Las casas y condominios del viejito en EU
Mercaditos Ganfer
El
candidato del PAN al gobierno de Sonora, Javier Gándara Magaña, y sus
familiares directos tienen al menos nueve casas en Estados Unidos y un avión
que el ahora aspirante nunca reportó en sus declaraciones patrimoniales cuando
fue presidente municipal de Hermosillo entre 2009 y 2012.
De
acuerdo con los registros de propiedad en poder de MILENIO, Gándara posee una
mansión en La Jolla Scenic Drive, de las zonas más exclusivas de San Diego,
California, valuada en tres millones 600 mil dólares.
Esa
casa figura como propiedad de la empresa Mannon LTD, una firma británica cuyo
principal giro es la adquisición de inmuebles por parte de personas que no
desean que se hagan públicos sus nombres; tiene su sede en Irlanda del Norte y
actualmente se encuentra disuelta.
Javier
Gándara y su esposa, Marcela Fernández de Gándara, también son propietarios de
dos condominios horizontales en el suburbio Bonita, también en San Diego, con
un costo de 270 mil dólares cada uno.
En
el Barrio Linda Vista, del fraccionamiento Fashion Hills, también en San Diego,
Gándara tiene otra propiedad de 172 metros cuadrados, con precio de mercado de
372 mil dólares, y se encuentra a nombre de Ana Marcela Gándara Fernández, hija
del candidato.
Otra
propiedad del matrimonio Gándara-Fernández en San Diego, valuada en un millón
200 mil dólares, está en la zona residencial University City.
La
quinta propiedad en esa ciudad californiana se encuentra en Chula Vista, con
precio en el mercado de 320 mil dólares.
En
enero de 2015, Javier Gándara y su esposa otorgaron un poder legal para que su
yerno Juan Carlos Tirado Woolfolk, esposo de su hija Alejandra, quedara como
“responsable” de cuando menos una de estas casas en San Diego.
Las
otras tres posesiones que tampoco fueron declaradas en México están en Arizona:
la primera, a nombre de Gerardo Gándara Fernández, hijo del ex alcalde de
Hermosillo, en el número 7751 de la East Via Casta, en Scottsdale, en el
condado de Maricopa, en el McCormick Ranch Golf Club, adquirida en enero de
2007 por 537 mil dólares.
En
el momento de la compra Gerardo Gándara tenía 23 años y según las declaraciones
patrimoniales de su padre, era su “codependiente”.
La
segunda se encuentra en Phoenix, en el Club de Equitación Sandspur Ranch. Y
aunque en los registros consta que pertenece a Juan Carlos Tirado Woolfolk,
quien la habría adquirido en 2010, ese mismo año cedió los derechos a la esposa
de Gándara Magaña. Esta propiedad, sin embargo, no ha sido dada de alta por la
esposa del candidato y en los registros sigue apareciendo a nombre de Tirado
Woolfolk.
En
Tucson se encuentra la tercera casa, en el número 6171 del residencial Placita
Manantial La Paloma, costó 400 mil dólares y está a nombre de Adreana Gándara
Fernández hija que el aspirante, a quien en su declaración patrimonial el padre
también cita como “codependiente”.
La
sumatoria del valor de las seis propiedades en California y las tres en2
Arizona, de acuerdo con el cambio actual, 117 millones de pesos,
aproximadamente, los cuales no aparecen reportados en ninguna de las
declaraciones patrimoniales que Javier Gándara presentó cuando fue presidente
municipal de Hermosillo.
Gándara
tampoco reportó en sus declaraciones patrimoniales un jet con matrícula XA-USS,
a nombre de su esposa y con valor de dos millones de dólares. Según Gándara,
este avión presta servicios en una compañía de taxis aéreos. Recientemente se
supo que ha sido rentado por el actual gobernador del estado, Guillermo Padrés,
y el propio Gándara lo emplea pagando el alquiler en su campaña electoral.
La
familia Gándara también dio de alta una empresa restaurantera en Maricopa,
Arizona que, de acuerdo con registros públicos de la Arizona Comission
Corporation, habría sido establecida un mes antes de terminar su gestión como
alcalde de la capital sonorense y en la que incorporó a la totalidad de los
integrantes de su familia en calidad de directivos, lo que tampoco consta en
sus declaraciones patrimoniales.
