RESPONSABILIDADES DEL EXSECRETARIO DEL TRABAJO, PANCHO VÁZQUEZ EN CASO WALDOS.
POR JOSÉ LUIS JARA./ DIALOGOS URGENTES
A raíz de que la Fiscalía General del
Estado de Sonora informó sobre sus pesquisas sobre la tragedia ocurrida en la
tienda Waldos en Hermosillo, nos dimos a la tarea de indagar y documentar los
hechos. Hemos revisado el marco jurídico del Sistema de Protección Civil de la
entidad, normas oficiales y una que otra jurisprudencia establecida por la
Suprema Corte de Justicia para lograr el objetivo: documentar los hechos, sin
importar que esta tarea nos está llevando a señalar a algunos funcionarios de
primer nivel que presumiblemente tienen alguna responsabilidad en el caso.
Hasta el momento, la Fiscalía ha
enfocado sus indagatorias contra algunos funcionarios menores, y ha estado
obviando la responsabilidad estructural del estado, como si quisiera barrer las
escaleras de abajo hacia arriba.
Y como lo recomendó en alguna ocasión
el expresidente Andrés Manuel López Obrador, actuamos en consecuencia para
sugerir que la omisión o presunta corrupción, deben barrerse como a las
escaleras: de arriba hacia abajo, aunque les duela a funcionarios de primer
orden y vociferen sus seguidores y nos acusen de que este trabajo tiene
objetivos políticos-electorales.
Vamos arriba, pues.
Partimos de que la tragedia ocurrida
en Waldos en Hermosillo no fue un accidente inevitable, sino que fue resultado
de una cadena de negligencias institucionales. Muchas de ellas perfectamente
previsibles y legalmente evitables.
Porque hoy las víctimas y sus
familias siguen esperando justicia, al parecer la fiscalía y las autoridades en
general, están apostando al desgaste, al olvido. Sin embargo, lo que debemos
tomar en cuenta es que la ley no prescribe la responsabilidad moral ni la
obligación de reparar el daño.
Un secretario que no ha llegado
Francisco Vázquez Valencia es el
secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de Sonora. Como encargado
de esta oficina tenía una obligación que no debe evitar, aunque ya pasó la
tragedia: Su obligación era prevenirla.
¿Por qué decimos esto? Porque la
función de la Secretaría de Trabajo no es la de reaccionar cuando ya se
perdieron vidas en un centro laboral. Su obligación era y es inspeccionar,
vigilar, corregir y, de ser necesario, suspender centros de trabajo que operan
en condiciones irregulares, como ocurrió en la tienda Waldos.
Si este comercio, como centro
laboral, funcionaba sin medidas claras y suficientes de seguridad, rutas de
evacuación efectivas o protocolos adecuados, la pregunta es inevitablemente
necesaria: ¿Dónde estaba
Si Waldo’s funcionaba sin medidas
suficientes de seguridad, rutas de evacuación efectivas o protocolos adecuados,
la pregunta es inevitable: ¿Dónde estaba la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social?
En un estado de derecho, dónde
existen sistemas jerárquicos de mando, las omisiones no son abstractas, ni se
esconden en funcionarios menores. Los encargados de estas dependencias tienen
nombre y apellido. Y en este caso, el nombre y apellido es Francisco Vázquez
Valencia, también ex secreatario particular del gobernador Durazo.
En Waldos hay trabajadores muertos y
derechos laborales pisoteados
Partimos de que la tragedia en la tienda
Waldos no fue un accidente. Por tanto, los empleados de este negocio tampoco
murieron por accidente. Concretamente, murieron en un riesgo de trabajo, una
figura plenamente reconocida por la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido,
la ley no es ambigua ni flexible: obliga a indemnizar de inmediato. Es decir,
las víctimas sobrevivientes y familiares no tienen por qué esperar a que
termine el juicio para que sean indemnizados conforme a derecho.
Vamos a hacer un ejercicio sobre
cuánto debería ser el monto de la indemnización partiendo de la base en el
salario mínimo vigente en Sonora, 419.88 pesos diarios. La indemnización mínima
para cada trabajador fallecido asciende a más de 2.1 millones de pesos,
incluyendo gastos funerarios. Esta cifra es el resultado de multiplicar el
salario mínimo diario (419.88 pesos) multiplicado por lo fija la Ley Federal
del Trabajo en casos de muerte por riesgos de trabajo: 5 mil días de salario,
más25 mil 193 pesos para gastos funerarios.
Este derecho no es negociable, ni debe
depender de peritajes penales ni discursos políticos, de tal serte que, si
estos pagos no se han realizado, no debe considerarse como un retraso
administrativo porque, realmente, es una violación directa a derechos
laborales. Y en este renglón, la Secretaría de Trabajo de Sonora tiene una
responsabilidad enorme para que se haga efectiva.
Pero también existen otras víctimas
Esas víctimas fueron clientes,
familias y personas que se encontraban en el lugar. Ellos también tienen
derecho a indemnizaciones plenas por daño material, daño moral y lucro cesante.
Son derechos inalienables que no se
deben reducir a “apoyos” o “programas especiales”, porque tratar de esta manera
a estas víctimas es minimizar la tragedia y permitirle a la empresa la evasión
de sus responsabilidades.
En todo caso, cuando un
establecimiento opera con permisos, inspecciones y tolerancia del estado,
entonces esos apoyos o programas especiales se consideran como una respuesta
solidaria
La atención médica y sicológica no
debe ser una simulación
Por la gravedad de la tragedia es
lógico entender que los sobrevivientes enfrentan secuelas físicas permanentes y
traumas profundos. Sus familias viven duelos violentos e inesperados. Por
tanto, la atención médica y sicológica no puede ni debe ser temporal ni
condicionada.
Si se niega o se recorta esta
obligación legal se comete la responsabilidad de prolongar el daño y convertir
al Estado, en este caso, la secretaria de Trabajo, en agresor secundario.
Las indemnizaciones se deben pagar ya
Cuando se opta por esperar a que
concluyan las investigaciones penales para indemnizar a las víctimas se
convierte en una coartada burocrática, porque lo que establece la ley es tan
clara como el agua potable: la reparación del daño es inmediata. Y cada día que
pasa sin pago es una decisión política, no legal, con la intención de
administrar el dolor y apostar al olvido. Ya tuvimos la experiencia de la
tragedia en la guardería ABC y todavía hay expedientes abiertos.
Fiscalía de Sonora: o justicia
integral o encubrimiento
En cuanto a la responsabilidad de la
Fiscalía General de Justicia del Estado se considera que no debe limitarse a
detenciones parciales ni a responsables menores.
Por ello, el titular de la fiscalía
estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, debe ser claro ante los familiares de las
víctimas y la sociedad en general sobre cuántas víctimas eran trabajadores.
Debe investigar las omisiones de la Secretaría de Trabajo y Protección Civil,
enfocar sus indagatorias por la reparación del daño como eje central del
proceso penal y, en especial, cero impunidades institucionales.
Debemos tener claridad. En Waldos
murieron personas porque el Estado no hizo su trabajo. Y mientras no se paguen
indemnizaciones completas, no se garantice la atención integral y no se asuman
responsabilidades políticas, la tragedia seguirá ocurriendo todos los días.
La historia no absolverá a quienes
pudieron prevenir y no lo hicieron.
Y los nombres se están poniendo sobre la mesa.
