Hace 40 años, en el marco de la Guerra Sucia, se ordenó exterminar a la guerrilla de Lucio Cabañas, maestro de Ayotzinapa; a las víctimas se les quiso vincular con el crimen organizado
En el marco de
la Guerra Sucia, en un mes como el que hoy termina, pero de hace 40 años,
en Guerrero desaparecieron 48 personas relacionadas con movimientos armados sin
que hasta hoy alguien conozca su paradero.
La Comisión de la
Verdad del Estado de Guerrero revela un documento de la extinta Dirección
Federal de Seguridad (DFS) donde se advierten intentos por vincular a los
disidentes con el grupo delincuencial Sangre, formado por ex policías y
militares.
Nicomedes Fuentes
García, integrante de esa Comisión, aseguró que la orden provino del más alto
nivel del gobierno —el presidente era Luis Echeverría Álvarez— fue “exterminar
al movimiento armado”, pero los ataques fueron también contra la población
civil: “Fue una represión sistemática y generalizada la que ocurrió en
Guerrero”.
En represalia por
el secuestro del entonces senador Rubén Figueroa Figueroa, candidato del PRI al
gobierno de Guerrero —ocurrido entre el 30 de mayo y el 8 de septiembre de
1974—, el Estado echó la caballería a la sierra guerrerense tras Lucio Cabañas
Barrientos a quien buscó hasta debajo de las piedras.
Por esa cacería,
octubre de hace 40 años se convirtió en el mes con más desapariciones forzadas
en Guerrero, con 48.
La secuencia
de desapariciones comenzó el amanecer del 1 de octubre en la comunidad Rincón
de las Parotas, de donde fueron secuestrados 12 hombres.
Del paradero de
esas personas, ni sus familiares ni ninguna organización sabe algo. Más aún:
algunas de éstas fueron reportadas por las autoridades como muertas el 2 de
diciembre de 1974, en el enfrentamiento donde cayó abatido Lucio Cabañas, en El
Otatillo.
La Comisión de la
Verdad, a partir de un documento de la extinta Dirección Federal de Seguridad
(DFS), descubrió que hace 40 años otras autoridades gubernamentales intentaron
que a los rebeldes al gobierno se les vinculara con un grupo delincuencial
formado por expolicías y exmilitares.
“De los datos
obtenidos en el Archivo General de la Nación (AGN) se comprueba que en 1974 comenzaron
a aparecer los cuerpos sin vida de personas visiblemente torturadas,
desfiguradas y quemadas, a quienes se trataba de señalar como delincuentes o
relacionar con el hampa, pero que, conforme a un informe de la DFS, en realidad
se trataba de personas relacionadas con Lucio Cabañas”, dice el informe final
de actividades de la Comisión de la Verdad en la página 24.
El informe de la
DFS al que se refiere la Comisión, fechado el 24 de junio de 1974, dice que “en
fechas recientes, tanto en el puerto de Acapulco como en poblaciones cercanas
al mismo, en diferentes lugares han venido apareciendo cuerpos sin vida de
personas no identificadas.
“Los cadáveres
—sigue el documento de la DFS— presentan impactos de arma de fuego, señales de
haber sido torturados y con desfiguraciones en el rostro y otras partes del
cuerpo producidas por quemaduras.”
Informó la policía
política del gobierno mexicano que el Ministerio Público había tomado
conocimiento y que los cuerpos habían sido llevados a la fosa común del panteón
de Las Cruces, en Acapulco.
“Esta situación ha
causado inquietud entre la población y los habitantes de los lugares donde ha
sido encontrado un cadáver, conjeturan sobre la personalidad del occiso,
diciendo que puede ser alguien conectado con el hampa o con traficantes de
drogas o bien que se trata de alguna persona que cometió un crimen y que fue
sacrificada en venganza”, dice el informe de la DFS.
“Al respecto, la
prensa local ha publicado noticias sobre la formación de un grupo clandestino,
integrado por policías retirados y militares con la consigna de matar a
determinadas personas, denominándolo Sangre.
“En forma por
demás discreta se ha logrado saber que los cuerpos encontrados pertenecen a
personas conectadas con Lucio Cabañas Barrientos y su gente, que han sido
aprehendidos cuando bajaban de la sierra para abastecerse de víveres y otros
objetos necesarios para ellos, o bien que sirve de correo entre los remontados
y quienes se encuentran en la zona urbana.