En
lo que respecta a sus declaraciones de ley, por cierto, las cifras son
coincidentes y poco variables pues, en el apartado de los ingresos, Gándara
reconoce haber ganado mensualmente en ese periodo unos 285 mil pesos durante
esos tres años.
Por
concepto de salario en su último año en el cargo reportó 73 mil pesos al mes;
150 mil pesos por actividades empresariales (particularmente operaciones con
ganado); 34 mil 500 pesos por arrendamientos y 20 mil 500 de intereses sobre
inversiones.
El
total anual aproximado de ingresos durante su etapa como servidor público fue
de 3 millones 300 mil pesos, con muy poca variación, según sus reportes.
El
ex funcionario también detalló en cada una de sus declaraciones anualizadas la
propiedad de seis camionetas, dos casas, un predio, un rancho y un parque
industrial, así como cuentas bancarias por unos dos millones 170 mil pesos
(también casi invariables).
En
el apartado de “dependientes económicos”, reportó que comparte domicilio con su
esposa y sus hijos Adreana y Gerardo. Sin embargo, ambos aparecen como
“propietarios” de casas en Arizona.
Las
investigaciones contra el ex alcalde de Hermosillo se reactivaron luego de que
se dieron a conocer los resultados de auditorías al gobierno que encabeza su
correligionario Guillermo Padrés, en las que se establece que se perdonaron
millones de pesos a varios funcionarios y personas cercanas al mandatario
estatal.
En
esas auditorias salió el nombre de Javier Gándara, a quien presuntamente se le
habrían perdonado 14 millones de pesos. El candidato panista
rechazó el resultado de las auditorias del año 2011 (donde salió su nombre),
aunque aceptó que ese año no pagó impuestos.
Para
tratar de demostrar lo anterior, Gándara presentó su declaración de impuestos,
en las que asegura que solo tuvo ingresos por su actividad ganadera. Sin
embargo, en esa declaración no reporta su sueldo como presidente municipal ni
sus ingresos por otros rubros, tales como rentas, los cuales,
independientemente de si los destinó a donaciones, tenía la obligación legal de
reportar.
Gándara
encabeza el grupo empresarial Ganfer, dedicado a los agronegocios y al diseño,
construcción y manejo de invernaderos y desarrollos inmobiliarios, de lo cual
tampoco ha reportado nada en sus declaraciones patrimoniales o fiscales.
La
omisión de estos datos poco abona a mejorar la imagen de Gándara, quien ha
estado en el ojo del huracán desde que gobernó la capital del estado que hoy
quiere gobernar.
El
candidato del PAN enfrenta denuncias ante la PGR por desvío de recursos
federales y peculado desde el año pasado, centradas en la desaparición de 147
millones de pesos que hasta la fecha Gándara no ha explicado.
También
enfrenta acusación por la presunta licitación fraudulenta del rastro de
Hermosillo y una irregular “regularización” de terrenos federales, en la que se
registró inclusive un robo de identidad a un modesto cantinero de Navojoa.
Obligatoria,
la declaración de bienes
La
legislación de Sonora obliga a los servidores públicos del estado y de sus
municipios a reportar periódicamente las modificaciones de carácter
patrimonial, así como las inversiones, movimientos de cuentas bancarias, saldos
de créditos hipotecarios, préstamos, compras y tarjetas de crédito, tanto del
declarante como de su cónyuge y dependientes económicos.
La
situación patrimonial del cónyuge debe ser declarada sea cual sea el régimen
del matrimonio, mientras los dependientes económicos se definen como las
personas, familiares o no, cuya manutención dependa principalmente de los
ingresos del servidor público obligado.
De
acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
de los Municipios de Sonora, entre la información que los declarantes deben
presentar se encuentran las inversiones bancarias, sean de ahorros, a largo
plazo o cuentas de cheques.
Los
funcionarios deben enlistar la compra de cualquier bien inmueble a crédito,
además de los adeudos contraídos con instituciones, personas físicas, compras a
crédito y tarjetas de crédito, con el detalle de los saldos correspondientes.
Igualmente
deben formar parte de las declaraciones de modificación patrimonial los costos
de las obras de construcción, ampliación o remodelación de bienes inmuebles,
con el desglose de superficie, costo de proyecto concluido o erogación anual
destinada a obras inconclusas.
Los servidores públicos estatales y municipales de Sonora deben reportar
la adquisición, ampliación o herencia de acciones societarias o partes sociales
de las empresas en que eventualmente tengan participación.
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