domingo, 7 de febrero de 2016

La Procuraduria de Justicia en Cajeme en la picota

La procuración de justicia en Sonora 
vestida de corrupción de injusticia.
La ineficiencia del Ministerio Público
Cd. Obregón, Son.- A raíz del encubrimiento de los responsables del incendio de la guardería ABC, del apresamiento a modo del entonces gobernador, de los líderes yaquis antiacueducto Luna y Jiménez, y de la creación de la actual fiscalía anticorrupción que parece que hace pero que hace poco para la que fue creada y de miles de ciudadanos afectados y frustrados por no obtener resultados cuando interponen denuncias. ¿Alguien cree que el Ministerio Público del Estado le sirva a los ciudadanos sonorenses de verdad? ¿Que la Procuraduría de Justicia sea para procurar justicia para los quejosos o para perseguir actos delictuosos?
Tanto con Padrés como con Pavlovich en la delegación en el sur de Sonora, encabezada por el ex delegado, Manuel Vea, como por la actual delegada Claudia Contreras, siguen operando en Cajeme 15 agentes del MP, descoordinados, con deficiencias de infraestructura, equipo, desligados, policía estatal ineficiente, falta de personal, cambios bruscos de secretarios de acuerdos, mala atención pública, prepotencia, tortuguismo, corrupción, arrogancia, computadoras e impresoras descompuestas, etc... y lo peor de todo su marcada politización.
Esta politización puede presentar una mayor profundización al aprobarse el Sistema Penal Acusatorio que cambia el procedimiento de comparecencias y resoluciones por escrito por un debate frente al Juez llamado juicio oral. Precisamente cuando llega una etapa de mediación y conciliación, la tesis jurisprudencial indicó siempre que el sistema tradicional contenía presuntamente el objetivo de que los juicios fueran rápidos y expeditos como lo marca la Constitución por encima de un juicio oral. Pero la corrupción y el tráfico de influencias ha generado la degradación del sistema y contradictoriamente el procedimiento previo acusatorio del MP y el procedimiento del juicio son dilatados exageradamente presentándose casos de juicios entre 2 y 5 años de duración para emitir Sentencia. El sistema aprobado es en esta circunstancia un sistema de principios del siglo pasado, en otras palabras el sistema se regresa y no como afirman sus impulsores sea un avance.
Actualmente fuera de meter a la cárcel a homicidas que no huyeron, a pequeños ladrones pescados por sus errores, o a quienes hacen daños o lesiones a terceros y son atrapados pocas de muchas ocasiones por azahares del destino al pasar por ahí un policía, la gente no puede obtener de las Agencias del Ministerio Público la reparación del daño, ni encontrar a los culpables de los delitos en su contra.
Acudir a las instalaciones se vuelve un marasmo engorroso, dilatado y altamente burocrático, envestido de autoritarismo, discrecionalidad y desinterés en los reclamos ciudadanos a no ser de que el quejoso sea un recomendado o tenga una personalidad de buen ver que indiquen que sea adinerado y pueda pagar abogados o poner en entredicho la labor ministerial y por ende, pueda también conducir la investigación o llevarla con el poder del dinero a donde ese poder lo diga.
El Ministerio Público y la Procuraduría bajo la orden del gobernador en turno obedecen a la tendencia partidaria de dicha autoridad perversa que según lo que pida o pidan sus allegados o los grupos de poder a los que pertenece actuarán y usarán doblando la ley a sus intereses.
Este es el tenor en como se aplica la Ley penal al servicio de los grupos adinerados y de la burguesía, echando toda la carga contra los pequeños delincuentes pero imperando la impunidad para los grandes grupos delictuosos, muchos dentro del gobierno.

Caso específico que lastima
La experiencia y el desaguisado sufrido por este reportero no pueden ser más ilustrativos para enseñar al lector la inviabilidad al momento de presentar una denuncia, un acto estéril en el tiempo y en el procedimiento.
La primera denuncia tomó el carácter de Querella con el número 147/15 interpuesta por fraude y despojo contra dos acusados cuyos nombres se omiten, ante el Segundo Agente del Ministerio Público especializado en Querellas, Euder Herberto Leyva Osuna y su secretario de acuerdos Luna el 14 de junio de 2014. Con paso de tortuga la autoridad programa diligencias y hace citas de largo plazo muy parecidas a las citas que da el seguro social a sus pacientes con los especialistas: más largas que la cuaresma. El ofendido ofrece 12 pruebas documentales y dos testimoniales, el mismo ofendido tiene que llevar al secretario a la inspección ministerial y llevar exhorto a una Agencia Ministerial foránea. El ministerio público hasta ese momento no hace nada. Transcurren 8 meses, el titular sale dos veces a Hermosillo supuestamente a cursos de actualización, y estos funcionarios toman dos periodos vacacionales en agosto y diciembre. La Querella es detenida irresponsablemente. Hasta febrero reinicia el procedimiento. Se interpone una denuncia en la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado, contra Leyva Osuna por dilatar el procedimiento de la Querella y obstruir la Consignación penal. Envían citatorios a los acusados, los hacen comparecer 40 días después. El MP se pone exigente quiere documentales certificados, el ofendido los consigue, se cumple un año de la querella, le compramos un pastelito con su velita. En eso el titular es removido por otro funcionario. El nuevo agente Roberto Murillo Quijada, empieza a conocer del contenido de la Querella, transcurren otros tres meses. Consigna al Juez Primero de lo Penal David Silva Toledo, este devuelve el expediente, pide escrituras y otros documentos certificados, se certifican. Pasan otros tres meses, se vuelve a consignar. El Juez toma dos meses y emite Resolución negando el ejercicio de la acción penal en un arrebato de arbitrariedad y corrupción. El ofendido exige al Ministerio Público adscrito al Juzgado que Apele la Resolución, apelando en el acto. Transcurren dos meses y el juez penal turna el Recurso de Apelación al Tribunal Regional de Segundo Circuito con sede en Cd. Obregón, calles 200 y Coahuila. En ese lapso el Agente Murillo Quijada renuncia a un mes de cambiar el gobierno estatal. El Tribunal devuelve el expediente por que careció de la notificación, el Juez Penal notifica. Como ofendido me concede una entrevista hace dos meses, la delegada Claudia Contreras Córdova en su despacho por la calle Chihuahua de esta ciudad, quien se compromete a interponer oficio de agravios ante el Tribunal que abre etapa de alegatos el 8 de enero pasado con 10 días de plazo para exponer estos agravios emitidos por la resolución de Silva Toledo y sorprendentemente la Agente del MP Goméz Rico adscrita a la Delegación de la Procuraduría presenta a la delegada Contreras Córdova el desistimiento del oficio de Agravios que lo firma y remite al Tribunal, perjudicando arbitrariamente al ofendido que es el que esto escribe, cuando debió ratificar invariablemente el dictamen de Consignación del Segundo Agente del Ministerio Público Murillo Quijada, defenderlo y esperar Sentencia del tribunal de alzada. El caso es grave y bochornoso, las irresponsabilidades de las autoridades ministeriales antes y después, son lacerantes.

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