Ni la burla perdonan
Por Alejandro de la Torre
1.- El PRD en su tinta
El Partido de la Revolución Democrática en Sonora desde hace cinco elecciones pasadas no ha podido renovar su plantilla de dirigentes. Se han reciclado continuamente desde que Jesús Vega murió de un infarto en 1991. Así los nombres desde hace 25 años se vienen repitiendo en sus candidaturas y puestos directivos resurgiendo de entre las cenizas de las votaciones mas pírricas, sin producir nunca nuevos cuadros, y acaparando sus contados espacios plurinominales para entregárselos a las camarillas como la “nueva izquierda” o la “izquierda democrática”. En este contexto Carlos Navarro actual dirigente apoyado por el diputado Guadalupe Curiel pudo derrotar a Reynaldo Millán para llegar a la presente coyuntura que era su objetivo, logrando conducir el reparto que esperaban de las candidaturas perredistas con los puestos pluris o curules con probabilidades de ganar el1° de julio, explotando el voto rebote que traerá, –ellos le apuestan –, la candidatura a la presidencia de la republica de Andrés López Obrador. Reciclándose cada elección los nombres aparecen una vez y otra: Navarro y Curiel desde luego, Juan Manuel Ávila, Martha Dalia Gastélum, y en Cajeme Ascención López Durán. Este último según voces de los militantes de este municipio es el candidato oficial impulsado por Navarro y Curiel para la alcaldía de Cajeme, algo que no sucede por el lado de la diputación federal ya que le mueven el tapete a Guillermo Patiño barajeando otros nombres. El regidor Patiño no puede aspirar por impedimento de la ley electoral a la candidatura a diputado local, sin embargo si lo puede hacer en el caso que se lo permite el código federal electoral y por ello se inscribe en tiempo y forma en la comisión de elecciones de ese partido para la candidatura a diputado federal del distrito 06. Curiel sin embargo es el precandidato único al distrito 07 federal sin necesidad de renunciar a su diputación local. En el caso de López Durán aceptó la invitación pero hasta el momento no se atreve a suscribir la convocatoria de la Organización Ciudadana en Cajeme para sacar candidato único junto al PT y MC, mediante una consulta ciudadana.
2.- El PT y MC en su concha
Y la Organización Ciudadana en Cajeme contaba con la buena voluntad de las dirigencias municipales del Partido del Trabajo (Alberto Castro Cajigas y Jesús Cózari) y del Partido Movimiento Ciudadano (Adalberto Rodríguez) para convocar a un proceso de consulta para un programa de gobierno y candidaturas comunes a los cargos para el ayuntamiento de Cajeme y a cuatro diputaciones locales cuya cabecera es Cd. Obregón, aceptando incorporarse a la reunión pactada con esta Organización, para llegar a un acuerdo municipal para impulsar una consulta y un foro. Pero faltaron a su palabra estos dirigentes de “izquierda”. En el caso de Cózari y Rodríguez confiesan, sin evadir sus intenciones, pretender un poco más de 3 mil votos en la elección del 1° de julio, para alcanzar una regiduría de representación proporcional en el ayuntamiento de Cajeme y nunca apostando, ni en sus planes más lejanos, a competir por ganar la mayoría de votos, algo que si se proponen los ciudadanos que los convocan.
3.- Días para Díaz
Cuentan los días los seguidores de Díaz como Joel Martínez que le coordina la relación con los medios de comunicación para que llegue ya el 16 de septiembre de este año, día en que presuntamente tomará posesión el priista que de diputado federal pretende brincar a alcalde sin renunciar a su curul en la cámara baja. Los priistas como Joel se levantan cada mañana y arrancan la hojita del almanaque y sueñan con los sueldos y beneficios que les dará el arribo al presupuesto municipal. El heredero de la dinastía Díaz Brown “Roger” (hasta apellido y seudónimo gringo tiene) es alineado al multimillonario Ricardo Robinson Bours y tiene escampada la maleza, acechando el PRI el gobierno municipal, como el tigre Kan tras los huesos de Mogli, el niño que nació entre bestias en las selvas orientales de la India personaje de la novela de Rudyard Kipling que Walt Disney hizo película.
