo (Ferra, 1995).
El gobierno estatal para callar el descontento de los sindicalistas expide el reglamento de la Ley de Tierras Ociosas, el 9 de octubre de 1932. A la par el Gobernador Elías Calles propone que de preferencia sean los sindicatos campesinos los que realicen los convenios con el ayuntamiento, pero en tierras que no sean de riego. Adelantándose a los acontecimientos este gobernador propone que el estado, agricultores y grupos solicitantes de tierras superen sus diferencias y de común acuerdo planifiquen el reparto de la tierra. De este acuerdo surge el primer ejido, llamado “La Unión”, en la región del Mayo, con integrantes del Sindicato de Obreros y Campesinos de la colonia Rosales, organización que cuenta con el apoyo de la Liga Nacional Campesina Úrsulo Galván y que proclama “El Cooperativismo Comunal”.
En 1931, los jornaleros de Pueblo Yaqui realizan la petición de que les sean entregados los terrenos de propietarios norteamericanos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de Colonización.
A pesar de llenan los requisitos para acceder a dichas tierras las autoridades agrarias del estado declaran improcedente dicha solicitud. Por esta y otras negativas, para 1933 los ánimos de los jornaleros agrícolas en la región se encuentran exacerbados por todas las injusticias que contra ellos se cometen y la negativa de venderles tierras. Por su parte los norteamericanos que ven amenazadas sus propiedades buscan que el gobierno de su país llegue a acuerdos con el de México, y aunque no se firma ningún documento las políticas de los gobernantes se encaminan en el sentido de respetar la propiedad de los extranjeros al aplicar tanto la Ley de Colonización como la de Tierras Ociosas. En uno de los testimonios que recoge Luis Morett en su libro “La lucha por la tierra en el Valle del Yaqui”, el entrevistado expresa:
A pesar de llenan los requisitos para acceder a dichas tierras las autoridades agrarias del estado declaran improcedente dicha solicitud. Por esta y otras negativas, para 1933 los ánimos de los jornaleros agrícolas en la región se encuentran exacerbados por todas las injusticias que contra ellos se cometen y la negativa de venderles tierras. Por su parte los norteamericanos que ven amenazadas sus propiedades buscan que el gobierno de su país llegue a acuerdos con el de México, y aunque no se firma ningún documento las políticas de los gobernantes se encaminan en el sentido de respetar la propiedad de los extranjeros al aplicar tanto la Ley de Colonización como la de Tierras Ociosas. En uno de los testimonios que recoge Luis Morett en su libro “La lucha por la tierra en el Valle del Yaqui”, el entrevistado expresa:
“Los primeros líderes de los sindicatos fueron Jesús Quiñones, el Machi López, Vicente Padilla, Jacinto López y otros que venían de tarde en tarde ya de noche porque teníamos que reunirnos dentro del monte para que no lo persiguieran los de la Acordada que andaban a caballo y si lo agarraban lo tiraban en Sinaloa, a otros los ahorcaban. El primer contrato que se firmó fue con la empresa Molino del 65 y obtuvimos apoyo de Elías Calles, y a partir de este triunfo se empezaron a formar los sindicatos campesinos, siendo la cabeza de esta lucha del Sindicato Central del Valle” (Morett, 1989: 41 ).
Por la labor tesonera del Machi y de sus compañeros de lucha, se logra la formación de varios sindicatos agrícolas, y en el año de 1934 se constituye la federación local, de la que posteriormente surge la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonora. Esto permite que los sindicatos tomen fuerza e impongan en los hechos el respeto a sus derechos laborales, una de ellas es la que los patrones deben contratar sólo a trabajadores sindicalizados. De la fuerza obtenida en el campo pasan a impulsar los sindicatos en la ciudad, como el de la Compañía Molinera, el de la Arrocera y otros negocios.
