Vino
con yaquis pero no con Río Sonora
AMLO y el factor étnico
sonorense
Entrevista
con Tonatiuh Castro
Alejandro
Matty Ortega/Irreverente Noticias
Ciudad
Obregón, Sonora (IN).- El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió este
lunes 70 años de edad y vino a Sonora a revisar los avances del Plan de
Justicia Yaqui del gobierno federal, sin embargó dejó fuera de su agenda a los
mineros de Cananea y a los afectados por el derrame del Río Sonora.
Habitantes
de la región reclaman al presidente que desde hace un mes prometió una mesa de
trabajo con las víctimas del Grupo México pero a la fecha no ha cumplido.
Por
su parte, los mineros de Cananea esperan que la reunión se celebre esta semana en
Palacio Nacional, como se acordó hace 3 semanas tras suspender el bloqueo a la
mina "Buenavista del Cobre".
Según
información oficial el gobierno ha invertido más de 14 mil millones de pesos en
los Planes de Justicia para el desarrollo social de 4 etnias de Sonora.
Destacan
en este plan, la justicia con el desarrollo, la inversión, obras, restitución
de tierras, infraestructura educativa y servicios de salud en los Planes de
Justicia Seri, Yaqui, Guarijío y Mayo.
Se
perciben dos elementos esencialmente trascendentales que abren la expectativa y
el interés del presente estudio periodístico:
En
primer lugar se detecta la existencia de un criterio selectivo, ya que los
pueblos que son motivo de Planes de Justicia sólo son cuatro de los 8 pueblos
originarios en Sonora.
Además,
uno de forma especial, yoeme o yaqui, con más de 13 mil millones de pesos en
inversión pública; tres más con mucha menor inversión como comcáac o seri, con
450 millones; yoreme o mayo y makurawe o guarijío, no se especifica cantidad.
Otros
tres pueblos originarios que se aprecian fueron excluidos de la formulación de
planes:
Son
Kucapak o cucapá, tohono o’odham o pápago y o’ob, ó pima.
Más
aún, una comunidad más con casi 120 años de asentamiento en el estado, kikapú.
Especial
atención llaman tres sectores étnicos con alrededor de cuatro décadas en Sonora
que tampoco se mencionan en el avance del informe oficial o fueron excluidos en
la formulación de los planes, estos son los integrantes de los pueblos triqui,
mixteco y zapoteco residentes en el Estado de Sonora.
El factor étnico
descrito por Tonatiuh
El
maestro Tonatiuh Castro Silva responde a Irreverente Noticias las interrogantes
que le hicimos y plantea importantes temas inherentes a este dilema de justicia
con desarrollo de los Planes de Justicia indigenistas en Sonora.
Con
el compromiso asumido por el Gobierno de México de que las etnias son
prioridad, ¿se cumple con el Plan de Justicia para las comunidades indígenas de
Sonora?
Tonatiuh
Castro Silva.- "Un silogismo
contundente es la base de los Planes de Justicia del Gobierno Federal: No puede
haber desarrollo sin justicia. Como suele plantearse en el discurso del
Presidente, procurando consultar la historia en cuanto a las similitudes con el
presente para obtener una moraleja, y plantear una enseñanza, la referencia
histórica que invocó para indicar el punto de partida de las acciones
contempladas para el pueblo yoeme o yaqui aludió al periodo del Porfiriato,
cuando el pretendido progreso se basó en la injusticia.
Y
agrega: Sin duda, tal planteamiento
fundacional de los Planes de Justicia es el apropiado, y su consistencia lógica
guarda un sentido de filosofía social, así como un genuino ánimo político.
A la vez, plantea un
enorme compromiso con la realidad social y el aspecto ambiental, al apelar a dos
categorías sumamente ambiciosas, relacionándolas, si se trata de la
implementación de acciones gubernamentales sobre el territorio directo, y de
forma masiva.
El
reto de los técnicos para acatar el propósito esencial de los Planes radica en
trasladar al ejercicio de la administración pública tal conjunción de manera
equilibrada, haciéndolo, incluso, a partir de la ciencia y de la tecnología.