4.- Los parientes pobres disputan el 06
“Estoy en medio de un Priángulo…” (es Triángulo la canción de los Babys), ya que los dos candidatos a diputado federal al distrito 06 Cajeme, Faustino (titino le dicen), y Sara (sarra le dicen) tienen ligas familiares, uno de los hermanos de Félix Chávez está casado con la hermana de Martínez de Teresa. “Sin solución, ni siquiera justificación…en un priángulo, priángulo, priángulo, nuestro querer…”.
5.- Dictadura rusa
Vladimir Vladimirovich Putin (Влади́мир Пу́тин) gobernó desde 1999 por que no dejó el poder aunque Dmitri Medvedev fuera el presidente. En 1996, Putin inició a tejer la red de su poder manejándole los bienes presidenciales al controvertido Boris Yeltsin y de ahí se lanzó a la grande una vez que lo hizo secretario de la seguridad nacional y después al enfermarse este, ocupó la presidencia interina en 1999. Gobernó dos periodos hasta 2008 para también ser designado presidente del gobierno de Rusia en los dos periodos de Medvedev. Ahora el pasado domingo ganó unas elecciones con un sistema electoral más duro que en las mejores épocas del PRI en México, y podría ser presidente de Rusia hasta el año 2024 puesto que se extendió el periodo de 4 a 6 años, teniendo opción a la relección. Pero el mayor negocio de Putin son sus compadres originarios de San Petersburgo, empresarios millonarios beneficiados con las compras y contratos con el Estado ruso. Lamentablemente esta es la “democracia” rusa de un solo hombre, resultado de la caída del régimen socialista soviético hace 21 años.
6.- Bribones precampañeros
Están peligrosos los panistas eh, recordemos a Gilluermo Prades que nunca fue sancionado. Ahora el IFE multó con 120 mil pesos al gordito bailaor, Panchou Búrquez, que desde octubre pasado anda en precampaña con un gasto de miedo, (pagará la multa y desde luego no detendrá su actos anticipados de campaña). Como los chinitos nos quedamos “milando”, los usuarios del transporte urbano a las megagigantes calcamonías en las paredes laterales externas del bus Sonora mientras viajamos en sus destartaladas unidades, usadas para violar la ley electoral con la precampaña política. Igual el “chanchuy” Félix, desde diciembre puso sus pendoncitos en la postería pública, y decenas de grandes lonas que dicen “Yo le voy al Chuy” y luego aparece en los periodicos anunciando que no quiere ser candidato a la alcaldía si no a diputado local. Y el consejo estatal electoral ¿existe? Y al Código Estatal Electoral, ¿cuantas copias le sacaron? Pero también el priista Armando Alcalá que renunció a su regiduría en Cajeme y sin pena, anuncia que irá por una candidatura cuando tiene su foto en media docena de grandes espectaculares, cada uno tiene un costo de renta de10 mil pesos mensuales, o Héctor Rodríguez Camacho panista regidor que también pidió licencia para ir por una candidatura y tiene grandes lonas proyectándose. Todos estos personajes son desleales con la ley y la confianza ciudadana. Imaginemos ¿que no irán a hacer cuando lleguen a diputados? Es imparable el desaseo y la autoridad electoral fomentando esta farsa.
