Se les acusa de “daños intencionales”
Una arbitrariedad en puerta
Una arbitrariedad en puerta
Dirigentes del ejido Tesia en Navojoa se encuentran a la espera de ser aprehendidos por autoridades judiciales sólo por defender sus tierras
Por Claudio Tiznado
En el Sur de Sonora autoridades agrarias y judiciales de todos los niveles se coluden descaradamente para administrar y accionar la justicia a su conveniencia a través de prácticas corruptas cuyos destinatarios en la mayoría de los casos son los grupos sociales más débiles.
Grupos cuyo común denominador es la falta de recursos económicos para defender su patrimonio. Un ejemplo de lo anterior lo simboliza el caso de los ejidatarios de Tesia, un núcleo agrario ubicado en la comisaría del mismo nombre en el municipio de Navojoa, cuyos directivos enfrentan un proceso penal en total desventaja y sin garantías de ninguna especie, y actualmente se encuentran a la espera de ser aprehendidos de un momento a otro acusados del delito de “daños intencionales”.
Se trata de Liborio Barreras Barreras, Carlos Félix Ayala y Eduarda Ayala López, quienes se desempeñan en ese orden como presidente, secretario y tesorera de la mesa directiva de ese núcleo ejidal, ubicado a 12 kilómetros al Oriente de la cabecera municipal.
Desde principios de 2010 enfrentan una demanda penal en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia bajo el proceso 264/2010. Cabe señalar que el movimiento de defensa de sus tierras ha sufrido el menoscabo social y a nivel personal cada uno de los tres inculpados ha sido denigrado a través de los medios de comunicación locales y, por supuesto, a través de los instrumentos al alcance del sistema judicial de Sonora, por ser señalados por su presunta participación en la paralización y destrucción de un invernadero que empezó a construirse en terrenos del ejido que ellos representan por parte de “La Comunidad Indígena de Tesia” en ese mismo año.
Tan mal les ha ido, que la legítima defensa patrimonial que han promovido con enorme valentía y a través de todos los medios posibles, se ha convertido en el pretexto perfecto utilizado en su contra por grupos de poder y por las mismas autoridades encargadas y obligadas a brindarles la protección y la seguridad jurídica del Estado.
La ley como instrumento de presión
Es así que después de transcurrir dos años del multicitado evento que es imputado a sus personas, ocurrido el lunes 18 de enero de 2010 en sus propias tierras, y donde toda la culpa y responsabilidad la cargan ellos sobre sus hombros, finalmente el pasado mes de marzo de 2012 fueron notificados por el agente del ministerio público adscrito a los juzgados, Sergio Francisco Alcántar Esquer, que su situación jurídica ya fue consignada ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora con sede en Ciudad Obregón.
Además fueron informados de la negativa del juicio de amparo 337/2011/11 promovido por el presidente del ejido Tesia, Liborio Barreras Barreras, contra los actos que ocurrieron hace dos años reclamados por el Primer Tribunal Colegiado Regional del Segundo Circuito del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Según el proceso 264/2010 que obra en el Juzgado Octavo de Distrito ellos deberán purgar una condena de un mes a cinco años de prisión y pagar la cantidad de 667 mil 236 pesos a favor del supuesto ofendido de acuerdo a un dictamen técnico evaluativo en el cual se determinan los daños y pérdidas ocasionadas al bien inmueble en enero de 2010. Aunque en la narración de hechos ante el agente del ministerio público adscrito a los juzgados, los que se dicen afectados manifestaron que los supuestos daños no pasaron de 30 mil pesos y ello está documentado plenamente.
Pero las evidencias de los abusos y omisiones en su contra no paran ahí, pues cuando el ejido Tesia resolvió interponer una demanda penal en contra del dirigente de “La Comunidad Indígena de Tesia”, Eusebio Valenzuela Poqui, acusándolo por “daños y despojos” ante la agencia tercera del ministerio público de Navojoa, en relación a las 5 mil 521 hectáreas, el titular de la representación social, Roberto Murillo Quijada resolvió que el caso se iría a revisión con el entonces Procurador General de Justicia del Estado, Abel Murrieta Gutiérrez. Al paso del tiempo se enteraron por terceras personas que el fiscal estatal había resuelto el “no ejercicio” de la acción penal en contra del acusado contando con el visto bueno del agente navojoense.
Por todo lo anterior, que no es poco, los 127 miembros que conforman el ejido Tesia se encuentran en alerta para manifestar su desacuerdo a través de diferentes acciones de protesta en caso de que esta posibilidad prospere y sus directivos vayan a la cárcel, lo que encendería los “focos rojos” en esa región del Mayo por la inconformidad social que pudiera generarse ante esa delicada situación, según la opinión de los mismos indiciados y del dirigente estatal de Antorcha Campesina, Ricardo Esquivel Castañeda quien ha asumido a través de dicha agrupación con presencia nacional, la defensa del grupo de campesinos agraviados por tratarse de un grave problema social y no jurídico únicamente.