La organización sindical determina la fuerza del campesinado ya que les permite controlar políticamente todo el Valle y también tener presencia en la ciudad. El gobernador Yucupicio, originario de Navojoa y descendientes de los Mayos no está de acuerdo con estos movimientos, ya que propician la politización de sus agremiados y expresan en estos momentos la lucha de clases en la región. Muchos de los militantes de los sindicatos son encarcelados y otros desterrados. El Machi fue hecho prisionero permaneciendo más de ocho meses en la cárcel.
Ante la presión de la fuerza sindical los propietarios privados hacen frecuentes llamados para que los jornaleros solicitantes dejen el sindicato y se organicen como parceleros, para lo cual les ofrecen tierras en renta.
La influencia de los sindicatos se deja sentir en el valle y en la ciudad y de esta fuerza surgen en 1935 las candidaturas de Matías Méndez para Presidente municipal y la del Machí López como Síndico, al triunfar ponen en vigor la ley de Tierras Ociosas y por aplicar esta política a favor de los campesinos son depuestos y encarcelados.
Pasar de la lucha exclusivamente laboral, a la lucha agraria resulta un tránsito lógico, ya que los integrantes de los sindicatos de jornaleros trabajan en las grandes extensiones de los extranjeros y cuando experimentan la fuerza que les da la organización empiezan a plantear la demanda de tierra bajo las disposiciones del Código Agrario de 1934. Es entonces cuando se forman los Comités Ejecutivos Agrarios para solicitar la tierra. En ese proceso no están solos ya que también en otras regiones como la Laguna, Michoacán, Sinaloa, Baja California también hay luchas y el intercambio con los campesinos involucrados es permanente.
En apoyo a la lucha sindical y agraria que se da en varios estados, el gobierno de Cárdenas forma las Brigadas de Orientación que junto con las Brigadas Culturales recorren el país orientando a los campesinos sobre el sistema de organización colectiva en preparación del inminente reparto agrario. Junto con esta orientación se impulsa también la explicación de la educación socialista, marcada en el Artículo 3º constitucional. Y es en esos momentos cuando se incorporan los maestros rurales a la lucha agraria y se convierten en un eficiente canal de difusión de las ideas Cardenistas. Es en este proceso donde el Machi empieza a trabajar con los maestros rurales invitándolos para que también se incorporen a la lucha.
Un antecedente importante, que constituye un eslabón de la larga cadena de la lucha agraria, y que va a ser el hilo conductor de la ideología izquierdista al interior de los ejidos colectivos, lo representa la constitución de los Sindicatos de Trabajadores Agrícolas a finales de la década de los veintes en varios poblados del Valle del Yaqui y del Mayo, también en la Laguna, en Michoacán y en Sinaloa.
Estos Sindicatos, por su carácter gremial, se forman para defender los derechos laborales de los trabajadores consagrados en el Art. 123 Constitucional, la situación de éstos es crítica por las largas jornadas laborales, bajos salarios y la prohibición de sindicalizarse por parte de sus patrones2. El aumento del número de jornaleros se debe a las fuertes corrientes migratorias formada por trabajadores expulsados de los antiguos minerales y de la zona serrana, que buscaron asentarse en la región en busca de un empleo.
Los trabajadores se movilizan por dos tipos de demandas, las laborales y las agrarias, pero es una lucha contra el mismo capitalista que juega el rol del patrón y de propietario de las tierras que los jornaleros trabajan. Es el amo que los explota y también el dueño de las tierras que están solicitando, en resumen, el propietario.
En este proceso, cuando la lucha se vuelve álgida, los jornaleros dejan a un lado las demandas laborales para fortalecer la lucha por la tierra que es lo más importante, porque significa dejar de ser explotados como trabajadores, y obtener una parcela representa la constitución de su patrimonio familiar.