7.- Siles: Televisa corrupta-Peña Nieto corrupto
El periodista español José María Siles propietario de una agencia de noticas en Europa declara ante la mala experiencia que tuvo en 2009 con Televisa y Enrique Peña Nieto entonces gobernador del Estado de México que realizó una gira por Europa, Siles dice: “Nunca había visto en peligro mi derecho de escribir en libertad como periodista independiente, en México me siento amenazado, indefenso, sabiendo que hay fuerzas que pretenden amordazarme cuando ejerzo mi derecho a la libertad de expresión, veo que la desinformación y la manipulación en este país pueden quedar impunes y que con frecuencia prevalecen sobre la verdad a pesar de que los mexicanos lo sepan y reclamen que se aplique la ley, hay dos varas de medir, incluso que los representantes del pueblo miran para otro lado cuando se les pide que investiguen evidencias como la violación de normas fundamentales para la democracia como es la ley electoral, el supuesto uso fraudulento de fondos públicos para fabricar un candidato, demanda una investigación por los tribunales de justicia pruebas parecen no faltar para sancionar lo que los mexicanos consideran un secreto a voces y un insulto a la inteligencia”. A Siles le prometieron pago por cubrir la gira, pero no solo no le cumplieron esa promesa, si no que lo intimidaron para que dejara de hacer comentarios negativos sobre el desaguisado.
8.- ¿Y Gonzalo el exrector impune?
El próximo lunes 12 de marzo, será la auscultación a la comunidad del ITSON en la que están contemplados egresados, personal, directivos, patronos y estudiantes para designar a un rector legitimo, ya que el actual Javier Portugal Vázquez es interino. En cinco meses de jaloneos por nombrar rector y tal vez como una estrategia para meter en el olvido, a las trácalas y las desviaciones de millones de pesos que cometió el exrector de la impunidad, Gonzálo Rodríguez Villanueva, que sigue tan campante sin ser sometido a un juicio, fue el amparo promovido por el ex vicerrector Marco Gutiérrez Coronado que detuvo el proceso interno y ahora los recursos robados o desviados de la Arena Itson, el Dyapime, el parque software, los doctorados patito, y muchas triquiñuelas sea echado por la borda. Tendremos que preguntarle al maestro Roberto Celaya Figueroa que consiguió un puesto en el ayuntamiento de Cajeme como director de desarrollo económico, y despedido por hacer denuncias contra Rodríguez y la mafia interna. Celaya catalizador del presente proceso de crisis en la elección de nuevo rector tendrá que responder en qué quedó todo este caso del exrector.
9.- Eloisa adiós
Dejó su cargo de diputada la precandidata a la alcaldía de Cajeme por el PAN Eloisa Flores. No se puede jactar de nada la excomisionada del Transporte Urbano en el Congreso del Estado: el servicio urbano y su regulación son una porquería y sigue a la debacle, tarifa alta, rutas lentas, unidades destruidas y son un chiquero. Otro aspecto es la inexistencia de paradores para los pasajeros, la falta de respeto de las paradas y la estupidez de los supervisores y operadores que maltratan a los usuarios.
10.- Poeta marcista
Jaime Sabines el poeta nacido en Tuxtla Gutiérrez y muerto en la Ciudad de México un mes de marzo, por eso es marcista, escribe en 1972 del televisor, pero bien podríamos con su poema referirnos a los programas basura de televisa o teveasteca desde “que pase el desgraciado” o “babosas de la vida” y los programas noticiosos y de análisis, donde se mofan de la inteligencia del espectador. Dice Sabines: “Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula, o se acortan, tiemblan indistintamente, hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponde a la realidad, se atrasan, se anticipan, se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en dos o tres días, pero yo me resisto. No quiero la violencia: le meterían las manos, le quitarían las partes, le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis. Porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible, que lo hacen soñar estas cosas que vemos”.
Vivir la vida con grilletes
El monitoreo electrónico es una humillación constante y una vergüenza
Araceli Martínez Ortega / araceli.martinez@laopinion.com
"La vida con un grillete electrónico atado al tobillo, día y noche es como estar en una cárcel más grande, un control total, porque a pesar de que uno anda en la calle, uno se siente acorralado y moralmente desecho pero sobre todo es una humillación constante, una vergüenza".
El uso de grilletes electrónicos molesta a los usuarios ya que los pone en evidencia ante la sociedad.
SACRAMENTO.- "La vida con un grillete electrónico atado al tobillo, día y noche es como estar en una cárcel más grande, un control total, porque a pesar de que uno anda en la calle, uno se siente acorralado y moralmente desecho pero sobre todo es una humillación constante, una vergüenza".
Con estas frases Miguel Araujo, un activista comunitario y restaurantero de San Bruno en la península de San Francisco sintetiza con crudeza lo que es vivir con un grillete que monitorea sus movimientos desde hace casi dos años.
El 18 de mayo de 2010, Araujo fue puesto en libertad tras ocho meses en la cárcel del condado de Yuba al Norte del estado a donde había sido recluido por enfrentar una orden de deportación.
A su salida, el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) le puso el grillete electrónico para monitorearlo las 24 horas mientras un juez decide si lo deja en el país o lo deporta a México de donde salió en 1962.
"No puedo salir más allá de cien millas. Y funciona como un teléfono celular que hay que conectar a la electricidad para cargar", cuenta Araujo.
Mal que bien, afirma Araujo, ha podido sobrellevar todos estos inconvenientes no así la "humillación constante" que siente por traer el grillete 24 horas siete días a la semana. Lo que es peor el grillete lo pone en aprietos y lo hace pasar vergüenzas cuando menos lo espera.
"Muchas veces sin darme cuenta lo pateo con el zapato
y de inmediato salta una grabación que me dice en voz alta: !repórtese inmediatamente! !repórtese inmediatamente! Esto significa que les debo llamar por teléfono o acudir a la oficina del contratista de ICE. Usualmente quieren saber dónde estoy, qué estoy haciendo".
"Esto es muy vergonzoso", afirma. "Lo que hago como lo hice hoy que venimos un grupo de líderes comunitarios de la Bahía de San Francisco a visitar a Sacramento al asambleísta Manuel Perez (demócrata de Cathedral City) es que les anticipo y les muestro la pulsera para que por si suena no me miren como un animal raro y piensen que soy un asesino o un violador en libertad condicional".
Araujo es uno de los miles de inmigrantes indocumentados que bajo el pantalón llevan un grillete electrónico que les puso ICE para vigilarlos vía satelital y evitar que se escapen.
"Yo estoy de acuerdo que este sistema se utilice pero en personas que pueden ser un peligro", considera Araujo.
"Pero yo soy un viejo de 63 años, que tiene un restaurante desde hace 30 años, que da empleo a diez personas. No tiene ninguna lógica asumir que me voy a escapar. ¿A dónde me voy a ir? Este es el hogar de mis hijos, todos ciudadanos", cuestiona.
De acuerdo a ICE, en California hay 6,243 inmigrantes indocumentados que portan grilletes electrónicos y otras formas de monitoreo. A nivel nacional son 23,113.
Virginia Kice, portavoz de ICE precisó que bajo el contrato actual que tienen con BI Incorporated, el contratista privado encargada del monitoreo electrónico no hay un tiempo máximo o mínimo mediante el cual un inmigrante indocumentado puede permanecer con un grillete.
"Depende del cumplimiento del participante y de la fase del proceso de expulsión migratoria. Los casos son revisados en lo individual y el nivel de monitoreo puede escalar o disminuir en cualquier momento", precisa la portavoz.
El programa Supervisión Intensiva de la Presencia (ISAP) fue autorizado por el Congreso en 2002 como una alternativa a la detención para asegurar que el inmigrante indocumentado cumpla con sus audiencias en la corte y sus órdenes finales de expulsión mientras se le permite permanecer en sus comunidades.
El costo es de 5.19 dólares al día por persona, aseguró Kice.
En 2009, la oficina de Operaciones de Detención y Expulsion (DRO) de ICE entregó un contrato de cinco años a BI Incorporated, una compañía con sede en Colorado para proveer los servicios de monitoreo electrónico.
Laura Rivas de la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (NNIRR) señala que en los años recientes el ICE ha recurrido a colocar grilletes de monitoreo electrónico sobre todo a mujeres con niños pequeños o inmigrantes enfermos a raíz de la presión que se ha dado por los problemas presentados en los centros de detención. "Creemos que no es una alternativa real porque las personas no van a huir cuando tienen una familia", argumenta.