Los antecedentes
En enero de 2010 los representantes de “La Comunidad Indígena de Tesia” Eusebio Valencia Poqui, Agustina Ayala Valenzuela, José Rafael Esquer Montes y Evaristo Rábago Guicoza interpusieron una denuncia en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal en contra de los tres ejidatarios que integran la mesa directiva del ejido Tesia.
Según esa demanda penal con número 264/2010, los comuneros acusaron a Liborio Barreras Barreras, Carlos Félix Ayala y Eduarda Ayala López, respectivamente, de liderar un grupo de alrededor de 70 personas que dañaron y paralizaron la estructura de un invernadero de su propiedad el día lunes 18 de enero de 2010, cuya edificación estaba a cargo de la empresa Novagri S. A. de C. V. con sede en Ciudad Obregón.
El delito fue tipificado bajo la figura de “daños intencionales” de acuerdo al artículo 326 del Código Penal del Estado. Aunque también pudo haberse plasmado como la comisión de “daños en propiedad ajena”, pero extrañamente no ocurrió así, se cuestionan los mismos campesinos, pues insisten en que la contraparte no pudo demandarlos en ese sentido por no poder acreditar la propiedad del predio.
Por el delito de daños intencionales, los acusados fueron aprehendidos a principios de 2010 y obligados a permanecer en el penal de Tetanchopo en ese municipio, por lo que tuvieron que pagar una fianza de 15 mil pesos cada uno para poder salir del centro penitenciario; al mismo tiempo tramitaron un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, solicitud que por cierto nunca tuvo respuesta pero que curiosamente tampoco fue impedimento para que pudieran recobrar su libertad.
Fue en ese mismo año cuando, a petición de las mismas autoridades judiciales y de la parte ofendida, que iniciaron las negociaciones con “La Comunidad Indígena de Tesia” para buscar una solución definitiva al conflicto agrario. Aunque nunca se logró llegar a un acuerdo en los dos años siguientes de iniciado este diferendo.
Lo incomprensible es que el proceso penal 264/2010 entablado en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia por los miembros de “La Comunidad Indígena de Tesia” y que supuestamente ya había sido “archivado” mientras ambas partes iniciaban negociaciones en el año 2010, una vez que los tres ejidatarios salieron de la cárcel, fue revivido automáticamente a principios de 2012, al estancarse el diálogo por la negativa de los campesinos que no aceptaron 12 millones de pesos que les ofreció el gobierno federal por las 5 mil 521 hectáreas a razón de poco más de 2 mil pesos por cada una.
El ofrecimiento indemnizatorio fue irrisorio para los campesinos afectados, pues sus tierras se encuentran en la ribera del Río Mayo, lo que convierte a este valle en una zona codiciada por propios y extraños por su riqueza natural.
Los ejidatarios han seguido en pláticas con Reforma Agraria y ante el Gobierno del Estado, y la recomendación del Juez Octavo de Distrito al negarles la protección de la justicia federal el pasado 23 de febrero de este año fue de que se acercaran a negociar con la parte acusadora, es decir con los comuneros, mezclando un asunto agrario con una causa penal, dejando entrever que se está de lado de “La Comunidad Indígena de Tesia”.
Un dato que atiza aún más a este conflicto es la abierta confabulación de las autoridades judiciales con los comuneros, pues según Eduarda Ayala López, una de los tres indiciados, recuerda que en 2010 al momento de ser aprehendidos por la Policía Estatal Investigadora (PEI), el ministerio público adscrito a los juzgados, Sergio Francisco Alcántar Esquer, que conocía del caso, también los condicionó a dejar trabajar a los comuneros en el proyecto de invernadero y a cambio estos últimos retiraban los cargos en su contra a lo cual evidentemente no accedieron.
Corrupción en Sagarpa
La construcción del invernadero inició a principios de octubre de 2009 en terrenos propiedad del ejido Tesia a petición de “Dermalitos S. C., de R. L. de C. V., una de las cuatro sociedades formalizadas al interior de “La Comunidad Indígena de Tesia”, que discretamente logró bajar recursos y apoyos productivos de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) por un millón 300 mil pesos, al aprobársele a la agrupación una solicitud hecha ante la dependencia federal a mediados de septiembre del mismo año.
Aunque según el número de oficio 146 11 100/01 emitido el 21 de agosto de 2009 por la delegación Sonora de Sagarpa con sede en Navojoa, la dependencia federal desechó el mismo proyecto de invernadero con Folio 14915093 de la sociedad “Dermalitos” porque los comuneros no acreditaron la pertenencia del predio donde se instalaría la malla sombra. Además, en la misma carta se consignó que dicha iniciativa no se apoyaría hasta que el problema agrario estuviera resuelto. Sin embargo, inexplicablemente esta solicitud fue aprobada un mes después.
Luego de obtener el apoyo económico de esa secretaría de estado, los integrantes de esa comunidad iniciaron los trabajos en el predio “Chirahual” ubicado dentro del ejido Tesia, confiando y basándose únicamente en una sentencia resolutiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35 de fecha 13 de febrero de 2008, que les confirmó la propiedad de 5 mil 521 hectáreas pero que aún no se ejecuta, quedando como letra muerta. El problema para ellos estriba en que no cuentan con títulos que comprueben que esas tierras ya les pertenecen, pues ni siquiera se han iniciado los detalles técnicos para marcar el deslinde superficial de las mismas por parte del Tribunal Agrario que resolvió a su favor este litigio. Y por ello legalmente aún no pueden disponer de ellas.
