Más corrupción con el nuevo sistema penal
El caso Bequer y la ineficiencia del Ministerio
Público
Por Alejandro de la
Torre D.
Cd.
Obregón, Son.- El festejo
desproporcionado tiene hoy al sistema legal gubernamental y al aparato
particular y oficial de la profesión jurídica en un escenario de falsa
perspectiva y encubrimiento de la deficiencia del tan cacareado Nuevo Sistema
de Justicia, y en especial el área Penal Acusatoria.
El fracaso del sistema judicial vigente se
debe a que lo han echado a perder la corrupción, el tráfico de influencias y el
poder faccioso de grupos de poder, la oligarquía financiera y las trasnacionales
que con la capacidad del narcotráfico y la delincuencia organizada impiden
impartir una justicia ordenada, rápida y expedita como lo establece la
Constitución Política.
Los más perjudicados son los ciudadanos de a
pie y la pequeña delincuencia que no obtienen resoluciones que satisfagan los
reclamos por justica y por orden en el área civil y penal.
Quién puede meter las manos al fuego por el
aparato de jueces y tribunales en retirada que no resuelven el orden civil,
mucho menos ejercen en un marco constitucional los daños y perjuicios que se
sufren por el abuso existente, la violación de derechos a terceros gracias a la
ineficiencia y corrupción del Estado Burgués y la arremetida que hace de la
sociedad la guerra del narcotráfico.
Jueces y Tribunales son actualmente un
parapeto, no reciben la inmundicia de miles y miles de casos que tienen
quebrada a la sociedad en el ámbito de proporcionar estabilidad a la familia, a
la libre empresa, a la relación de patrones y trabajadores, a los usuarios de servicios
o a los contribuyentes, etc. Los casos que reciben no pueden considerarse ni
siquiera un minúscula proporción del universo de miles de casos que exigen
derechos y justicia y que no la obtienen y nunca llegan a interponer demandas,
al contrario chocan a diario con una ineficiencia corrupta, un tortuguismo y
tramitología engorrosa y lo peor con un sistema simulado donde los únicos que
ganan son los que pueden pagarles el soborno a los funcionarios medio y altos
del conjunto del poder judicial.
Los juicios orales, la mediación y
conciliación oral ante la autoridad judicial son parte de un sistema que el
país ya utilizó en la época de la reforma y los años postrevolucionarios. Fue
cambiado por disfuncional, por el alto nivel de discrecionalidad y la insatisfacción
tanto de las partes acusada como acusatoria. Los jueces después de emitir su
sentencia tenían insomnio por los remordimientos de conciencia al sentir que
quedaron mal y no lograron justicia, generando descontento general. Por eso fue
cambiado por el sistema del procedimiento escrito y de presentación documental para impartir
justicia, que según la hipótesis sería más directo, ágil, y probatorio, y se
presta por lógica a una separación entre las partes que evita el soborno y la
corrupción al momento de aplicar la ley. En cambio con el juicio oral se
reconocen y se ponen de manifiesto en el acto las virtudes y carencias de las
partes, sus condiciones económicas y la moral de cada uno de forma inmediata y
personal. Genera por lo tanto una desigualdad entre el ignorante y el astuto,
entre el rico y el pobre, entre las diferencias de género o capacidades
diferentes o entre mestizos e indígenas.
La aseveración de Raúl Guillen Partida
encargado de la comisión implementadora del nuevo sistema es inverosímil,
alegando que “privilegia el dialogo y que las partes se pongan de acuerdo en
aquellos asuntos que la ley lo permite, pero en abuso de confianza, fraude,
violencia intrafamiliar no grave, robos simples, se puede mediar y llegar a una
justicia que satisfaga al ofendido”. Evidentemente si en la actualidad agentes
del Ministerio Público, Jueces o Magistrados llegan a acuerdos deshonestos, más
aún se presentarán ahora casos de corrupción al tener una relación directa con
la parte más convenenciera con tan solo pasar a una oficinita aparte o a un
cuartito oscuro en donde lleguen a arreglos extraoficiales perjudicando a la
parte contraria más débil. El corrupto no nace, se hace.
Caso para llorar
En la Agencia del Ministerio Público del Sector
I en Ciudad Obregón cuyo Titular es Christian Espinoza Álvarez, se da un caso
patético con el expediente 1314/15 que contiene una denuncia contra
exfuncionarios del municipio de Cajeme por la presunta comisión de los delitos
de Uso Abusivo de Funciones y Tráfico de Influencias, interpuesta en mayo del
año 2015.
La denuncia presenta documentales originales
agregados consistentes en Recibos Internos, Pólizas de cheques, Facturas y
Convenios oficiales realizados por familiares del acusado principal, con la
coparticipación de dos altos funcionarios municipales y la anuencia del
Presidente Municipal Rogelio Díaz Brown, conteniendo igualmente documentales
como los nombramientos oficiales suscritos por la Oficialía Mayor del
Ayuntamiento de Cajeme y documentales del Registro Civil que comprueban el
parentesco.
Los acusados violan la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, y también
violan el Código Penal para el Estado de Sonora.
Los familiares realizaron contratos por 50 mil
pesos mensuales durante los tres años con la administración municipal 2012-15 y
el acusado cobraba 28 mil pesos mensuales como titular de la dirección de
cultura municipal.
El
Código Penal para el Estado de Sonora, vigente. En su Artículo 190 es muy claro
“Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: I. El servidor público que
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente -otorgue por sí o por
interpósita persona-, contratos,
concesiones, permisos,
licencias, autorizaciones, franquicias,
exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que
produzca beneficios económicos al
propio servidor público,
a su cónyuge, descendientes o
ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto
grado…”. Pero al parecer esto es letra muerta.
En un papel de disimulo y evasión el caso no
obtuvo ningún avance de averiguación e indagación en los últimos 7 meses faltando
a la aplicación de la ley y al procedimiento. Le expuse el contenido de la
denuncia en persona en una audiencia y de la deficiencia con que se había
abordado a la delegada de la Procuraduría de Justicia del Estado en Ciudad
Obregón, licenciada Claudia Indira Contreras Córdova, hace tres meses. Sin
embargo a pesar de pedirle una explicación, el caso continuó detenido sin
avances, en una demostración de disimulo y desinterés.
La presunta persecución de la corrupción, en
este caso como muchos se demuestra que es un parapeto, una grave simulación. El
pretexto que se pone para no tener seguimiento y desahogo la averiguación es
que tienen carencias de personal y en especial de dos Secretarios de Acuerdos
que hacen falta, agregando que existe excesiva carga de trabajo por tantos
casos de delitos comunes que se encuentran diligenciando. Una deficiencia que
desacata abiertamente el cumplimiento de la ley.
Sin embargo la exigencia del denunciante en
este caso el que esto escribe, deberá tener frutos por que no puede quedarse en
un caso más de impunidad.
El acusado desde luego lleva por nombre Bequer
Alberto García Flores que tenía a su hija y esposa cobrando más de 700 mil
pesos anuales por asesorar en mediación, –así con ese concepto– al ayuntamiento
de Cajeme, y por manejarle el Facebook y el Twitter al exalcalde Díaz Brown.
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