Desaparecidos del Quinto. Ciudadanos contra Partidos.

CIUDADANOS

CONTRA PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos en México no representan a los ciudadanos, pues han puesto sus intereses particulares y de grupo por encima de los intereses nacionales, coinciden analistas. Si bien la crisis de representatividad de los partidos políticos no es nueva ni exclusiva de México, los especialistas consideran que en este momento se ha agudizado ante la continua exhibición de sus pugnas internas y el evidente descuido por elegir a sus representantes para ocupar cargos de elección popular, lo que ha propiciado que se den casos de corrupción, desvío de recursos y hasta colusión con el narcotráfico. Ante el desdén de los partidos políticos hacia los intereses ciudadanos y en la antesala de las elecciones intermedias de 2015, Javier Sicilia –líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad– ha hecho un llamado a no acudir a las urnas, para no convalidar un mecanismo que carece de representatividad. El riesgo, sin embargo, es que en un sistema donde hoy por hoy el único instrumento de participación ciudadana es el voto directo y la baja participación y el voto nulo no tienen peso para invalidar elecciones, la inasistencia a las urnas sólo podría favorecer el “voto duro” de los partidos. Ante la falta de legitimidad de los partidos políticos, las alternativas tendrían que construirse desde la ciudadanía, proponen los analistas.

Por Mayela Sánchez, Shaila Rosagel y David Martínez Huerta

 “Las elecciones son pura burla. Ellos no nos representan, representan intereses de ellos”, espeta tajante María Luisa López, de 58 años y empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cuenta que nunca ha votado porque no cree en los partidos políticos. Considera que al formar parte del sistema político institucional están controlados por el Estado. Recientemente, María Luisa abonó a sus argumentos “reformas estructurales”, que fueron avaladas por integrantes de todos los partidos políticos. “Ninguno, ninguno de ningún color representan los intereses del pueblo. ¿Por qué no nos representan? Porque son los que están votando todas las reformas estructurales”, dice María Luisa, apostada en la acera sobre Paseo de la Reforma del Distrito Federal, justo frente a la institución en la que trabaja. Era 5 de noviembre. Antes, frente a María Luisa terminaron de pasar los últimos contingentes de la multitudinaria marcha realizada para exigir justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente desde el pasado 26 de septiembre por policías municipales en el municipio de Iguala, Guerrero. Fue la tercera marcha y la que mayor convocatoria tuvo entre los ciudadanos que, a la indignación, han sumado su hartazgo por la falta de respuestas de las autoridades. María Luisa dice que ha acudido a las tres manifestaciones. A su lado, la profesora universitaria Luz María Montoya, de 59 años, admite, apenada, que ella sí se ha presentado a las urnas electorales, para enseguida asegurar que ya no lo hará. “Si voto, voy a anular mi voto. Les voy a poner que todos son iguales y que el pueblo desde abajo puede luchar y no a a través de los partidos”, dice. “Que se vayan todos”, propone Luz María, evocando el lema que se hizo popular durante las movilizaciones sociales en Argentina en diciembre de 2001, cuando la crisis financiera y política motivó a miles de ciudadanos –sobre todo de clase media– a salir a protestar a las calles. Tres días después, la noche del 8 de noviembre, la misma exigencia a la clase política será invocada de nuevo al término de otra movilización ciudadana y la frase  “QUE SE VAYAN TODOS”, quedará así, en letras mayúsculas, plasmada en el suelo de principal plaza pública del país. María Luisa y Luz María, sin embargo, no son únicas en ese desencanto. Una corriente cada vez más sonada pide no avalar al sistema político haciendo colapsar su estructura fundamental: los procesos electorales. A su vez, otros alertan sobre un tema conocido: que no votar permite el triunfo del “voto organizado” o corporativo. La exigencia ciudadana de que la clase política se vaya quedó plasmada en la Plaza de la Constitución el pasado 9 de noviembre. Foto: Twitter @grispipe *** “Hace tiempo que ninguno de los tres grandes partidos, no hablemos de los chiquitos, está representando los intereses de la ciudadanía, y nos lo dejan ver continuamente con las discusiones internas y los pleitos entre fracciones”, señala la académica Ivonne Acuña Murillo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA). “Lo que hemos observado desde hace una o dos décadas es que los partidos ya no representan a la ciudadanía, se representan a sí mismos, a sus intereses de grupo”, plantea la especialista en democracia, ciudadanía y cultura política. Si bien la crisis de representatividad de los partidos políticos no es nueva en México, en este momento hay un elemento que abona a esa problemática, a decir de Acuña Murillo: el descuido de los partidos políticos para elegir a sus candidatos, lo que ha propiciado que se den casos de corrupción, desvío de recursos y hasta colusión con el narcotráfico y la delincuencia organizada. “No importa quién es ni qué historia tiene, con tal que gane el espacio y lo llene y le reporte algún beneficio al partido, pero no a la ciudadanía. Eso me parece que está siendo cada vez más evidente”, considera. El caso del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez –acusado de privación ilegal de la libertad, homicidio y delincuencia organizada– es ejemplo de ello, apunta. En su opinión, ese factor hace que la crisis de representatividad de los partidos políticos esta vez sea más grave. A ello se suma el peso que tiene el caso de los 43 normalistas desaparecidos, que ha sido “la gota que derramó el vaso” de una sumatoria de situaciones que persisten de asesinatos, desapariciones, hallazgos de fosas clandestinas, ataques de policías o militares a civiles, dice. El maestro Telésforo Nava Vázquez, especialista en el sistema político mexicano, coincide con que la crisis de los partidos políticos no es una novedad. Antes bien, considera, es resultado de un proceso de descomposición política explicada por la corrupción que existe en el sistema y la tolerancia a la impunidad que se ejerce desde el poder. De otro modo, señala, “no se podría entender que haya la actuación del crimen organizado o la relación de los políticos, de todos los partidos, con el crimen y no pase absolutamente nada. No hemos visto a un político procesado en esa situación”. Tal situación de descomposición se ha hecho tan evidente para una parte de los ciudadanos que no se sienten representados por ninguno de los partidos políticos. “Ya se hizo demasiado evidente, la gente ya no quiere saber nada de los partidos […]. No representan nada y siguen con sus mismas prácticas. Ven el desastre nacional que está enfrentando una profunda crisis política y social, y nadie, empezando por el Presidente Enrique Peña Nieto y su partido [Partido Revolucionario Institucional (PRI)], pasando por los perredistas, los panistas, los morenistas, etcétera, no tienen idea de cómo hacer nuevas cosas para recomponer, porque ellos están metidos a fondo en el desastre”, expresa el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa. En su opinión, los partidos políticos ya no tienen ninguna legitimidad ni confianza por parte de la ciudadanía, e ilustra la razón de ello con una metáfora: Si nuestra casa fuera saqueada por unos hampones, ¿aceptaríamos que los hampones nos ayudaran a arreglar después los problemas de la casa? Manuel Clouthier Carrillo, promotor del derecho ciudadano a ser votado sin necesidad de ser postulado por un partido político, es contundente al hablar sobre la crisis de credibilidad por la que atraviesa la clase política. El hijo del ex candidato presidencial panista Manuel J. Clouthier, mejor conocido como “Maquío” y quien fue asesinado en 1989, sostiene que una parte del problema de la clase política es que ha puesto sus intereses particulares y de grupo por encima de los intereses nacionales. La otra parte, dice, es la negación de la realidad en la que vive la clase gobernante, la cual genera indignación en una sociedad que está harta de la simulación y las mentiras. “No sabemos leer que la gente está acumulando un resentimiento, una desesperación, un hartazgo y no lo quieren [ver] los políticos porque a ellos les va a toda madre, están jugando con lumbre. Este país sería como un pastizal seco en dónde sólo falta un irresponsable que aviente un cerillo. Y la clase política no quiere ver la realidad”, advierte. Clouthier Carrillo militó en el Partido Acción Nacional (PAN) hasta 2009, año en que buscó por primera vez ser candidato independiente a un puesto de elección popular; en 2012 hizo un intento similar  para ser candidato presidencial independiente. En ambas ocasiones el sistema político partidocrático le dio un revés. Cuestionado sobre el desencanto ciudadano por validar con su voto a una clase política cada vez más alejada de sus necesidades y que vive empeñada en satisfacer sus intereses particulares, Clouthier reprocha que los políticos están muy alejados del verdadero sentir del pueblo. “A la clase política le hace falta generosidad, al mismo tiempo que le faltan fines superiores, es decir, la política se ha convertido en un pragmatismo impresionante en donde los votos son el objetivo, cuando los votos, en mi opinión, deberían de ser consecuencia, cuando los votos para un partido político deberían ser un premio por hacer las cosas bien”, considera. “Pero cuando los votos son el objetivo, se buscan a cualquier costo, y ahí está el costo que está pagando la política hoy por hoy, pues vemos que es altísimo”, señala quien fuera Diputado federal por el PAN, entre 2006 y 2009.