Una prueba más de que la “Comunidad Indígena de Tesia” aún no es la propietaria de las 5 mil 521 hectáreas, lo representa la excitativa de justicia 22/2011-35 radicada por la agrupación el 14 de marzo de 2011 en el Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México, en contra de la actuación procesal del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, con sede en Ciudad Obregón, Sonora en relación al juicio agrario 638/2006 donde le exigen a dicha autoridad que se ejecute la sentencia de fecha 13 de febrero de 2008.
Dicha excitativa, que finalmente resultó infundada y no prosperó, de acuerdo a documentación oficial en manos del reportero, fue interpuesta poco más de un año después de que “La Comunidad Indígena de Tesia” acusara a los dirigentes del ejido Tesia de la comisión de daños intencionales en “su propiedad”, lo que demostraría una vez más la parcialidad de las autoridades judiciales que utilizaron e interpretaron la ley a su conveniencia para beneficiar a los comuneros.
Pero debe destacarse que las extrañezas iniciaron desde mucho antes. Empezaron desde que “La Comunidad Indígena de Tesia” bajo el número de expediente 638/06 demandó en julio de 2006 a la Secretaría de la Reforma Agraria y al ejido para que se ejecutara una Resolución Presidencial de 1936 y se le reconociera las propiedad de las 5 mil 521 hectáreas en disputa, y en apenas año y medio, es decir, en febrero de 2008, se logró una respuesta favorable por parte del mismo Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35 que despojaba así a los ejidatarios de sus tierras al menos en teoría. La experiencia establece que este tipo de juicios tarda decenas de años para concluirse satisfactoriamente a favor de las partes interesadas.
Pero además, como ya es sabido, las 5,521 hectáreas no solamente son defendidas sino también reclamadas por el mismo núcleo ejidal por tener la posesión desde antes de 1915, de acuerdo a una Resolución Presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación también en 1936 y a una acta de posesión virtual emitida por la Secretaría de la Reforma Agraria en 1937. A ello se le suma una acta de posesión y deslinde del año de 1945, un dictamen jurídico y un plano de proyecto; de todo lo anterior hay constancia en el Registro Agrario Nacional (RAN).
De hecho, una situación accidental que abona a la causa de los ejidatarios es que en 1962 el ayuntamiento de Navojoa cobró el Impuesto Predial al ejido por 780 hectáreas de riego y otra cantidad por las 5,521 hectáreas que mantiene en posesión desde hace casi un siglo, lo que demostraría que el caso debe revisarse a fondo hasta agotar todos los elementos a favor y en contra de ambas partes.
Las autoridades municipales
Desde antes que se comenzara a construir el proyecto de invernadero en el predio el “Chirahual” había indicios de que las autoridades municipales encabezadas por el ex alcalde José Abraham Mendívil apoyaban las acciones de los miembros de “La Comunidad Indígena de Tesia”, aunque ya se había confirmado que las estatales y federales también.
Una señal desapercibida para muchos, incluidos los ejidatarios, era el hecho de que en la política de comunicación social del ayuntamiento de Navojoa daban amplia cobertura en sus boletines redactados diariamente a las críticas de los comuneros en contra del ejido Tesia y la agrupación Antorcha Campesina, información que se encuentra registrada en su página oficial en Internet www.navojoa.gob.mx.
En las notas mencionadas, el citado presidente municipal alentaba a seguir adelante a los comuneros con el proyecto de invernadero a sabiendas de que estos sólo contaban con una resolución agraria sin ejecutar y que por tanto era prudente esperar a que culminaran las negociaciones correspondientes entre ambas partes.
El mensaje entre líneas del munícipe era generar entre la población un segmento o una corriente social sensible a “La Comunidad Indígena de Tesia” y a sus pretensiones de construir el multicitado invernadero en detrimento de los intereses de los ejidatarios de Tesia, con el pretexto de que bajo esta iniciativa se crearían más empleos para la zona.
El respaldo del edil fue tal que hasta recibió a una comitiva encabezada por Eusebio Valenzuela Poqui, para ofrecerle el apoyo de Seguridad Pública para que pudieran empezar a construir el invernadero, además de servir como enlace ante Sagarpa para bajar los recursos necesarios para concluir la malla sombra.
Pero, paradójicamente, fue el mismo jefe de la comuna navojoense, José Abraham Mendívil, quien apoyó monetariamente a los tres directivos del ejido Tesia cuando estos requirieron de pagar una fianza de 45 mil pesos a principios de 2010, cuando fueron acusados de destruir el invernadero del predio “El Chirahual”, lo que convierte a este caso en todo un rompecabezas, que dará mucho de qué hablar en los próximos días.
En tanto, los ejidatarios de Tesia se encuentran en vigilia permanente, en caso de que las tentaciones autoritarias de las autoridades judiciales empiecen a demoler con todo su poder a la estructura de mando de dicho núcleo ejidal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario