Respalda Alcalde de Cajeme resistencia civil de la Tribu Yaqui…
Inaugurará FCH obra ilegal: Díaz Brown
“Es un proyecto que ya tiene una orden de aprehensión, ya no pueden esconder lo que está pasando, el encargado del agua del Estado de Sonora está bajo amparo porque tiene una orden de aprehensión, sabemos que hay órdenes de aprehensión contra otros funcionarios que son parte del Consejo del Sistema Integral Sonora SÍ”, precisó el alcalde de Cajeme…
Inaugurará FCH obra ilegal: Díaz Brown
“Es un proyecto que ya tiene una orden de aprehensión, ya no pueden esconder lo que está pasando, el encargado del agua del Estado de Sonora está bajo amparo porque tiene una orden de aprehensión, sabemos que hay órdenes de aprehensión contra otros funcionarios que son parte del Consejo del Sistema Integral Sonora SÍ”, precisó el alcalde de Cajeme…
Por Alejandro Matty Ortega
Ciudad Obregón.- “No sé hacia dónde quieren dirigir este país, pero yo nunca me hubiera esperado ver a un Presidente levantando la bandera de una obra que es ilegal y que ya tiene órdenes de aprehensión en su contra”, espetó el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown.
“Es un proyecto que ya tiene una orden de aprehensión, ya no pueden esconder lo que está pasando, el encargado del agua del Estado de Sonora está bajo amparo porque tiene una orden de aprehensión, sabemos que hay órdenes de aprehensión contra otros funcionarios que son parte del Consejo del Sistema Integral Sonora SÍ”, precisó el alcalde de Cajeme.
Respecto al anuncio de integrantes de la Tribu Yaqui que realizarán un plantón en la obra hidráulica, expuso que “voy a estar con la etnia Yaqui, es una lucha justa he sido parte de esa lucha y como presidente sigo siendo parte de esa lucha, que es por la justicia, por ir en contra de la impunidad”, afirmó Díaz Brown ante los medios cajemenses.
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Luego de su reciente visita a la Ciudad de México donde sostuvo reunión con los 144 diputados federales del PAN y con la Conagua, el gobernador Guillermo Padrés amarró el próximo 12 de noviembre para que el presidente Felipe Calderón Hinojosa inaugure el Acueducto Independencia.
El pasado 14 de julio, el presidente Calderón afirmó que “claro que no será mi última visita, hay mucho por hacer todavía, mucha obra qué inaugurar aunque sea al tres por uno como ahora, no sólo son obras de infraestructura en carreteras donde hemos invertido más de 11 mil millones en este Estado, pero primero es el agua, el agua es vital para Sonora”.
“Llueva o por ducto, pero Hermosillo va a tener agua; yo espero darles la buena noticia a los hermosillenses que el problema del agua estará totalmente resuelto antes de que yo termine la Presidencia de la República… aquí voy a estar y vamos a festejar, la obra no está en riesgo por cambio de sexenio”, adelantó el presidente Felipe Calderón Hinojosa en esa oportunidad.
“Aquí voy a estar y vamos a festejar”, expresó antes de descartar que haya algún riesgo para la conclusión del acueducto Independencia con el cambio de la administración federal, porque se trata de un proyecto que está diseñado a largo plazo; no quedará inconcluso por ideologías políticas”, indicó.
El pasado 17 de mayo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) alertó sobre la gravedad de que el presidente Felipe Calderón avale una obra como el Acueducto Independencia en el Estado de Sonora
El CEMDA expone que ésta se ha construido de forma ilegal, violando incluso órdenes judiciales en las que se ha demandado suspender la construcción -incluso apercibiendo al gobernador Guillermo Padrés que de no actuar se procedería a utilizar la fuerza pública-, a pesar de lo cual se ha negado a acatar la Ley.
En un comunicado enviado a Dossier Político, el Centro expone una serie de presuntas irregularidades que ha cometido el Gobierno del Estado y más aún, el presidente Calderón en su reciente visita a Sonora donde supervisó las obras del proyecto hidráulico del Nuevo Sonora.
Expresa que adicionalmente, tanto el gobernador de Sonora como el presidente Felipe Calderón desinforman a la población en el caso de esta obra, puesto que el proyecto no es para dotar de agua para consumo humano a la ciudad de Hermosillo, como se afirma, puesto que el agua que se llevará debe antes ser potabilizada para cumplir con los estándares de consumo humano.
