La lista de los no listos, para el Istai
Por Alejandro de la Torre.
El actual es un bochornoso y cruento
modelo de opacidad sonorense desde que tengo razón de que el gobierno debe
cristalizar sus números.
En 2006 me tomaron fotos por la
espalda sin avisarme cuando revisaba las cuentas del dinero público de Cajeme
con el ex alcalde Villanueva. Me metí hasta la cocina con la orden del Tribunal
Electoral y de Transparencia del Estado.
Ese alcalde boursista fue acusado de
poner 13 millones de pesos de los recursos cajemenses en la bolsa de valores de
la casa Scotianbank y los perdió. Mereció irse al bote y no le hicieron nada.
En el PAN lo recibieron y lo hicieron candidato a diputado en 2012,
afortunadamente perdió contra el priista Abel Murrieta.
Antes, en 2006 revisé las cuentas del
ex alcalde Jesús Félix Holguín, con una resolución del mismo Tribunal, para que
me mostraran los cuadernos contables y descubrí que el tesorero Raúl Rivera
Melis era proveedor de gasolina al mismo tiempo, facturando todo el consumo de
las patrullas de policía del ayuntamiento en sus estaciones de su propiedad.
Fueron más de 80 millones de pesos que facturó en dos años, cuando el litro de
gasolina costaba 7 pesos, porque luego renunció para registrarse en la planilla
de regidores del PAN, afortunadamente perdieron la elección. No le hicieron
nada.
También descubrí las cantidades
pagadas por Manuel Barro Borgaro, Rogelio Díaz Brown y Faustino Félix Chávez
para pagarles a unos 20 medios de comunicación que nunca hicieron una labor
periodística digna, sino chayotera.
Barro gastó en medios, 26 millones de
pesos, Díaz Brown 32 millones y Faustino Félix 30 millones de pesos cada uno de
los tres años de sus gestiones.
Barro tenía a su compadre director
del DIF como proveedor de Llantas (Llantimas) del ayuntamiento, les dio los
trabajos de remodelación de la laguna del Nainari a sus compadres, hizo una
bola de trácalas.
Díaz Brown fue el alcalde más
corrupto, la granja solar, el rastro, la venta de terrenos, los desfalcos en cultura
del Becker, gastó más de un millón de pesos en cada uno de sus informes de
gobierno, hasta prendedores de oro regaló, hacia viajes para asistir a fiestas
a costa del erario, hizo grandes desfalcos con el material de bacheo, y mucho
más. El mismo Becker era director de cultura y tenía a su familia facturando 80
mil pesos mensuales. Todo lo documenté con los recursos de transparencia. No
les hicieron nada.
La Contraloría fue letra muerta.
Con Faustino se vino una escalada
corrupta terrible. Al vender el servicio de recolección de basura a TEC MED se
demostró que pagó una cantidad de tres millones de pesos más cada año que lo
que costaba el servicio público prestado, aquí hubo mochada para darle ese
contrato a esa empresa privada. En Oomapasc tenía a su guarura de contratista
que le facturó cerca de 4 millones de pesos. Su medio de comunicación Tribuna
facturó 7 millones de pesos en los tres años, entregó convenios por más de 32
millones de pesos a medios de comunicación que le protegieron las espaldas. Iba
a los restaurantes La Viña o Los Arbolitos y en una sola sentada de más de 50
visitas a comer, gastaba 20 mil pesos a costa de los recursos municipales.
Gastó millones en hacer unos bebederos y unos baños públicos inexistentes. Nada
le hizo la contraloría, ni el Contencioso Administrativo. Todo lo tengo
documentado mediante recursos de transparencia pero de nada sirve, la autoridad
se hace pasguata.
He interpuesto más de 120 recursos de
Revisión desde ese año de 2006, he ganado la mayoría. Desde el inventario de
patrullas de seguridad pública municipal de Cajeme, que se ha destruido tres
veces, los carros de la recolección de basura que los desmantelaron, los casos
de nepotismo, gastos excesivos, los proveedores y contratistas de Oomapasc que
han desfalcado al organismo.
También interpuse más de 30 Recursos
de Revisión contra el gobierno del Estado de Pavlovich. Aquí hay un fulano
llamado Rafael Higuera que no tiene empacho en apuntarse en la lista del ISTAI,
que siempre evadió mis Recursos de Transparencia para obtener la información, y
los bloqueó. Fue encargado de transparencia del PRI Estatal y tuvo un sueldo
con Pavlovich de casi 70 mil pesos mensuales en la gubernatura y su esposa
también contaba con un puesto en el Congreso del Estado con un alto sueldo.
Con el gobierno del Estado tuve el peor resultado. No informa. Sobre todo nunca informó íntegramente los gastos de comunicación social. Tampoco entregó las licencias de alcoholes, las pensiones de los jubilados, las declaraciones patrimoniales, y los sueldos del séquito de la gubernatura. Todo lo protegió otro fulano llamado Andrés Miranda actual comisionado, que sin la mayor pena, quiere repetir otro periodo de 7 años como vocal del ISTAI, me desechó y sobreseyó una decena de Recursos de Revisión y no pude obtener la información pública estatal.
El sueldo de cada uno de los tres
comisionados del ISTAI es superior a los 100 mil pesos mensuales y tienen
viáticos de miles de pesos mensuales.
Por ese sueldo privilegiado también
compite la ex presidente del Instituto Estatal Electoral Guadalupe Taddei prima
de Jorge Taddei, que tampoco tiene la más mínima vergüencita, después de tener
un sueldo de 110 mil pesos mensuales, que fue retribuida también con más de dos
millones de pesos de indemnización al cumplirse su periodo de 7 años como
consejera electoral y que le dio buenas cuentas al actual gobernador Durazo que
manifestó al dejar el cargo, su satisfacción por su desempeño. El Instituto
Estatal Electoral también fue inquirido por incumplido por varios de mis
Recursos de Revisión ya que evadieron su obligación en algunas ocasiones
negando la entrega completa de la información.
De esta forma deberíamos revisar si
la lista de 44 apuntados para ser considerados por un Congreso bañado de
simulación guinda y de una izquierda trasnochada falsa, tienen trayectoria como
usuarios de la transparencia, como ideólogos del acceso a la información
pública, ¿si alguna vez hicieron una solicitud de información, si la dieron a
conocer, si acudieron a un Recurso de Revisión para mejorar su funcionamiento,
si asistieron y participaron en un curso de transparencia, hicieron alguna
propuesta o si conocieron la travesía? para darse cuenta que no se logra que la
supuesta transparencia sirva para combatir la corrupción y el desvío de
recursos públicos.
Porque si nunca alguno de ellos lo
hizo, y si no lo hicieron, no merecen ser parte de este concurso para
seleccionarlos, porque a lo que van es a mentir y a bloquear a la
transparencia, a vivir con este alto sueldo y a simular que son adalides de la
ley. Esto se debe demostrar. En la revisión histórica de las solicitudes de
información en el Estado de Sonora, y de la interposición de los Recursos de
Revisión, si no aparece ningún nombre de los 44 aspirantes, entonces este
proceso debería ser suspendido y abrir de nuevo la convocatoria, porque estas
gentes no tienen un perfil de recurrentes mucho menos de conocedores de la
materia, nos están mintiendo, y cuando el usuario vaya a recurrirlos lo van a
manipular y lo van a bloquear y esto es corrupción, es el viejo régimen de
nuevo.
El mecanismo que avaló el ex
dirigente de Morena, Jacob Mendoza y la comisión encargada de transparencia del
Congreso, con Fermín Trujillo y Diana Barreras, de sacar la convocatoria el 18
de noviembre sin darle amplia y debida difusión, y luego en 10 días dar a
conocer la lista de registrados sin mayor preámbulo nos dice que lo que
hicieron fue actuar con deslealtad y con opacidad en esta convocatoria para con
la Ciudadanía Sonorense. Eso es corrupción.
Este proceso debe suspenderse, sacar una
nueva Convocatoria, y cumplir con los principios y procedimientos para integrar
al Instituto Sonorense de Transparencia como un órgano autónomo creíble y que
no se hagan pendejos por siete años los nuevos tres comisionados sin poder
revocar su pésima función y cumplimiento legal.
Ya incluso el ISTAI sus actuales
comisionados en retirada habían cumplido hace, más de un año su encargo. Se les
venció su periodo y la ley sigue estando rota, y existe una violación a la
Constitución Política de Sonora y a la Ley 90 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado.
Esta es la cuarta transformación en materia de transparencia, vamos bien señor gobernador Durazo.
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