Mineras pagan a México 1% de lo que extraen
Por Erika Ramírez
Trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país “derechos” por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de México más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata
Mineras trasnacionales pagan a México poco más del 1 por ciento del valor total de lo que extraen del territorio nacional, del cual las administraciones panistas les han concesionado alrededor del 25 por ciento de los 2 millones de kilómetros cuadrados que lo conforman, hasta por 50 años.
Tan sólo por la extracción de oro y plata las multinacionales se llevaron a sus arcas el 90 por ciento del valor de los metales preciosos. A México le dejaron un equivalente de menos del 10 por ciento de esos recursos, durante el último lustro. De documentos de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se desprende la disparidad entre los beneficios obtenidos por las empresas y los montos que se retribuyen al erario.
Del análisis de las estadísticas de producción y valor de los metales, publicadas por la Dirección General de Minas para el periodo 2005-2010, y del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 (presentado el 15 de febrero pasado), resulta que la mayor utilidad para México por la extracción de oro fue de apenas 10.61 por ciento, en 2008.
Los documentos revelan que de los 15 mil 698 millones 429 mil 400 pesos en que se evaluaron los 50 mil 365 kilos de oro extraídos ese año, entraron al erario 1 mil 667 millones 42 mil 800 pesos por el concepto de pago de cuotas para explotar minas.
En tanto, por plata ?metal que coloca a México como el productor más importante a nivel mundial? la “ganancia” para el país fue del 11.93 por ciento del valor total de lo extraído, en ese mismo periodo fiscal. Ese año la producción del metal precioso fue de 2 millones 668 mil 28 kilos, lo que implica un valor de 13 mil 972 millones 569 mil pesos. La ganancia para las trasnacionales fue del 88.07 por ciento.
El año en el que inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue el que más pérdidas representó para México en este rubro: registró un pago de cuotas de tan sólo 322 millones 696 mil 600 pesos. No obstante, el oro se cotizó, en ese año, en 7 mil 628 millones 188 mil 800 pesos. El “beneficio” para México fue de 4.23 por ciento de los valores mercantiles.
El avalúo de la plata llegó a los 9 mil 777 millones 994 mil 200 pesos, por la extracción de 2 mil 413.147 toneladas. Durante ese mismo año, el pago por derechos, en más de 320 millones de pesos, dejó utilidades a las compañías extranjeras por 96.7 por ciento, contra el 3.30 por ciento aportado al fisco.
Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, asegura que las disposiciones “relativas a las actividades mineras no regulan derechos a favor de la nación ni de los propietarios de las tierras donde los minerales se encuentran, sino para favorecer a las grandes mineras”.
Cuotas simbólicas
En México las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectárea concesionada. En enero pasado, Contralínea documentó que las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales, por cada hectárea concesionada.
Esta situación ha motivado iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza. Sin embargo, éstas permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados (Contralínea 268).
El informe de la ASF, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son “simbólicos” y “contrastan” con el valor de los recursos extraídos del territorio nacional.
En cuatro años de administración calderonista y el último de Vicente Fox (periodo analizado en la Cuenta Pública 2010) sólo se aportó poco más del 1 por ciento de los beneficios obtenidos por las compañías.
La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, indica que el valor de la producción en ese lustro ascendió a 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos, y el de los derechos cobrados a 6 mil 543 millones 417 mil 400, los cuales equivalieron al 1.2 por ciento de la producción.
Concesiones sin beneficio a la nación
De acuerdo con el informe de fiscalización, los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras son “mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de proporcionar un beneficio a la nación”.
Los auditores del máximo órgano de fiscalización del país detectaron “deficiencias en la integración y datos del padrón de concesionarios y asignaciones mineras, así como en el contenido de los expedientes”.
Igualmente, documentaron que la Secretaría de Economía, que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, “carece de manuales de procedimientos o lineamientos específicos para el control de pagos de los derechos de solicitud y trámites diversos al título de concesión minera, de asignaciones mineras, así como de los adeudos”.