El informe detalla que al respecto, el Gobierno de Sonora rechazó llevar a cabo acciones inmediatas y más baratas como reparar la red de agua potable, la construcción de tratadoras de agua y llevar a cabo canje de agua con productores de la costa por los 80 millones de metros cúbicos que se recuperarían; la compra de 18 pozos en la Costa, o bien la construcción de una planta desaladora de agua.
El CEMDA critica que resulta paradójico que el proyecto del Acueducto Independencia, el cual quitará agua del Rio Yaqui que abastece a la comunidad indígena del mismo nombre, esté enmarcado en el programa Sonora SI, el cual tiene como objetivo precisamente resolver los problemas de acceso al agua del pueblo sonorense.
Cabe señalar, además, que el argumento del presidente de señalar que el fin supremo de esta obra es el consumo humano es falaz, toda vez que en la Cuenca del Río Sonora (donde se ubica la ciudad de Hermosillo) no se da prioridad al consumo humano como lo exige la Ley de Aguas Nacionales; sino que se gastan cientos de millones de metros cúbicos en la agricultura, la ganadería y la industria, manteniendo a la población con tandeos de agua.
Desde febrero de 2011, al participar en la consulta pública de este proyecto, el CEMDA señaló que la construcción de esta obra generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, así como afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, aunado al hecho de que la obra pone en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre, clasificada así por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ubicada en la Cuenca del Río Yaqui, así como la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseáchic.
A pesar de estos señalamientos y de las órdenes judiciales de detener la obra, la autoridad responsable, Fondo de Operación de Obras Sonora SI, decidió seguir adelante llevando a cabo el levantamiento topográfico, la mecánica de suelo, el proyecto ejecutivo del trazo por donde se colocará la tubería y otras actividades.
El Centro expresa que el 19 de agosto del 2010 la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas de la Sección de Riego 4-P-4 en Sonora, presentó una demanda de amparo en la cual se reclaman las violaciones a los derechos constitucionales por la construcción del Acueducto Independencia.
El 31 de agosto de ese mismo año la jueza octava de distrito en el estado de Sonora dictó la suspensión de los actos reclamados y el 5 de octubre dicha jueza notificó al gobernador Padrés Elías la suspensión de la licitación pública. Sin embargo, el gobierno estatal violó las suspensiones provisionales concedidas por la autoridad judicial y continuó con la obra.
El Centro describe que la violación de la suspensión provisional fue denunciada por la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas, formándose como consecuencia de ello un incidente de desacato.
En marzo del 2011 la juez resolvió que la autoridad responsable, en este caso el Fondo de Operación de Obras Sonora SI, efectivamente incumplió la suspensión de dejar insubsistente el fallo de la licitación y las consecuencias derivadas del mismo, resolución que fue confirmada el 14 de julio de 2011 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 17/2011.
“Ante la rebeldía de las autoridades, desde el 2 de septiembre de 2011 el Juez Octavo de Distrito requirió de nueva cuenta al superior jerárquico, pero en este caso apercibiéndole que de no dar cumplimiento se haría uso de la fuerza pública para detener la obra del Acueducto Independencia”.
Por otra parte, el pasado mes de marzo, el ejido Lázaro Cárdenas obtuvo la suspensión definitiva de las obras y de cualquier acto de autoridad que pueda dañar a los afectados por la construcción del Acueducto esto dentro del juicio de amparo en materia agraria 254/2012. Dentro de dicho juicio el Juzgado Octavo Distrito en el estado de Sonora, decretó “la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran en relación a la ejecución de los actos reclamados”.
El Centro establece que adicionalmente a las órdenes judiciales, la Auditoria Superior de la Federación ha señalado que el proceso de licitación ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la construcción del Acueducto Independencia no se ajustó a las formalidades de la ley y estuvo plagado de irregularidades.
Gustavo Alanís, director general del CEMDA, señaló que “es sumamente grave que a pesar de todas estas irregularidades, el presidente de la República, quien debería ser el principal comprometido con el cumplimiento de la Ley, se preste a avalar esta obra y las violaciones sistemáticas en que ha incurrido el gobernador Padrés”.