“Que las
detenciones —sigue el documento encontrado en la galería 1, fondo DFS,
expediente 100-10-16-4-74, H-244, L-9 del AGN—, se ejecutan por órdenes
expresas del comandante de la 27ª Zona Militar, con sede en Acapulco, Gral. De
Div. D.E.M. Salvador Rangel Medina, que después de obtener, por diferentes
medios, toda la información posible sobre Lucio Cabañas y su gente, se les da a
tomar gasolina y se les prende fuego; posteriormente se les abandona en lugares
solitarios, en donde aparecen con las desfiguraciones provocadas por las llamas
y presentando impactos de arma de fuego.
“Entre el
campesinado existe contrariedad por la presencia del Tte. Corl. De Inf. D.E.M.
Francisco Quiroz Hermosillo, comandante del 2º Batallón de la Policía Militar,
a quien ya conocen y culpan de las ejecuciones. Hasta la fecha se desconoce la
organización y militantes del grupo denominadoSangre”, concluye el informe de
la DFS.
Arrasaron con
todos
En octubre de
1974, los ataques de las Fuerzas Federales cargaron por igual con integrantes
del Partido de los Pobres, fundado y dirigido por el profesor Lucio Cabañas
Barrientos, graduado en la Normal Rural de Ayotzinapa, que con simples
campesinos.
De acuerdo con la
Comisión de la Verdad, que trabajó durante los últimos dos años y medio, en el
periodo de la Guerra Sucia, en Guerrero tuvo conocimiento de 239
casos de desapariciones forzadas, entre las que hubo 16 mujeres, una de ellas
menor de edad, y el resto hombres, de los cuales 10 eran menores, y 209
desapariciones forzadas transitorias, más 107 desapariciones forzadas de la
cuales la comisión no tuvo testimonio, pero los familiares hicieron trámites
que están pendientes, para un total de 555 casos.
“Creo que
iniciamos la búsqueda de la verdad de un tema que ha estado pendiente por más
de 40 años y que no ha habido resultados plenos porque el Estado mexicano se ha
negado a enfrentar esa responsabilidad y obligación que tiene con las víctimas
de la Guerra Sucia”, dijo en entrevista Nicomedes Fuentes García,
integrante de la Comisión de la Verdad.
“Ellos —en
referencia al Estado mexicano— saben perfectamente qué fue lo que ocurrió,
ellos saben qué hicieron con los desaparecidos y la búsqueda de cualquier institución,
organismo o personas que quieran saber de esto se topa con pared o se encuentra
con grandes dificultades para llegar al fondo de la verdad.”
Fuentes García
dijo que la Comisión dejó muchos pendientes por la falta de presupuesto del
gobierno de Guerrero, pero que sus integrantes buscaron la verdad de los hechos
ocurridos durante la llamada Guerra Sucia.
“Encontramos
algunas evidencias, buscamos los datos de los responsables; sabemos quiénes
son, solamente que habría que buscar pruebas de las decisiones que se tomaron.
Y en ese sentido encontramos que las órdenes se dieron desde el más alto nivel
del gobierno, y las órdenes fueron aniquilar, exterminar al movimiento armado,
pero no solamente fue al movimiento armado, fue a sus familias, fue a la población
civil, fue una represión sistemática y generalizada la que ocurrió en este
estado de Guerrero; más en este estado.”
En el Rincón de
las Parotas
Octubre de 1974
comenzó en Guerrero con la desaparición de Anastasio Barrientos Flores,
Domitilo Barrientos Martínez, Emiliano Barrientos Martínez, Armando Barrientos
Reyes, Emilio Barrientos Reyes, Fermín Barrientos Reyes (de 15 años de
edad), Raymundo Barrientos Reyes, Roberto Barrientos Reyes, Marcelina Fierro
Martínez, Esteban Fierro Valadez, Guillermo Fierro Valadez y Jesús Fierro
Valadez.
Estas 12 personas
fueron sustraídas de su comunidad, Rincón de las Parotas, la mañana del 1 de
octubre de hace 40 años. Las autoridades federales redactaron informes sobre el
caso de Anastasio Barrientos con la intención de confundir.
Aseguraron que
Lucio Cabañas lo había llevado por la fuerza a la sierra, debido a las
deserciones que había en las filas del Partido de los Pobres, lo cual era
falso, según averiguó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según el expediente
CNDH/PDS/95/GRO/S00050.000.