Como sindicalistas, también tienen una demanda contra los gobiernos estatal y federal, que defienden y garantizan los intereses de los latifundistas. En el sexenio Cardenista, la lucha sólo fue contra el gobierno estatal del gobernador Yucupicio, furibundo anti agrarista, ya que del gobierno federal del General Cárdenas obtuvieron las facilidades para organizarse y el apoyo a su lucha, y a su vez constituyen la base de presión y de legitimación de la política agrarista para afectar los intereses de los latifundistas y caciques. La ideología de los sindicalistas, tanto de sus líderes como de las bases no está definida plenamente y oscila entre el Magonismo y el comunismo.
2. En esa época el gobierno perseguía a los sindicalistas y los confinaba en las tinajas de San Juan de Ulúa.
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Por Lic. e Ing. Eduardo Francisco Varela Munguia / edvarelam@hotmail.com
Propiciar una organización ciudadana permanente e institucionalizada no sólo para efectos electorales, a través de ella se podrá definir, en cada nivel, qué esperan los ciudadanos de sus representantes o delegados, marcándoles directrices de actuación, según los puntos de vista de cada conglomerado humano, constituyéndose además en los foros ideales para el análisis y el estudio de las alternativas de solución a los graves problemas que aquejan a nuestro país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracción II, otorga a los ciudadanos mexicanos el derecho a ser votados. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática (Art. 41, frac. I) y es sólo a través de ellos que un ciudadano puede ser votado.
No obstante los mencionados postulados de nuestra Carta Magna, aproximadamente solamente el cuatro por ciento de los ciudadanos pertenece algún partido político y un porcentaje más reducido aún, al interior de ellos, es el que decide sobre las candidaturas para obtener un cargo de elección popular y en consecuencia, sobre los grandes temas de vital importancia para el país y para los mexicanos. Ante esta realidad, habría que replantear el postulado del artículo 39 constitucional y afirmar que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en “parte” del pueblo, así como que todo poder público dimana también de esa parte del pueblo, en detrimento de la mayoría.
La verdad es que los partidos no solamente están incumpliendo con la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, sino que la inhiben, a través de los candados que las mismas dirigencias partidistas implementan para evitar la competencia política de sus propios compañeros de siglas y de esa manera, hacer llegar al poder político no al más apto, ni con mejor proyecto de Nación, sino a aquél que mejor se acomode a los intereses partidistas o de grupo.
Es común el argumento, muy socorrido por las autoridades, de que los grandes males de nuestro país, como el narcotráfico, los secuestros, la corrupción, la carencia de medicamentos en clínicas y hospitales oficiales, nuestro pésimo esquema de seguridad social y nuestro mal sistema educativo, entre otros, se deben en gran medida a que tradicionalmente la sociedad no se ha involucrado en la cosa pública. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿qué canales de participación son los que se encuentran abiertos para darle cabida a las inquietudes del ciudadano común? Aparte de los foros de consulta que organizan los tres niveles de gobierno, incluidos los congresos federales y locales, que las más de las veces sólo sirven para darle un tono de credibilidad a decisiones previamente tomadas, las alternativas que al pueblo le quedan son las Organizaciones No Gubernamentales, las marchas y plantones para tratar de hacer escuchar su voz, ante gobernantes cada día más insensibles, entreguistas y faltos de principios.
Existe un reclamo generalizado, aun en el ámbito gubernamental, para ciudadanizar los diferentes organismos o dependencias; se pide la ciudadanización de las instituciones de
procuración de justicia y seguridad para hacer caso al reclamo social de revertir la impunidad en el país; se ha tratado de ciudadanizar a los órganos electorales federales y estatales con poco éxito, pues tales procesos han degenerado en una pelea encarnizada entre los diferentes partidos para tener prioridad en el nombramiento de los consejeros a efecto de verse favorecidos con sus decisiones, pues no conviene a los diversos proyectos partidistas que tales institutos sean independientes.
La inmensa mayoría de los mexicanos ve con desconfianza a los partidos políticos y considera corruptos a los políticos, con un porcentaje muy bajo de quienes consideran que los gobernantes merecen respeto y de quienes respetan a los políticos (2 y 1 %, respectivamente, según encuesta de Banamex).