López Bárcenas, maestro en derecho y desarrollo rural, expone que los problemas de la minería “se agravan cuando los propietarios de las tierras son los pueblos o comunidades indígenas, por la relación especial que mantienen con la tierra y en general con la naturaleza [...]. Esto genera conflictos, porque los campesinos, pueblos o comunidades indígenas saben que tienen derechos, aunque la legislación minera no los contemple, y no están dispuestos a que les sean violados”.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las principales beneficiarias de las concesiones son la australiana Azure Minerals, Ltd y las canadienses Almaden Minerals, Ltd; Dia Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; y Goldcorp, Inc.
Efectos nocivos
Una de las iniciativas que permanece congelada en la Cámara de Diputados es la promovida por el legislador petista Jaime Cárdenas Gracia, quien hace énfasis en el impacto ambiental que producen las mineras en el país.
Presentada el 6 de septiembre de 2011, solicita se realicen modificaciones a la Ley de Minería para “garantizar los derechos colectivos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales, ratificados por el Senado, a pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales, y para restringir la minería a cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro”.
Éste también fue uno de los aspectos observados por la Auditoría Superior, pues señala que los costos son significativos para la sociedad y que perduran en el tiempo: incendios en las venas de carbón mal selladas o restauradas, emanaciones de monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra.
El listado de la ASF contempla, también, “filtraciones de agua freática de las minas abandonadas, las cuales pueden tener un alto nivel de acidez o estar contaminadas con metales peligrosos; alteración de los acuíferos debido a su removimiento o la fracturación causada por trabajos de extracción. Éstas pueden provocar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua freática”.
Mientras que los minerales residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos, pueden ser causantes de enfermedades en la comunidad y los trabajadores.
Actualmente México cuenta con reservas oficiales de oro por 105.9 toneladas. El oro extraído por las trasnacionales representaría el 50 por ciento de ese valor. Contralínea solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Sonora: el fracaso de los publicistas que se creen gobernantes
Arturo Soto Munguía
El gobierno de los publicistas está haciendo demasiado daño a Sonora. Los fundamentalistas de la tesis de que “gobernar es comunicar”, han llevado a definir el ejercicio de gobierno como una fábrica de realidades virtuales donde lo único que importa es la percepción generada a partir de un insultante derroche de recursos públicos en productos publicitarios.
Algunos muy malos, hay que decirlo. La experiencia
indica que cuando el marketing sustituye la política, los gobiernos -y los gobernantes-, terminan bastante mal. Y más mal terminan los gobernados, por si fuera poco.
A veces, la memoria de los sonorenses es corta, pero no tanto para no recordar el escandalazo mediático que se hizo en los días posteriores al segundo informe de gobierno, replicando la intención de Guillermo Padrés de llevar a cabo un plebiscito para conocer el sentir de la ciudadanía en torno a sus políticas públicas.
Y ni qué decir del día en que el gobernador acudió al Consejo Estatal Electoral para entregar su propuesta de plebiscito, que entre otras cosas se llevaría a cabo el mismo día de la elección constitucional, y en el que se preguntaría a la población cosas como : ¿Está de acuerdo en que te regalen uniformes escolares? ¿Estás de acuerdo en que no te cobren el transporte? ¿Estás de acuerdo en que no te cobren cuotas escolares?
O sea, todo un dispositivo montado no en el ejercicio serio del gobierno, sino en la apuesta total a legitimar políticas públicas en los medios de comunicación y en la desmedida propaganda, para sacar adelante una propuesta que finalmente, fue desechada por los magistrados del Tribunal Federal Electoral.
Como en el caso del Acueducto Independencia, para efectos de prospectiva lo relevante del plebiscito no es si se cancela o se suspende, como lo quiso hacer creer el secretario de Gobierno, Roberto “El No Pasarán” Romero López, sino la empecinada, obstinada, obcecada convicción del gobierno sonorense, de que cualquiera que discrepe de sus lineamientos es un enemigo del progreso y de la democracia.
Y para fijar esa idea, desde el gobierno se vuelve a desplegar todo un operativo mediático que reparte culpas, acusaciones y denuestos, y al que se prestan con singular alegría no pocos medios de comunicación, sacrificando cualquier vestigio de credibilidad por un fajo de billetes.