EXHORTO A NO VOTAR

En 2012, cuando se llevaron a cabo elecciones federales, el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD),  Javier Sicilia Zardain, aseguró que anularía su voto en la casilla. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el escritor dijo entonces: “Si la ciudadanía tuviera un poquito de dignidad votaría en blanco, que aunque no está contemplado en ninguna ley, al menos sería un sufragio moral y eso es algo que no nos pueden quitar”. Después de dos años y en la antesala de las elecciones federales intermedias de 2015, el poeta ha hecho un llamado a no votar: “Los partidos políticos no significan nada y nos queda no ir a las urnas, hay que boicotearlas, empezar a construir un gobierno ciudadano de salvación nacional”. Sicilia Zardain dice que si la población no acude a las urnas el próximo año, cuando se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y 17 congresos locales y alcaldías, México sería pionero, porque “ningún país ha  vivido lo que nosotros”. “Es viable, sabemos que hay una porción que no va a votar; la otra porción son gentes corrompidas”, asegura. “Además, ya no hay gobernabilidad: 43 muchachos desaparecidos es la punta del iceberg, nos estamos cuidando los ciudadanos a nosotros mismos, porque ellos ya no pueden”, dice refiriéndose a la clase política mexicana. La profesora Acuña Murillo considera que si en este momento se llevaran a cabo elecciones en el país abría un alto porcentaje de abstencionismo o voto nulo “porque justamente ahorita la gente tiene los elementos inmediatos para poder juzgar que los distintos partidos no están dando los resultados esperados”. Sin embargo, dice, los ciudadanos “tienen memoria corta”, de modo que el escenario que podría predecirse para este momento no necesariamente será el mismo que habrá el próximo año. Por ello señala que los llamados a no votar tendrían que ser reiterativos desde ahora y hasta que se dé el proceso electoral y entre ciertos sectores, pues no cree que aquéllos que tienen una opinión negativa de los partidos políticos vayan a cambiar de parecer. “Pero entre los ciudadanos menos informados o que acostumbran votar siempre por el mismo partido o que les da igual votar por uno o por otro, pudiera tener un efecto importante, que los moviera a buscar información”, sugiere. “Los sectores que ya están convencidos de que los partidos no sirven y que no los representan seguramente no cambiarán de aquí a ese día, pero sería interesante no solamente llamar a anular el voto, sino estar organizando debates públicos donde se informe a la gente por qué se convoca a anular el voto. Mucha gente no lo entiende porque no tiene la información”, agrega. Ángel Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), detalla que actualmente los partidos políticos construyen discursos que no necesariamente culminan en acciones, debido a que sólo buscan atraer el voto hacia los candidatos y a ellos mismos como fuerza política, “independientemente lo que les cueste en temas discursivos”. El académico asegura que los partidos políticos suelen hacer uso de estas promesas confiando en que los ciudadanos tienen memoria de corto plazo, “entonces como hay una lógica de esperanza o de voto prospectivo, eso hace que los partidos no cuiden demasiado su discurso en término de promesas”. Esto revela hasta qué punto es relevante para los partidos tener niveles de aprobación altos si al final de cuenta tienen control de los espacios de decisión, y tienen el control de recursos,dados por la ley, y eso ha implicado que en los últimos años se construyan un tipo de partidos que en la teoría se llama ‘partidos cártel’, es decir, están por encima de la ciudadanía y buscan controlar el espacio político a partir de sus acciones”. EL RIESGO DE NO VOTAR De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el abstencionismo y anulación del voto ha crecido en las últimas elecciones. Foto: Cuartoscuro De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el abstencionismo y anulación del voto ha crecido en las últimas elecciones. Por ejemplo, en la elección presidencial de 1994, el porcentaje de participación fue de 77.16 por ciento del padrón; para la elección de 2006 sólo participó el 58.55 por ciento. En la elección de 2012, hubo un repunte con el 63.08 por ciento, pero también ese año se registró la mayor cantidad de votos nulos que ha habido en las últimas cuatro elecciones presidenciales: un millón 236 mil 857. Tal como Acuña Murillo advierte, en elecciones intermedias, la incidencia de poca participación suele ser mayor. Por ejemplo, en la elección intermedia de para renovar la Cámara de Diputados en 2003 la participación fue de 41.19 por ciento del padrón y para la elección intermedia de 2009, fue de 44.61 por ciento. Sin embargo, el sistema electoral no prevé la anulación de elecciones o mecanismos como la segunda vuelta electoral ante bajos niveles de participación ciudadana. El sistema político de representación es simple: gana quien obtiene más votos directos en las urnas. Ante ello, los entrevistados advierten del problema que implica el rechazo ciudadano a la elección de sus representantes a través del voto, pues aun si una amplia porción de personas no va a las urnas, alguno de los políticos contendientes ganará, así sea con un bajo número de votos y, en consecuencia, con una cuestionable representatividad. “¿Que no tienen legitimidad? Cuando les ha preocupado”, espeta Nava Vázquez. Clouthier apunta la mirada hacia otro problema relacionado con el modelo de sistema representativo, al referir que, al menos en Sinaloa, la gente acude a las urnas no para elegir al mejor candidatos, sino a “votar por el menos peor”. “No hemos podido llegar a una dinámica de votar por el mejor y esto porque prácticamente la partidocracia ha convertido la política en el botín de una burocracia partidaria en el país”, sostiene. Iván Cervantes Martínez, integrante del Movimiento #YoSoy132, también es cauto sobre las implicaciones que podrían tener los llamados a no votar. Un aspecto a tomar en cuenta, señala, es la diferencia que hay entre las grandes ciudades y los poblados pequeños. En su opinión, es más difícil desligarse de los partidos políticos en grandes urbes porque es donde los partidos políticos tienen a sus bases y, por lo tanto, consiguen afianzarse como representantes de la ciudadanía. “En las ciudades, por ejemplo en una como el Distrito Federal, aunque hay un porcentaje elevado de anulación del voto y de abstinencia, los partidos mueven a sus bases y con eso pueden mantenerse”, considera.

REMAR A CONTRACORRIENTE

Clouthier Carrillo considera que para que la ciudadanía recobre la credibilidad en las instituciones y en los partidos políticos se debe hacer una limpieza completa de las fuerzas políticas con el crimen organizado.