Asimismo, apuntó que “no se puede pretender llevar a cabo obras arguyendo que son para beneficio de la mayoría, pasando por encima de la ley y de los derechos fundamentales de las comunidades” y demandó tanto al gobernador como al presidente cumplir con la Constitución, respetando la autoridad e independencia del Poder Judicial, culmina el comunicado del CEMDA.
El juez Segundo de Distrito con sede en Hermosillo dictó orden de aprehensión contra de Enrique Martínez Preciado, director del Fondo de Obras Sonora SI, responsable de la Construcción del Acueducto Independencia, por el delito de desacato, delito ratificado por un Tribunal Colegiado.
El responsable de las obras hidráulicas acudió a la protección de la justicia federal a fin de obtener un amparo contra la orden de aprehensión la cual quedó radicada en el expediente 1342/2012 del Juzgado Primero de Distrito con sede en Hermosillo, por lo que se programó la Audiencia para definir si se otorga la Suspensión Definitiva.
El ex senador Javier Castelo Parada informó a Dossier Político que esta acción legal contra Martínez Preciado resulta irrelevante pues no se ejecuta contra los verdaderos responsables de desacato, “Martínez Preciado es un ´chivo expiatorio´, la procuración de justicia sigue siendo una acción selectiva”.
Aseveró que el desacato a las disposiciones legales de los Juzgados federales lo cometieron también funcionarios públicos como Héctor Ortiz Ciscomani, Roberto Romero López, Edmundo Briseño Valenzuela, Alejandro López Caballero y el mismo Guillermo Padrés.
“Martínez Preciado, una vez que se le suspenda el amparo, deberá comparecer ante el Juez Segundo de Distrito para que se le dicte el auto de formal prisión, el desacato del que se acusa a Martínez Preciado, fue incurrido también por cinco funcionarios o ex funcionarios del Gobierno de Sonora”, insistió el cajemense.
Reveló que la semana próxima Martínez Preciado podría ingresar al Centro de Readaptación Social una vez que el Juez Segundo de Distrito confirme la acción legal contra el director del Fondo de Obras Sonora SI.
El pasado 8 de octubre, Martínez Preciado aseguró que a pesar de que los opositores al Acueducto Independencia pretenden interponer un nuevo recurso luego de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno del Estado continuará la construcción de la obra porque el derecho lo asiste.
Explicó que el criterio utilizado por la Suprema Corte de Justicia en su resolutivo, proporciona herramientas legales a los constructores de la obra estatal para continuar con su trabajo, independientemente de los recursos que se interpongan en un futuro, por lo que reiteró que el 15 de noviembre iniciarán las primeras pruebas al funcionamiento del Acueducto.
“En la parte jurídica nos sentimos muy tranquilos, ellos tienen el derecho de seguir interponiendo nuevos amparos o recursos, pero en el Gobierno del Estado estamos tranquilos ya que la Suprema Corte en su resolución analizó todas las posturas de las partes involucradas en este asunto y determinó que no estamos haciendo absolutamente nada ilegal”, agregó tajante Martínez Preciado.
“Hasta donde tengo entendido, ya con este criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los señores pueden seguir presentando recursos pero no nos preocupa porque en el fondo sabemos que el derecho le asiste al Gobierno del Estado”, dijo ese día.
Como se recordará, la Controversia Constitucional 94/2012, presentada por el Municipio de San Ignacio Río Muerto sobre el impacto ambiental, fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación esencialmente porque son actos que no han ocurrido pues el Acueducto Independencia aún no entra en funcionamiento.
Lo anterior, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse esta resolución si ocurre un hecho superviniente que lo fundamente, su funcionamiento sí podría ser suspendido si se acredita con elementos suficientes un desabasto de agua que afecte al Municipio actor (SIRM).
“Si en la Sentencia de Fondo se declarara la invalidez de los actos impugnados, es claro que la operación del acueducto en general sí podría ser, en su caso, objeto de interrupción o cancelación, por lo que no puede afirmarse que la negativa de la suspensión tendrá como consecuencia que quede sin materia la Controversia Constitucional”, advierte.
El documento, refiere que “pues en la especie eso no ha ocurrido ni existe prueba que así lo pueda demostrar dado que aún no está en funcionamiento el acueducto y tales afirmaciones con los efectos que pretenden sólo pueden ocurrir una vez probados los efectos de la operación del trasvase de agua”.
