El papel de la Comisión
de Derechos Humanos
Por Alejandro de la Torre
Es secreto a voces
que el secretario de gobierno es el titiritero de los tres organismos
“autónomos” que están ligados por un cordón umbilical al presupuesto público
cuyas partidas autoriza la secretaria de hacienda del estado, este es el
principal vinculo de subordinación de tales organismos, causa fundamental de la
desconfianza en ellos ya que mientras no haya una reforma legal que rompa esta
atadura, o sea que mientras no se cree un fondo independiente a los recursos
que firma y distribuye el gobierno que provea su subsidio y además que sus
integrantes, -consejeros, vocales y ombudsman- sean designados solo por un
procedimiento democrático ciudadano y no como ocurre actualmente que son
designados cada cuatro años como consecuencia de las negociaciones y cochupos
de los diputados del PRI y del PAN con la maniquea influencia del gobernador.
Este es el caso
evidente de la CEDH en Sonora. Su titular en vez de defender al pueblo,
concerta con el poder gubernamental subordinándose al artilugio legaloide, auto
amarrándose las manos por recomendación de sus abogados, con altos sueldos y
que casi siempre han vivido de empleos en el aparato de gobierno.
El temor, las
reservas, la sutilidad, la diplomacia servil, la reverencia a la autoridad
estatal, el excesivo alineamiento a la reglamentación, siempre han sido los
comportamientos de los presidentes de Derechos Humanos. En lugar de asumir una
posición erecta, sobria, rígida, firme, utilizando más su autoridad moral y
política, se actua con los apapaches, el doblamiento y la declinación.
Esta ha sido
absolutamente la actitud y el comportamiento del actual presidente de la CEDH
en Sonora, Raúl Ramírez Ramírez y de sus principales abogados, cuyos sueldos
son altos de 25 mil a 70 mil pesos mensuales más prestaciones, además de contar con una partida anual de 5 millones 681 mil pesos para entregarlos como estimulos al personal y tambien de entrega de
gastos personales. (Ver cuadro 3).
En Sonora a lo largo
y ancho del territorio se violan constante, rutinaria y cotidianamente todos
los derechos humanos por acción y por omisión.
Se desvirtúan los
deberes de funcionarios altos y bajos por el respeto a los derechos ciudadanos
fundamentales, por el respeto a la dignidad humana no solo por violación
directa de las garantías fundamentales si no por el desdén de no respetar la
dignidad, el decoro, la libertad elemental de las personas con el abuso
autoritario, la indiferencia ante la petición de cualquier persona, la
desigualdad entre prepotentes funcionarios y ciudadanos comunes, la mentira,
manipulación y chantaje de los que ejercen el poder y presupuesto públicos para
burlarse de los pobres que piden lo elemental, que no son escuchados, que se
les cierran las puertas, que son manejados con dadivas por grupos políticos,
que son engañados con información falsa, con difusión falsa de medios de
comunicación subsidiados por el gobierno, de la omisión generalizada en todas
las aéreas de responsabilidad pública, que prestan servicios deficientes,
abusivos y fraudulentos, que aplican la ley sesgadamente o con un sistema de
seguridad publica corrupto.
La violación de los
derechos humanos no ha virado para bien por el hecho de haber disminuido en gran parte
la tortura que se sigue practicando en los cuerpos policiacos, pero que hace
años era abierta y despiadada como casi único instrumento para culpabilizar a
sospechosos.
Porque hay derechos
humanos más sutiles pero no menos importantes como la dignidad, el decoro
personal o la libertad elemental de circular y preferir que son rotos,
lastimados cotidianamente por el autoritarismo gubernamental que son
indiferentes, inapreciables por la insensibilidad y politiquería de un supuesto
“Ombudsman” al servicio del gobernador y por la costumbre de una sociedad
pisoteada que no exige el respeto de esos sus derechos.