Sin
embargo, cuando apelamos a la ciencia como fundamento de la burocracia, suele
aparecer el desdén, aún con mayor ahínco, respecto a las ciencias sociales, y
así, un paradigma socioantropológico resultaba indispensable para el diseño e
implementación de los planes, así como un despliegue cabal de la técnica en las
obras públicas y de infraestructura.
La
concreción de la justicia requeriría de continuidad de las obras contempladas
tras la actual administración, a partir de un replanteamiento del paradigma,
así como de una labor de remediación en cuanto a las obras edificadas o
desplegadas sobre los territorios de los pueblos originarios.
Los
Planes de Justicia tuvieron distintos formatos y manejo, por lo que la única
evaluación en común es tal carencia de coordinación fundamentada en la cultura.
En
cuanto a su ejecución en sí, cada plan requiere un diagnóstico distinto.
Una
primera precaución se refiere al hecho de que, al referir al Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas en la conducción de los planes, estamos ante el
árbitro simbólico, mas no ante un cabal coordinador.
El
conjunto de obras contempladas como parte del Plan de Justicia Yaqui, en lo
general, fue responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) en el aspecto técnico, por lo que su ejecución
lleva un mismo designio ingenieril, arquitectónico y financiero, aun cuando
fueron concretadas por distintas empresas.
En
el caso del Plan de Justicia Seri, en una primera etapa la instancia que
coordinó los trabajos fue la Delegación Sonora de la Secretaría del Bienestar,
y posteriormente y hasta la fecha, ha ejercido el encargo la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Sonora.
Las
obras comprenden los siguientes rubros:
Electrificación,
vivienda, infraestructura comunitaria, obras carreteras, proyectos productivos,
pesca, salud y medicina tradicional, educación, y cultura, lengua e identidad.
En
esta región, las obras y proyectos han sido responsabilidad de distintas dependencias
de gobierno, según su campo de acción, pertenecientes más de veinte al Gobierno
Federal, y más de veinte al Gobierno estatal, y otras más al Gobierno Municipal
de Hermosillo.
Entre
ambos casos, el del pueblo yaqui es el que debe visualizarse con mayor
preocupación.
Al
hacerlo, se puede aplicar una evaluación general, al existir de inicio un claro
planteamiento de los rubros por atender y acciones por realizar: vivienda,
acueducto, infraestructura hidráulica y drenaje para comunidades, Distrito de
Riego, banco yaqui, reconocimiento fiscal, universidad, restitución
territorial, y hospital regional y seis unidades médicas rurales.
Más
allá de los contextos político y sociocultural o de los motivos técnicos, se
advierte por un lado, que son pocas las obras en funcionamiento, aun cuando se
concluyeron las instalaciones, y esto es debido a la mala calidad, o al
deterioro, de las mismas, y cuyas causas podemos examinar; por otro, se
detectan obras en curso.
No
obstante, antes de la evaluación específica de lo efectuado, es importante
advertir un acto primigenio de injusticia, que radica en la exclusión, pues
Sonora es el estado con mayor diversidad étnica en el Norte de México y uno de
los de mayor pluralidad en el país y, sin embargo, hubo un criterio selectivo;
los pueblos que son motivo de Planes de Justicia son:
Uno
de forma magnánima (yoeme o yaqui); tres más con menor envergadura en sus
planes (comcáac o seri, yoreme o mayo y makurawe o guarijío).
Otros
tres pueblos originarios excluidos de la formulación de planes (kuapak o cucapá
–que se les incorporó al Plan de Pueblos Yumanos, pero en cuanto al sector
bajacaliforniano–, tohono o’odham o pápago y o’ob o pima); uno más con casi 120
años de asentamiento (kikapú); y tres sectores étnicos con alrededor de cuatro
décadas (triqui, mixteco y zapoteco).
La
población de 3 años y más hablante de lengua indígena en Sonora, según
registros del Censo de Población y Vivienda 2020 fue en tal año de 62,808
personas.
Los
montos asignados por región, los presupuestos ejercidos, y lo contemplado o en
curso, revelan una profunda diferencia entre la atención al pueblo yaqui, y los
demás.
El
INPI anunció el martes la aplicación, hasta el momento, de 14 mil, 452 millones
de pesos en los cuatro Planes de Justicia.
Para
la etnia yoeme se han aplicado 13 mil y más de millones de pesos, mientras que
lo erogado en las regiones comcáac, yoeme y makurawe, juntas, suman mil
millones y fracción".
IN.-
Respecto a la autodeterminación de los pueblos, ¿se respetan la autonomía,
tradiciones, los usos y costumbres de las etnias sonorenses?
TCS.-
"El marco normativo indica, desde el nivel local hasta el internacional,
un principio relativista de respeto a aquellas creencias y prácticas que se
encapsulan en la categoría de “usos y costumbres”, así como a la organización
sociopolítica de los pueblos originarios.
Tal
disposición general condiciona a la realización de consulta previa, libre e
informada, evaluaciones de impacto ambiental y otros protocolos, que son
percibidos como meros trámites o requisitos de gestión, y no como base técnica
de las obras.
Sin
embargo, es necesario analizar también la contraparte.
La
cultura no es estática, por lo que la conciencia étnica no es ajena al vértigo
identitario de la tardomodernidad.
Así,
en el presente se advierten resabios de pensamiento colonizado en ciertas facciones
políticas de las comunidades, y un concepto autocomplaciente de la autonomía en
determinadas estructuras, que asumen el ejercicio del poder, pero no de la
responsabilidad social.
En
la experiencia de la creación de las obras en la región yaqui se advierten
ambas situaciones referidas, siendo varios casos los emblemáticos, y uno de
ellos es la vivienda.
La
casa tradicional de bajareque se ha visto arrasada, y en conjunto con las obras
de infraestructura hidráulica, la vivienda promovida por Conavi constituye la
impronta territorial más invasiva que haya ocurrido en los asentamientos indígenas
de México.
La
arquitectura tradicional es el resultado de la conjunción de materiales
endémicos, técnicas constructivas y conceptos socioespaciales, aunque el
pensamiento liberal, o el de las nuevas generaciones de la propia comunidad, la
visualiza como un indicador de pobreza.
Ambas
partes concertaron pues asestar tal golpe al patrimonio cultural.
Preservar
la casa cahita de ninguna forma constituye un factor de involución.
Este
rubro ha sido uno de mis temas de investigación, y sobre esta materia me
desempeñé como docente en el programa de Arquitectura de la Universidad de
Sonora.
En
distintas partes del mundo se han formulado proyectos de habitación vernácula
en conjunto con profesionales de la arquitectura, generando vivienda
climáticamente apropiada y culturalmente empática.
Justo
sobre la vivienda yaqui, hace algunos años asesoré a un equipo de docentes y
estudiantes del Tec de Monterrey que presentó ante concurso una propuesta
híbrida, obteniendo un premio nacional.
Por
otro lado, aparece el aspecto referente al compromiso de las Autoridades
Tradicionales y de la población respecto a las obras, y que ha incidido en el
estado actual de las obras que debieran estar concluidas.
Un
fenómeno generalizado fue el vandalismo y la rapiña, de tal manera que hubo
instalaciones hidráulicas vandalizadas, con robos de bombas de agua en tinacos
y de malla ciclónica, y usos incorrectos de módulos en campos deportivos, cuando
debieron ser casilleros.
Recordemos
que Foucault considera desde su visión que el poder no se tiene, se ejerce.
En
este sentido, el poder tradicional se aprecia como detentador de la soberanía y
de la autonomía, discursivamente, pero respecto a la prevención o control de
los actos delictivos internos, está ausente.
Sin
embargo, la vandalización de una obra o conjunto entorpece pero no impide su
funcionamiento.
El
factor que sí ejerce tal efecto es la corrupción; es decir, si se designa un
sector de un asentamiento para instalación de tubería de agua potable, pero no
se efectúa, o se aplica sin laboratorio de suelos, sin compactación, sin
acostillado correcto –en todo el territorio han aparecido socavones que han
alarmado a la población–; se afecta el cabal funcionamiento inicial si se
aplica un piso inapropiado, por su condición no aséptica, en una Casa de Salud.
Una
techumbre incorrecta, de lámina metálica, en una oficina del gobierno
tradicional o en una Casa de Cultura, sin consideración del clima de la región.
La
autodeterminación debe sustentar las dimensiones necesarias y alcances de las
obras y proyectos, desde los básicos, hasta los de mayor amplitud.
Así,
la disposición del Distrito de Riego debe concebirse por completo destinado a
los usuarios que le dan sentido en el marco del plan, y no instrumentar sobre
la marcha una compartición de hasta un 50%, o cualquiera que fuese el monto,
que no atendería la misma necesidad y que, incluso, ocupa un sitio opuesto en
la historia que se pretende resarcir.
Un
replanteamiento del paradigma debería partir de una visión socioantropológica
que, además, sea la que conduzca al conjunto de dependencias gubernamentales y
empresas involucradas.
Esta
fundamentación partiría del hecho de que no se trata sólo de población rural,
marginada o vulnerable, sino que se trata de atender, en una modalidad radical
y profunda de la atención pública, a un pueblo originario.
A
partir de tal visión, sería necesario establecer una coordinación que conduzca
tanto las obras y proyectos, como un diálogo intercultural en el que las
propias etnias de la entidad analicen sus propios conceptos de justicia, desarrollo
y autonomía.
Se
advierte en ambas partes, pues, un limitado ejercicio de autocrítica".
IN.-
El tema del abasto de agua, ¿sigue siendo una deuda para los pueblos
originarios de Sonora?
TCS.-
Los pueblos originarios de Sonora habitan ecosistemas y configuraciones
territoriales disímiles; es decir, algunos habitan valles, otros los arenales
agrestes, otros la serranía, y en relación con cuerpos de agua, igualmente hay
diferencias.
En
cuanto a su territorialidad, algunos residen concentrados en una o dos
comunidades, mientras otros viven dispersos entre serranías, y uno más –la
etnia tohono o’odham–, se encuentra dispersa entre localidades rurales y
cabeceras municipales.
No
obstante, la carencia de agua para el consumo humano es, por igual, una
condicionante de la calidad de vida en todos los pueblos.
En
el mejor de los casos, el abasto de agua para el consumo cotidiano que se
practica en las comunidades indígenas que disponen de forma silvestre de algún
río, arroyos u ojos de agua –pimas y guarijíos–, tiene gran similitud con las
prácticas de autoabastecimiento de uno o cuatro siglos atrás.
Otros
pueblos fueron definitivamente despojados de este recurso, y de sus territorios
en su conjunto, por lo que dependen del abasto mediante infraestructura
moderna.
En
los casos de los pueblos que son objeto de una estrategia de profusa creación
de infraestructura, como es el caso de los que son sujeto de los Planes de
Justicia, cabe evaluar con rigor técnico, pero incluso, desde el sentido común.
Cada
toma de agua debe corresponder con un tramo de tubería, cada válvula debe
responder a una red de distribución, pero hay elementos de infraestructura que
son elementos escenográficos para sostener un discurso, y que en realidad, no
constituyen un acto de justicia, ni de cumplimiento del derecho humano
referente a la disposición de agua para consumo humano.
Puede
parecer una escena surrealista, pero recordemos que en la llamada “era
neoliberal” ya se inauguraban hospitales vacíos, acá mismo en Sonora".
IN.-
¿Cómo garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos a los integrantes de
las comunidades indígenas en Sonora?
TCS.-
"En primer término, la evaluación del cumplimiento de los Derechos Humanos
en cuanto a poblaciones originarias debe partir justo de la consideración de su
condición étnica, pero además, con independencia de ello, existe un sistema de
evaluación internacional que atiende al principio de “Progresividad” de los
Derechos Humanos.
Es
decir, debemos cerciorarnos de que haya cada vez un mayor acatamiento de tales
disposiciones normativas por parte de las autoridades, a partir de indicadores
puntuales.