Esto queda de manifiesto con la pobre participación de los votantes, apenas arriba del cuarenta por ciento en las últimas elecciones federales y del 52 % en las del Estado de Sonora, así como en las enormes contradicciones al interior de los partidos, enfrascados en luchas intestinas que tienen como última beneficiaria a la Nación.
El establecimiento del esquema de Democracia Participativa que se propone, propiciará una organización ciudadana permanente e institucionalizada no sólo para efectos electorales. A través de ella se podrá definir, en cada nivel, qué esperan los ciudadanos de sus representantes o delegados, marcándoles directrices de actuación, según los puntos de vista de cada conglomerado humano, constituyéndose además en los foros ideales para el análisis y el estudio de las alternativas de solución a los graves problemas que aquejan a nuestro país, pues su cooptación será mucho más difícil lograr para la delincuencia organizada, empresarios y funcionarios corruptos, que si pertenecieran a algún grupo político de intereses inconfesables.
Para revertir esta situación y verdaderamente fomentar la participación de la ciudadanía en política, es necesaria una reforma a la Constitución Federal que le dé fin al monopolio electoral de los partidos políticos, abriéndole paso a una real democracia participativa. Para ello, la ciudadanía debe tener libertad de organización, con independencia de los partidos políticos, a efecto de participar en las elecciones. Esa organización sería a través del Instituto Federal Electoral (IFE), que es la instancia preparada con los elementos bastantes para realizar esta labor, pues cuenta con el personal capacitado, infraestructura, padrón electoral y la ubicación territorial de los votantes, entre otros.
El esquema de Democracia Participativa empieza a conformarse con la sectorización a nivel secciones electorales, colonias, fraccionamientos y poblados, por Municipio, con la elección de representantes (uno o dos) de cuadra o sector, por cada cincuenta o cien votantes, quienes participarán en la Asamblea de Barrio o de Colonia.
Esta asamblea elegirá también a sus respectivos representantes, quienes irán a conformar la Asamblea Municipal o Distrital, la que mediante el mismo procedimiento, elegirá también a sus representantes municipales o distritales. Se habla en esta propuesta, de Asambleas Distritales “o” Municipales porque existen Municipios que cuentan con varios Distritos y en este caso, los representantes distritales irán a formar parte de la Asamblea Municipal. En general, los representantes municipales conformarán las Asambleas Distritales.
La Asamblea Estatal estará constituida por los representantes surgidos de las Asambleas Distritales o Municipales, según el caso, y en ella se elegirán a los “candidatos sin partido” que contenderán por la gubernatura y las posiciones federales, repitiéndose este esquema en cada Estado, configurándose de esta manera una estructura piramidal en la que participaría, ahora sí, en forma institucionalizada, la mayoría de los ciudadanos.
La Asamblea Nacional, constituida con los representantes de las Asamblea Estatales decidirá sobre la candidatura a la Presidencia de la República. En todas las Asambleas participará un agente o delegado del IFE, investido de fe pública para este caso, levantándose un acta con copia para dicho instituto para constatar la legalidad y validez del acto. Se celebrarán además, asambleas “de regreso” o informativas a efecto de que cada nivel de la estructura tenga pleno conocimiento de lo que está sucediendo en los demás.
Los candidatos a los diferentes cargos de elección popular serán nominados en la Asamblea del nivel correspondiente, escogidos de los representantes nombrados en el nivel anterior. Así, los candidatos de cada planilla a contender por la Presidencia Municipal, surgirán de los representantes de barrio o de colonia; los candidatos a Diputados, surgirán de la Asamblea Municipal; para gobernador, el candidato surgirá de la Asamblea Estatal; y de la Asamblea Nacional surgirá el candidato del esquema de Democracia Participativa a contender por la Presidencia de la República.