El Rincón de las
Parotas (son árboles frondosos) fue fundado en 1901 y es considerado como un
pueblo revolucionario. En el movimiento que inició en 1910 el Rincón de las
Parotas fue escenario de un episodio del levantamiento armado del general
Silvestre Castro García, El Cirgüelo, cuando su enemigo el general Rómulo
Figueroa atacó la comunidad con artillería pesada para desalojar al rebelde
Pablo Vargas que se había atrincherado en el lugar, el 20 de septiembre de
1918.
En los archivos
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la CNDH encontró
información redactada por elementos de la DFS que dice:
“En el mes de
septiembre de 1974, al sentir Lucio Cabañas Barrientos la cercanía de la fuerza
pública y al observar que muchos de sus adeptos lo abandonaban por temor a ser
capturados, organizó a un grupo de 12 sujetos con el fin de obligar a los
desertores a adherirse nuevamente al llamado Partido de los Pobres, como fue el
caso de Anastasio Barrientos Flores, quien el día 1 de octubre de 1974 fue
violentamente sacado de su domicilio por el grupo de referencia y trasladado a
la Sierra de Guerrero.
“(...) Una vez que
los desertores se encontraron con Lucio Cabañas, fueron obligados a encabezar
los enfrentamientos en contra de las fuerzas públicas (...) el 2 de diciembre
de 1974 con motivo del secuestro del ingeniero Rubén Figueroa Figueroa (...)
miembros del Ejército y de corporaciones policiacas federales, tuvieron un
enfrentamiento donde resultó muerto Lucio Cabañas Barrientos en el lugar
denominado El Otatillo, abajo del poblado de Corrales, cerca del sitio
denominado El Guayabillo, en el estado de Guerrero, con el grupo encabezado por
él mismo, quienes abrieron fuego en contra de los elementos de la fuerza
pública, por lo que al repelerse la agresión resultaron muertos varios
individuos, entre ellos este elemento.”
La CNDH también
encontró en el Cisen una ficha de identificación personal sobre Anastasio
Barrientos Flores, que afirma que falleció el 2 de diciembre de 1974 en el
lugar denominado El Otatillo, abajo del poblado de Corrales y cerca de El
Guayabillo, Guerrero, durante un enfrentamiento con el Ejército y corporaciones
policiacas federales, donde murió Lucio Cabañas Barrientos.
El documento fue
redactado por la extinta DFS y está fechado el 22 de agosto de 1975.
La CNDH buscó la
verdad
El 19 de agosto de
2001, la CNDH obtuvo la declaración de quien entonces era comisariado ejidal
del Rincón de las Parotas, quien dijo que el 1 de octubre de 1974,
aproximadamente a las 5:00 a.m., llegaron efectivos del Ejército mexicano,
empezaron a registrar sus domicilios y los ubicaron en la cancha deportiva,
“que al dicente lo ubicaron también en la cancha pero no lo formaron con los
demás por desempeñar el cargo de comisariado ejidal en aquél entonces; que
observó que dos personas señalaban a quiénes debían sacar de la fila, los
cuales una vez identificados fueron subidos al camión de color verde del
Ejército, desconociendo a dónde los trasladaron (...) que el día de la
detención ignora quiénes estaban a cargo de la misma, que lo único que recuerda
es que había unas personas que eran los capitanes de apellidos Sosa y Casinis
los que daban órdenes; que después de la detención, a los 15 días levantó un
acta denunciando la detención de Anastasio Barrientos Flores, Raymundo
Barrientos Reyes, Emiliano Barrientos Martínez, Fermín Barrientos Reyes,
Esteban Fierro Valadez y Jesús Fierro Valadez, la cual mandó a la Presidencia
de la República por correo, a la cual le dio contestación Mario Moya Palencia,
“secretario”, no recordando qué fue lo que le contestaron.”
De acuerdo con
documentos del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y
Exiliados Políticos de México, de H.I.J.O.S México, ese 1 de octubre de 1974
también desapareció Ángel Cruz Mayo, quien no tenía militancia; era un
campesino y de acuerdo con esas organizaciones fue desaparecido en la Sierra de
Atoyac, Guerrero, por efectivos del Ejército mexicano.
Lo mismo sucedió
con Isidro Pérez Galindo, de 55 años, un campesino desaparecido junto con
Cecilio García (liberado horas después) en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por
elementos del 50º Batallón de Infantería del Ejército mexicano.
De acuerdo con el
informe final de la Comisión de Verdad del Estado de Guerrero, en la
desapariciones forzadas del 1 de octubre de 1974 en el Rincón de las Parotas en
contra de los campesinos Anastasio Barrientos Flores (militante de la Brigada
Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, 48 años de edad)
Domitilo Barrientos Martínez (militante del Partido de los Pobres, 58 años),
Emiliano Barrientos Martínez (militante de la Brigada Campesina de
Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, 73 años de edad), Armando Barrientos
Reyes, Emilio Barrientos Reyes,26 años, Fermín Barrientos Reyes (menor de edad,
15 años de edad), Maximiliano Barrientos Reyes (militante de la Brigada
Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres), Ray-mundo Barrientos
Reyes (militante de la Brigada 18 de Mayo del Partido de los Pobres, ex
integrante de la ACNR, 44 años de edad), Roberto Barrientos Reyes, Marcelina
Fierro Martínez, hechos ocurridos en Rincón de las Parotas, municipio de Atoyac
de Álvarez, participaron el capitán Sosa, el coronel Alfredo Cassini Mariña, el
capitán López y capitán Montes.
Octubre negro
En octubre de
1974, estas 48 personas desaparecieron y no se sabe aún su paradero:
Abarca Benítez Esteban,
secuestrado en Los Toronjos, Técpan de Galeana, el día 11. Aguirre Bertín
Roberto, secuestrado en la Sierra de Atoyac, sin día específico. Almazán
Urioste ó Urióstegui, cayó en Las Palmas, Santa Lucía, sin día específico. Los
secuestrados el día 1 en Rincón de las Parotas, Atoyac, por efectivos del 27º
Batallón de Infantería son: Barrientos Flores Anastasio, Barrientos Martínez
Domitilo, Barrientos Reyes Armando, Barrientos Reyes Roberto, Barrientos Reyes
Fermín, Barrientos Martínez Emiliano, Barrientos Reyes Raymundo, Fierro
Martínez Marcelina, Fierro Valadez Esteban, Fierro Valadez Guillermo y Fierro
Valadez Jesús. Pérez Galindo Isidro fue secuestrado junto con Cecilio García
(liberado unas horas después) en Atoyac el día 1.Barrientos Nava Aniceto,
Barrientos Rojas Raymundo y Barrientos Ríos Apolinar fueron secuestrados el día
10 en el Rincón de las Parotas y Lomas del Escorpión, Atoyac. Barrios Castro
Santiago, secuestrado en Atoyac. Bello Ramos Leonardo, secuestrado en Tecpan de
Galeana, el día 19.Cabañas Ocampo Eleno y Cabañas Tabares Raúl, secuestrados en
Corral Falso, San Vicente, el día 5.Chávez Villa Artemio, secuestrado en San
Francisco de Tibor, Atoyac, el día 3.Cruz Ávila Cutberto, secuestrado en San
Francisco de Tibor, el día 6.Cruz Mayo Ángel, secuestrado en Atoyac, el
1.Flores Juan, secuestrado con otras 13 personas en Santa Lucía, sin día
exacto. Hernández Valle Francisco, secuestrado el día 2 en Atoyac por la
Judicial estatal. Higinio Ortiz Vicente, secuestrado el día 22 en Coyuquilla
Norte. Mesino Galicia Julio, secuestrado el día 10, en el Rincón de las
Parotas. Mondragón Medina Heliodoro, secuestrado en Acapulco, el día 20.Morales
Gervasio Obdulio, secuestrado en San Luis La Loma, Tecpan, sin día exacto. Moreno
Apolinar, secuestrado el día 10 en Rincón de las Parotas. Moreno Ríos Ángel,
secuestrado el día 10 en Acotla, Guerrero. Peralta Santiago Lucio, cayó el día
4 en Atoyac. Ramírez Alejo, secuestrado el día 10 en Acotla, Guerrero. Ramírez
Sánchez Alejandro, secuestrado en Achotla, Guerrero, el día 10.Rebolledo
Martínez David, secuestrado en Tecpan, el 5. Rebolledo Ocampo Getulio,
secuestrado el día 14 en San Andrés de la Cruz, Atoyac. Romero Benítez Emilio,
secuestrado el día 4 en Coyuca de Benítez. San Vicente Flores Gregorio,
secuestrado en Atoyac. Serafín Gómez Diego, secuestrado en Acapulco, Cine Ríos,
el día 6.Tomalán Gómez José y Torres Galindo Isidro, secuestrados en Atoyac,
sin día preciso. Urióstegui Terán Onésimo, secuestrado en Las Palmas. Vázquez
de Jesús Juan, en Acapulco, sin día preciso. Vázquez Iturio Jacinto de Jesús,
secuestrado en Atoyac. Zamacona Radilla Antonio, secuestrado el día 14 en El
Toronjo, Tecpan. Zambrano Bello Rosendo, secuestrado en Atoyac.
Embate
contra movimientos autonomista
En la
Montaña de Guerrero, nueva guerra sucia, acusan autoridades
comunitarias
El gobierno utiliza al crimen organizado y los
paramilitares para decapitar las organizaciones de autogestión, sostienen
representantes de pueblos originarios
Policía
comunitaria en el municipio de Malinaltepec, Guerrero
Rosa Rojas
Periódico La Jornada
Domingo 23 de septiembre de 2012, p. 2
Domingo 23 de septiembre de 2012, p. 2
La
presencia del crimen organizado en la Montaña de Guerrero se ha incrementado
muy rápido, lo cual se interpreta como parte de la embestida gubernamental para descabezar el
movimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria (CRAC-PC) y acabar movimientos autonomistas como éste o los de Cherán,
Ostula o San Juan Copala, afirmó en entrevista Cirino Plácido Valerio, uno de
los fundadores de esta organización, creada hace 17 años.
A su vez, Pablo Guzmán Hernández, coordinador
regional de la CRAC-PC en San Luis Acatlán, informó que, a diferencia de otros
años, últimamente no ha habido un hostigamiento del Ejército contra la policía
comunitaria, lo que, expresó, es favorable.
Esperamos de ellos una gran responsabilidad, dado
que tienen encima una tarea gigantesca, que es preservar el orden a nivel
nacional; entonces no consideramos ni lógico ni prudente ni patriótico el hecho
que la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) hostigara a la PC, siendo que
ésta coadyuva a mantener el orden y la seguridad. Hasta este momento ha habido
respeto y esperamos que se mantenga, subrayó.
Plácido Valerio aseveró que la CRAC-PC busca
reconstruir el tejido social de las comunidades. Es un proyecto de vida. “Sin
embargo, al paso de los años nos damos cuenta de que la mafia va a ser
utilizada para hacer la tercera guerra sucia contra la
comunitaria, que va muy rápido. Nosotros entendemos claramente que hay partes
de la mafia que son protegidas del Estado porque juegan un papel muy importante
para destruir el tejido social, porque de esa manera la mafia nos puede levantar a
nosotros y ellos dicen: ‘no (fuimos nosotros), es que los levantó la
delincuencia organizada’, pero es una manera de descabezar el movimiento del
sistema comunitario.”
–¿La autoridad comunitaria empieza a tener
problemas con la delincuencia organizada?
–Así es.
–¿En qué sentido?
–En el sentido de que en la cabecera se está
incrementando muy rápido la presencia de ellos. Nosotros creemos que el
gobierno sabe perfectamente de esa presencia. En 2005, ¿cuántos millones se
gastaron en compra de tecnología para espiar mensajes, celulares, para
intervenir Internet, para intervenir la radio? El Ejército, más de 200 millones
de pesos. Ahora llegamos a lo que está pasando, lo que pasó con la detención
(el pasado 28 de agosto) de Máximo Tranquilino Santiago, coordinador en
Yoloxóchitl; es parte de un hostigamiento que ellos siguen, pero también vemos
que la presencia de la mafia es una manera de justificar para desarticular a la
comunitaria, para hacer la guerra sucia, para levantar o intimidar.
“Tomemos como ejemplo lo que está pasando en Cherán
(Michoacán). Allá el Ejército no interviene directamente para destruir ese
territorio autónomo, sino a través de la mafia. El Ejército se mueve cerca y la
mafia se mueve alrededor. No pasa nada, se hacen de la vista gorda (...)
