Hermosillo, disputa por el mando alcaldesco

 Hermosillo: cuentas sin saldar y cochupos electoreros

Representan continuismo, los que pretenden la capital

Morena adelanta sus definiciones, la oposición enfrenta sus propias divisiones y una ciudad exigente observa. Más allá de los nombres y las encuestas, la verdadera disputa debería centrarse en los resultados de gobierno.

Por Leonardo Reichel Urroz

Análisis político | 9 de octubre de 2026

La carrera por la presidencia municipal de Hermosillo ha comenzado mucho antes de que los tiempos electorales lo indiquen. Y aunque todavía falta un largo trecho para las elecciones de 2027, los movimientos recientes permiten advertir que la capital de Sonora será escenario de una de las contiendas políticas más interesantes del estado.

No solamente estará en juego el Ayuntamiento. También se pondrán a prueba la capacidad de Morena para recuperar una ciudad que perdió en 2021, la fortaleza del proyecto encabezado por Antonio Astiazarán y la habilidad de los distintos partidos para construir candidaturas capaces de convencer a un electorado que ha demostrado independencia de criterio.

La reciente decisión de Fernando Rojo de la Vega de abandonar sus aspiraciones municipales y respaldar a Célida López Cárdenas constituye un movimiento significativo. Después de que Morena designara a la expresidenta municipal coordinadora de Defensa de la Transformación en Hermosillo, su posición quedó considerablemente fortalecida.

Aunque ese nombramiento no equivale todavía a una candidatura electoral formal, todo indica que Célida se perfila como la principal opción del partido gobernante.

Sin embargo, una cosa es obtener el respaldo de las dirigencias y otra muy distinta conquistar la confianza de los ciudadanos y ahí comienza la verdadera historia.

Célida López: la experiencia y el desafío de regresar

La consolada con la presunta candidatura a Hermosillo por Morena,  no es una figura improvisada. Gobernó Hermosillo entre 2018 y 2021, conoce la administración municipal y posee experiencia en distintas responsabilidades del Gobierno del Estado.

Su gestión tuvo aciertos que sería injusto desconocer. Destacan los esfuerzos para estabilizar la recolección de basura, contener el endeudamiento y reorganizar determinados servicios públicos.

En 2020 reportó una reducción de obligaciones financieras cercana a 212 millones de pesos, mientras que su administración enfrentó las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Pero también dejó pendientes importantes, especialmente en agua potable, pavimentación y eficiencia administrativa.

El organismo operador del agua presentaba graves deficiencias financieras y operativas. Evaluaciones ciudadanas señalaron que su eficiencia se encontraba en niveles preocupantes, un problema que no nació con Célida, pero que tampoco logró resolver.

Su derrota frente a Antonio Astiazarán en 2021 constituye un antecedente político que no puede ignorarse.

Si pretende regresar, tendrá que explicar qué aprendió de aquella experiencia, qué errores reconoce y qué haría de manera diferente.

La ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que la promesa de una segunda oportunidad.

Astiazarán: resultados visibles y problemas persistentes

Antonio Astiazarán ha conseguido algo que Morena no pudo impedir: ganar dos elecciones municipales consecutivas en Hermosillo, primero en 2021 y después en 2024.

Su administración ha desarrollado una política de inversión en infraestructura que constituye uno de sus principales argumentos de gobierno.

En septiembre de 2026 presentó un balance de 5,365.9 millones de pesos invertidos en 474 obras, incluyendo intervenciones viales, infraestructura hidráulica y proyectos de modernización urbana.

Son cifras importantes, aunque deben interpretarse con responsabilidad: representan montos acumulados reportados por el Ayuntamiento y no necesariamente una evaluación independiente de la calidad de cada obra.

En seguridad existe un indicador favorable. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad pasó de 66.8% en septiembre de 2021 a 43.2% en junio de 2026.

La mejoría es considerable, aunque la percepción ciudadana no equivale automáticamente a una reducción proporcional de todos los delitos.

También se han reportado avances en materia financiera, reducción de obligaciones de largo plazo y una mejor evaluación crediticia del municipio.

Pero sería igualmente equivocado presentar a Astiazarán como un gobernante que ha resuelto todos los problemas de Hermosillo.

El agua continúa siendo una preocupación estructural. Persisten pérdidas importantes en la red, deficiencias de medición y dificultades de abastecimiento. Numerosas colonias siguen padeciendo calles deterioradas, y el crecimiento urbano demanda soluciones de largo plazo.

Después de cinco años en el Ayuntamiento, el alcalde ya no puede atribuir todas esas dificultades a las administraciones anteriores ya que su gobierno tiene resultados que defender, pero también responsabilidades que asumir.

Y si sus aspiraciones políticas se proyectan hacia la gubernatura, será inevitable que los ciudadanos examinen tanto sus realizaciones como sus pendientes.

El agua: el problema que desnuda a todos los gobiernos

Hay un asunto que debería obligar a los aspirantes a abandonar las frases de campaña y presentar propuestas técnicas: el futuro del agua en Hermosillo.

En una ciudad desértica, con crecimiento demográfico, sequías recurrentes y una infraestructura hidráulica que requiere inversiones constantes, el abastecimiento no puede depender solamente de medidas de emergencia.

Durante la administración de Célida López se señalaron graves problemas de eficiencia en Agua de Hermosillo.

Durante la de Astiazarán se han realizado inversiones y acciones de mantenimiento, pero los diagnósticos ciudadanos y los propios documentos municipales siguen reconociendo pérdidas significativas de agua.

El Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027 consignó una eficiencia física cercana al 45%, aunque mediciones y declaraciones posteriores han utilizado cifras diferentes.

Esto obliga a una conclusión incómoda para ambos proyectos políticos: ninguno puede presumir que Hermosillo haya superado su problema hidráulico estructural.

Quien aspire a gobernar la capital deberá explicar cómo financiará la renovación de redes, reducirá fugas, mejorará la medición y garantizará el suministro sin comprometer el futuro del recurso, en este tema, las buenas intenciones ya no son suficientes.

Morena: una candidatura adelantada y varios grupos por integrar

La designación de Célida López reduce considerablemente la incertidumbre interna de Morena, pero no elimina la existencia de otros liderazgos.

Paulina Ocaña Encinas representa una generación joven con experiencia administrativa y cercanía con el Gobierno del Estado. Wendy Briceño Zuloaga cuenta con trayectoria legislativa y reconocimiento dentro del movimiento. Jacobo Mendoza Ruiz aporta experiencia partidista, mientras que María Eduwiges Espinoza Tapia mantiene vínculos con sectores sociales y populares.

Fernando Rojo de la Vega, por su parte, ha optado públicamente por respaldar a Célida y permanecer dentro del proyecto político de Morena.

En los partidos aliados también existen figuras con aspiraciones y capital político propio.

David Figueroa Ortega y Omar del Valle Colosio, vinculados al Partido Verde, poseen experiencia legislativa y administrativa. En el Partido del Trabajo destacan Diana Karina Barreras Samaniego y René García Rojo.

La cuestión es si estos liderazgos aceptarán integrarse a una candidatura común o buscarán negociar espacios políticos que les permitan conservar presencia.

Morena tiene una ventaja evidente: gobierna Sonora y cuenta con una estructura territorial considerable, pero también enfrenta un riesgo conocido en la política mexicana: confundir la disciplina de los dirigentes con la unidad efectiva de los electores, las fotografías de respaldo no garantizan votos.

La oposición: entre la continuidad y sus propias contradicciones

Si Morena parece avanzar hacia una definición, la oposición enfrenta una situación más compleja.

Flor Ayala Robles Linares aparece entre los perfiles con mayores posibilidades de representar una candidatura vinculada al proyecto municipal actual. Su experiencia legislativa y administrativa constituye un activo importante, pero necesitaría conseguir respaldo suficiente entre las distintas corrientes del PAN y del PRI.

Gildardo Real Ramírez, dirigente estatal panista, cuenta con experiencia política y capacidad de organización. También han sido mencionados Ramón Corral Aguirre y Luis Agustín Rodríguez Torres, perfiles con distintas trayectorias dentro del panismo.

Sin embargo, el movimiento más significativo de los últimos días ha sido la salida de Alejandro López Caballero del PAN.

El expresidente municipal, que gobernó Hermosillo entre 2012 y 2015, expresó desacuerdos con el procedimiento interno y con la posible alianza con el PRI, su separación introduce una variable importante.

Si López Caballero decide participar mediante otra fuerza política, particularmente Movimiento Ciudadano, podría atraer una parte del electorado opositor tradicional y modificar los equilibrios de la contienda.

Pero también podría generar una competencia que beneficie indirectamente a Morena.

Por ahora, no existe una candidatura formal que permita dar por hecho ese escenario.

Movimiento Ciudadano, encabezado en Sonora por Natalia Rivera Grijalva, tampoco puede descartarse. Su participación en la elección municipal de 2024 demostró que existe un sector ciudadano dispuesto a considerar una alternativa distinta a los dos bloques predominantes.

La oposición tiene experiencia de gobierno, reconocimiento electoral y una administración municipal que puede mostrar obras y resultados.

Su principal amenaza podría no encontrarse en Morena, sino en su propia incapacidad para ponerse de acuerdo.

El dato electoral que nadie debería olvidar

En 2024, Antonio Astiazarán obtuvo aproximadamente 155 mil votos, frente a unos 134 mil de María Dolores del Río, candidata de Morena y sus aliados, según el cómputo municipal publicado entonces, la diferencia fue cercana a 21 mil sufragios.

Movimiento Ciudadano, con Natalia Rivera, consiguió alrededor de 41 mil votos, con estos números merecen atención porque muestran que la elección de Hermosillo no estaba decidida de antemano y que una tercera fuerza puede influir considerablemente en el resultado.

Sin embargo, tampoco sería correcto suponer que los votos pertenecen permanentemente a los partidos o que pueden transferirse automáticamente de un candidato a otro.

Las circunstancias cambian, las alianzas se modifican y los electores toman decisiones propias y Hermosillo ha demostrado que puede votar de manera diferente al resto de Sonora.

Esa característica convierte a la capital en un territorio políticamente competitivo y obliga a todos los aspirantes a trabajar más allá de sus estructuras partidistas.

¿Quién tiene realmente los méritos para gobernar?

En las próximas semanas seguramente conoceremos nuevas encuestas, declaraciones de respaldo, encuentros entre dirigentes y movimientos de quienes buscan acomodarse en la contienda, todo ello forma parte de la vida política.

Pero sería lamentable que el debate se redujera a determinar quién cuenta con la simpatía del gobernador, quién recibe el apoyo del alcalde o quién aparece mejor colocado en una medición de popularidad.

Los méritos de un aspirante deberían evaluarse mediante criterios más exigentes.

Experiencia administrativa, integridad, capacidad de negociación, conocimiento de los problemas urbanos, independencia de criterio y resultados verificables tendrían que pesar más que la cercanía con los grupos de poder.

Célida López posee experiencia municipal, pero deberá responder por los pendientes de su primera administración.

