99 años de incumplimiento constitucional
Por Alejandro de la Torre
Meses
antes del 5 de febrero de 1917, el proyecto del ala conservadora encabezada por
el carrancista Félix Palavacini no contemplaba hacer una carta constitucional
que integrara las demandas de una revolución que tanta sangre derramó: Educación,
Tierra y marco laboral de Justicia.
Múgica
el diputado líder de la fracción de izquierda en minoría fue derrotado. Pero
algo repentinamente sucedió. La cuarta toma de Torreón por las fuerzas
villistas reintegradas. Nada fue una concesión a la buena. La burguesía en el
poder triunfante tuvo que aceptar la incorporación de los artículos 3°, 27 y
123 a expensas de acallar un nuevo brote revolucionario.
Pero
al fin y al cabo los preceptos constitucionales avanzados en la reforma social
se han respetado incompletamente, la educación ha sido un fracaso en los
últimos 35 años, la tierra agrícola se ha acaparado de nuevo y han desaparecido
los campesinos, el grueso de la clase obrera se encuentra pisoteada y explotada
por las trasnacionales, desintegrando conquistas y salarios. La gran masa de la
población se encuentra manipulada y en general con peores condiciones de vida
que hace100 años. La ley ha fracasado.
Tanto
Ley mayor como Leyes menores son un parapeto. El sistema y estructura de
justicia es un parapeto para el pueblo, es un sistema de sojuzgamiento de la
oligarquía financiera y trasnacional para seguir con el control de la economía
y del régimen político.
Al
contrario el Estado Burgués en vigencia, ha violentado la ley, la constitución
y el derecho universal cuando de reprimir y matar al pueblo se trata: nunca
fueron castigados los asesinos del 2 de octubre de 1968, ni los asesinos de
Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y más de 500 desaparecidos por la guerra sucia,
no se respetó la ley cuando fue derrotado el PRI y tuvieron que hacer fraude
electoral en 1988 para imponer a Salinas el presidente más corrupto de la
historia, no se castigaron las matanzas de Acteal y Aguas Blancas, y por
supuesto permanece en la impunidad la desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa.
La
ley no se aplica cuando hay despojos y abusos en contra de gente que tiene
micropropiedades cuando estorba proyectos de inversión.
La
ley no se aplica cuando el gobernante corrupto trafica influencias, comete delitos de abuso de autoridad, y se
enriquece inexplicablemente y vive en la impunidad, verbigracia decenas de
gobernadores con casos sin castigar.
La
ley no se aplica contra Guillermo Padrés que debió ser detenido al minuto
siguiente que dejó de ser gobernador, ni contra Humberto Moreira que debe ser
apresado en México ya que de maestro de escuela se convirtió en traficante de
millones de Euros transferidos a sus cuentas.
La
ley no se aplica cuando se destruyen recursos naturales y áreas defendidas por
indígenas, cuando gigantes mineros se llevan el oro y otros minerales en
cantidades millonarias.
Le
ley no se aplica contra el despojo del agua de los yaquis tanto de los que
hicieron un acueducto a Hermosillo como de los que destruyeron la afluente del
Río que sale de la presa Oviachic.
La
ley no se aplica cuando mueren niños quemados por un atroz incendio y los
culpables al contrario siguen posicionados con cargos de poder, apoderados del
control del aparato de gobierno y libres como las liebres.
La
ley no se aplica contra Bours, Beltrones, Calderón y una cauda de funcionarios
corruptos e incompetentes que entregaron la subrogación de la guardería ABC a
recomendados corruptos, no persiguieron el atroz delito, no detuvieron a nadie,
y la hipótesis que alguien mandó ejecutar el incendio sigue en la inopia por el
ministerio público.
La
ley no se aplica en el caso del ex alcalde Rogelio Díaz Brown que dejó
endeudado al ayuntamiento que gobernaba, lo dejó destruido en calles y
servicios públicos, no se le fincan responsabilidades por la cauda de
homicidios y violencia en el municipio que gobernaba y que al cambiar de mando
el índice se reduce impactantemente, favoreció a ciertos recomendados y
compadres con los recursos públicos y al contrario lo premian con un alto cargo
público estatal.
No
hay nada que festejar este 5 de febrero, hay pesadumbre y sospecha en los perseguidores
de delitos comisionados por la ley, en juzgados y tribunales de circuito y
colegiados de cualquier ámbito e incluso en la alta cumbre de la justicia que
es una estructura de suprema indiferencia.
Se
requiere Reconstituir el entramado fundacional de México, su estructura de
respeto y del derecho, su funcionalidad de justicia y de acuerdo para ser
iguales y con un orden escrito que integre al pueblo en su derecho por un futuro digno y mejor.
Una Constitución hecha por la amplia mayoría ciudadana que integre identidad e
historia y castigue y separe de este país a los impunes, a los grandes
expoliadores y siempre saqueadores. La aplicación de la ley contra de ellos. No
más para los grupos oligarcas deteniendo el despojo extranjero.
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