Igualmente existe un
pisoteo indiscriminado contra los trabajadores de las maquiladoras en sus
derechos humanos dentro de la propiedad trasnacional que es un campo de excepción
en la aplicación de las leyes y por lo tanto indiferente y borrado también para
el organismo de “derechos” humanos que no tiene la mínima voluntad para
intervenir en miles de casos de violaciones, sumados a la violación terrible de
los derechos laborales.
El pretexto de la
planta de abogados de la CEDH para no resolver a favor casos elementales de
violación de derechos humanos y declararlos improcedentes en vez de utilizar la
voz política para pronunciarse a favor del ciudadano aunque le falten
condiciones legales para que caigan en los supuestos de violación de derechos,
es por el prejuicio de que no cumplen con los procedimientos y las reglas
secundarias y el artilugio principal para evitar los casos, es por que no son una
autoridad jurisdiccional, argumento huizachero.
Por lógica mientras
los abogados de la CEDH mas se incrusten en querer respetar el papeleo legal,
más a fondo se hundirán para no cumplir su función para la que están, de ser
defensores de la gente, y a la vez protegen al poder público sobre el cual
presuntamente combatirían en sus excesos.
Es básico entender,
que la CEDH además de poder litigar, tiene un carácter más importante que es el
de ser una autoridad política que debe estar a favor de la gente y no en medio
de las controversias de las partes –ofendido y gobierno–, y como tal su
pronunciamiento político no se ejerce por el miedo al poder del gobernador y a
su subordinación económica, ganándose la desconfianza ciudadana.
Han fallado Raúl
Ramírez Ramírez y sus asesores, en aéreas fundamentales que han evitado ir a su
auxilio por oficio: La libertad de expresión mancillada y prostituida en
Sonora, los abusos y hacinamiento en las cárceles y su nula justicia y
readaptación y la penalidad que sufren los familiares de los internos, los múltiples
casos de “buling” como contra la niña Joana y del niño suicidado y la torpe y
dolosa omisión de la autoridad educativa del estado en todas las escuelas públicas,
la omisión del gobierno en impedir que mejore el terrible e inhumano servicio de
transporte público urbano, la desatención de familiares y enfermos en los
linderos de los hospitales del estado y hasta la muerte de indigentes como el
jornalero José Sánchez, los cortes inhumanos inconstitucionales del servicio de
agua potable a los domicilios, los retenes ilegales que practican los cuerpos
policiacos y cachean a los automóviles por dentro sin orden judicial y las
revisiones ilegales a las pertenencias de personas “sospechosas” a sus bolsas y
bolsillos sea en la vía publica o a los comensales en antros, la
inconstitucional operación mochila que abren la intimidad de todas las niñas y
niños con el pretexto de que hay alumnos que portan artículos peligrosos.
El caso terrible en noviembre de 2009 contra el comunicador radiofónico al que le tendieron una trampa, Abraham López
Otero que sigue injustamente recluido en el Cereso de Cd. Obregón que abusaron de
su persona fincándole un delito inventado de “Trata de personas”, violando sus derechos
golpeándolo arteramente en su detención y torturándolo, al que no tuvo voluntad
el “ombudsman” de ni siquiera revisar, lavándose las manos.
El caso de ominosa injusticia
contra Rafael Murillo Guzmán y otros dos compañeros todavía presos injustamente
en el Cereso de Obregón, chivos expiatorios del robo de Sepsa en octubre del año 2004, cuando
trabajaban como guardias de valores y que tuvieron que culpabilizarlos con tortura,
para que la empresa de valores cobrara el seguro del robo ya que Raúl Ramírez Ramírez
no quiso pronunciarse por su liberación por miedo al gobernador.
Y para que agregar el
caso del sufrimiento de los padres de los niños muertos y heridos del incendio de
la guardería ABC ya que el “ombudsman” sonorense nunca se pronunció por Justicia.
Nos debe la comisión pues
y desde luego su representante. Una deuda irresarcible.
Cuadro 3.-
