Demandará
internacionalmente movimiento ciudadano a Grupo México
Por Shaila Rosagel
(Sin Embargo).
Debido a que existen nuevos casos de
enfermedades, surgidas a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido
sulfúrico en el Río Sonora y de la falta de remediación del afluente, el
Sindicato Minero Sección 65 y activistas buscarán ayuda internacional. Este
lunes se prevé que presenten resultados de exámenes en peces y agua de
Hermosillo.
A casi un año y medio del
derrame de 700 toneladas de metales pesados en el Río Sonora y Bacanuchi, el
Sindicato Minero Sección 65 y activistas del movimiento Todos Unidos Contra
Grupo México, buscan ayuda de otros sindicatos internaciones y de instancias en
Estados Unidos, dijo Antonio Navarrete Aguirre.
El minero miembro del
Sindicato Minero Sección 65 de Cananea indicó que los más de 24 mil afectados
por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico el 6 de agosto de
2014, no han recibido el resarcimiento completo de sus pérdidas ni económicas
ni de salud.
El Fideicomiso Río Sonora,
constituido con una bolsa de 2 mil millones de pesos, ha sido insuficiente,
dijo, pues continúan apareciendo casos de enfermos con lesiones en la piel a lo
largo de la ruta afectada.
“Hay daños a la
salud, a los ecosistemas, a la flora, fauna, agua contaminada por parte de este
suceso que ha estado provocando varias enfermedades en la gente y deteriorando
la salud de más de 24 mil personas”, dijo en entrevista Antonio Navarrete.
El minero acusó al Gobierno
federal de “ocultar información precisa, clara, sobre la realidad que sucede en
el Río Sonora”, agregó.
Por ello los mineros,
activistas y algunos ejidatarios costearon exámenes al agua de Hermosillo y de
los peces de la presa Abelardo L. Rodríguez que recibió en junio del año pasado,
agua de la presa El Molinito, proveniente del Río Sonora.
De acuerdo con Navarrete la
preocupación por el agua que están bebiendo no sólo los habitantes de los siete
municipios afectados, sino también los hermosillenses, es real y por ello darán
a conocer tentativamente el lunes los resultados de los estudios de
laboratorio.
“Vemos que a diario las
enfermedades van creciendo y los pacientes que han estado contaminados, salud
se está deteriorando. Grupo México es responsable y ha dejado abandonada a esta
población en un acto inhumano”, dijo.
Navarrete Aguirre lamentó que
la compañía de Germán Larrea Mota-Velazco, continúe con sus planes de expansión
hacia el Sur, rumbo el Río Bacanuchi, con el respaldo de las autoridades
mexicanas, a pesar del derrame del 6 de agosto.
“Si Germán Larrea pudiera
llevarse el cobre de Cananea en un día, lo haría, pero el Todos Unidos Contra
Grupo México sigue activo: estamos haciendo campañas con la gente para seguir
organizándonos por todos los pueblos, y se está llevando el caso a nivel de
denuncia internacional”, dijo.
Algunas de las organizaciones
son la Fundación Rosa de Luxemburgo. La necesidad principal para los afectados
es la ayuda médica para las personas que presentan síntomas de intoxicación.
“Vamos a buscar la solidaridad
internacional porque la gente requiere médicos especialistas, toxicólogos.
Ojalá el gobierno federal reconociera a estas personas y les diera la atención.
Ellos manejan que son 300 afectados en salud, pero no les están ayudando, ni
dando seguimiento ni siquiera a los que ellos reconocen”, dijo.
SUPERVISIÓN OBSOLETA DEL GOBIERNO
MEXICANO
En diciembre el diario
estadounidense Arizona Daily Star publicó
el caso de los enfermos por el derrame de la mina Buenavista del Cobre y dijo
que el gobierno mexicano, se tardó en reconocer.
La nota titulada “Derrame
masivo deja en evidencia la supervisión obsoleta del gobierno”, recogió la
historia de Jonathan Cosillos , un joven de 18 años, originario de Ures,
Sonora, reconocido en los más de 300 casos, que finalmente el 4 de agosto
Rodolfo Lacy Tamayo, presidente del Fideicomiso Río Sonora, reconoció como los
enfermos por el derrame del 6 de agosto de 2014.
El diario destacó las fallas
del gobierno mexicano en la detección y realización de los exámenes médicos por
parte de la Cofepris, en los habitantes del río Sonora que presentaron
síntomas, casi inmediatamente después del derrame de 11 millones de galones de
químicos tóxicos.
Así le ocurrió a Cosillo, dice
el rotativo, a quien después de nueve meses de tocar puertas y de insistir con
sus síntomas, le practicaron exámenes y salió contaminado por Manganeso.