Lo relevante es, en realidad, la ausencia de un mínimo de vocación por la política. Por el diálogo. El nerviosismo que despierta en sectores cada vez más amplios de la población -incluyendo los que tienen rango como factores de poder-, el ejercicio de un gobierno faccioso y peleonero, que parece haber depositado todos los huevos en la canasta de sus publicistas y en la visceralidad de operadores políticos que sólo negocian si tienen a la contraparte con el cañón en la sien.
Y eso es válido no solamente para los que en sentido estricto aparecerían como adversarios de otros partidos, sino contra la gente de su propio partido, que no milita en el círculo cercano y que hoy se encuentra azorada por la torpeza y la voracidad con la que se atropellan principios y doctrina de un partido que alguna vez luchó por la democracia y contra el autoritarismo.
Cosa de preguntarle a Javier Castelo Parada y Casimiro Navarro Valenzuela, por citar dos de los panistas de más larga trayectoria, que fueron pasados por el cuchillo del fraude electoral para dejarlos fuera en la contienda interna.
Pero hay muchos, muchos más, que ni siquiera andaban en pos de una candidatura, pero que por manifestar públicamente su disidencia con el cerrado círculo del padrecismo, han pasado a sufrir las consecuencias de uno y mil modos.
Alguien, no sé si Jorge Morales Borbón, el secretario de Comunicación Social, o Javier Alcaraz, el plenipotenciario detentador de los millonarios negocios publicitarios, convenció al gobernador de que el plebiscito era la llave para ganar el carro completo en julio próximo y por lo tanto habría que gastar millones de pesos en campañas publicitarias que hablaban del poder ciudadano y no sé qué más quimeras.
Lo cierto es que el plebiscito se cayó. Nadie pide cuentas sobre lo que se gastó en esas campañas en radio, televisión, prensa escrita y electrónica; espectaculares y demás, para validar en la realidad virtual un proyecto que se fue al caño.
Como tampoco existe una auditoría a lo gastado en legitimar el Programa de Modernización del Transporte que ha sido un reverendo fracaso, pero un éxito financiero para los publicistas, lo mismo que el Programa de Modernización Educativa que por lo pronto, tiene a la Secretaría de Educación y Cultura, y a su titular, Jorge Luis Ibarra Mendívil, con el alma en un hilo frente a las cuentas mochas y las mil trácalas que ahí se han detectado.
Como tampoco existe una auditoría a lo gastado en legitimar el Programa de Modernización del Transporte que ha sido un reverendo fracaso, pero un éxito financiero para los publicistas, lo mismo que el Programa de Modernización Educativa que por lo pronto, tiene a la Secretaría de Educación y Cultura, y a su titular, Jorge Luis Ibarra Mendívil, con el alma en un hilo frente a las cuentas mochas y las mil trácalas que ahí se han detectado.
En ese contexto, el TEPJF resolvió que el plebiscito al que tanto le apostó el gobierno de Guillermo Padrés, no va. Y la respuesta del gobierno estatal, encarnado en Roberto Romero, es dirigir todos los misiles mediáticos contra los magistrados del Trife y contra los diputados de la alianza local opositora al PAN, acusándolos de enemigos de la democracia, por lo menos.
A esa cargada mandaron desde las oficinas gubernamentales a no pocos periodistas, pero también a funcionarios y diputados que ayer, en las redes sociales, fueron lapidados de fea manera, sin que pudieran aportar un solo elemento en su defensa, salvo el trillado discurso de que los enemigos de la democracia y la participación ciudadana era cualquier persona que discrepara de ellos.
