Padrés y la Segob

Padrés y la Segob: Luna preso

                                          Por Alejandro de la Torre

La Secretaria de Gobernación (Segob) ese instrumento político de poder que somete y a la misma vez negocia, que controla la expresión en general y la libertad de cultos en particular, que espía a todos los sujetos políticos del país, y toma en el último momento la decisión de reprimir o “guardar” la seguridad del Estado con la violencia.

Ese aparato digno de las peores maquinaciones de Fouché para defender la figura presidencial, aunque sea pisoteando la Constitución, no puede hasta el momento controlar la devastación guerrerense y que irá al derrocamiento de Peña Nieto si no se conoce el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ese ministerio del interior, herramienta obscena del poder, por si fuera poco, ha dejado reventar a los yaquis con gran cinismo y perversión, no ha intervenido para liberar a la carretera como debiera ser su misión y generar un nueva interlocución con el arrogante gobernador de Sonora, para flexibilizarlo y atender la demanda de parar el acueducto mientras se vuelve a rediscutir con usuarios del agua y con el derecho indígena  a preservar lo que considera al Padre Río que se está secando, y buscar una solución  y/o alternativa.

Con un trinar de dedos puede el Secretario liberar a los yaquis Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, pidiéndoselo formalmente al gobernador para que retire los cargos, pero cínicamente no lo hace. Podría alegar la Segob que es un caso del fuero común de competencia local, pero es desde luego hipócritamente un “me lavo las manos” provocando que el problema se alargue y se alargue también la burla contra el pueblo Yaqui.

Puede incluso ser más suave e intervenir disponiendo de instrumentos legales de apoyo para lograr que instancias del poder judicial federal atiendan la restitución de las garantías individuales de los presos y salgan de la cárcel, más cuando son indígenas y en el caso de Mario Luna es un comisionado del gobierno autónomo indígena que representa la interlocución del movimiento yaqui por defender el agua del Río Yaqui con cualquier otro gobierno.

Pero ese elefante blanco de Gobernación no interviene dejando que el problema se agudice más y tolerando la acusación del gobernador contra los yaquis y fabricándoles ese estúpido delito de privación ilegal de la libertad y la detención del vehículo que cargaba el presunto “secuestrado”, como robo, -y mucho tiempo después el 8 de septiembre, encontrado su cadáver-, ya que había sido liberado, por la guardia después de azotarlo y expulsarlo como castigo por su comportamiento que violó la ley yaqui y las disposiciones de la autoridad indígena.

De esta manera un problema interno de gobernabilidad que se da en el marco de la autonomía de la tribu yaqui así como se reconoce su territorio, su mando y su cultura por las leyes mexicanas, es aprovechado para apresar a los yaquis.

El Fiscal Carlos Navarro Sugich recibió órdenes del secretario de gobierno estatal, Roberto Romero López para hacerse cargo de la acusación penal contra Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomás Rojo, desde finales de 2013, aprovechando el hecho en que “el secuestrado” y hoy finado Francisco Delgado Romo que abiertamente enfrentaba a los yaquis que han bloqueado la carretera para oponerse al acueducto, fue expulsado de la tribu por la autoridad tradicional de Vícam Pueblo por su mal comportamiento, también se le conocía por ponerse de parte del gobernador Padrés desde que inicio el movimiento indígena.

Pero en realidad la detención de Delgado Romo –supuesto secuestro– en junio de 2013, fue ordenada por el gobierno tradicional de Vícam y castigado con chicotazos como es la costumbre de penalidad y consecuente expulsión de cualquier rango o linaje yaqui.

Delgado Romo no fue el primero ni será el último castigado con las formas aplicadas por la autoridad tradicional yaqui, costumbres rituales antiguas que nunca atentan contra la vida pero si contra la vergüenza, el desprecio y la destitución del sancionado, rituales que se desarrollan principalmente en la cuaresma y en los actos religiosos tradicionales pero también ineludiblemente se aplican contra algún miembro indígena que violenta la vida de la comunidad.

Pero Delgado dice la PGJE desaparecido el 26 de agosto fue encontrado muerto el 8 de septiembre, -14 meses después del supuesto “secuestro”, semienterrado en una bolsa de hule negra, y atadas sus manos con cuerda de plástico con lesiones en cráneo y tórax y con un letrero escrito en un cartón.

El hoy occiso tenía además de sus vínculos con el gobierno del Estado y su choque con el movimiento indígena en contra del acueducto y su lideres yaquis, comportamientos oscuros que daban a la sospecha que lo envolvían en un escenario cada vez más agudo por las actividades ilícitas y el incremento lamentable en territorio yaqui del consumo de drogas y la existencia de narcotraficantes.

Por ello la Segob no procura atender la demanda yaqui para resolver el bloqueo de la vía federal y tampoco lo hará por deducción para liberar a los dos yaquis presos y desistirse de la persecución de otros más, que hace el gobernaitor Padrés.

Al contrario, para el PRI y su gobierno tenerlos presos es una palanca más para avanzar en el camino para recuperar la gubernatura de Sonora y provocar el rispamiento y aferrar al gobernador derechista en la medida de apresarlos, brindándoles a los senadores priistas precandidatos Gandara y Pavlovich un artilugio más de campaña electoral.

En vez de recuperar la estabilidad perdida que desea la población sonorense, como en Guerrero, la Segob se lava las manos y perversamente como Joseph Fouché duque de Otranto, el operador político de Napoleón en el siglo XVIII, deja que el problema reviente buscando la ganancia del pescador en el mar revuelto.

Por ello los senadores priistas no abogan con el gobierno federal por la libertad de Luna, fingen pedirla y al contrario, se benefician de la estupidez de los gobernantes panistas en Sonora.

Es el 26 de septiembre pasado cuando los abogados del Distrito de Riego del Rio Yaqui S. de R. L. Benito Ramos Rodríguez y Javier Medina Cisneros interponen el Amparo Indirecto que cae por turno en el Juzgado 10° de Distrito de Hermosillo para buscar la liberación de Luna quedando pendiente el amparo para Fernando Jiménez todavía no interpuesto después de 18 días de haber sido declarado su auto de formal prisión.

En estos recursos legales no se ha dado en ningún momento asesoría alguna, facilidades legales o herramientas de defensa proporcionadas por la Secretaria de Gobernación, cuyo titular es Miguel Osorio Chong o por lo menos, por su coordinador del noroeste del país, Adrián Manjarrez Díaz, para coadyuvar en la liberación de los indígenas.

Al contrario, el titular Chong aparece en los periódicos sonriente y rampante junto al gobernador Padrés hace unos días en un encuentro que no informa de ninguna novedad sobre la posibilidad de liberarlos.

Y aunque Benito Ramos director jurídico del distrito de riego, asegure que se concederá, enfátiza: “la resolución del Amparo de Luna tardará dos meses y medio en emitirse, o sea a mediados de diciembre”.

La lógica perversa de la disputa del poder político nos dice que no se le concederá el Amparo a Luna, a causa de los intereses electorales del PRI y de la estupidez política del PAN, y saldrán libres solo después de las elecciones, a menos que el pueblo decida otra cosa.

Y aún más los hechos de Ayotzinapa son prioritarios para el gobierno federal e indirectamente podrían ayudar sin querer al problema yaqui, si no se satisface el reclamo general de presentarlos vivos a los estudiantes o aunque sea muertos.

Si no se encuentran, el pronóstico es desgarrador para el proceso electoral en ciernes, ya que no habrá paz en el país.