El poder judicial en Sonora a la picota

El poder judicial en Sonora es un aparato corrupto con jueces déspotas que pisotean el derecho

Por Alejandro de la Torre.

El poder judicial en Sonora representado por una centena de jueces, quince magistrados y siete integrantes del Supremo Tribunal es un armatroste alejado del servicio de justicia a la gente del pueblo, a la clase media y en muchas ocasiones cuando los poderosos se enfrentan entre sí, tienen que bandearse a pesar del riesgo de la venganza.

El poder judicial es el talón de Aquiles del gobierno que se dice de la transformación, no ha cambiado nada, no hay variación ni amplitud del ejercicio de la impartición de justicia. A pesar de que Rafael Acuña Griego un viejo empleado judicial, fue designado por Alfonso Durazo Montaño, por andar en la campaña electoral y estar a los pies de Lopez Obrador. El morenista no ha cambiado nada, incluso ha confirmado un aparato anquilosado e ineficiente, que pretende gastar 80 millones de pesos del dinero de los sonorenses, en un edificio para los encumbrados siete magistrados supremos y apartarlos de la ralea judicial en que hoy comparten sus aposentos a un costado del Congreso del Estado. Un dinero que debe ser primordialmente para impulsar la moralización, la profesionalización, la tecnología, y principalmente abrir la atención de la justicia, a la gente del pueblo y a la clase media que no acude a reclamar justicia, porque sabe que es una utopía y solo es un recoveco profundamente enredoso y discrecional.

Nadie acude a que un juez resuelva sus problemas porque sabe que es costoso, engorroso, autoritario y majadero. Que los jueces son unos empleados publicos protegidos por la politica, por las relaciones políticas del poder en el ejecutivo y el legislativo, ya que los diputados y el gobernador son los que designan y autorizan a las nuevas plantillas de funcionarios, sean Tribunales de segunda instancia y del supremo tribunal.

Los abogados, los despachos, las barras de abogados, las asociaciones de abogados, los colegios de abogados, de notarios, etc. Se adaptan a la corrupcion, porque no es un asunto juridico el desempeño de juzgadores y tribunales, es un asunto de poder politico.

Asi los jueces de los distritos judiciales y los magistrados regionales, asi como los 7 magistrados supremos, han sido designados por los grupos internos de la estructura del poder judicial, que al mismo tiempo han sido tradicionalmente designados por los grupos de poder politico priista y panista.

Es el caso de dos jueces penales, uno de Huatabampo, Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán ex diputado y alcalde, perteneciente a las filas del PRI y otro de Ciudad Obregón, Mario César Soto Acuña surgido de una designación hecha por panistas como Sebastián Sotomayor y Héctor Manuel Espino, en 2018.

Los dos han pisoteado el caso bochornoso de no poder hacer justicia ante un delito ocasionado por la propiedad de un pequeño predio agrícola que se han burlado del procedimiento y de la aplicación de la ley.

Si no pueden resolver un caso de justicia tan sencillo, ¿qué se puede esperar de otros casos con mayor detalle y más complicados en las conductas típicas punibles de delitos que perjudican derechos?, o que se puede esperar de delitos como el homicidio, el secuestro o la violación, pues no se puede esperar nada aceptable. Actúan con una soberbia y un disimulo increible, propio de repúblicas atrasadas sin estado de derecho.