Para Clouthier Carrillo la única forma en que la ciudadanía recobre la credibilidad en las instituciones y en los partidos políticos pasa, necesariamente, por la limpieza completa de las fuerzas políticas de cualquier vínculo con el crimen organizado. Asimismo, remarca que para recuperar la confianza ciudadana es necesario que los actores políticos escuchen a la ciudadanía y dejen de darle la espalda en función de sus intereses particulares. Acuña Murillo considera que acciones como la salida del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, a dialogar con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro bien pueden ser ejemplos de que la protesta de la ciudadanía está teniendo eco en los gobernantes. “El gobierno y los partidos, al menos preocupados por su imagen, de alguna manera están recibiendo esa información, esa presión de la sociedad, y lo interesante sería que la presión continúe, y obligarlos a cambiar sus formas de elegir candidatos, sus formas de gobernar y sus intereses, que empiecen a voltear a ver a quien dicen representar”, dice. Estima que ante el hartazgo social podría haber un repunte de las candidaturas independientes. Sin embargo, recuerda que es un mecanismo con muchos obstáculos, lo que lo deja en desventaja frente a los partidos políticos. El otro mecanismo articulado de participación ciudadana directa son las consultas populares. Mas las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las consultas sobre la reforma energética y salario mínimo, que fueron rechazadas al señalar que no se pueden discutir asuntos relacionados con el presupuesto y los recursos del Estado, también mostraron que sigue siendo un mecanismo limitado. “Seguimos como ciudadanía atados. Sí se necesita, pero solamente va a ocurrir cuando la sociedad presione y presione en serio”, considera.

Los desaparecidos de la normal rural El Quinto

David Cilia Olmos / Rev. Contralínea

En el ciclo 1980-1981, luego de una huelga estudiantil que fue reprimida, el Consejo de Representantes de los alumnos de El Quinto fue expulsado en pleno por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no bastó con la expulsión: a los principales activistas se les sometió a una persecución por parte de la policía que los obligó a refugiarse en diversas partes del país.

La entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), a cargo de Miguel Nazar Haro fue la encargada de llevar a cabo la persecución de los jóvenes estudiantes y de someter a la normal rural a una vigilancia que incluía no sólo el interior del plantel educativo, sino también los caminos de acceso y las comunidades indígenas aledañas.

Así fue como la SEP y la Secretaría de Gobernación habían decidido cortar de tajo una larga tradición de lucha estudiantil que asumía posiciones políticas que iba ganando presencia al interior de la ya de por sí muy crítica Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Situada en Etchojoa, Sonora, en el corazón del valle que da vida y sustento al pueblo indígena mayo, El Quinto desde su comienzo ha tenido una vinculación con las comunidades campesinas e indígenas que le rodean y se ha involucrado en su problemática. No podría ser de otra manera, ésa fue la idea con la cual fueron establecidas las normales rurales en todo el país, con un diseño que planteaba no sólo “llevar” educación a los campesinos, sino vincularse con ellos para lograr la transformación social y su propia redención.

Para principios de la década de 1980, la Normal Rural de El Quinto no se quedaba atrás en el cumplimiento de este propósito. Su vinculación con el mundo real de los campesinos y los jornaleros la llevaron a tal nivel de eficiencia que el Valle del Mayo, en Sonora, fue en su momento uno de los primeros lugares del país en donde los folletos y volantes dedicados a la gente del campo se hacían en la propia lengua indígena.

Hojas clandestinas que explicaban la situación de los jornaleros y las propuestas de resistencia y lucha circulaban con profusión en los campos agrícolas del Sur de Sonora en lenguas mayo y yaqui, gracias, ante todo, a los estudiantes y profesores egresados de El Quinto, comprometidos con la lucha por una transformación revolucionaria de la sociedad.

Ahí donde estaba el capataz con su báscula robando la fuerza de trabajo del jornalero agrícola también estaban los jóvenes activistas, no viendo desde fuera, sino llevando la carga que los hermanaba con los trabajadores y planteando la posibilidad de un mundo diferente para los campesinos, los indígenas, los jornaleros y los obreros agrícolas.

Había sido el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz el que de manera más perseverante había dado las órdenes de acabar con las normales rurales. Si para finales de la década de 1970 éstas no habían desaparecido era debido al tesón, valor e inteligencia con los que los estudiantes normalistas habían resistido en todo el país las acciones gubernamentales, que iban desde reducir el presupuesto y mantener dietas de hambre a los estudiantes, hasta la expulsión y represión física.

David Cilia Olmos

Creada en el marco de la estrecha relación entre la agricultura y la educación campesina, la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, de El Quinto, Sonora, es sin lugar a dudas la que más gravemente ha sido lastimada por las acciones de Guerra Sucia del Estado mexicano.

Pero en 1980 esta persistente política aniquiladora por parte del Estado mexicano llevó a los estudiantes de El Quinto a estallar una huelga que terminó con la expulsión prácticamente del Consejo de Representantes, que fue el organismo de los alumnos que había logrado sostener un duelo exitoso contra las autoridades de la SEP.

De este Consejo Estudiantil de Representantes la policía local secuestró en Ciudad Obregón, Sonora, el 29 de abril de 1981 a Mauricio Miranda Gastelum y a Rafael Ochoa Quintana, estudiantes normalistas quienes fueron sometidos a torturas a fin de que dieran datos que permitieran ubicar el paradero de Marco Antonio Arana Murillo, uno de los estudiantes más destacados durante el movimiento de huelga de El Quinto, y de Irineo García Valenzuela, un profesor egresado de la misma.

Al siguiente día la policía judicial de Sonora detuvo a Irineo García Valenzuela. Los tres fueron entregados al entonces responsable de la Dirección Federal de Seguridad en Hermosillo, quien personalmente los sometió a torturas para dar con el paradero de Arana Murillo, Ariel, quien en ese momento era representante de la Escuela Normal Rural de El Quinto ante la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, entre otros estudiantes normalistas.

El profesor Irineo García Valenzuela fue trasladado por órdenes directas de Miguel Nazar Haro a las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad en las calles de Ponciano Arriaga, en la Plaza de la República (monumento a la Revolución) en la Ciudad de México.

Allí, fue sometido a más tormentos y luego llevado a la Base Jaguar, situada, en aquel entonces, en la Granja del Ejército Mexicano, en las inmediaciones del Puente del Vergel y la calzada Tulyehualco, en Iztapalapa, Distrito Federal.

Según nos relató personalmente en una casa de seguridad de Guaymas, Sonora, en octubre de 1981, fue en la Base Jaguar donde Irineo volvió a encontrarse con los estudiantes normalistas Rafael Ochoa Quintana y Mauricio Miranda Gastelum. Ahí Irineo, en la primera oportunidad que tuvo de intercambiar algunas palabras, les dijo:

 “Si la libran primero que yo, en caso de ver a un compita que tuviera relación con la organización, que tomaran sus medidas René y Ariel [Marco Antonio Arana Murillo] por la posible investigación que podría hacerse en la normal superior.”

Pero ninguno de los tres la libró antes de que fuera detenido Marco Antonio. Éste fue secuestrado por la DFS el 17 de mayo del mismo año, cuando salía de una reunión de coordinación de la FECSM, que se había realizado precisamente en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. Poco antes de su detención Marco Antonio pudo comunicarse a Sonora con su madre, la profesora Consuelo Murillo, para informarle que estaba a punto de ser capturado por agentes de la policía.

Fue en la Base Jaguar donde el profesor Irineo García Valenzuela volvería a saber de Marco Antonio Arana Murillo.

 “El compita Ariel se quedó en la misma cárcel, o al menos eso pienso yo, porque cuando salí todavía lo oí toser y hablarle a un perro, le dijo: ’oficial, llévame al privado’, entonces reconocí de nuevo la voz de Ariel.

 “El compita Ariel estaba en buenas condiciones, eso noté, ya que no se quejaba de nada al momento que hacíamos los ejercicios, y en una de esas, cuando nos sacaron, me dijo: ’Soy Ariel, me dicen el Charro. ¿Tú eres Tomás, Irineo?’. Le respondí que sí. ¿Cómo te encuentras? Le pregunté. ’Bien’, me respondió. Fue todo lo que pudimos platicar, porque después nos separaron”.

El 9 de noviembre del mismo año serían detenidos en Villa de las Flores, Ecatepec, Estado de México, los estudiantes y representantes de la Normal Rural de El Quinto Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés. Días más tarde, el 19 de noviembre, en Hermosillo, Sonora, fue detenida la profesora Armida Miranda, en el marco de una persecución en la que también serían detenidos el estudiante de la carrera de Economía de la Universidad de Sonora, Juan Enrique Barreras Valenzuela, y al siguiente día, el 20, en la ciudad de Guaymas, Gonzalo Esquer Corral y Juan Mendivil.

Otros estudiantes o profesores egresados de la Escuela Normal Rural de El Quinto fueron detenidos y desaparecidos en ese periodo. En 1983 quedó en libertad una persona (cuyo nombre nos reservamos) que estuvo en calidad de detenido-desaparecido en la misma cárcel clandestina de la Ciudad de México en la que estuvieron tanto Irineo García Valenzuela, como Marco Antonio Arana Murillo y Gonzalo Esquer. Él informó de haberlos visto con vida, aunque en las condiciones de desaparición forzosa, sobre las cuales no es necesario abundar.

Sexenio tras sexenio, hasta el actual, salvo Rafael Ochoa y Mauricio Miranda, los demás jóvenes estudiantes y profesores egresados de la Normal Rural de El Quinto se encuentran en situación de desaparición forzada. El Estado mexicano no sólo ha negado durante 23 años su detención, sino que en la actualidad ni siquiera se permite indagar en las fuentes documentales dada la mutilación que los archivos de la DFS han sufrido, sobre todo en la parte que corresponde de 1978 en adelante. No obstante, corresponde a las autoridades dar cuenta cabal de los hechos, así como castigar con rigor a Miguel Nazar Haro y los demás funcionarios que pretendieron encontrar en la desaparición forzada un mecanismo para acabar con la Normal Rural Plutarco Elías Calles, de El Quinto, Sonora.

*Licenciado en administración y maestro en desarrollo social; exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre

Peña a la chinada

¡EPN debe irse! La dictadura se volvió imperfecta

Víctor M. Toledo

El país hierve. Vive momentos de una creciente indignación, protesta e insurgencia ciudadanas. El hartazgo de vivir en un país salvaje, ha comenzado a expresarse de manera masiva. Del estamos hasta la madre se ha pasado al que todos se vayan. Como ha sucedido en muchos otros países (Islandia, Egipto, Túnez, Libia, Ecuador, Bolivia), en México la movilización de los ciudadanos y la desobediencia civil de miles o millones realizando acciones concertadas terminará exigiendo la salida no sólo del Presidente de la República y su gobierno, sino de toda la clase política. 

Contra lo que las mentes conservadoras, temerosas y timoratas sostienen, hoy es factible realizar una revolución sin disparar un arma y/o sin acudir a las urnas, ahí donde la vía electoral ha sido cancelada. Hoy, los medios modernos de comunicación y transporte, junto a la libre difusión de conocimientos y análisis críticos, facilitan las transformaciones por la vía de la ocupación y el control pacífico de espacios, territorios, símbolos. Una nueva concepción de revolución sin violencia parece emerger en el mundo moderno.

La situación de México ha llegado a su límite y los mexicanos han (hemos) dicho ¡basta! La percepción de un país devastado y secuestrado por una minoría de políticos, empresarios y criminales en complicidad se extiende y multiplica por todos los sectores y regiones de la nación. La propaganda política, mercantil e ideológica que había logrado mantener anestesiados a los mexicanos ha sido insuficiente y el sistema (hoy representado por el PRI y los partidos de oposición) se ha obligado a utilizar la fuerza criminal del Estado contra los ciudadanos. La dictadura se tornó imperfecta. Las masacres de Ayotzinapa y Tlatlaya, y sus conexiones con otros sucesos acaecidos en éste y el sexenio anterior, le destapan a la mayoría adormecida y a la opinión internacional, la cloaca en la que se encuentra el país. Y esos dos trágicos escenarios no son sino iconos y expresiones de un contexto que se ha venido construyendo desde al menos la última década. Son el producto tangible de la corrupción que va y viene entre la clase política mexicana, un sector selecto de empresas y corporaciones y el crimen organizado.

Por lo anterior habría que preguntarse no sólo ¿quiénes son los culpables de estas masacres?, sino ¿quiénes son los responsables de los escenarios que las permitieron e indujeron? La dolorosa tragedia de Ayotzinapa se pudo evitar si el PRD no hubiera postulado a un gobernador corrupto y a un empresario de reputación dudosa, cuya esposa y tres de sus hermanos, se sabía desde 2009, estaban ligados al narco. Tampoco hubiera ocurrido ese acto deleznable si los policías que mataron a los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa en una protesta en Chilpancingo en 2012 hubieran sido detenidos y juzgados. Los policías asesinos están libres con la complicidad de todas las autoridades estatales y federales (PGR). ¿Por qué ni el PRD, ni el gobernador de Guerrero, ni la PGR ni el Presidente de la República movieron un dedo para castigar al alcalde de Iguala quien el 31 de mayo de 2013 mató, por su propia mano, a Arturo Hernández-Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, y sus dos acompañantes? ¿Por qué el gobernador del estado de México ensalzó emocionado en un discurso los actos heroicos de los soldados asesinos de Tlatlaya?

No sólo los paisajes de Guerrero están tapizados de fosas; ello ocurre en buena parte del país. No sólo en Guerrero hay o hubo narcogobernadores o funcionarios estatales corruptos, también en Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Coahuila, Puebla, Jalisco, Veracruz y Colima. Y lo más significativo: en el país la situación se agrava, no mejora. EPN está obligado a renunciar no sólo por Ayotzinapa y Tlatlaya (lo que en cualquier país democrático sería más que suficiente), sino porque en sus dos años de gobierno no ha logrado detener la inseguridad, la injusticia y la impunidad. Los datos duros son demoledores. En los dos primeros años de EPN, la inseguridad ha aumentado en relación con lo ocurrido en tiempos de Calderón, en homicidios violentos, secuestros, extorsiones y robos de autos. Las cifras son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, oficiales: 13 mil 155 homicidios dolosos, 907 secuestros, 4 mil 869 extorsiones y 32 mil 462 denuncias de autos robados en 24 meses. El gobierno actual, y al menos los dos anteriores, son responsables de que en México se haya hecho efectiva la popular frase de la vida no vale nada. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México se cometen al año unos 12 millones de delitos, de los cuales no se denuncian 85 por ciento y sólo terminan en sentencia uno por ciento. De acuerdo con la Envipe, encuesta sobre el tema que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 la proporción de delitos impunes fue de 93.8 por ciento, ligeramente superior a los de 2010-2012 que fue de 92 por ciento. Según esa fuente, en el mandato de EPN en 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos, que afectaron a 22.5 millones de personas y a 3.64 millones de hogares, uno de cada tres que existen en el país. ¿Qué ciudadano del mundo puede vivir en esas circunstancias?

Esta realidad brutal ha sido expuesta a escala internacional. En una entrevista en Washington, DC, el director para América de Human Rigths Watch, hace en cuatro minutos una devastadora acusación sobre EPN y la gravísima situación que vive México (video: México está en crisis de derechos humanos: HRW). A ello habría que agregar la selectiva, pero permanente represión que el gobierno de EPN realiza sobre líderes sociales, indígenas y ambientalistas en Chihuahua, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Puebla, Oaxaca y Michoacán. Mientras, las comunidades del campo y las ciudades siguen tomando las armas, no para desafiar al gobierno, sino simple y llanamente para defenderse y sobrevivir.

México es ya una sociedad sin mecanismos de autocontención, sin justicia ni normas que le hagan una nación civilizada, y el gobierno de EPN ha fracasado e incluso ha abonado para agravar la situación. EPN debe renunciar porque el país se ha convertido en un monumento a la impunidad. Debe dejar un puesto al que llegó de manera ilegítima, mediante la compra masiva de votos y recibiendo enormes sumas en transacciones sospechosas. Y en fin, debe renunciar porque mientras el país se desangra, sufre, se indigna y se incendia, el señor Presidente observa desde los cielos, por la ventanilla de un avión de 7 mil 500 millones de pesos, y sueña con ocupar una casa de 7 millones de dólares que cambia mágicamente el color de sus luces.

Después de Peña

JOHN M. ACKERMAN
Si México tuviera un régimen parlamentario, Enrique Peña Nieto no regresaría de China. La comprobada ineptitud de su gobierno, así como la enorme desconfianza social en su persona a raíz de la masacre de Iguala obligaría al parlamento a emitir una moción de censura para destituirlo a él y a todo su gabinete, así como llamar a nuevas elecciones federales. Con motivo de faltas mucho menores a las del actual presidente mexicano, el primer gobierno de Stephen Harper, en Canadá, fue disuelto en 2011 y los mandatos de Gerhard Schroeder, en Alemania, y de Romano Prodi, en Italia, fueron recortados en 2005 y 2008. En un sistema democrático, simplemente no tiene sentido que el titular del gobierno federal se mantenga en su puesto si no cuenta con el apoyo de la población, ya que ello genera una situación de extrema ingobernabilidad.

En los sistemas presidenciales como el mexicano, el procedimiento para el relevo anticipado del titular del Poder Ejecutivo es más complicado, pero no por ello menos necesario. En 1992, a raíz de graves acusaciones de corrupción en su contra, Fernando Collor de Mello renunció como presidente de Brasil. En 1997, el Congreso Nacional de Ecuador destituyó a Abdalá Bucaram por su demostrada incapacidad mental. En 2001, Fernando de la Rúa abandonó su cargo de presidente de Argentina en medio de una importante crisis económica y social. Los incompetentes presidentes bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa también fueron obligados a renunciar en 2003 y 2005. Y en 2000, después de meses de protestas contra la corrupción de su gobierno, Alberto Fujimori renunció a la presidencia de Perú durante un viaje a Japón. Peña haría un gran favor a la patria si siguiera el ejemplo de Fujimori ahora durante su propio viaje a Asia.

Si la masacre de Iguala fue la gota de derramó el vaso de la indignación ciudadana, la conferencia de prensa de Jesús Murillo Karam el viernes pasado fue el colmo del cinismo gubernamental. Para empezar, es importante aclarar que el procurador general de la República técnicamente no informó absolutamente nada. Solamente compartió algunas hipótesis que surgen de las confesiones video grabadas de tres señores conocidos como El Pato, El Jona y El Chereje preparadas especialmente para su transmisión televisiva en horario estelar. La gran confianza del desacreditado y cansado procurador en la palabra de tres presuntos narcotraficantes, dispuestos a decir cualquier cosa con tal de evitar ser torturados y conseguir su libertad, constituye un excelente botón de muestra del estado de descomposición de la desollada e incinerada justicia mexicana.

Todos conocemos muy bien la gran capacidad de los agentes ministeriales para fabricar culpables y proteger a los poderosos. La teatral detención de José Luis Abarca y su esposa recuerda el espectáculo de la detención de Florence Cassez en 2005. Y nunca hay que olvidar los tres meses en que la PGR vergonzosamente escondió la verdad sobre la masacre de Tlatlaya. Asimismo, apenas se dio a conocer que la PGR indujo a un líder del cártel del Golfo a inventar cargos contra dos policías ministeriales, al parecer con la intención de proteger a otras autoridades corruptas.

¿A quién protege Murillo Karam en el caso de Ayotzinapa? Ofrece algunos indicios su respuesta a los cuestionamientos sobre el extraño comportamiento del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, durante las tres horas que duró el ataque y las 12 horas que se habría tardado la incineración de los cuerpos. En lugar de anunciar una investigación de la evidente complicidad del Ejército con la masacre, el procurador celebró la inacción de las fuerzas federales:¿Qué habría pasado si el Ejército hubiera salido? ¿A quién habría apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!

En otras palabras, bajo el mando de Peña como comandante en jefe de las fuerzas armadas, el Ejército obedece ciegamente las órdenes del crimen organizado en municipios infiltrados por el narcotráfico. Se confirma entonces la hipótesis con respecto al contraste entre la situación colombiana y la mexicana. Mientras allá existiría una alianza entre el narcotráfico y la guerrilla, aquí el crimen organizado se encuentra firmemente al lado de la autoridad. La sociedad mexicana se encuentra en el más absoluto estado de desprotección y de vulnerabilidad.

Las típicas estrategias de fortalecimiento institucional, promovidas por los expertos en seguridad pública y los asesores del gobierno de Estados Unidos, solamente agravan el problema entonces. Otorgar mejor armamento y más capacitación a cuerpos de seguridad al servicio de bandas de asesinos vestidos de policías implica aumentar la fuerza del narcoestado.

El problema central no es de debilidad, sino de parcialidad institucional. La única forma para corregir el rumbo sería lograr que las fuerzas militares y las otras fuerzas de seguridad se coloquen bajo el mando de la sociedad en lugar de los criminales. Es decir, hace falta finalmente alcanzar un régimen democrático donde las autoridades en los tres ámbitos de gobierno (municipal, estatal y federal) respondan y rindan cuentas al pueblo.

La buena noticia es que tarde o temprano Peña tendrá que abandonar Los Pinos. Por el bien del país, hagamos votos para que se suspenda su mandato antes de los seis años previstos. México difícilmente aguantará cuatro años más del mismo naufragio. Mientras, urge consolidar las redes de solidaridad, organización y acción conjunta necesarias para asegurar que los próximos relevos federales no nos lleven a algo peor, sino que sirvan para finalmente transformar radicalmente la política nacional.

Cajeme por Ayotzinapa, a pesar de lluvia

Marchan de nuevo cajemenses por normalistas de Ayotzinapa

Aún y cuando cayó la lluvia que anegó las calles, mas de 250 personas en su mayoría estudiantes marcharon por las calles del centro de Ciudad Obregón para demandar justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, pero también para solidarizarse con los familiares de Lorenzo García Beltrán, quien murió torturado el pasado 19 de agosto por policías municipales y que fue victima de la recomendación de la CEDH para abrir la averiguación penal contra los agentes.

Durante el recorrido del Teatro del Itson a la plaza Alvaro Obregón, los manifestantes hicieron el pase de lista de los estudiantes de Guerrero.

“Lo que pasó en Guerrero no es ajeno a nuestra ciudad, pues aunque no fue una desaparición forzada, fueron también policías municipales los involucrados en la muerte de un ciudadano que no debe quedar impune”, señaló Rosendo Arrayales.

En la protesta participaron estudiantes de las distintas universidades públicas y privadas del municipio, además de media centena de estudiantes de la Escuela Normal Rural de El Quinto, Etchojoa, de integrantes de la CNTE Región Yaqui, de activistas y participantes que exigían con consignas justicia y renuncia del presidente Peña Nieto..

También signos de rebeldía como los rostros tapados con paliacates, máscaras del personaje de Anonymus, boinas al estilo guerrillero, los puños cerrados y hacia el cielo al grito de “Duro”, el que no brinque es Peña, etc.

Los organizadores convocaron a los presentes a participar en las acciones que se realizarán el 20 de Noviembre, que no será para celebrar la Revolución Mexicana sino para presionar al gobierno federal para que haga justicia por lo sucedido en Ayotzinapa.

Desaparecidos y autoridades comunitarias en Guerrero

Octubre negro: en Guerrero, 48 desapariciones en octubre de 1974

Hace 40 años, en el marco de la Guerra Sucia, se ordenó exterminar a la guerrilla de Lucio Cabañas, maestro de Ayotzinapa; a las víctimas se les quiso vincular con el crimen organizado

En el marco de la Guerra Sucia, en un mes como el que hoy termina, pero de hace 40 años, en Guerrero desaparecieron 48 personas relacionadas con movimientos armados sin que hasta hoy alguien conozca su paradero.

La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero revela un documento de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) donde se advierten intentos por vincular a los disidentes con el grupo delincuencial Sangre, formado por ex policías y militares.

Nicomedes Fuentes García, integrante de esa Comisión, aseguró que la orden provino del más alto nivel del gobierno —el presidente era Luis Echeverría Álvarez— fue “exterminar al movimiento armado”, pero los ataques fueron también contra la población civil: “Fue una represión sistemática y generalizada la que ocurrió en Guerrero”.

En represalia por el secuestro del entonces senador Rubén Figueroa Figueroa, candidato del PRI al gobierno de Guerrero ­­—ocurrido entre el 30 de mayo y el 8 de septiembre de 1974—, el Estado echó la caballería a la sierra guerrerense tras Lucio Cabañas Barrientos a quien buscó hasta debajo de las piedras.

Por esa cacería, octubre de hace 40 años se convirtió en el mes con más desapariciones forzadas en Guerrero, con 48.

 La secuencia de desapariciones comenzó el amanecer del 1 de octubre en la comunidad Rincón de las Parotas, de donde fueron secuestrados 12 hombres.

Del paradero de esas personas, ni sus familiares ni ninguna organización sabe algo. Más aún: algunas de éstas fueron reportadas por las autoridades como muertas el 2 de diciembre de 1974, en el enfrentamiento donde cayó abatido Lucio Cabañas, en El Otatillo.

La Comisión de la Verdad, a partir de un documento de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), descubrió que hace 40 años otras autoridades gubernamentales intentaron que a los rebeldes al gobierno se les vinculara con un grupo delincuencial formado por expolicías y exmilitares.

“De los datos obtenidos en el Archivo General de la Nación (AGN) se comprueba que en 1974 comenzaron a aparecer los cuerpos sin vida de personas visiblemente torturadas, desfiguradas y quemadas, a quienes se trataba de señalar como delincuentes o relacionar con el hampa, pero que, conforme a un informe de la DFS, en realidad se trataba de personas relacionadas con Lucio Cabañas”, dice el informe final de actividades de la Comisión de la Verdad en la página 24.

El informe de la DFS al que se refiere la Comisión, fechado el 24 de junio de 1974, dice que “en fechas recientes, tanto en el puerto de Acapulco como en poblaciones cercanas al mismo, en diferentes lugares han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas.

“Los cadáveres —sigue el documento de la DFS— presentan impactos de arma de fuego, señales de haber sido torturados y con desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo producidas por quemaduras.”

Informó la policía política del gobierno mexicano que el Ministerio Público había tomado conocimiento y que los cuerpos habían sido llevados a la fosa común del panteón de Las Cruces, en Acapulco.

“Esta situación ha causado inquietud entre la población y los habitantes de los lugares donde ha sido encontrado un cadáver, conjeturan sobre la personalidad del occiso, diciendo que puede ser alguien conectado con el hampa o con traficantes de drogas o bien que se trata de alguna persona que cometió un crimen y que fue sacrificada en venganza”, dice el informe de la DFS.

“Al respecto, la prensa local ha publicado noticias sobre la formación de un grupo clandestino, integrado por policías retirados y militares con la consigna de matar a determinadas personas, denominándolo Sangre.

“En forma por demás discreta se ha logrado saber que los cuerpos encontrados pertenecen a personas conectadas con Lucio Cabañas Barrientos y su gente, que han sido aprehendidos cuando bajaban de la sierra para abastecerse de víveres y otros objetos necesarios para ellos, o bien que sirve de correo entre los remontados y quienes se encuentran en la zona urbana.

“Que las detenciones —sigue el documento encontrado en la galería 1, fondo DFS, expediente 100-10-16-4-74, H-244, L-9 del AGN—, se ejecutan por órdenes expresas del comandante de la 27ª Zona Militar, con sede en Acapulco, Gral. De Div. D.E.M. Salvador Rangel Medina, que después de obtener, por diferentes medios, toda la información posible sobre Lucio Cabañas y su gente, se les da a tomar gasolina y se les prende fuego; posteriormente se les abandona en lugares solitarios, en donde aparecen con las desfiguraciones provocadas por las llamas y presentando impactos de arma de fuego.

“Entre el campesinado existe contrariedad por la presencia del Tte. Corl. De Inf. D.E.M. Francisco Quiroz Hermosillo, comandante del 2º Batallón de la Policía Militar, a quien ya conocen y culpan de las ejecuciones. Hasta la fecha se desconoce la organización y militantes del grupo denominadoSangre”, concluye el informe de la DFS.

Arrasaron con todos

En octubre de 1974, los ataques de las Fuerzas Federales cargaron por igual con integrantes del Partido de los Pobres, fundado y dirigido por el profesor Lucio Cabañas Barrientos, graduado en la Normal Rural de Ayotzinapa, que con simples campesinos.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, que trabajó durante los últimos dos años y medio, en el periodo de la Guerra Sucia, en Guerrero tuvo conocimiento de 239 casos de desapariciones forzadas, entre las que hubo 16 mujeres, una de ellas menor de edad, y el resto hombres, de los cuales 10 eran menores, y 209 desapariciones forzadas transitorias, más 107 desapariciones forzadas de la cuales la comisión no tuvo testimonio, pero los familiares hicieron trámites que están pendientes, para un total de 555 casos.

“Creo que iniciamos la búsqueda de la verdad de un tema que ha estado pendiente por más de 40 años y que no ha habido resultados plenos porque el Estado mexicano se ha negado a enfrentar esa responsabilidad y obligación que tiene con las víctimas de la Guerra Sucia”, dijo en entrevista Nicomedes Fuentes García, integrante de la Comisión de la Verdad.

“Ellos —en referencia al Estado mexicano— saben perfectamente qué fue lo que ocurrió, ellos saben qué hicieron con los desaparecidos y la búsqueda de cualquier institución, organismo o personas que quieran saber de esto se topa con pared o se encuentra con grandes dificultades para llegar al fondo de la verdad.”

Fuentes García dijo que la Comisión dejó muchos pendientes por la falta de presupuesto del gobierno de Guerrero, pero que sus integrantes buscaron la verdad de los hechos ocurridos durante la llamada Guerra Sucia.

“Encontramos algunas evidencias, buscamos los datos de los responsables; sabemos quiénes son, solamente que habría que buscar pruebas de las decisiones que se tomaron. Y en ese sentido encontramos que las órdenes se dieron desde el más alto nivel del gobierno, y las órdenes fueron aniquilar, exterminar al movimiento armado, pero no solamente fue al movimiento armado, fue a sus familias, fue a la población civil, fue una represión sistemática y generalizada la que ocurrió en este estado de Guerrero; más en este estado.”

En el Rincón de las Parotas

Octubre de 1974 comenzó en Guerrero con la desaparición de Anastasio Barrientos Flores, Domitilo Barrientos Martínez, Emiliano Barrientos Martínez, Armando Barrientos Reyes,  Emilio Barrientos Reyes, Fermín Barrientos Reyes (de 15 años de edad), Raymundo Barrientos Reyes, Roberto Barrientos Reyes, Marcelina Fierro Martínez, Esteban Fierro Valadez, Guillermo Fierro Valadez y Jesús Fierro Valadez.

Estas 12 personas fueron sustraídas de su comunidad, Rincón de las Parotas, la mañana del 1 de octubre de hace 40 años. Las autoridades federales redactaron informes sobre el caso de Anastasio Barrientos con la intención de confundir.

Aseguraron que Lucio Cabañas lo había llevado por la fuerza a la sierra, debido a las deserciones que había en las filas del Partido de los Pobres, lo cual era falso, según averiguó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según el expediente CNDH/PDS/95/GRO/S00050.000.

El Rincón de las Parotas (son árboles frondosos) fue fundado en 1901 y es considerado como un pueblo revolucionario. En el movimiento que inició en 1910 el Rincón de las Parotas fue escenario de un episodio del levantamiento armado del general Silvestre Castro García, El Cirgüelo, cuando su enemigo el general Rómulo Figueroa atacó la comunidad con artillería pesada para desalojar al rebelde Pablo Vargas que se había atrincherado en el lugar, el 20 de septiembre de 1918.

En los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la CNDH encontró información redactada por elementos de la DFS que dice:

“En el mes de septiembre de 1974, al sentir Lucio Cabañas Barrientos la cercanía de la fuerza pública y al observar que muchos de sus adeptos lo abandonaban por temor a ser capturados, organizó a un grupo de 12 sujetos con el fin de obligar a los desertores a adherirse nuevamente al llamado Partido de los Pobres, como fue el caso de Anastasio Barrientos Flores, quien el día 1 de octubre de 1974 fue violentamente sacado de su domicilio por el grupo de referencia y trasladado a la Sierra de Guerrero.

“(...) Una vez que los desertores se encontraron con Lucio Cabañas, fueron obligados a encabezar los enfrentamientos en contra de las fuerzas públicas (...) el 2 de diciembre de 1974 con motivo del secuestro del ingeniero Rubén Figueroa Figueroa (...) miembros del Ejército y de corporaciones policiacas federales, tuvieron un enfrentamiento donde resultó muerto Lucio Cabañas Barrientos en el lugar denominado El Otatillo, abajo del poblado de Corrales, cerca del sitio denominado El Guayabillo, en el estado de Guerrero, con el grupo encabezado por él mismo, quienes abrieron fuego en contra de los elementos de la fuerza pública, por lo que al repelerse la agresión resultaron muertos varios individuos, entre ellos este elemento.”

La CNDH también encontró en el Cisen una ficha de identificación personal sobre Anastasio Barrientos Flores, que afirma que falleció el 2 de diciembre de 1974 en el lugar denominado El Otatillo, abajo del poblado de Corrales y cerca de El Guayabillo, Guerrero, durante un enfrentamiento con el Ejército y corporaciones policiacas federales, donde murió Lucio Cabañas Barrientos.

El documento fue redactado por la extinta DFS y está fechado el 22 de agosto de 1975.

La CNDH buscó la verdad

El 19 de agosto de 2001, la CNDH obtuvo la declaración de quien entonces era comisariado ejidal del Rincón de las Parotas, quien dijo que el 1 de octubre de 1974, aproximadamente a las 5:00 a.m., llegaron efectivos del Ejército mexicano, empezaron a registrar sus domicilios y los ubicaron en la cancha deportiva, “que al dicente lo ubicaron también en la cancha pero no lo formaron con los demás por desempeñar el cargo de comisariado ejidal en aquél entonces; que observó que dos personas señalaban a quiénes debían sacar de la fila, los cuales una vez identificados fueron subidos al camión de color verde del Ejército, desconociendo a dónde los trasladaron (...) que el día de la detención ignora quiénes estaban a cargo de la misma, que lo único que recuerda es que había unas personas que eran los capitanes de apellidos Sosa y Casinis los que daban órdenes; que después de la detención, a los 15 días levantó un acta denunciando la detención de Anastasio Barrientos Flores, Raymundo Barrientos Reyes, Emiliano Barrientos Martínez, Fermín Barrientos Reyes, Esteban Fierro Valadez y Jesús Fierro Valadez, la cual mandó a la Presidencia de la República por correo, a la cual le dio contestación Mario Moya Palencia, “secretario”, no recordando qué fue lo que le contestaron.”

De acuerdo con documentos del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, de H.I.J.O.S México, ese 1 de octubre de 1974 también desapareció Ángel Cruz Mayo, quien no tenía militancia; era un campesino y de acuerdo con esas organizaciones fue desaparecido en la Sierra de Atoyac, Guerrero, por efectivos del Ejército mexicano.

Lo mismo sucedió con Isidro Pérez Galindo, de 55 años, un campesino desaparecido junto con Cecilio García (liberado horas después) en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por elementos del 50º Batallón de Infantería del Ejército mexicano.

De acuerdo con el informe final de la Comisión de Verdad del Estado de Guerrero, en la desapariciones forzadas del 1 de octubre de 1974 en el Rincón de las Parotas en contra de los campesinos Anastasio Barrientos Flores (militante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, 48 años de edad) Domitilo Barrientos Martínez (militante del Partido de los Pobres, 58 años), Emiliano Barrientos Martínez (militante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, 73 años de edad), Armando Barrientos Reyes, Emilio Barrientos Reyes,26 años, Fermín Barrientos Reyes (menor de edad, 15 años de edad), Maximiliano Barrientos Reyes (militante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres), Ray-mundo Barrientos Reyes (militante de la Brigada 18 de Mayo del Partido de los Pobres, ex integrante de la ACNR, 44 años de edad), Roberto Barrientos Reyes, Marcelina Fierro Martínez, hechos ocurridos en Rincón de las Parotas, municipio de Atoyac de Álvarez, participaron el capitán Sosa, el coronel Alfredo Cassini Mariña, el capitán López y capitán Montes.

Octubre negro

En octubre de 1974, estas 48 personas desaparecieron y no se sabe aún su paradero:

Abarca Benítez Esteban, secuestrado en Los Toronjos, Técpan de Galeana, el día 11. Aguirre Bertín Roberto, secuestrado en la Sierra de Atoyac, sin día específico. Almazán Urioste ó Urióstegui, cayó en Las Palmas, Santa Lucía, sin día específico. Los secuestrados el día 1 en Rincón de las Parotas, Atoyac, por efectivos del 27º Batallón de Infantería son: Barrientos Flores Anastasio, Barrientos Martínez Domitilo, Barrientos Reyes Armando, Barrientos Reyes Roberto, Barrientos Reyes Fermín, Barrientos Martínez Emiliano, Barrientos Reyes Raymundo, Fierro Martínez Marcelina, Fierro Valadez Esteban, Fierro Valadez Guillermo y Fierro Valadez Jesús. Pérez Galindo Isidro fue secuestrado junto con Cecilio García (liberado unas horas después) en Atoyac el día 1.Barrientos Nava Aniceto, Barrientos Rojas Raymundo y Barrientos Ríos Apolinar fueron secuestrados el día 10 en el Rincón de las Parotas y Lomas del Escorpión, Atoyac. Barrios Castro Santiago, secuestrado en Atoyac. Bello Ramos Leonardo, secuestrado en Tecpan de Galeana, el día 19.Cabañas Ocampo Eleno y Cabañas Tabares Raúl, secuestrados en Corral Falso, San Vicente, el día 5.Chávez Villa Artemio, secuestrado en San Francisco de Tibor, Atoyac, el día 3.Cruz Ávila Cutberto, secuestrado en San Francisco de Tibor, el día 6.Cruz Mayo Ángel, secuestrado en Atoyac, el 1.Flores Juan, secuestrado con otras 13 personas en Santa Lucía, sin día exacto. Hernández Valle Francisco, secuestrado el día 2 en Atoyac por la Judicial estatal. Higinio Ortiz Vicente, secuestrado el día 22 en Coyuquilla Norte. Mesino Galicia Julio, secuestrado el día  10, en el Rincón de las Parotas. Mondragón Medina Heliodoro, secuestrado en Acapulco, el día 20.Morales Gervasio Obdulio, secuestrado en San Luis La Loma, Tecpan, sin día exacto. Moreno Apolinar, secuestrado el día 10 en Rincón de las Parotas. Moreno Ríos Ángel, secuestrado el día 10 en Acotla, Guerrero. Peralta Santiago Lucio, cayó el día 4 en Atoyac. Ramírez Alejo, secuestrado el día 10 en Acotla, Guerrero. Ramírez Sánchez Alejandro, secuestrado en Achotla, Guerrero, el día 10.Rebolledo Martínez David, secuestrado en Tecpan, el 5. Rebolledo Ocampo Getulio, secuestrado el día 14 en San Andrés de la Cruz, Atoyac. Romero Benítez Emilio, secuestrado el día 4 en Coyuca de Benítez. San Vicente Flores Gregorio, secuestrado en Atoyac. Serafín Gómez Diego, secuestrado en Acapulco, Cine Ríos, el día 6.Tomalán Gómez José y Torres Galindo Isidro, secuestrados en Atoyac, sin día preciso. Urióstegui Terán Onésimo, secuestrado en Las Palmas. Vázquez de Jesús Juan, en Acapulco, sin día preciso. Vázquez Iturio Jacinto de Jesús, secuestrado en Atoyac. Zamacona Radilla Antonio, secuestrado el día 14 en El Toronjo, Tecpan. Zambrano Bello Rosendo, secuestrado en Atoyac.

Embate contra movimientos autonomista

En la Montaña de Guerrero, nueva guerra sucia, acusan autoridades comunitarias

El gobierno utiliza al crimen organizado y los paramilitares para decapitar las organizaciones de autogestión, sostienen representantes de pueblos originarios

Policía comunitaria en el municipio de Malinaltepec, Guerrero

Rosa Rojas

Periódico La Jornada
Domingo 23 de septiembre de 2012, p. 2

La presencia del crimen organizado en la Montaña de Guerrero se ha incrementado muy rápido, lo cual se interpreta como parte de la embestida gubernamental para descabezar el movimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y acabar movimientos autonomistas como éste o los de Cherán, Ostula o San Juan Copala, afirmó en entrevista Cirino Plácido Valerio, uno de los fundadores de esta organización, creada hace 17 años.

A su vez, Pablo Guzmán Hernández, coordinador regional de la CRAC-PC en San Luis Acatlán, informó que, a diferencia de otros años, últimamente no ha habido un hostigamiento del Ejército contra la policía comunitaria, lo que, expresó, es favorable.

Esperamos de ellos una gran responsabilidad, dado que tienen encima una tarea gigantesca, que es preservar el orden a nivel nacional; entonces no consideramos ni lógico ni prudente ni patriótico el hecho que la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) hostigara a la PC, siendo que ésta coadyuva a mantener el orden y la seguridad. Hasta este momento ha habido respeto y esperamos que se mantenga, subrayó.

Plácido Valerio aseveró que la CRAC-PC busca reconstruir el tejido social de las comunidades. Es un proyecto de vida. “Sin embargo, al paso de los años nos damos cuenta de que la mafia va a ser utilizada para hacer la tercera guerra sucia contra la comunitaria, que va muy rápido. Nosotros entendemos claramente que hay partes de la mafia que son protegidas del Estado porque juegan un papel muy importante para destruir el tejido social, porque de esa manera la mafia nos puede levantar a nosotros y ellos dicen: ‘no (fuimos nosotros), es que los levantó la delincuencia organizada’, pero es una manera de descabezar el movimiento del sistema comunitario.”

–¿La autoridad comunitaria empieza a tener problemas con la delincuencia organizada?

–Así es.

–¿En qué sentido?

–En el sentido de que en la cabecera se está incrementando muy rápido la presencia de ellos. Nosotros creemos que el gobierno sabe perfectamente de esa presencia. En 2005, ¿cuántos millones se gastaron en compra de tecnología para espiar mensajes, celulares, para intervenir Internet, para intervenir la radio? El Ejército, más de 200 millones de pesos. Ahora llegamos a lo que está pasando, lo que pasó con la detención (el pasado 28 de agosto) de Máximo Tranquilino Santiago, coordinador en Yoloxóchitl; es parte de un hostigamiento que ellos siguen, pero también vemos que la presencia de la mafia es una manera de justificar para desarticular a la comunitaria, para hacer la guerra sucia, para levantar o intimidar.

“Tomemos como ejemplo lo que está pasando en Cherán (Michoacán). Allá el Ejército no interviene directamente para destruir ese territorio autónomo, sino a través de la mafia. El Ejército se mueve cerca y la mafia se mueve alrededor. No pasa nada, se hacen de la vista gorda (...)

“¿Quiénes hicieron la guerra en Ostula (Michoacán, que dejó) más de 30 muertos? ¿Quién está haciendo la guerra a los compañeros? La mafia, bajo la protección del Ejército. ¿Quién se encargó de destruir en San Juan Copala (Oaxaca)? Su error fue haberse declarado municipio autónomo. El mismo Ejército entrenó paramilitares, los armó, les dio financiamiento (...) Son los que destruyeron el municipio de San Juan Copala.

“¿Qué nos hace diferentes a nosotros de Cherán, Ostula, San Juan Copala? Somos lo mismo. Todo lo que huela a autonomía se encargan de destruirlo, ya no el Ejército, a veces paramilitares, a veces la mafia. Nosotros no quitamos el dedo y seguimos diciendo que el día que haya un levantón contra cualquier persona del sistema comunitario, ya sea policía, ya sea coordinador, el gobierno sabe perfectamente quién lo va a hacer. No hay discusión para nosotros, no nos puede engañar, nosotros sabemos perfectamente quién está haciendo eso.”

–¿Por qué creen ustedes que detuvieron a su compañero Máximo Tranquilino?

–Esa es una manera de hostigamiento, no es la primera vez que lo hacen. Lo hicieron en 2001, cuando entró la policía ministerial a la oficina de la CRAC a detener a cinco coordinadores que estaban entregando (el cargo) en ese momento y entrando los nuevos, de ahí se vino lo del ultimátum que nos dio (el gobierno estatal) de 30 días para entregar las armas y pasarse la policía comunitaria a la policía municipal o estatal, es lo mismo. Es un hostigamiento para acabar con la autonomía, para intimidar, acompañado con la presencia de la mafia.

Después de la detención de Máximo Tranquilino, la CRAC-PC detuvo al juez que emitió la orden de aprehensión, al titular del Ministerio Público y dos personas más. Les hizo juicio y el propio juez anuló la citada orden de aprehensión. Sin embargo, todos ellos dijeron desconocer la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero (publicada el 8 de abril de 2011 en elPeriódico Oficial estatal), que establece que los poderes públicos y los particulares tienen que respetar las actuaciones de la coordinadora como actos de autoridad.

Reciben ley bajo protesta

Guzmán Hernández comentó que la CRAC-PC recibió dicha ley bajo protesta, porque no tuvieron participación en su elaboración ni se les informó de manera oportuna. Tampoco se pidió el consentimiento ni se hizo una consulta apropiada.

Solamente se efectuó un foro informativo, no de consulta, por lo que esa ley, aunque habla del derecho de los pueblos originarios, no refleja su verdadero sentir y lo que reclaman.

Indicó que después de la detención y liberación de Máximo Tranquilino, el gobierno del estado, por conducto del secretario general de Gobierno, y el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia han manifestado disposición a hacer una revisión de todo el marco legal, señalando que la ley 701 les causa asombro y que está hecha por personas que no son expertos en la materia, y que desde su óptica del marco legal oficial está fuera de lugar.

El gobierno de Guerrero propuso que se haga un taller con mesas de trabajo en las cuales se revise esa ley y se proceda a actualizar reglamentos, códigos, leyes orgánicas de los municipios libres y las reformas necesarias para que, a decir de ellos, no se repita un acontecimiento como el del 28 de agosto.

Por parte de la coordinadora, explicó Guzmán, en las comunidades tiene que iniciarse un proceso que permita que se formule una ley con el sentir de las 76 comunidades mixtecas, tlapanecas y mestizas que están incorporadas a la coordinadora y las 30 que están en proceso de adhesión.

Sobre todo les interesa, agregó, el proceso que pudiera darse en las comunidades; “más que buscar el reconocimiento oficial, nosotros lo que estamos buscando es que los procesos internos, sus estructuras organizativas, sus instancias de impartición de justicia, sus sistemas de seguridad, de reducación, etcétera, tengan su propio camino.

Creemos que por respeto a la autonomía los gobiernos estatales y federal tendrían que, más que cuestionar, más que querer modificar, más que querer corregir lo que los pueblos se están dando, respetar sus formas organizativas, su sistema de impartición de justicia, etcétera... en último de los casos creemos que se debe reconocer el derecho a la autonomía de los pueblos originarios.