La pesca del escabullido, camino violento
En octubre de 2019, cuando elementos
de la entonces Policía Federal y de las Fuerzas Armadas, sin un solo disparo,
aprehendieron a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, los otros hijos de Joaquín
“El Chapo” Guzmán Loera y las huestes de Ismael “El Mayo” Zambada García
tomaron con violencia la Capital sinaloense.
Comandos criminales con armas largas incluso amedrentaron instalaciones militares y causaron terror entre la población con toma de calles, quema de vehículos y la amenaza de asesinar inocentes. El camino de la violencia que en ese momento tomó el Cártel de Sinaloa, logró doblar al Presidente de la República.
Efectivamente, minutos después de
haber sido detenido Ovidio Guzmán, Andrés Manuel López Obrador, quien no
cumplía ni un año al frente del Poder Ejecutivo, ordenó la liberación del
junior del narco para evitar “ríos de sangre” y muerte.
El hecho marcó al entonces incipiente
gobierno lopezobradorista. En México, además, la Fiscalía General de la
República no tenía (ni tiene) orden de aprehensión contra el capo sinaloense.
La única en existencia tanto en 2019 como en 2023, es la emitida con fines de
extradición, a petición de la Fiscalía de Estados Unidos, en una carpeta contra
el junior abierta en julio de 2017, en la cual se le acusa de conspiración para
importar y distribuir en la Unión Americana, cocaína, metanfetamina y
marihuana.
Tres años después, las Fuerzas
Armadas lo volvieron a hacer… y también el Cártel de Sinaloa.
La mañana del jueves 5 de enero, en
un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que no incluyó a
corporaciones locales -como fue anunciado- y sin una orden de aprehensión del
sistema de procuración mexicana, detuvieron a Ovidio Guzmán en Culiacán,
Sinaloa. El hecho que el narcojunior se encontrara en el mismo lugar en que fue
aprehendido en 2019, refleja el nivel de impunidad que creía poseer. No había
necesidad de huir si ya una vez había sido liberado.
La lección que dejó 2019 para el
Cártel de Sinaloa es la violencia como mecanismo de presión. Si se muestra el
poderío criminal, se causa terror entre la población y será más vigente la
política federal de “abrazos, no balazos” para lograr el cometido de actuar con
impunidad.
La violencia con la que el jueves 5
de enero de 2023, el Cártel de Sinaloa logró que se cerraran aeropuertos,
Congreso del Estado, actividades deportivas, comerciales, de gobierno,
recreativas, cívicas, y que se hiciese un llamado a la población sinaloense
para resguardarse en sus casas y no salir, tiene su origen en aquella orden
presidencial de 2019 para liberar al hijo de “El Chapo”. Si ya lo lograron una
vez, por qué no intentarlo una segunda ocasión.
Fue impresionante el despliegue
criminal del Cártel de Sinaloa en varios municipios, particularmente en
Culiacán. Convoyes de hombres enfundados en armas largas por todos lados,
quemando vehículos, cerrando carreteras, armando balaceras. Un avión comercial
alcanzado por las balas, el intento de rescate en el trayecto, la muerte de un
policía y heridas en otros más.
Pero entre lo que más destacó, la
ausencia del Ejército o Guardia Nacional en las horas posteriores a la captura.
Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, entre otras demarcaciones, fueron dejadas en
manos de la delincuencia organizada del Cártel de Sinaloa. La autoridad local
poco o nada pudo hacer al estar profundamente infiltrada por el narcotráfico.
La realidad es que es la misma estructura criminal controla las fuerzas
del orden público.
No es la primera vez que las fuerzas
federales huyen de un ataque criminal, de hecho, el Presidente de la República
los ha conminado a hacerlo, a no afectar a los delincuentes porque también son
personas, o a mantener vigente la política de “abrazos, no balazos”,
particularmente cuando son superados en número de personas y armamentos, como
el caso de Culiacán el jueves 5 de enero.
Calles vacías, negocios cerrados,
actividades paralizadas, aeropuertos cerrados. La instrucción del Gobierno de
Sinaloa para la pausa en todos los sectores, está basada, evidentemente, en la
premisa de que impera el terror del narcotráfico ante el Estado de Derecho,
vilipendiado además por la ausencia de una actuación de las fuerzas federales y
armadas para aprehender a los narcoterroristas y salvaguardar a la población,
poniendo orden.
El camino de la violencia, según
demuestra el Cártel de Sinaloa, es el que la criminalidad organizada habrá de
seguir para controlar estados y municipios, especialmente al amparo de una
Guardia Nacional pasiva cuando se trata de proteger a la población.
Después de tres años de la primera y
frustrada detención de Ovidio Guzmán, sorprende que ni las Fuerzas Armadas, ni
la Guardia Nacional, ni la FGR, ni la Secretaría de Seguridad, hayan tomado
aquel hecho de terror como base para planear estratégicamente el segundo
operativo, con medidas de contención de la criminalidad organizada a la que ya
enfrentaron en el pasado.
En estas condiciones, o la violencia
que azota a Culiacán, que afecta severamente la vida social, política y
económica de la entidad con extensión a otros estados, es producto de un
ineficiente operativo que no se basó en el aprendizaje de 2019; o efectivamente
fue una medida improvisada, violentamente exitosa, para aprehender a un capo
que la justicia mexicana no persigue, pero Estados Unidos sí.
Despojaron 250 vehículos para bloqueos en Culiacán tras detención de
Ovidio
Un automóvil en llamas se ve en la calle durante una operación para arrestar al hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.
Culiacán, Sin. Luego de la detención de
Ovidio Guzmán el jueves, en Culiacán, se movilizaron grupos armados y
despojaron un total de 250 vehículos, de los cuales 51 fueron incendiados y
utilizados en los 18 bloqueos en el estado, aseguró el Secretario de Seguridad
Publica en el Estado, Teniente Coronel Cristobal Castañeda Camarillo.
El
Secretario de Seguridad Estatal informó que un elemento de la Policía Estatal,
murió en su labor de defender y proteger a la ciudadanía; además, 17 policías
resultaron lesionados, de los cuales ocho todavía continúan hospitalizados, dos
de ellos están diagnosticados en una situación delicada.
La
información se dio a conocer en una rueda de prensa conjunta de autoridades
estatales encabezadas por el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, este
viernes, donde estuvo acompañado además del secretario de seguridad, por la
Fiscal General de Sinaloa Sara Bruna Quiñonez; por el secretario de Gobierno,
Enrique Inzunza y por el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez.
La
Fiscal General de Sinaloa Sara Bruna Quiñonez, reconoció que hasta las 11:00 de
la mañana de este viernes no se había interpuesto ninguna denuncia de daños por
despojos de vehículos; argumentó que esto debido a las restricciones del día de
ayer de no salir; sin embargo, dijo que ya hay personal preparado para recibir las
denuncias, y se espera que en el transcurso del día vayan interponiéndolas.
También se dio a conocer que un total de 26 personas fueron detenidas por los saqueos presentados el día de ayer, uno de ellos puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por portar arma de uso exclusivo del ejército; 20 hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía estatal por Robo a comercio y 5 restantes entre los cuales son dos mujeres fueron detenidos en flagrancia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario