Los juzgadores que aceptan a una votación del vulgo no merecen ser jueces
La elección judicial,
una farsa
Por Humberto Castro | 29/04/2025
A partir del primer día de este mes
de abril se desató la ola de campañas de todo tipo de los aspirantes a los
cargos del Poder Judicial y el bombardeo en los medios de comunicación sobre
los anuncios del Instituto Nacional Electoral (INE) llamando a los ciudadanos a
votar el 1° de junio. Ante el hecho consumado de esta nueva elección, los
trabajadores del país debemos reflexionar acerca del fondo de esta elección y
de algunos hechos que, en torno a ella, se han suscitado.
Desde la propuesta de una reforma al
Poder Judicial por el anterior inquilino de Palacio Nacional, el 5 de febrero
de 2024, surgieron muchas dudas sobre el verdadero propósito de los cambios, su
autor destacó que la reforma se proponía acabar con la corrupción, el nepotismo
y los abusos que han existido en dicho Poder. En contrapartida, muchos
calificaron esta acción como una ocurrencia, un capricho, un berrinche y hasta
una venganza del expresidente contra quienes representaban esa parte del Estado
que no se sometió a sus decisiones, entre otros, la ministra Norma Lucía Piña
Hernández, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No
es tampoco la causa de la elección judicial, como nos la quiere vender ahora la
Presidenta en turno para adornar su mamotreto, un acto profundamente
democrático porque la 4T es democrática y quiere hacer de México el país más
democrático del mundo.
Considero que la verdadera causa, la
de mayor fuerza, fue la de apoderarse de todo el Poder Judicial, la aspiración
de controlar el poder del Estado desde la presidencia de manera absoluta, para
que su corriente política permanezca en el poder durante muchos años sin
contratiempos. Al mismo tiempo, el propio autor de la reforma podría dormir
tranquilo sin el temor de que un poder no controlado por él pudiera fincarle
responsabilidades por todas las tropelías que cometió durante su gobierno,
especialmente, las violaciones a la Constitución, el exceso de muertos por la
mala atención de la pandemia del COVID-19, la bancarrota del sistema de salud
en general, y por sus oscuras relaciones con el crimen organizado que tantas
desapariciones, muertes y extorsiones ha provocado en todo el país.
Es cierto que en el sistema anterior
de nombramientos de la SCJN el propio presidente de la República en funciones
designaba ternas y se las proponía al Senado para nombrar a los nuevos
ministros, pero también lo es que, de acuerdo a la Constitución, no se podían
hacer en un solo momento, sino de manera escalonada, de tal manera que el
anterior mandatario solo podía nombrar algunos y el siguiente mandatario otros
y cada ministro debía durar 15 años en el cargo. Con ese sistema López Obrador
o quien lo sustituyera no iban a lograr mayoría fácilmente en la Corte. Mucho
menos si a eso agregamos que, a decir del mismo expresidente, dos de los
ministros que él nombró “lo traicionaron”, Juan Luis González Alcántara y
Margarita Ríos Farjat, él quería sumisión absoluta de sus propuestos y estos
cometieron el “error” de actuar conforme se los dicta la Constitución. Tampoco
a la ministra Norma Piña la podía relevar a su gusto porque el Presidente de la
SCJN, de acuerdo a la reglamentación anterior, tenía que ser nombrado por
mayoría de los ministros de la Corte y debía durar 4 años con ese nombramiento,
ella fue nombrada el 2 de enero de 2023.
Al expresidente le urgía un cambio
total del Poder Judicial para evitar un juicio como el que padeció Lula da
Silva en Brasil que lo mantuvieron 580 días preso por supuestas violaciones a
la Constitución, corrupción y otros delitos cometidos, y vaya que en México los
hubo. López Obrador requería lo más pronto posible, jueces, magistrados y
ministros “a modo” y qué mejor si son simpatizantes del mismo partido en el
poder. Lula pudo demostrar su inocencia, no lo iba a poder hacer López
Obrador.
Quitar directamente a los integrantes
de la SCJN se hubiera tomado como un acto arbitrario y dictatorial por buena
parte de los mexicanos, por tanto, era necesario para la 4T disfrazar esa
acción con el ropaje de la participación ciudadana, aunque esta fuera solo para
taparle el ojo al macho. Pero era necesario hacerlo rápido, para que los
jueces, magistrados y la Corte no tuvieran oportunidad de fincarle ningún
juicio al expresidente, de ahí que al entrar en funciones la nueva legislatura
el tema más importante de aprobar fue la reforma judicial, si para conseguirlo
era necesario comprar, sobornar o someter por la fuerza a algunos diputados o senadores
había que hacerlo hasta alcanzar las dos terceras partes en las dos Cámaras y
así modificar la Constitución. Al respecto, fuimos testigos de la denigrante
actuación chantajista y opresora de los líderes del poder legislativo, tanto de
Adán Augusto López como de Ricardo Monreal, y del ignominioso sometimiento de
senadores, hasta de la oposición, Daniel Barreda del partido Movimiento
Ciudadano y los inescrupulosos Yunes Linares y Yunes Márquez, quienes se
doblaron para que Morena consiguiera las dos terceras partes de votos y lograra
la aprobación de la reforma de marras.
El expresidente, sus asesores y los
principales capitostes del morenismo saben que basta controlar algunos niveles
del Poder Judicial para que no pase ningún juicio que pudiera perjudicarlos a
ellos o a sus allegados, por ejemplo, tener al Presidente y mayoría de los
integrantes de la SCJN, o tener el control del organismo encargado de sancionar
a jueces, magistrados o ministros que es el Tribunal de Disciplina Judicial, y
qué mejor si en la selección de los aspirantes a los diferentes cargos se puede
ingresar a puro morenista e impedir que pase algún adversario o
disidente.
La impartición de justicia pronta y
expedita para los ciudadanos, esa no importa, lo que importa es el control de
“la cabeza” y, de ser posible, de todos los niveles del Poder Judicial y
mientras más ignorantes resulten los candidatos, mejor, porque pueden ser más
manipulables por las principales esferas de ese Poder. Por eso el expresidente
llegó a plantear que hasta recién egresados de las escuelas de derecho podían
ser mejores juzgadores, “no importa quien quede, con tal de que sepa obedecer”.
No importa su preparación, no importa que no tuvieran experiencia o que nunca
hubieran cursado la carrera judicial que, desde hace años, era un requisito
para ser juzgador.
El panorama de una elección a modo o
de una elección simulada se completa con otros datos importantes.
Primero, es la gran cantidad de
cargos que estarán en disputa y la enorme cantidad de candidatos que aparecerán
en las boletas, los cuales el elector prácticamente desconoce en su trayectoria
y estudios, para seleccionar a los más preparados que garanticen una
impartición de justicia apegada al Estado de Derecho de nuestro país. Se
elegirán nueve cargos de ministros para la SCJN, dos magistrados para la Sala
Superior, 15 para las Salas Regionales del Tribunal Electoral, cinco
magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de
Circuito, 386 Jueces de Distrito y 1,787 jueces locales en 19 entidades
federativas. Las boletas que recibirá el elector con decenas de candidatos son
por lo menos seis para los cargos federales más las que correspondan a la
elección local. Una elección para desanimar a cualquiera.
Segundo, es la petición presupuestaria
del INE para realizar la elección. El diario Animal Político destacó
el 12 de diciembre de 2024, después de la aprobación del PEF 2025, “El INE
tendrá solo 5 mil millones para llevar a cabo la elección judicial cuando su
solicitud presupuestal fue de más de 13 mil millones de pesos”; y tan tajante
recorte trajo consecuencias, el diario El Heraldo del 17 de marzo de
2025 señaló: el INE solicitó una ampliación del presupuesto pero Haciendo solo
le autorizó una parte mínima “lo que derivó a que el INE tomara diversas
medidas como la de instalar 84 mil casillas de las más de 170 mil casillas que
se instalaron en la elección de 2024”. Es decir, que, desde el Poder
Legislativo y el Ejecutivo al no aprobar los recursos suficientes para hacer
una elección completa, no le dieron la misma importancia a esta elección que a
la elección federal del año pasado, si cabe, visto en dinero le dieron menos
del 50 % de importancia. Por su parte, el INE se fue por la fácil, simplemente
recortó el 50 % de las posibilidades de sufragio de los posibles
votantes.
Tercero, que ya con los dos
anteriores la elección venía muy mermada, se refiere a la cantidad de boletas
que recibirá cada elector que son seis para los cargos federales más los que
correspondan a los cargos locales y al tiempo que cada elector tardará para
realizar la votación personal. En la Ciudad de México en donde el votante
recibirá 9 boletas (seis para cargos federales y tres locales) “Tomando en
cuenta las estimaciones realizadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM), así como por el INE, una persona que reciba nueve boletas para
la elección del Poder Judicial (PJ) el próximo 1° de junio de 2025, podrá
demorar casi 14 minutos dentro de la mampara…” (Infobae, 19 de marzo de
2025).
Supongamos que la elección dura 10
horas, de ocho de la mañana a seis de la tarde, son en total 600 minutos sin
detenerse y si los dividimos entre 14 minutos que tarda cada votante nos arroja
una cantidad de 43 votantes por casilla. Al continuar con la operación, si
multiplicamos 43 votantes por el total de casillas a nivel nacional que son
84,202, nos arroja un total de 3 millones 620, 686 sufragios. Esta es una
cantidad ridícula comparada con el padrón nacional que ronda en los casi 100
millones de mexicanos con derecho a votar.
Y cuarto, para no hacer más largo
este artículo, resulta que los votos no se van a contar en cada casilla, sino
que las urnas se llevarán a los Consejos Distritales, los cuales podrán
publicar sus resultados del 1° al 10 de junio y en los Consejos Locales de cada
entidad se conocerán el 12 de junio para que la sumatoria total la dé a conocer
el Consejo General del INE el 15 de junio. ¿Por qué no se contarán los votos en
cada casilla? El lector ya se imaginará la respuesta.
En suma, la razón más profunda de la
elección que señalamos al principio, estos cuatro datos, y otros más que no
enumeramos por obvio de espacio, nos dan una idea de una elección simulada, una
elección fraudulenta, una farsa, organizada solo para cubrir de democracia las
descubiertas posaderas de un gobierno dictatorial que manipula las leyes para
acomodarlas al interés mezquino de eternizarse en el poder y de proteger a sus
incondicionales contra cualquier verdadero acto de justicia en su contra. Al
tiempo.
