Claudia Contreras, designación prianista de 2017
Fiscalía del Estado,
la floja autonomía
Por Alejandro de la Torre / CRóNICA10. Parte inicial.
Con la ratificación duracista
de la actual Fiscal del Estado en noviembre de 2021, se puso en controversia el
trato a la violencia, la delincuencia y la inseguridad imparables en Sonora y
la permanencia de un aparato judicial deficiente en la investigación de los
crímenes, aunado a un ministerio público en general, marcado por el incumplimiento.
En 10 meses, la criminalidad no se ha
detenido a pesar de varias pesquisas, a pesar de rendir cuentas, pero muy bajas
en proporción con la demanda de seguridad y resultados.
Se han presentado decenas de amenazantes
mantas del narco, han surgido más hallazgos de fosas de personas muertas, se
han manipulado cifras, se han comprado a los medios de informacion, se han
inducido “jornadas por la paz”, que han redituado en paz de sepulcros, se ha
atacado una delincuencia que no para, con más de 2 mil homicidios sin
esclarecer en Cajeme desde noviembre de 2018, año que fue designada la Fiscal Claudia
Contreras, por los diputados prianistas de la legislatura de Claudia Pavlovich.
No hay repercusión directa en la disminución
de los crímenes con respecto al esclarecimiento y detención de criminales, que
puede ser el camino para parar a tanto homicida por los vínculos y pistas que
deben ser el resultado de la ciencia forense.
El aparato de justicia e investigación, si
bien tiene variaciones, en su eje principal no ha mejorado conforme a la
urgente demanda de justicia y de eficacia judicial, que no representa una
transición o un cambio de gobierno conforme lo anunció la campaña del actual
gobernador Alfonso Durazo.
La demanda de lograr una fiscalía de fuerte
autoridad choca conforme a la apariencia de que poco logran, poco obtienen,
poco se detiene la criminalidad. La restructuración de la Fiscalia con un capaz
equipo de reacción inmediata y eficaz, no se conoce o si existe permanece en la
opacidad.
En el area de los delitos a petición de
parte, es casi lo mismo, existe un rezago y una actuación de no ejercicio que
es grave ante la alta incidencia de denuncias por conductas delictivas, todavia
alentada por Juzgados tambien que no cumplen con su facultad de control que
solo reflejan una necesaria reforma en el funcionamiento del poder judicial del
Estado de Sonora.
Las principales deficiencias de la Fiscal, de
sus Vicefiscales de origen priista, y de su organización táctica, se muestran
en los pocos datos informados, que si bien aparentan trabajo, lo ancho del
escenario encajona a que haya criminales procesados en proporción menor con las
balaceras, los delitos y los muertos.
La demanda social es cien veces superior a
las cuentas mostradas, por lo que debe ser una decisión del estado construir
una estructura de funcionamiento de la justicia, que cumpla con la alta demanda
ciudadana, la imparcialidad, eficiencia, apartidismo, cumplimiento con la
legalidad y con la exigencia de la sociedad.
La fabricación de delitos y de abusos de
parcialidad, tanto de ministerios públicos como de jueces bajo consigna viene a
agravar la alta desconfianza en el aparato de operación de la Fiscalía del
Estado que sigue obedeciendo a intereses creados, y este es el principal
síntoma que debe ser roto, el poder fáctico, e iniciar una etapa nueva de
justicia y legalidad al servicio del pueblo.
La autonomía culminada por el Congreso del
Estado el 23 marzo de 2017 que le brindó a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora en su artículo 4º de su Ley Orgánica, la condición de órgano público
autónomo, tiene inconsistencias anticonstitucionales que pueden ser revisadas,
para otorgarle el desprendimiento completo de los poderes políticos y otorgarle
el carácter de entidad, no de “órgano”, con un Consejo de Control y Vigilancia
en donde la participación y la decisión de representantes del pueblo, sea un
requisito para su desempeño, condición importante para desprenderse de los
poderes en la penumbra, un empeño que transforme y no solo cambie apariencias.