Por
ello –refiriendo un elemento concreto– la cantidad de clínicas, por sí misma,
no necesariamente indica que se han cumplido o ampliado los Derechos Humanos,
si se omite el contexto poblacional, el estado del equipamiento o la calidad de
los servicios médicos.
Mucho
menos, la grandilocuencia estética o arquitectónica de las obras sería un
factor a considerar.
El
pleno respeto debe asumir el compromiso de una labor de gobernanza que, por una
parte, vincule a las instancias estatales impelidas en primera instancia, para
garantizar el cumplimiento de tales derechos; para ello, debemos priorizar las
categorías fundamentales de la vida digna, tanto en una escala comunitaria,
como en lo individual.
Así,
categorías que aparecen como fundamentales son: educación, salud y justicia (en
su sentido jurídico, no en el político-discursivo).
Respecto
al rubro de la gobernanza, se identifica el hecho de que cada sector de la
administración pública, en cualquiera de sus niveles, se constriñe a los
paradigmas que la han sustentado, en la práctica diaria, desde el inicio de la
era neoliberal en el país, caracterizándose por una carencia de ánimo
transversal en la práctica y transdisciplinario en su sustento científico-aplicado.
El
rubro de la cultura es pleno ejemplo.
En
primera instancia, es necesario asentar que un rubro de los Planes de Justicia
referente a cultura, y en ello participan diversas instancias de la Secretaría
de Cultura.
Más
allá de la reseña de acciones como talleres de cultura comunitaria, debe
advertirse que las labores emprendidas soslayan las normas locales e
internacionales que disponen acciones culturales fuera del ámbito estrictamente
“cultural”, desatendiendo así marco legislativo, y a organismos o programas
referentes a salud intercultural, o administración y procuración de justicia,
por ejemplo.
Se
asume de antemano, que a las Secretarías o Institutos de Cultura no
corresponden tales labores.
Cabe
plantearse: ¿han participado o participan las mencionadas dependencias en la
creación o funcionamiento de los Comités de Interculturalidad en Salud que, de
hecho, existen en determinados centros médicos?; ¿contribuyen tales
instituciones culturales al constante requerimiento de intérpretes o
traductores por parte de las instancias judiciales?".
IN.-
Prevalece la pobreza, marginación y desigualdad social en las etnias, ¿cuál es
el camino que los conducirá hacia la justicia, atención oficial y respeto a la
autodeterminación de los pueblos originarios en Sonora y México?
TCS.-
"La autodeterminación implica grandes retos para las diversas partes
involucradas, refiriendo con “partes” a sectores poblacionales, todos en su
diversidad cultural; pero, también: instancias de gobierno, gremios
profesionales, grupos civiles, Organismos No Gubernamentales, organizaciones
multilaterales.
El
mayor desafío reside en la primera de las partes, la población, pues el camino
que resulta el conducente a la autodeterminación es el que conduciría a diálogo
interno, reconstructivo de la comunalidad, y de reformulación propia de la
autonomía.
Los
demás sectores que refiero, que son propios del mundo del yori, del cöcsar o
del “hombre blanco”, saben, o sabemos en mayor o menor medida, cuáles son
nuestras obligaciones normativas, y aquella contraparte político-cultural se
encuentra al lado para señalarlo y denunciarlo al ser necesario.
No
obstante, el autoexamen de conciencia étnica, y de eventual formulación de una
estrategia de persistencia, corresponde a los propios pueblos.
Ahora
bien, la pobreza, marginación y desigualdad social no lograrán abatirse con el
reconocimiento y fomento de la autodeterminación, únicamente.
Antecede
a este reto un factor estructural:
La
economía capitalista, que se materializa en la amenaza de la agricultura
titánica, el acecho de un gasoducto transnacional, el destino infranqueable
como mano de obra en una zona maquiladora aledaña al territorio propio.
Las
cosmogonías de los pueblos originarios, la historia de cada uno, las
aspiraciones que les mantienen mirando al horizonte con esperanza o con una
ilusión derrotada en su decir, deben ser, como decía don Guillermo Bonfil
Batalla, 'los recursos que resulta necesario poner en juego' para lograr su
reivindicación".