Por supuesto, no podrá ser candidato quien no haya sido votado en el nivel primario (Representantes de Cuadra o Sector, que son los que conforman cada Sección), pues los candidatos surgirían de entre los representantes o delegados. Es precisamente allí, en la base de la pirámide de esta estructura, en donde las personas se percatan de las virtudes y defectos de sus vecinos, otorgándoles un reconocimiento mediante su elección como representantes, o descalificándolos, al no otorgarles tal responsabilidad. Muchos figurones actualmente encumbrados en el poder político nacional, ya sea mediante elección directa o a través del principio de representación proporcional, no ganarían ni una vocalía en la sociedad de padres de familia de la escuela primaria de su colonia.
Para conservar el espíritu que lleva a la adopción de esta estructura, los representantes en todos los niveles de este sistema no deberán haber ejercido ningún cargo de elección popular por algún partido político ni en las dirigencias de los mismos, durante tres años previos al nombramiento de representantes.
Mediante el esquema propuesto, todos los ciudadanos estarán, ahora sí, en condiciones de poder ser votado, dándole así cabal cumplimiento al multicitado artículo constitucional, circunstancia que actualmente se hace nugatoria a la mayoría, al no formar parte de la estructura de algún partido político
Con el propósito de lograr el objetivo propuesto, es necesaria la reforma del artículo 41 constitucional, agregando después de cada referencia a los partidos políticos, la frase: “conjuntamente con el Esquema de Democracia Participativa”, a excepción del segundo párrafo de la fracción II, referente a la pérdida de registro, pues la estructura de Democracia Participativa será permanente. Por supuesto, habrá de reformarse también la legislación secundaria.
El esquema de Democracia Participativa no requiere de la estructura con que cuentan los partidos políticos, pues carece de dirigencia; se trata de una organización ciudadana piramidal para los mexicanos que no pertenecen a ningún partido, regida, organizada, supervisada, financiada y controlada por el IFE, por lo que no necesita de los grandes recursos que actualmente reciben los partidos políticos.
Esta propuesta suena utópica ante la falsa idea de los políticos tradicionales de que sus partidos son el summum de la democracia y por ser precisamente los legisladores surgidos de ellos, los responsables de hacerla vigente o no, pues comúnmente las decisiones las toman en función de los beneficios o perjuicios que puedan ocasionarse a “sus” partidos, subordinando así los grandes intereses de la Nación.
Paradójicamente, la instauración del esquema de Democracia Participativa, al constituirse en una competencia electoral de la que actualmente carecen los partidos políticos, redundará en su fortalecimiento, pues necesariamente tendrán que tomar medidas para eliminar vicios y democratizar su vida interna, debiendo tener una actuación más transparente y equitativa.
Como bien dice Nicolás Maquiavelo: “No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que el introducir nuevas leyes”. México se deshace en las manos de sus gobernantes y los mexicanos lo vemos con impotencia sin aparentemente poder hacer nada por evitarlo, pues actualmente somos rehenes permanentes de sistema político que otorga a los partidos políticos la concesión inmoral de tener el monopolio electoral.
Si bien es cierto que nuestra Constitución, a través del artículo noveno reconoce la libertad de asociación, haciendo una interpretación a contrario censu, los mexicanos también tenemos el derecho a no pertenecer a ningún instituto político y no por ello quedar al margen de una candidatura, por lo que son necesarias reglas más amplias, justas y equitativas de participación en las contiendas electorales. Con la aprobación de esta propuesta, los legisladores no estarán otorgando una graciosa concesión a la ciudadanía, sino reconociéndole un derecho... el derecho inalienable de ser votado.
Esta es mi contribución, surgida de la convicción de que es tiempo de empezar a hacer algo más que ser testigos contemplativos de la desgracia nacional que sólo beneficia a unos cuantos. Los mexicanos tenemos derecho de participar y decidir sobre el México que queremos, no el que se nos impone.