“¿Quiénes hicieron la guerra en Ostula (Michoacán,
que dejó) más de 30 muertos? ¿Quién está haciendo la guerra a los compañeros?
La mafia, bajo la protección del Ejército. ¿Quién se encargó de destruir en San
Juan Copala (Oaxaca)? Su error fue haberse declarado municipio autónomo. El
mismo Ejército entrenó paramilitares, los armó, les dio financiamiento (...)
Son los que destruyeron el municipio de San Juan Copala.
“¿Qué nos hace diferentes a nosotros de Cherán,
Ostula, San Juan Copala? Somos lo mismo. Todo lo que huela a autonomía se
encargan de destruirlo, ya no el Ejército, a veces paramilitares, a veces la
mafia. Nosotros no quitamos el dedo y seguimos diciendo que el día que haya un levantón contra
cualquier persona del sistema comunitario, ya sea policía, ya sea coordinador,
el gobierno sabe perfectamente quién lo va a hacer. No hay discusión para
nosotros, no nos puede engañar, nosotros sabemos perfectamente quién está
haciendo eso.”
–¿Por qué creen ustedes que detuvieron a su
compañero Máximo Tranquilino?
–Esa es una manera de hostigamiento, no es la
primera vez que lo hacen. Lo hicieron en 2001, cuando entró la policía
ministerial a la oficina de la CRAC a detener a cinco coordinadores que estaban
entregando (el cargo) en ese momento y entrando los nuevos, de ahí se vino lo
del ultimátum que nos dio (el gobierno estatal) de 30 días para entregar las
armas y pasarse la policía comunitaria a la policía municipal o estatal, es lo
mismo. Es un hostigamiento para acabar con la autonomía, para intimidar,
acompañado con la presencia de la mafia.
Después de la detención de Máximo Tranquilino, la
CRAC-PC detuvo al juez que emitió la orden de aprehensión, al titular del
Ministerio Público y dos personas más. Les hizo juicio y el propio juez anuló
la citada orden de aprehensión. Sin embargo, todos ellos dijeron desconocer la
Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Guerrero (publicada el 8 de abril de 2011 en elPeriódico
Oficial estatal), que establece que los poderes públicos y los
particulares tienen que respetar las actuaciones de la coordinadora como actos
de autoridad.
Reciben
ley bajo protesta
Guzmán
Hernández comentó que la CRAC-PC recibió dicha ley bajo protesta, porque no
tuvieron participación en su elaboración ni se les informó de manera oportuna.
Tampoco se pidió el consentimiento ni se hizo una consulta apropiada.
Solamente se efectuó un foro informativo, no de
consulta, por lo que esa ley, aunque habla del derecho de los pueblos
originarios, no refleja su verdadero sentir y lo que reclaman.
Indicó que después de la detención y liberación de
Máximo Tranquilino, el gobierno del estado, por conducto del secretario general
de Gobierno, y el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia han
manifestado disposición a hacer una revisión de todo el marco legal, señalando
que la ley 701 les causa asombro y que está hecha por personas que no son
expertos en la materia, y que desde su óptica del marco legal oficial está
fuera de lugar.
El gobierno de Guerrero propuso que se haga un
taller con mesas de trabajo en las cuales se revise esa ley y se proceda a
actualizar reglamentos, códigos, leyes orgánicas de los municipios libres y las
reformas necesarias para que, a decir de ellos, no se repita un acontecimiento
como el del 28 de agosto.
Por parte de la coordinadora, explicó Guzmán, en
las comunidades tiene que iniciarse un proceso que permita que se formule una
ley con el sentir de las 76 comunidades mixtecas, tlapanecas y mestizas que
están incorporadas a la coordinadora y las 30 que están en proceso de adhesión.
Sobre todo les interesa, agregó, el proceso que
pudiera darse en las comunidades; “más que buscar el reconocimiento oficial,
nosotros lo que estamos buscando es que los procesos internos, sus estructuras
organizativas, sus instancias de impartición de justicia, sus sistemas de
seguridad, de reducación, etcétera, tengan su propio camino.
Creemos que por respeto a la autonomía los
gobiernos estatales y federal tendrían que, más que cuestionar, más que querer
modificar, más que querer corregir lo que los pueblos se están dando, respetar
sus formas organizativas, su sistema de impartición de justicia, etcétera... en
último de los casos creemos que se debe reconocer el derecho a la autonomía de
los pueblos originarios.
