Desaparecen de las cuentas
cerca de $12 millones en la SEC de Durazo
La Auditoria de la Federación documenta
irregularidades en recursos federales destinados al ramo educativo; la
“opacidad” en el estado es recurrente, sostiene la maestra Mercedes Flores de
la CNTE Sonora.
Por: Cristina
Ceja
La Auditoria Superior de la Federación (ASF)
dictaminó que la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Sonora que
encabeza Alfonso Durazo Montaño, ha
dañado por casi 12 millones de pesos al presupuesto federal de recursos que
estaban destinados a la educación y se
desconoce su paradero.
De acuerdo con los anexos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, el monto señalado forma parte del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que equivale a 2.3 veces el monto destinado para este 2024 al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que fue de cinco millones 165 mil 451 pesos.
“En el ejercicio de los recursos, la entidad
fiscalizada incumplió la normativa, principalmente en materia de servicios
personales y destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal
y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 11,982.2 miles de pesos”, precisa el reporte de la ASF.
Más de la mitad de ese monto, seis millones 465 mil
900 pesos, fueron utilizados, según el órgano fiscalizador, en pagos a personal
que no cumplió con el perfil que se requería para el puesto que desempeñaba.
En 2023, el Gobierno de Sonora recibió recursos
federales por 388 millones 410 mil 300 pesos, de los cuales comprobó 369
millones 115 mil 300 pesos y dejó pendientes de comprobación 19 millones 294
mil 900 pesos.
Respecto a la última cantidad, la ASF determinó la
presunción de un daño al erario por 11 millones 982 mil 300 pesos, mientras que
el resto, correspondiente a 7 millones 312 mil 600 pesos, todavía está
pendiente de ser aclarado.
El órgano fiscalizador detectó que el Gobierno de
Sonora no presentó documentación comprobatoria de un remanente por un total de
un millón 94 mil 100 pesos.
Asimismo, le falta por aclarar tres millones de
pesos relacionados con el concepto de rendimientos financieros no reintegrados
a la Tesorería de la Federación.
Sobre el faltante la responsable de la Dirección
Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en
Sonora, Mercedes Flores Félix, expresó que la Secretaría de Educación y Cultura
en Sonora se ha caracterizado por el manejo “opaco” de los recursos públicos
que recibe.
Mencionó que es muy recurrente la práctica de que
las autoridades hacen descuentos de recursos en la nómina a los profesores o
empleados administrativos por supuestas deducciones del ISSSTE o del Fovissste,
pero no reportan esos pagos a quien corresponde y los afectados tardan mucho
tiempo en darse cuenta.
La dirigente indicó que debido a estas prácticas,
“los compañeros se quedan con una deuda, se quedan con intereses, y para cuando
se dan cuenta, esto ya los llevó muy lejos, y todo, por los malos manejos que
la secretaría hace de los recursos del magisterio”.
Flores Félix precisó que esta situación irregular se empezó a presentar en el 2019, a raíz de la reinstalación de los maestros que fueron cesados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero en el caso de Sonora se ha extendido en lo que va de la administración estatal, encabezada por Alfonso Durazo.
Mercedes Flores añadió que la Secretaría de
Educación y Cultura se queda con los recursos que le son retenidos a los
trabajadores del sector, por lo que no parece extraño que también haga un mal
manejo de las participaciones federales, como lo estableció la ASF.
El informe señala que “en atención a los hallazgos
determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números DGAA-610/2024
y DGAA-613/2024 del 31 de mayo de 2024, mediante los cuales se presentó
información con el propósito de atender lo observado.
Pero aclara que derivado del análisis efectuado por
la unidad auditora a la información y documentación proporcionada por el ente
fiscalizado, “se advierte que ésta no reúne las características necesarias de
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”.
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