Malo el cuento. Malo, sobre todo, porque el gobierno del Nuevo Sonora sigue dirigido por quienes creen que “gobernar es comunicar”, y bajo esa premisa están volviendo ricos a sus comunicadores (a muy pocos, por cierto) y a sus publicistas (también a muy pocos), pero están generando un ambiente de ingobernabilidad que ya alertó incluso a los magistrados del Trife, por decir los menos…
Bus Sonora: otro fracaso de Padrés
Al igual que otros programas estatales anunciados y difundidos con singular profusión y mucho, pero muchísimo dinero público en la contratación de espacios publicitarios, medios de comunicación y opinadores a sueldo, la llamada Modernización del Transporte Urbano en Sonora es otro de los grandes fracasos de la actual administración.
Cientos de miles de usuarios en las principales ciudades del estado -concretamente Hermosillo, Cajeme y Navojoa, que es donde opera el así llamado Bus Sonora-, padecen diariamente un lamentable servicio que no solamente adolece de expectativas optimistas, sino al contrario, se perfila a la quiebra, el caos, el abandono.
Este mes de marzo se cumplirá un año de la no menos publicitada Ley de Transporte para el estado de Sonora y en lugar de encender una vela sobre el pastel de primer aniversario, habría que prenderla sobre la tumba de la letra muerta.
Se supone que uno de los puntos vanguardistas de la citada ley, fue la creación de las Comisiones Municipales Reguladoras del Transporte Colectivo, instancias que desde el ámbito municipal tendrían una serie de facultades y atribuciones para fiscalizar, sancionar y proponer mejoras en el servicio.
Un año después, las tales comisiones ni siquiera han sido integradas.
El asunto es serio.
Estas comisiones tendrían que ser integradas por tres representantes del gobierno del estado (entre ellos el presidente de la misma); tres del gobierno municipal; tres electos por los concesionarios y en caso de existir una empresa integradora, el presidente, el vicepresidente y el primer comisario de la misma.
Además, un representante de la Cámara de Comercio local; uno más de la Canacintra; uno de la Unión de Usuarios y un Secretario Técnico designado de común acuerdo entre estado y municipio.
Entre las funciones de esas comisiones, se
enumeran las siguientes: Realización de estudios e investigaciones orientadas a mejorar el servicio; establecimiento, modificación, ampliación o cancelación de rutas: definición de estándares de calidad a los que se deberán ajustar los concesionarios (horarios, tiempos de espera, limpieza, uso de aire acondicionado y condiciones del vehículo; estudios técnicos para conocer sobre los costos del transporte, ingresos y tarifas de equilibrio; inspección y vigilancia de la prestación del servicio.
Además, emitir opinión sobre modificación de tarifas y solicitar adecuaciones; aplicación de sanciones, proponer modificaciones viales y obras de pavimentación y vialidad, establecer paradas, entre otras.
Es decir, todo lo que está fallando en el servicio de transporte urbano es materia de esas comisiones. Pero como no existen, todo queda al garete.
La principal autoridad en este tema es la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuyo titular José Inés Palafox Núñez, hace meses que se encuentra afectado por una enfermedad grave y evidentemente está impedido para desempeñar sus funciones. No parece haber en esa secretaría, tampoco, quién tome las decisiones en la materia.
Ni los ayuntamientos, ni las cámaras empresariales, ni el gobierno del estado, ni las uniones de usuarios han mostrado interés en integrar las multicitadas comisiones.
Sin contar el gravísimo problema financiero por el que atraviesan los concesionarios al borde de la quiebra y el embargo, el problema de origen es, como en otros casos, uno muy concreto: en Sonora, la ley no se cumple. Es letra muerta. No es gratuito que en redes sociales circule cada vez con mayor profusión un chascarrillo en el sentido de que en Sonora, la única Ley que existe, es la de El Chino Juan Manuel, como se conoce al propietario de la cadena de supermercados con ese nombre: Ley.
Sin contar el gravísimo problema financiero por el que atraviesan los concesionarios al borde de la quiebra y el embargo, el problema de origen es, como en otros casos, uno muy concreto: en Sonora, la ley no se cumple. Es letra muerta. No es gratuito que en redes sociales circule cada vez con mayor profusión un chascarrillo en el sentido de que en Sonora, la única Ley que existe, es la de El Chino Juan Manuel, como se conoce al propietario de la cadena de supermercados con ese nombre: Ley.
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