Ruffo como chivo expiatorio del tráfico de diesel-huachicol.
El primer gobernador de oposición de la era moderna mexicana enfrenta
uno de los capítulos más difíciles de su vida. Entre acusaciones graves,
amparos y la disputa por la prisión domiciliaria, su caso plantea una pregunta
que trasciende al personaje: ¿cómo debe juzgar una democracia a quienes
ayudaron a construirla?
Hay fotografías que con el paso de los años dejan de pertenecer
solamente a sus protagonistas y terminan formando parte de la historia de un
país.
Una de ellas podría ser la de Ernesto Ruffo Appel celebrando su triunfo electoral en Baja California en 1989. México era entonces un país muy diferente.
El PRI había gobernado todas las entidades federativas durante décadas y la posibilidad de que un partido de oposición conquistara una gubernatura parecía todavía extraordinaria. Hasta que ocurrió.
El 2 de julio de 1989, Ernesto Ruffo Appel, candidato del Partido Acción Nacional, ganó la gubernatura de Baja California, no fue simplemente una victoria del PAN, fue un acontecimiento que ayudó a modificar la historia electoral mexicana.
Por primera vez en la época moderna, el poder político reconocía el
triunfo de un candidato opositor en una gubernatura. Ruffo se convirtió así en
el primer gobernador emanado del PAN y en una de las figuras simbólicas de un
proceso de alternancia que, once años después, alcanzaría la Presidencia de la
República.
Treinta y siete años más tarde, aquella imagen inevitablemente contrasta
con otra muy distinta:
Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, recluido en el penal federal de máxima
seguridad de El Altiplano, enfrentando acusaciones por delitos relacionados con
delincuencia organizada, contrabando y operaciones con hidrocarburos.
La distancia entre aquellas dos imágenes resulta enormem pero precisamente por eso este caso merece algo más que un titular espectacular, merece contexto, ymerece prudencia.
Las acusaciones son graves
La Fiscalía General de la República atribuye a Ruffo y a otros imputados
participación en una presunta organización dedicada a introducir ilegalmente
combustibles a México.
De acuerdo con información conocida del expediente, la investigación
sostiene que mediante una estructura en la que habrían participado once
compañías se introdujeron al país aproximadamente 18.2 millones de litros de
petrolíferos transportados en 163 carrotanques.
Una de las empresas involucradas es Ingemar, compañía con la que Ruffo ha tenido relación empresarial, el exgobernador fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso.
Las acusaciones son indudablemente graves, pero hay una distinción fundamental que cualquier información responsable debe conservar: Ernesto Ruffo está acusado y vinculado a proceso. No ha sido condenado.
Corresponderá al Ministerio Público demostrar sus acusaciones y a la defensa combatirlas. Finalmente será un tribunal, no los medios de comunicación ni las simpatías políticas, quien deberá resolver, la prisión domiciliaria
Durante las últimas horas se ha producido cierta confusión informativa
alrededor de la situación jurídica del exgobernador.
Una jueza federal concedió una suspensión definitiva relacionada con la
negativa anterior de permitir que Ruffo cumpliera la prisión preventiva en su
domicilio.
Algunas informaciones interpretaron inicialmente esa resolución como una autorización inmediata para abandonar El Altiplano, pero no es así, al menos hasta ahora, ya que Ruffo permanece recluido.
La audiencia en la que su defensa solicitará formalmente la modificación
de la medida cautelar está prevista para el viernes 25 de septiembre.
Los abogados han argumentado, entre otras circunstancias, que Ruffo
tiene 74 años y han presentado elementos relacionados con su estado de salud.
Será nuevamente la autoridad judicial quien determine si existen
condiciones legales para que continúe enfrentando el proceso desde su
domicilio.
Pero también aquí conviene hacer una distinción, ya que la prisión domiciliaria no significa libertad, mucho menos absolución.
De concederse, cambiarían las condiciones en las cuales enfrentaría el proceso, no desaparecerían las acusaciones.
El peso de la historia
El caso sería relevante aunque Ernesto Ruffo nunca hubiera participado en política, pero participó ocupando un lugar indiscutible en la historia electoral mexicana.
Antes de convertirse en gobernador había ganado la Presidencia Municipal de Ensenada en 1986, y tres años después consiguió algo que hasta entonces parecía extraordinariamente difícil: derrotar al PRI en una elección estatal y conseguir que aquella victoria fuera reconocida.
Su llegada al gobierno de Baja California entre 1989 y 1995 representó
uno de los primeros grandes ensayos de alternancia política en México.
No convirtió al país inmediatamente en una democracia plena, tampoco terminó con los problemas electorales mexicanos, pero abrió una puerta.
Después vendrían otras gubernaturas opositoras, nuevos equilibrios en el Congreso y finalmente la alternancia presidencial del año 2000 y Ruffo forma parte de esa historia.
Reconocerlo no significa defenderlo de las acusaciones actuales y de la misma manera que las acusaciones actuales tampoco pueden borrar retrospectivamente lo ocurrido en 1989, son dos realidades que pueden coexistir.
¿Debe importar quién es el acusado? Aquí comienza quizá la parte más interesante del caso, ¿Qué debe hacer una democracia cuando una persona que contribuyó a su proceso de apertura termina sentada frente a sus tribunales?
La respuesta debería ser sencilla: Exactamente lo mismo que haría con cualquier otro ciudadano, ni más ni menos. Los méritos históricos no conceden inmunidad penal.
Haber contribuido a la democratización del país no significa obtener una
protección permanente frente a la justicia.
Si existen pruebas suficientes de la comisión de delitos, deben presentarse ante los tribunales y evaluarse conforme a derecho pero el principio funciona también en sentido contrario.
La importancia del acusado, su militancia política o la espectacularidad
de las imputaciones tampoco deberían disminuir sus derechos.
La presunción de inocencia no existe solamente para las personas que nos
resultan simpáticas.
Existe precisamente para impedir que una acusación se convierta
automáticamente en condena.
Entre dos extremos
El caso Ruffo corre el riesgo de quedar atrapado entre dos narrativas igualmente insuficientes, una consiste en convertir inmediatamente al exgobernador en culpable.
La otra consiste en presentarlo automáticamente como víctima de una persecución política, per ninguna de las dos puede afirmarse simplemente a partir de lo que hoy conocemos.
Sus adversarios políticos pueden considerar las acusaciones una confirmación de sospechas y sus amigos y correligionarios pueden pensar que existe una motivación política detrás del proceso.
Ambas posiciones pueden existir legítimamente en el debate público pero un tribunal necesita algo diferente que son las pruebas, y ésa debería ser también la exigencia de los ciudadanos.
Que la Fiscalía presente y sostenga las suyas, que la defensa tenga acceso a ellas y pueda combatirlas, que los jueces resuelvan sin presiones políticas y que finalmente conozcamos las razones jurídicas de las decisiones.
Un amparo tampoco es una absolución
El proceso judicial de Ruffo incluye además diversos recursos promovidos por su defensa, eso ha generado otra fuente de confusión.
En México suele interpretarse un amparo concedido como si automáticamente significara que la persona acusada ha demostrado su inocencia. No necesariamente.
Un amparo puede revisar actos de autoridad, procedimientos, medidas cautelares
o posibles violaciones de derechos sin resolver por sí mismo el fondo de la
acusación penal.
En el caso actual, la controversia sobre prisión domiciliaria tiene que
ver fundamentalmente con dónde y bajo qué condiciones Ruffo debe permanecer
mientras continúa el procedimiento.
No determina todavía si cometió o no los delitos que se le atribuyen y esa diferencia puede parecer jurídica pero en realidad es profundamente democrática.
El Ruffo de 1989 y el Ruffo de 2026
Resulta inevitable comparar ambos momentos.
En 1989, Ruffo representaba al ciudadano opositor que exigía que su voto
fuera reconocido frente a un sistema político dominado por un solo partido.
En 2026 es un ciudadano acusado por el Estado de delitos sumamente graves, parecen dos historias completamente diferente donde auizá no lo sean tanto ya que n el fondo existe un elemento común: los límites del poder.
En 1989 la pregunta era si el poder político sería capaz de reconocer
una derrota electoral.
En 2026 la pregunta es si el poder judicial y las instituciones
encargadas de procurar justicia serán capaces de procesar a una figura
históricamente relevante respetando simultáneamente la ley, las pruebas y sus
derechos.
La democracia no consiste solamente en contar correctamente los votos, también consiste en investigar correctamente los delitos.
En respetar los derechos del acusado, en evitar condenas anticipadas y en impedir privilegios derivados del poder, del dinero, de la historia o de las relaciones políticas.
Ni homenaje ni condena
Quizá ésa sea la manera más sensata de observar hoy a Ernesto Ruffo Appel, sin olvidar quién fue, pero tampoco permitiendo que aquello determine quién es jurídicamente hoy.
Su triunfo de 1989 pertenece a la historia política mexicana, las acusaciones de 2026 pertenecen a un expediente judicial que todavía debe resolverse, confundir ambas cosas sería injusto en cualquiera de las dos direcciones.
No corresponde absolver a Ruffo porque alguna vez representó una
esperanza democrática.
Pero tampoco corresponde condenarlo porque hoy enfrenta acusaciones particularmente graves donde hay fiscales, hay abogados defensores, hay jueces y debe haber pruebas.
La historia frente a la justicia
Quizá dentro de algunos años conozcamos completamente el desenlace de este episodio y las acusaciones podrán acreditarse o podrán desmoronarse.
Ruffo podrá ser condenado o podrá ser absuelto, todavía no lo sabemos y reconocer que no lo sabemos no constituye debilidad periodística ya que es precisamente la diferencia entre informar y sentenciar.
Ernesto Ruffo Appel ayudó a protagonizar en 1989 uno de los episodios
que ampliaron la competencia política mexicana.
Treinta y siete años después, esa misma democracia enfrenta otra prueba muy distinta.
La democracia que la elección de Ruffo ayudó a ensanchar en 1989 se pone
también a prueba en 2026: no por absolverlo ni por condenarlo anticipadamente,
sino por garantizar que las acusaciones se prueben o se desestimen mediante un
proceso imparcial, transparente y apegado a derecho.
Eso es lo que debería importar, no solamente por Ernesto Ruffo, si no por todos.
(Si tu opinión es coincidente con la mia, te invito a que la compartas
en tu muro) .