Antonio Astiazarán cuenta con realizaciones importantes, pero tendrá que demostrar que la inversión pública ha producido beneficios sostenibles y no solamente obras visibles.

Flor Ayala, Gildardo Real y los demás aspirantes opositores necesitarán explicar qué pueden aportar personalmente, más allá de la continuidad de un proyecto político.

Y quienes representan a Morena, al Verde, al PT o a Movimiento Ciudadano deberán presentar propuestas propias, capaces de resistir el examen público.

Porque una candidatura no debería ser una recompensa por lealtades partidistas ni una concesión negociada entre dirigentes, debería ser una responsabilidad frente a la sociedad.

Hermosillo no necesita una guerra de fotografías

La capital de Sonora tiene desafíos demasiado importantes para reducir su futuro a una competencia de imágenes, encuestas y declaraciones.

El agua, la seguridad, la pavimentación, la movilidad, la deuda y la calidad de los servicios públicos no distinguen colores partidistas.

Una fuga de agua no pregunta quién gobierna. Un bache no reconoce ideologías. Una familia preocupada por su seguridad no encuentra tranquilidad en un discurso electoral.

Por eso sería deseable que la contienda de 2027 se convirtiera en un ejercicio serio de evaluación pública.

Que Célida López explique sus aciertos y errores. Que Antonio Astiazarán rinda cuentas de sus resultados y pendientes. Que quienes aspiren a sucederlo presenten proyectos viables, presupuestos realistas y compromisos medibles.

Que las universidades, los organismos ciudadanos y los especialistas participen en la discusión con datos, no con consignas.

Y que los partidos comprendan que la confianza pública no se hereda ni se decreta.

La gran pregunta de Hermosillo no es quién logrará quedarse con la candidatura, sino quién podrá demostrar que merece la responsabilidad de gobernar la ciudad.

Al final, las alianzas pueden abrir las puertas del poder, pero solamente los resultados justifican permanecer en él.

La capital sonorense merece una elección donde se confronten ideas, capacidades y proyectos, no agravios personales ni fidelidades políticas, porque gobernar Hermosillo no consiste en ganar una elección, consiste en administrar con honestidad, resolver problemas y dejar una ciudad mejor que la recibida y esa, por encima de cualquier encuesta, debería ser la verdadera medida del mérito político.

Referencias para la evaluación

·        Ayuntamiento de Hermosillo: informes municipales de resultados de 2020, 2021, 2024 y septiembre de 2026.

· Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora: Cuenta Pública Municipal 2024.

·        INEGI: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, septiembre de 2021 y junio de 2026.

·        Hermosillo ¿Cómo Vamos?: evaluaciones municipales de 2021, diagnóstico del agua de 2025 y agenda hídrica de 2026.

·        Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora: resultados del proceso electoral municipal 2024.

·        Información periodística publicada por Sonora Presente, Uniradio, Proyecto Puente y El Imparcial sobre los movimientos partidistas de octubre de 2026.

·        Nota editorial: Las cifras de inversión y gestión citadas corresponden a reportes de las administraciones respectivas. La comparación considera diferencias en la duración de los mandatos y no atribuye exclusivamente a los ayuntamientos los resultados que dependen de otras autoridades o factores externos.

Más huachicol en Guaymas?

Guaymas un acceso clave para barcos de huachicol

El puerto de Guaymas, Sonora, ha sido señalado en investigaciones sobre huachicol fiscal (contrabando de combustibles por vía marítima) y colusión de autoridades portuarias y aduanales.

• El caso del buque "Torm Agnes": En marzo de 2025, a pesar de existir una alerta de contrabando, el capitán del puerto (Ernesto Bañares Rosete) autorizó la salida del buque Torm Agnes desde Guaymas hacia Vancouver, lo que desató un escándalo nacional y la remoción del director de la ASIPONA en el puerto, Ernesto Gastélum López.
• Redes y detenciones: Las autoridades federales han investigado el ingreso de múltiples buques petroleros bajo esquemas de evasión fiscal y contrabando en el Pacífico (incluyendo Guaymas y Ensenada) y en el Golfo. Recientemente, en octubre de 2026, fue detenido y vinculado a proceso Miguel Ángel "N", alias el "Capitán Sol", señalado como pieza clave en la red de contrabando de hidrocarburos que operaba a través de aduanas marítimas. Información requerida de Google.

Por Hector de Mauleón

El 19 de marzo de 2025, el buque Challenge Procyon, con bandera de Singapur, arribó a la Terminal de Usos Múltiples del puerto de Tampico, en Tamaulipas. Había declarado un cargamento compuesto por 17 mil 459 toneladas de aditivos para aceites lubricantes.

Transportaba, en realidad, según los datos oficiales, 10 millones de litros de diésel. Su documentación fiscal estaba manipulada. “Con esa información falsa se autorizó el ingreso del barco”, según informó más tarde la Fiscalía General de la República.

El Challenge Procyon formaba parte de una operación a gran escala: al otro extremo del país, el buque Torm Agnes había atracado 10 días antes en el puerto de Ensenada con 11 millones de litros declarados también como lubricantes.

El buque comenzó a descargar a toda prisa. Decenas de autotanques de la empresa Mefra Fletes, propiedad de Roberto Blanco Cantú, El Señor de los Buques, fueron rellenados con el cargamento. De acuerdo con investigaciones de Estados Unidos, esta empresa de transporte de combustibles, que comparte acciones y representantes con Autolíneas Roca, tiene vínculos con el CJNG.