En cambio, por lo que hace a la afectación que podría causarse a la sociedad con el otorgamiento de la medida cautelar, se advierte que la construcción y operación del Acueducto Independencia constituye una obra de beneficio colectivo o interés general, que pretende garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
“De manera que de concederse la medida cautelar para interrumpir los trabajos de construcción y operación, se podría afectar a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que podría obtener el Municipio actor con dicha medida, dada la finalidad de la obra de suministrar agua potable”, refiere.
Además, aducen los ministros en el resolutivo, la posible afectación al interés social deriva, no sólo del objeto o finalidad de la obra de abastecer o suministrar agua a la ciudad, sino también por la afectación a los recursos públicos destinados para su ejecución con motivo del incremento de los costos.
“O de las penalizaciones que puedan derivar del incumplimiento de los plazos programados y de las obligaciones contenidas en el contrato de la obra pública celebrado entre el organismo denominado ´Fondo de Operación de Obras Sonora SÍ´ con las respectivas empresas constructoras, en caso de suspenderse dicha obra”, precisan los magistrados.
De la misma forma, estiman que los trabajos de construcción y operación no afectan al Municipio ni existe el riesgo de desabasto de agua en la localidad, por lo tanto no existen riesgos para los habitantes ni la posibilidad de impacto ambiental o desequilibrio ecológico.
“Una vez que dé inicio la operación del acueducto, y no así de los trabajos de construcción, de modo que si en la Sentencia de Fondo se declarara la invalidez de los actos impugnados, es claro que la operación del acueducto en general sí podría ser, en su caso, objeto de interrupción o cancelación, por lo que no puede afirmarse que la negativa de la suspensión tendrá como consecuencia que quede sin materia la Controversia Constitucional”, indica.
Por lo tanto, estos planteamientos se vinculan con el estudio de fondo y la medida cautelar rige provisionalmente sobre la situación actual que producen los actos impugnados, sin prejuzgar respecto de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, dado que será la Sentencia Definitiva la que, en su caso, determine la situación que deba prevalecer respecto del derecho que pueda corresponderle a la parte actora.
Como es de su conocimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó otorgar a los opositores la Acción de Suspensión de la controversia 94/2012 después de analizar por más de tres semanas el estatus que guarda la construcción del Acueducto Independencia, por lo que la obra hidráulica va para adelante hasta su conclusión por ser un hecho consumado y por no afectar a terceros.
De acuerdo a Carlos Espinoza Guerrero, responsable del área Jurídica del Gobierno estatal, la SCJN dijo “agua para todos los sonorenses”, además que todos los actos son consumados y no se ha causado daño territorial a los demandantes como el municipio de San Ignacio Río Muerto como de Cajeme, ya que pertenece a la circunscripción de Hermosillo.
Este viernes la SCJN definió el curso legal de la construcción de la obra después de 3 semanas del análisis de la Controversia Constitucional 24/2012 presentada el pasado 11 de septiembre por las autoridades municipales de San Ignacio Río Muerto contra la obra hidráulica.
En conferencia de prensa, el Gobierno del Estado confirmó el fallo de los magistrados a favor de la obra sexenal del gobernador Guillermo Padrés Elías que busca, además de proveer de agua a Hermosillo, la solución integral al problema de desabasto a varios municipios de Sonora.
Desde Alburquerque, Nuevo México, vía satelital, el gobernador Guillermo Padrés festejó el resultado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “deja en claro la correcta distribución del agua, dice sí al Sonora SI, sí al agua para todos los sonorenses”.
La semana pasada, el juez Segundo de Distrito con sede en Hermosillo dictó orden de aprehensión contra de Enrique Martínez Preciado, director del Fondo de Obras Sonora SI, responsable de la Construcción del Acueducto Independencia, por el delito de desacato, delito ratificado por un Tribunal Colegiado.
El responsable de las obras hidráulicas acudió a la protección de la justicia federal a fin de obtener un amparo contra la orden de aprehensión la cual quedó radicada en el expediente 1342/2012 del Juzgado Primero de Distrito con sede en Hermosillo, por lo que se programó la Audiencia para definir si se otorga la Suspensión Definitiva.
El ex senador Javier Castelo Parada informó que esta acción legal contra Martínez Preciado resulta irrelevante pues no se ejecuta contra los verdaderos responsables de desacato, “Martínez Preciado es un ´chivo expiatorio´, la procuración de justicia sigue siendo una acción selectiva”.
Aseveró que el desacato a las disposiciones legales de los Juzgados federales lo cometieron también funcionarios públicos como Héctor Ortiz Ciscomani, Roberto Romero López, Edmundo Briseño Valenzuela, Alejandro López Caballero y el mismo Guillermo Padrés.
“Martínez Preciado, una vez que se le suspenda el amparo, deberá comparecer ante el Juez Segundo de Distrito para que se le dicte el auto de formal prisión, el desacato del que se acusa a Martínez Preciado, fue incurrido también por cinco funcionarios o ex funcionarios del Gobierno de Sonora”, insistió el cajemense.
Reveló que la semana próxima Martínez Preciado podría ingresar al Centro de Readaptación Social una vez que el Juez Segundo de Distrito confirme la acción legal contra el director del Fondo de Obras Sonora SI.
Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión del Agua, Luis Ernesto Robinson Bours, dijo que no está de acuerdo en que se nombre una Comisión Especial como lo propone el diputado Abel Murrieta, consideró que la comisión recientemente conformada puede hacer el trabajo de análisis que requiere la bancada del PRI sobre el proyecto Independencia.
El legislador panista, después de reconocer que hace falta información, agregó que solicitará a los conocedores del proyecto y autoridades especializadas para que informen a la comisión de las dudas que los legisladores tengan sobre la obra hidráulica del Gobierno del Estado.
El gobernador Guillermo Padrés Elías ha manifestado en reiteradas ocasiones que existe transparencia en el manejo de los recursos públicos aplicados en las obras del programa Sonora Sistema Integral, como el Acueducto Independencia; sin embargo, los diputados sonorenses ahora aceptan que jamás han tenido acceso a dicha información, según se desprende de la pasada sesión en el Congreso del Estado.
Apenas el lunes, el gobernador Padrés sostuvo una reunión con investigadores especialistas en el tema del agua, en una mesa de trabajo llevada a cabo en la Casa de Gobierno, donde participaron Nicolás Pineda, Álvaro Bracamonte, Víctor Corral Verdugo, Miguel Rangel Medina, Jaime Garatuza Payán y Martín Córdova Navarro donde dijo lo siguiente:
“El planteamiento que siempre ha tenido el Sonora SI para nuestros amigos de Cajeme es que ellos tuvieran la oportunidad de sacar la tajada más grande y no lo he logrado, pero voy a seguir insistiendo…
Es una obra para todo el Estado y así lo estamos haciendo.
Genera ingresos muy importantes para el Gobierno del Estado, nos puede dar alrededor de tres o cuatro mil millones de pesos a los sonorenses y ese recurso hay que invertirlo en todas las ciudades, en todos los municipios de Sonora. Va a haber un impacto real.
Se analizaron las nuevas fuentes y la CNA determinó que no había manera de poder otorgar más concesiones para extraer más agua a la cuenca, la desalinizadora, en el mejor de los escenarios, nos traía entre 19 y 20 pesos el metro cúbico de agua a Hermosillo, además de que nos costaba más poderla construir y el costo para la gente iba a ser más pesado.
Con la Presidencia de la República, la Conagua, los expertos de la Federación y su servidor se decidió que el acueducto Independencia era la mejor opción para poderle entrar, tenemos que empezar a analizar otras fuentes, por eso estamos haciendo la planta desalinizadora y decidimos hacerla en San Carlos porque ahí se paga 20 pesos el metro cúbico... Podemos empezar a utilizarla y aprender a usarla.
Ahorita la planta desalinizadora está en su fase de aprobación para que sea apoyada por el Fondo Nacional de Infraestructura, es una planta que nos va a costar 500 millones de pesos y eso le va a quitar carga al Yaqui”, dijo el mandatario en esa oportunidad.
El próximo lunes, en un acto simbólico, el presidente Felipe Calderón cumplirá con su promesa de inaugurar la magna obra que adeuda más de mil 500 millones de pesos a los proveedores, incumplimiento que ha llevado a la quiebra a decenas de pequeñas empresas prestadoras de servicios y por ende, enviado a centenares de familias a engrosar las filas del desempleo en Sonora aún con los vítores del “¡Vamos bien, vamos muy bien!”.
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