No es un Estado de Derecho, es un Estado Lamentable.
Por Alejandro de la Torre / CRóNICA10
En el Estado de Sonora más de 121 asesinatos se registraron en el mes de mayo de 2025 según datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, una cifra que se incremento 14 por ciento con respecto al mes de abril. Hasta el 10 de junio se registran 40 casos más.
Cinco municipios concentran las privaciones de la vida dolosas: San Luis Río Colorado 35, Cajeme 18, Nogales 18, Hermosillo 18 y Caborca 12.
En el año
2023 se registraron en Sonora en total según datos oficiales, un mil 784 homicidios,
de los cuales en el municipio de Cajeme se presentaron 432.
En los
meses de mayo a diciembre de 2024 se registraron cada uno de los meses, 96, 153, 147, 106. 123, 105, 116 y 78 muertos con
violencia.
Fueron
en total el año pasado, mil 417 acribillados, de estos a Cajeme le anotaron 324.
En ese
año 2024, la Fiscalía General de Sonora, resolvió 140 casos, en otras palabras difundió,
que los jueces penales decretaron culpabilidad o en su defecto inocencia o están
en juicio, con las carpetas que judicializaron.
Esto
significa que de cada 100 homicidios que se ejecutan con violencia y dolo en el
Estado de Sonora, solo 10 de estos, está con un detenido culpable o culpables o
presuntos culpables presos, el resto, 90 o 91 andan libres.
Este datos espeluznante muestran que el gobierno del Estado de Alfonso Durazo ha sido un fiasco, un Estado fallo de inseguridad demoledor de incumplimiento de su deber como Estado.
De que el gobernador mantiene una conducta de cinismo y mentira, y sostuvo
a la Fiscal, Claudia Contreras que debe ser procesada por sus faltas
constitucionales y el daño irreparable que le causó al pueblo de Sonora, y sostiene al corrupto
Fiscal en funciones Rómulo Salas violador de los derechos humanos, ignorante,
inepto y coludido con la delincuencia de forma velada o de forma culposa, y de
sus Vicefiscales, Directores y Jefes de la AMIC.
Y esto
no solo por que no cumplen con su deber de perseguir a delincuentes, investigar
a fondo los delitos y sus culpables, de generar un estado de credibilidad en su
trabajo que vaya resolviendo los homicidios graves, de personajes públicos, de
personas de conocido raigambre, y de centenas de familiares dolidos de daños
colaterales, así como de los desaparecidos y mujeres asesinadas y desaparecidas.
Lo peor
es que tienen como consigna agarrar a chivos expiatorios, a detener con
injustificada prisión preventiva “justificada” a centenas de infractores, de micro
portadores de cuatro o tres gramos de cristal, presuntos violentos familiares, casos
que caen en las garras de jueces ineptos que obedecen la línea de castigar
caiga quien caiga, violando la garantía constitucional de presunción de
inocencia, y metiéndolos preventivamente a prisión, durante meses, con un
objetivo, elevar las estadísticas para justificar su trabajo y quedar bien con
la percepción de que están haciendo su función para combatir la delincuencia,
la inseguridad, pero con el objetivo que se oculten sus pactos con las mafias, como
las que tienen con los traficantes de droga que tienen a los ceresos en un
botín de mochadas y de corrupción con la venia de Durazo. El caso de la fuga del
narcotraficante El Fantasma del Cereso de Hermosillo, los evidenció
abiertamente.
Pero
la Fiscalía en la era Romulista, no tiene resultados en el homicidio de Abel Murrieta
donde agarró a un incauto inocente, ni el caso de Jorge Armenta, ni otros casos
de impacto público. No actúa para procesar a los agentes de la AMIC, responsables
de las balaceras, y delincuentes infiltrados con charola oficial que secuestran
y desaparecen a jóvenes.
Pero
si inventan carpetas al vapor para fabricar delitos en contra de opositores, en
contra de personas que los toman como chivos expiatorios para calmar las interrogantes
que surgen ante tanta incompetencia, que si no hay influencias en gente que
agarran y que son personas pobres, van pa' dentro del cereso con el contubernio
de jueces laxos, mas laxos que un purgante.
Para
el año en curso, de enero a mayo de 2025, se tienen apuntados en el gobierno: 110,
120, 125, 72 y 121 casos por cada mes. Una cifra que alcanza hasta el 10 de junio en total
estatal, 600 casos, de los cuales 200 se ejecutaron en Cajeme.
Esto
demuestra que los cuatro años lamarquistas han sido vanos, que su encargado de
la seguridad municipal Claudio Cruz, es un castrense fuera de lugar, que no
sabe conectar la lengua con el pensamiento, el caso patético del asesinato de la victima Beatriz conductora de uber, y si no sabe entender lo que pasa, menos ha sabido actuar con tanta inseguridad, es como un “tápale el ojo al
macho”.
El total en dos años y medio, son tres mil 800 homicidios en Sonora y en Cajeme mil homicidios, una cantidad de homicidios que no se han encontrado culpables en un 90 por ciento, esto significa que 3 mil 420 víctimas, que les quitaron la vida a balazos o con otra arma violentamente, no tienen justicia o no la obtuvieron.
Y que de esta espeluznante cantidad, hay multihomicidas, que pueden ser sicarios desde un caso o hasta muchos asesinatos, que andan en la calle intentando matar a mas seres humanos sean malandrines o no sean malandrines, este carácter no le importa al gobierno sobre los muertos, y ve como un éxito que ya estos ejecutores, hayan dejado de matar de un mes a otro, de un año a otro.
Los gobernantes de la cuata tanfomachón son
cómplices de los sicarios, por la postura de frialdad que muestran en sus
estadísticas.
La población
de Sonora es de 3 millones, y Cajeme tiene 450 mil habitantes, la sexta parte.
Esto significa que Cajeme tiene el doble de homicidios en relación a la proporción
de su población.
Por
esto y por mucho más, el gobernador merece que sea revocado del cargo, al
negarse a restructurar los cuerpos de la Fiscalía, al encubrir al Fiscal Rómulo
Salas, corrupto y desconocedor de procedimientos y capacidades policiacas y
además, sospechoso de estar coludido con las mafias, un represor que debe ser
desaforado para ser presentado ante la justicia.
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