El Torm Agnes descargó una parte del combustible en Ensenada y luego se dirigió hacia Guaymas. El 14 de marzo atracó a 2 kilómetros del puerto, pues carecía de permiso aduanal. El 20 de marzo atracó en el muelle 5, no habilitado para la descarga de combustibles.

La periodista Michelle Rivera ubicó el oficio, firmado ese mismo día, con el que el subdirector de Operación de la Aduana de Guaymas, Juan Carlos Soto Picha, autorizó el despacho “sin la presentación física de la mercancía”.

Al día siguiente la descarga se suspendió de golpe. Fuentes federales afirman que se había filtrado la noticia de que las autoridades iban por el Challenge Procyon, en respuesta a información aportada por el gobierno de Estados Unidos. El aviso habría llegado desde la red dirigida por los hermanos Farías Laguna, altos mandos de la Marina y sobrinos del secretario Rafael Ojeda. Una segunda versión sostiene que fue la propia Semar quien alertó a las autoridades portuarias sobre la posible llegada al país de combustible ilegal.

El Torm Agnes solo alcanzó a descargar 2.2 millones de litros en Guaymas, que pipas de Mefra Fletes, Autolíneas Roca y otras empresas asentadas en Tampico, Coahuila y Nuevo León, habían enviado. Zarpó sin ser interceptado y aguardó en aguas profundas durante varios días.

Como ha trascendido, la carpeta de investigación asienta que el subdirector de la aduana estaba en contacto permanente con el gran operador de la red de los hermanos Farías Laguna: Miguel Ángel Solano Ruiz, El Capitán Sol. La carpeta indica que, según Soto Picha, El Capitán Sol le mencionó que el Torm Agnes “era un tema de Andy”, lo que habría permitido que el buque descargara sin problemas.

Para poder salir del puerto, sin embargo, el Torm Agnes necesitaba la autorización de la Capitanía del Puerto. Según un documento oficial de la Marina, dicha autorización le fue extendida el 24 de marzo de 2025 por el vicealmirante Ernesto Bañares Rosete, capitán de puerto regional en Guaymas.

Bañares Rosete era la máxima autoridad marítima cuando emitió el “Despacho en Altura para Embarcación o Artefacto Naval Mayor no. 669776” que, citando artículos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como de la Ley de Puertos, facilitó la salida del buque que había descargado 2.2 millones de litros de huachicol.

Por medio de un oficio, la Secretaría de Marina autorizó la salida del buque Torm Agnes del puerto de Guaymas.

Según expertos consultados, de acuerdo con la Ley de Navegación, el titular de la Capitanía estaba facultado para “negar o dejar sin efecto el despacho de salida de cualquier embarcación como medida precautoria en cualquiera de los niveles de protección marítima y portuaria (Artículo 49 bis)”.

Al existir una alerta de contrabando, estaba obligado a retener la embarcación. No fue así. De acuerdo con el despacho, autorizó a “Danny Florita, Capitán al mando de dicho buque, para que zarpe el día 24 de marzo de 2025 a las 18:00 con destino al puerto de Vancouver, conduciendo 23 tripulantes, inclusive su Capitán”.

El caso del Torm Agnes desató un escándalo nacional. Entre puestas a disposición, ceses fulminantes y carpetas de investigación, el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Guaymas, Ernesto Gastélum López, fue cesado.

Doce días más tarde, el 5 de abril, se anunció el nombramiento de su sucesor: nada menos que Ernesto Bañares Rosete: el vicealmirante que como Capitán de Puerto acababa de autorizar la salida del Torm Agnes.

Ahí sigue hasta la fecha, sin que se haya revisado la legalidad del despacho de salida, y sin que nadie haya analizado su actuación en lo relacionado con el buque.

Hace apenas unas semanas realizó un recorrido por la nueva Terminal de Usos Múltiples, en compañía del gobernador, Alfonso Durazo, y del secretario de Marina, almirante Raymundo Morales.

no hay proyecto socialista, el humanismo mexicano es hueco

 ¿Qué significado tiene que en México no haya proyecto para el socialismo?

Recuerdo que el rotulista Rosalino Lagunes originario de Tabasco y residente de Nogales, me platicaba que López Obrador en 1991 que hizo el Éxodo por la democracia ante el fraude electoral en las elecciones a gobernador, y que concurría con un grupo de comunistas que apoyaban la toma de pozos petroleros y tierras en esa entidad, señalando que bebía en la misma taza de ellos.

López Obrador según el rebelde con causa, José Luis Palazuelos, le encargó al marxista de origen argentino Enrique Dussel que le diera sustento ideológico al movimiento que encabezaba, y es así como se agregaron elementos de la Filosofía de la liberación.

Sin embargo, Morena no dio el paso necesario para considerarse un movimiento de izquierda socialista, a cambio le dio el mote el patriarca, de una cosa que le llama Humanismo y le anexa el adjetivo “mexicano”.

La reserva del líder y los miedos a los ataques derechistas hicieron que el actual gobierno le saque a considerarse de tipo socialista o tan siquiera de izquierda radical.

Pero esto es lo de menos, si existiera un proyecto “humanista” que fuera fondeado por la toma del poder por la clase obrera o incluso un gobierno donde la economía fuera conducida poco a poco por la clase obrera, (no por el charrismo sindical con el que hace pactos), las cosas no desvariarían, no estarían dando tumbos, integrando a sus filas a políticos de derecha, a políticos priistas y a corruptos y perversos que se hacen gobernantes de la cuarta transformación.

En México actualmente no existe proyecto socialista, ni en la izquierda electoral, ni en las tendencias prianistas que gobiernan con sus siglas, ni en los ex priistas que han ocupado altos cargos públicos, pero tampoco en las “izquierdas” que defienden al morenismo y a su “cuarta transformación”.

Morena y sus gobernantes se han derechizado, no importa que no pierdan las elecciones, las posturas de derecha constituyen hoy el eje de sus gobiernos incluyendo el sexenio apegado a la derecha de López Obrador y de su secuela actual.

Por ello les cuesta tanto reivindicarse de izquierda, de creerles que lo son, cuando sus acciones no lo son, incluso son peores que lo que hacían y decían el PRI y el PAN.

La inexistencia de un proyecto socialista, o en vías a que los trabajadores y el pueblo tomen el poder del Estado, debilita al mismo gobierno, amén de que se han enriquecido y se enriquecerán como nunca los gobernadores, los secretarios de estado, los altos funcionarios, los senadores y diputados, los presidentes municipales de 2018 a 2030. El caso del director del IMSS Zoé Robledo basta para concebirlo, su sueldo es de 225 mil pesos mensuales, usted cree amigo lector, asidua lectora ¿que ese funcionario se conforme con ese sueldo? que si lo sumamos alcanza la nada chica cifra en ocho años de 24 millones de pesos, pero mas preocupante sería saber que hay un beneficio personal extra oficial muy por encima, ni duda cabe.

En México, no solo los gobiernos posteriores a la Revolución de 1910 les ha dado por no llamarse nunca socialistas, y se han definido de revolución institucionalizada, de nacionalismo revolucionario, de humanismo mexicano, bifurcados con la oligarquía burguesa, el alto charrismo sindical y con los poderes fácticos.

La inexistencia del proyecto socialista les afecta tanto y les puede costar que pierdan el poder del Estado, con toda la cauda de casos de corrupción, de vínculos con narcos, de despotismo, enriquecimiento, ambiciones y reelección.

Pero afecta también a la verdadera izquierda, que también sufre de esa ambigüedad de no tenerlo de no formularlo para representación y fondo que le proporcione la clase obrera y el pueblo desposeído.

Decirse de izquierda es fácil, actuar como izquierda es lo que no existe, diputados que se transforman en déspotas, senadores que se vuelven grandes burgueses, gobernadores que son narcos, ministros judiciales y secretarios de estado que son paladines de un nuevo despotismo. Eso no es de izquierda, por eso el humanismo mexicano es hueco, hasta podemos afirmar que no hay una tendencia político ideológica en la filosofía política que pueda llamarse así.

De Morelos a Madero, no podemos concebir a los estadistas como socialistas en la historia, pero de Ricardo Flores Magón a la fecha, no hay pretextos. El concepto socialista es una paranoia nerviosa para toda la historia política mexicana a pesar de grandes movimientos sociales desde Villa, Zapata, Cárdenas, los movimientos agrarios y de la clase obrera: ferrocarrileros, trabajadores de salud, magisterio, electricistas, obreros industriales, movimiento del 68, movimiento campesino y guerrillero, indígena zapatista, y muchos más.

Al no tener proyecto socialista, decirse de izquierda es vano, demagogo y falso, ¿y qué es tenerlo? Es concebir al Estado como el aparato de representación de los que para vivir solo usan su fuerza de trabajo, que no tienen propiedad privada y mucho menos propiedad de fábricas, tierras, inmuebles, capitales, inversiones. Que su única propiedad son sus manos de trabajo y el hambre de sus intestinos. Que esas manos son las que mueven las herramientas, las maquinarias, la redes de embarcaciones, las palancas y los electrodos, fuerza de trabajo que produce la riqueza que se convierte en acumulación y reproducción de capital.

Tener proyecto socialista es enseñar el camino que debe trazar la humanidad, y no es al revés, no es tener humanidad lo que nos va a trazar el proyecto socialista. Humanismo y socialismo no son lo mismo. El humanismo es una característica del socialismo pero es intrínseca entre otras características, a su esencia, que no solo es humanista, contempla el progreso, el desarrollo, el fin de la explotación del ser humano, el avance tecnológico y la felicidad para la gran mayoría en la desgracia.

Consiste en la amplia y directa participación en la toma de decisiones del gobierno y de la producción de mercancias, en la creación y aplicación de leyes, en la impartición de justicia. Un aparato operativo público que obedezca y represente directamente a los ciudadanos, que la igualdad sea un fin cotidiano en todas las personas, que el saber y la capacidad sea el mecanismo práctico del ejercicio social, que la riqueza no se acumule en unos cuantos apoderados y haya producción de todos los bienes y necesidades materiales al alcance de todos mujeres y hombres, hasta que se acabe la pobreza contundentemente.

Ese es el eje para construir el proyecto socialista que puede empezarse a concretarse paso a paso, pero sin  ese proyecto no hay izquierda, y te vas a convertir en enemigo del pueblo explotado, y vas a perder las elecciones por que lo único que demuestras son tus mezquinas ambiciones personales, nada más.

No que no chistosin. Valles a Lamarquiux

Serenidad y paciencia al destapar a la pretensa.

Por Leonardo Reichel Urroz

En política quizá sea más fácil saber ganar que saber perder. La victoria suele reunir voluntades; la derrota, en cambio, pone a prueba convicciones, lealtades y carácter.

Por eso resulta significativa la aclaración hecha por Javier Lamarque Cano después de que en redes sociales circulara un texto que se le atribuía y en el cual supuestamente manifestaba inconformidad con el proceso interno de Morena que concluyó con la designación de Lorenia Valles Sampedro como coordinadora en Sonora.

Lamarque fue categórico: no reconoció como suyo aquel mensaje, manifestó estar conforme con el resultado, afirmó no tener reclamo que formular y expresó su respaldo a Lorenia Valles.

La aclaración tiene importancia porque una competencia interna inevitablemente genera expectativas. Quien participa en ella lo hace porque considera que puede ganar. Lamarque tenía razones para aspirar a la coordinación y seguramente esperaba un desenlace favorable. No ocurrió así.

Y es precisamente allí donde comienza otra dimensión de la política.

La democracia no consiste solamente en defender un procedimiento cuando nos beneficia. Su prueba más difícil llega cuando el resultado favorece a otro. Aspirar legítimamente a una responsabilidad pública no significa adquirir un derecho sobre ella.

Hay una antigua enseñanza política que conserva vigencia: el poder es circunstancial; las convicciones, si verdaderamente existen, deben sobrevivir a la circunstancia.

Lamarque pudo inconformarse. Optó públicamente por reconocer el resultado y continuar con su responsabilidad como alcalde de Cajeme. Cada ciudadano podrá interpretar políticamente esa decisión, pero el hecho concreto es éste: frente a las versiones que pretendían colocarlo en confrontación con Lorenia Valles, él mismo negó esa confrontación.

Y eso también obliga a reflexionar sobre otro fenómeno de nuestro tiempo: la facilidad con que una frase falsa puede adquirir apariencia de verdad simplemente porque circula muchas veces.

Las redes sociales han democratizado la palabra, pero no necesariamente la verdad. Hoy cualquiera puede fabricar una declaración, atribuírsela a un personaje público y ponerla a circular antes de que el aludido tenga siquiera oportunidad de desmentirla. Por ello, en tiempos de competencia electoral, la responsabilidad del ciudadano no termina al recibir información: comienza precisamente allí, preguntándose quién lo dijo, dónde lo dijo y si existe una fuente verificable.

La unidad política, por otra parte, tampoco debe confundirse con ausencia de diferencias. Un partido democrático puede albergar aspiraciones, desacuerdos e incluso proyectos personales distintos. La verdadera unidad no consiste en que nadie discrepe, sino en que la competencia interna no destruya aquello que sus integrantes dicen compartir.

Morena enfrenta ahora esa prueba en Sonora. Lorenia Valles obtuvo la coordinación; quienes aspiraron a ella deberán decidir cómo participan en la etapa siguiente. Lamarque ya expresó públicamente cuál será su posición: aceptar el resultado y respaldar el proyecto.

Vendrán rumores, interpretaciones y versiones interesadas provenientes de distintos actores, como ocurre en prácticamente toda contienda política. También crecerá la atención sobre Movimiento Ciudadano y sobre Luis Donaldo Colosio Riojas, cuyo futuro electoral rumbo a 2027 todavía no ha sido formalmente definido.

Pero precisamente por eso conviene separar los hechos de las conjeturas.

La política democrática se empobrece cuando necesita inventar palabras al adversario para combatirlo. Las diferencias reales son suficientes para discutir proyectos, trayectorias y resultados.

Al final, la fortaleza de cualquier movimiento político no puede medirse únicamente por cuántos ciudadanos logra reunir cuando las cosas marchan bien. También se mide por su capacidad para procesar las aspiraciones frustradas sin convertirlas necesariamente en rupturas.

Porque ganar una encuesta puede otorgar una candidatura o una responsabilidad política.

Saber qué hacer después de no ganarla revela otra cosa: la relación que cada político mantiene con el poder.

Y esa diferencia, aunque no aparezca en ninguna encuesta, también cuenta.

 Avala Anabel Acosta que el Congreso adopte el criterio de nacionalidad única.

Afirmó la diputada por Cajeme Anabel Acosta Islas que la aprobación es acertada de la Reforma en materia de nacionalidad única para para altos cargos de elección popular interpuesta por la titular del ejecutivo federal Claudia Sheinbaum.

En esta reforma se modificaron los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y pasará ahora al Senado de la República.

“No se puede jurar lealtad a dos banderas ni a dos patrias; quien quiera gobernar México debe tener una sola nacionalidad mexicana con un compromiso jurídico y político, con el pueblo de México”, afirmó.

“Nuestro voto fue a favor, con lo que respaldamos la iniciativa” concluyó.

 

Diputados revisan problematica del ciclo agrícola 26-27

Tadeo, Castelo y Emeterio con productores ¿hay perspectiva en el Yaqui?

Con la participación de productores del sur de la entidad, la Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero del Congreso del Estado llevó a cabo la reunión de trabajo denominada “Perspectivas del Ciclo Agrícola 2026-2027”.

Durante el encuentro se desarrollaron diversas exposiciones enfocadas en los principales factores que inciden en la actividad agrícola, así como en los retos y oportunidades que podrían presentarse durante el ciclo otoño-invierno.

La bienvenida estuvo a cargo del diputado Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela (Morena), presidente de la comisión organizadora, quien estuvo acompañado por los diputados Héctor Raúl Castelo Montaño (Morena) y Emeterio Ochoa Bazúa (PRI).

Durante su intervención, el diputado Mendívil Valenzuela señaló que el objetivo de la reunión es recoger las opiniones y propuestas de las y los productores para contribuir al fortalecimiento del sector agrícola, conocer las perspectivas para el próximo ciclo productivo y gestionar recursos que permitan atender las necesidades de esta actividad.

Detalló que, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado, cada año, durante la segunda quincena de septiembre, la Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero debe convocar a consultas ciudadanas dirigidas a pequeños productores, agricultores y ganaderos de todo el estado, con el propósito de conocer sus principales problemáticas y recabar propuestas que contribuyan a su atención.

El diputado Castelo Montaño también tuvo una intervención donde se abordó la temática de la disponibilidad de agua, la variabilidad climática para el ciclo otoño-invierno, los mercados futuros del trigo y el maíz, los programas de apoyo a la agricultura, así como el análisis y construcción de propuestas orientadas a fortalecer las condiciones de las y los productores.

Las personas asistentes tuvieron la oportunidad de conocer los diversos temas expuestos, además de expresar comentarios, plantear inquietudes y compartir experiencias relacionadas con las condiciones actuales del campo sonorense.

Finalmente, los diputados asistentes refrendaron su compromiso de mantener un diálogo permanente con las y los productores, así como de recoger sus propuestas y necesidades para contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sector agrícola de Sonora.

Al evento acudieron representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora (Cipes), así como productoras y productores de diversos municipios del sur de la entidad.

A alguien hay que echarle la culpa, el caso Ruffo Appel

 Ruffo como chivo expiatorio del tráfico de diesel-huachicol.

El primer gobernador de oposición de la era moderna mexicana enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida. Entre acusaciones graves, amparos y la disputa por la prisión domiciliaria, su caso plantea una pregunta que trasciende al personaje: ¿cómo debe juzgar una democracia a quienes ayudaron a construirla?

Por Leonardo Reichel Urroz

Hay fotografías que con el paso de los años dejan de pertenecer solamente a sus protagonistas y terminan formando parte de la historia de un país.

Una de ellas podría ser la de Ernesto Ruffo Appel celebrando su triunfo electoral en Baja California en 1989. México era entonces un país muy diferente.

El PRI había gobernado todas las entidades federativas durante décadas y la posibilidad de que un partido de oposición conquistara una gubernatura parecía todavía extraordinaria. Hasta que ocurrió.

El 2 de julio de 1989, Ernesto Ruffo Appel, candidato del Partido Acción Nacional, ganó la gubernatura de Baja California, no fue simplemente una victoria del PAN, fue un acontecimiento que ayudó a modificar la historia electoral mexicana.

Por primera vez en la época moderna, el poder político reconocía el triunfo de un candidato opositor en una gubernatura. Ruffo se convirtió así en el primer gobernador emanado del PAN y en una de las figuras simbólicas de un proceso de alternancia que, once años después, alcanzaría la Presidencia de la República.

Treinta y siete años más tarde, aquella imagen inevitablemente contrasta con otra muy distinta:

Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, enfrentando acusaciones por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones con hidrocarburos.

La distancia entre aquellas dos imágenes resulta enormem pero precisamente por eso este caso merece algo más que un titular espectacular, merece contexto, ymerece prudencia.

Las acusaciones son graves

La Fiscalía General de la República atribuye a Ruffo y a otros imputados participación en una presunta organización dedicada a introducir ilegalmente combustibles a México.

De acuerdo con información conocida del expediente, la investigación sostiene que mediante una estructura en la que habrían participado once compañías se introdujeron al país aproximadamente 18.2 millones de litros de petrolíferos transportados en 163 carrotanques.

Una de las empresas involucradas es Ingemar, compañía con la que Ruffo ha tenido relación empresarial, el exgobernador fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso.

Las acusaciones son indudablemente graves, pero hay una distinción fundamental que cualquier información responsable debe conservar: Ernesto Ruffo está acusado y vinculado a proceso. No ha sido condenado.

Corresponderá al Ministerio Público demostrar sus acusaciones y a la defensa combatirlas. Finalmente será un tribunal, no los medios de comunicación ni las simpatías políticas, quien deberá resolver, la prisión domiciliaria

Durante las últimas horas se ha producido cierta confusión informativa alrededor de la situación jurídica del exgobernador.

Una jueza federal concedió una suspensión definitiva relacionada con la negativa anterior de permitir que Ruffo cumpliera la prisión preventiva en su domicilio.

Algunas informaciones interpretaron inicialmente esa resolución como una autorización inmediata para abandonar El Altiplano, pero no es así, al menos hasta ahora, ya que Ruffo permanece recluido.

La audiencia en la que su defensa solicitará formalmente la modificación de la medida cautelar está prevista para el viernes 25 de septiembre.

Los abogados han argumentado, entre otras circunstancias, que Ruffo tiene 74 años y han presentado elementos relacionados con su estado de salud.

Será nuevamente la autoridad judicial quien determine si existen condiciones legales para que continúe enfrentando el proceso desde su domicilio.

Pero también aquí conviene hacer una distinción, ya que la prisión domiciliaria no significa libertad, mucho menos absolución.

De concederse, cambiarían las condiciones en las cuales enfrentaría el proceso, no desaparecerían las acusaciones.

El peso de la historia

El caso sería relevante aunque Ernesto Ruffo nunca hubiera participado en política, pero participó ocupando un lugar indiscutible en la historia electoral mexicana.

Antes de convertirse en gobernador había ganado la Presidencia Municipal de Ensenada en 1986, y tres años después consiguió algo que hasta entonces parecía extraordinariamente difícil: derrotar al PRI en una elección estatal y conseguir que aquella victoria fuera reconocida.

Su llegada al gobierno de Baja California entre 1989 y 1995 representó uno de los primeros grandes ensayos de alternancia política en México.

No convirtió al país inmediatamente en una democracia plena, tampoco terminó con los problemas electorales mexicanos, pero abrió una puerta.

Después vendrían otras gubernaturas opositoras, nuevos equilibrios en el Congreso y finalmente la alternancia presidencial del año 2000 y Ruffo forma parte de esa historia.

Reconocerlo no significa defenderlo de las acusaciones actuales y de la misma manera que las acusaciones actuales tampoco pueden borrar retrospectivamente lo ocurrido en 1989, son dos realidades que pueden coexistir.

¿Debe importar quién es el acusado? Aquí comienza quizá la parte más interesante del caso, ¿Qué debe hacer una democracia cuando una persona que contribuyó a su proceso de apertura termina sentada frente a sus tribunales?

La respuesta debería ser sencilla: Exactamente lo mismo que haría con cualquier otro ciudadano, ni más ni menos. Los méritos históricos no conceden inmunidad penal.

Haber contribuido a la democratización del país no significa obtener una protección permanente frente a la justicia.

Si existen pruebas suficientes de la comisión de delitos, deben presentarse ante los tribunales y evaluarse conforme a derecho pero el principio funciona también en sentido contrario.

La importancia del acusado, su militancia política o la espectacularidad de las imputaciones tampoco deberían disminuir sus derechos.

La presunción de inocencia no existe solamente para las personas que nos resultan simpáticas.

Existe precisamente para impedir que una acusación se convierta automáticamente en condena.

Entre dos extremos

El caso Ruffo corre el riesgo de quedar atrapado entre dos narrativas igualmente insuficientes, una consiste en convertir inmediatamente al exgobernador en culpable.

La otra consiste en presentarlo automáticamente como víctima de una persecución política, per ninguna de las dos puede afirmarse simplemente a partir de lo que hoy conocemos.

Sus adversarios políticos pueden considerar las acusaciones una confirmación de sospechas y sus amigos y correligionarios pueden pensar que existe una motivación política detrás del proceso.

Ambas posiciones pueden existir legítimamente en el debate público pero un tribunal necesita algo diferente que son las pruebas, y ésa debería ser también la exigencia de los ciudadanos.

Que la Fiscalía presente y sostenga las suyas, que la defensa tenga acceso a ellas y pueda combatirlas, que los jueces resuelvan sin presiones políticas y que finalmente conozcamos las razones jurídicas de las decisiones.

Un amparo tampoco es una absolución

El proceso judicial de Ruffo incluye además diversos recursos promovidos por su defensa, eso ha generado otra fuente de confusión.

En México suele interpretarse un amparo concedido como si automáticamente significara que la persona acusada ha demostrado su inocencia. No necesariamente.

Un amparo puede revisar actos de autoridad, procedimientos, medidas cautelares o posibles violaciones de derechos sin resolver por sí mismo el fondo de la acusación penal.

En el caso actual, la controversia sobre prisión domiciliaria tiene que ver fundamentalmente con dónde y bajo qué condiciones Ruffo debe permanecer mientras continúa el procedimiento.

No determina todavía si cometió o no los delitos que se le atribuyen y esa diferencia puede parecer jurídica pero en realidad es profundamente democrática.

El Ruffo de 1989 y el Ruffo de 2026

Resulta inevitable comparar ambos momentos.

En 1989, Ruffo representaba al ciudadano opositor que exigía que su voto fuera reconocido frente a un sistema político dominado por un solo partido.

En 2026 es un ciudadano acusado por el Estado de delitos sumamente graves, parecen dos historias completamente diferente donde auizá no lo sean tanto ya que n el fondo existe un elemento común: los límites del poder.

En 1989 la pregunta era si el poder político sería capaz de reconocer una derrota electoral.

En 2026 la pregunta es si el poder judicial y las instituciones encargadas de procurar justicia serán capaces de procesar a una figura históricamente relevante respetando simultáneamente la ley, las pruebas y sus derechos.

La democracia no consiste solamente en contar correctamente los votos, también consiste en investigar correctamente los delitos.

En respetar los derechos del acusado, en evitar condenas anticipadas y en impedir privilegios derivados del poder, del dinero, de la historia o de las relaciones políticas.

Ni homenaje ni condena

Quizá ésa sea la manera más sensata de observar hoy a Ernesto Ruffo Appel, sin olvidar quién fue, pero tampoco permitiendo que aquello determine quién es jurídicamente hoy.

Su triunfo de 1989 pertenece a la historia política mexicana, las acusaciones de 2026 pertenecen a un expediente judicial que todavía debe resolverse, confundir ambas cosas sería injusto en cualquiera de las dos direcciones.

No corresponde absolver a Ruffo porque alguna vez representó una esperanza democrática.

Pero tampoco corresponde condenarlo porque hoy enfrenta acusaciones particularmente graves donde hay fiscales, hay abogados defensores, hay jueces y debe haber pruebas.

La historia frente a la justicia

Quizá dentro de algunos años conozcamos completamente el desenlace de este episodio y las acusaciones podrán acreditarse o podrán desmoronarse.

Ruffo podrá ser condenado o podrá ser absuelto, todavía no lo sabemos y reconocer que no lo sabemos no constituye debilidad periodística ya que es precisamente la diferencia entre informar y sentenciar.

Ernesto Ruffo Appel ayudó a protagonizar en 1989 uno de los episodios que ampliaron la competencia política mexicana.

Treinta y siete años después, esa misma democracia enfrenta otra prueba muy distinta.

La democracia que la elección de Ruffo ayudó a ensanchar en 1989 se pone también a prueba en 2026: no por absolverlo ni por condenarlo anticipadamente, sino por garantizar que las acusaciones se prueben o se desestimen mediante un proceso imparcial, transparente y apegado a derecho.

Eso es lo que debería importar, no solamente por Ernesto Ruffo, si no por todos.

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