“Han pasado más de un año y
los nuevos casos médicos siguen apareciendo . Los investigadores y expertos en
medio ambiente en México están advirtiendo que la lenta respuesta del gobierno
, junto con las normas de calidad del agua anticuados , han colocado a la
población bajo riesgo innecesario”, publicó el diario.
La madre de Cosillo, Blanca
Ruiz, confesó al rotativo que el sufrimiento de su hijo antes de empezar con
tratamiento, fue tal, que “quería hacer compras para los ataúdes”.
El Gobierno mexicano, aseguró
la madre, le realizó unos primeros exámenes que nunca entregó.
“Todavía me pregunto por qué
(el gobierno) no me dio los primeros resultados de la prueba”, dijo Ruiz. “Tal
vez él dio positivo por otros metales pesados y que no quería decirme.”
Ruiz dijo que presentó una
denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, la cual fue trasladada
a los funcionarios federales de la Cofepris.2015.
El rotativo enfatizó en que la
Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), es un
consultorio improvisado en una casa habitación en donde se atienden los
enfermos, intoxicados, por el derrame de Grupo México.
“Si el gobierno sabía lo que
estaba pasando, ¿por qué no tomar acciones de inmediato – de inmediato”, dijo
Ruiz al diario.
Adolfo García Morales,
delegado de Sonora a la Secretaría de Gobernación de México, dijo al rotativo
que las autoridades buscaron activamente a los pacientes a lo largo de la
cuenca del Río Sonora.
García Morales indicó que no
había una sola persona que se realizó las pruebas, que no recibió los
resultados.
“La unidad de epidemiología
abrió hace poco, pero eso no significa que no hemos estado proporcionando
atención a la población “, dijo .
Al cumplirse un año del
derrame, en agosto de este año, Lacy Tamayo anunció que el nuevo centro de
tratamiento UVEAS abriría el proceso de licitación para su construcción y que
estará listo en 2016.
El centro dará atención a la
población afectada en un máximo de 15 años.
EL CASO EN LA SCJN
En octubre, Proyecto sobre
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), dio a conocer que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos el llevar
el caso del derrame de 40 mil metros cúbicos de la mina Buenavista del Cobre en
el Río Sonora, al terreno de la violación de los derechos humanos.
Lo puede hacer si dictamina
que la compañía, subsidiaria de Grupo México, es considerada una autoridad y
por lo tanto, tiene la obligación de velar por el medio ambiente de la región
que explota.
“El pasado 18 de
septiembre dimos a conocer diversas irregularidades en las que incurrió la mina
y que fueron obtenidas a través de solicitudes de información. Irregularidades
que hacen pensar que no se tienen los permisos necesarios para medir la
contaminación a la atmósfera”, dijo Luis Miguel Cano, abogado de PODER.
El caso está a consideración de la ponencia del
Ministro Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala de la Suprema Corte por interés
y trascendencia.
“El precedente que pueda fijar
la Suprema Corte potencialmente podría impactar todo asunto que se cuestione si
ciertas empresas son responsables de violaciones a los derechos humanos”,
explicó el abogado.
La resolución podría marcar el
rumbo del juicio de amparo 1144/2015 que los Comités de Cuenca del Río Sonora
interpusieron ante la falta del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de la
minera.
La mina está demandada como
autoridad en el juicio. En un principio la decisión fue del Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, pero el
tribunal consideró que “se trata de un caso de interés y trascendencia a nivel
nacional”, por lo que envió el caso a la SCJN, para que decida si lo atrae o
no.
La demanda de los pobladores
se sustenta en la nueva Ley de Amparo de 2013, la cual considera que no sólo al
Estado, cuando se violenta a los derechos humanos, sino en ciertas
circunstancias también a particulares, a los que, se les podría atribuir el
carácter de autoridad responsable según el artículo 5, fracción II.
El antecedente similar a un
caso en la Corte con las características del Río Sonora, ocurrió con Teléfonos
de México (Telmex), de acuerdo con el director de PODER Benjamín Cokelet.
Sin embargo la Corte decidió
no atraer en esa ocasión el caso. De acuerdo con el abogado de la organización
para Buenavista del Cobre no hay un plazo para conocer la respuesta.
La decisión podría tomarse
este año, si la SCJN decide atraer el tema de Buenavista del Cobre, el dictamen
final podría llevar otros cuatro meses más.
Si la minera es considerada
como autoridad violadora de los derechos humanos de los habitantes del Río
Sonora, el caso marcará un precedente importante a nivel nacional para temas
que involucren a empresas concesionarias y medio ambiente.
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