Florentino preso político de Durazo.
La
alzada es de bajada: conocer lo que resuelve un Tribunal de segunda instancia
da náusea
Por Alejandro De la Torre.
Es
prácticamente lo más facil controlar y jinetear un Tribunal Regional de Segunda
Instancia en el actual sistema penal.
El viejo
régimen se encargó de socavar la revisión de todo el funcionamiento judicial. Los
magistrados juzgadores siguen siendo la cereza prepotente e impune en el
falloso proceder que pisotea la razón y la credibilidad en la ley.
El poder
judicial no se ha tocado nunca en el Estado de Sonora a estas alturas de un régimen
de legalidad, sigue siendo un instrumento de abuso y perversión de la vida
corrupta de los altos funcionarios judiciales y de los litigantes deshonestos.
Sigue siendo la joya de la profesión llegar a él, los sueldos y pensiones son de cinco a diez veces más
desproporcionados que la de cualquier defensor o asesor jurídico. Es un coliseo
de ejecutores y leones voraces contra los ciudadanos que caen en su arena.
-El pasado 19 de febrero culminó la obra procaz
de la infamia contra el Licenciado Florentino Vázquez Borja, preso político de
los empoderados Alfonso Durazo Montaño, Rafael Acuña Griego y el Fiscal Gustavo
Salas Chávez. El Tribunal Regional de Hermosillo, tardó 5 meses para resolver
la legalidad de la prisión preventiva contra el postulante del derecho. Es
dificil decirlo porque existe una comunidad digna aunque minoritaria de
abogados en Hermosillo, que se asombra ante el caso de este atropello. Resuelve
el infame Tribunal Colegiado de Hermosillo, en el toca 189/2023, cuyo ponente
es el “Magistrado” Gabriel García Correa que viene del régimen del PRI, todo en
contra de Florentino, hasta de su falta de derecho a usar una pluma bic dentro
del penal. Esta es la CRóNICA.
La
detención y 5 meses de injusta cárcel
El 23 de septiembre del año pasado,
Florentino Vázquez fue detenido por una orden de una jueza que obedeció la
instrucción del Fiscal, que a su vez obedeció la instrucción del gobernador.
Fue una grúa privada doble rodado la que se
le atravesó debajo del puente de la calle Rosales y sin averiguar, dos tipos
engancharon el chasis del vehículo que iba conducido por una asistente a
escasos minutos de salir de su despacho.
Grabó a los agentes con su celular y pensó
que el ilegal atropello saldría sin mayor percance puesto que el hecho violentó
el protocolo de la detención.
Pero fue cercado, bajado y esposado,
trasladado a la fiscalía de forma ilegal y después puesto frente a una jueza
que de forma inmediata obedeció la solicitud y lo internó en el área de
indiciados del Cereso de Hermosillo, sin mayor alegato.
Si lo analizamos, ese fue el objetivo,
proporcionarle una lección, un fuerte castigo, meterlo a la cárcel como se
encerró a los activistas políticos de los años 70 en la cárcel de Lecumberri,
por faltarle al respeto a la dictadura priísta, y en este caso al gobernador de
Sonora y al nuevo fiscal estatal que apenas tres meses atrás había sido
designado.
Cuando transitaba por la avenida Serna a unos
dos kilómetros de su oficina, fue bloqueado por tres vehículos y el camión de
remolque. En el lugar se presentaron cinco elementos de la AMIC, entre ellos
dos mujeres, y otros tres se encontraban en otra patrulla, además de dos espías
que lo cazaban desde su aposento y dieron el pitazo cuando saliera de la
oficina donde trabaja en sus decenas de casos como abogado.
El día 24 de septiembre la jueza Alejandra
Celaya Alegría cumplimentaba la consigna, Florentino a toda costa debería ser
castigado con la prisión por dos inventados delitos, que por más demostración
que hicieron en el evento de debate, no advirtieron que la jueza tenía puestos
dos tapones en los oídos, esos que se colocan los guías de los aterrizajes de
aviones en las pistas. Y la oratoria de los tres abogados fue como hablarle a
la pared, la jueza penal, se reía y ordenaba encerrarlo.
Las audiencias posteriores en octubre,
noviembre y diciembre, fueron en la misma tesitura, hablar, defenderse,
demostrar, exponer pruebas, hacer peritajes, y lo mismo otra jueza y un juez,
chiflaron levantando los ojos al techo del plafón, se limaban las uñas,
eruptaban, hasta que se terminaba la oratoria de los abogados del imputado y
volvieron a decir no, no, no. No hay sobreseimiento, no hay cambio de la medida
cautelar de prisión, no hay perdón, no hay desistimiento, no hay cumplimiento
del debido proceso. El cinismo fue abiertamente inclinado y la deducción fue
lógicamente que al no respetar los alegatos, la orden fue hacerlo un preso del
gobernador, que detesta la crítica y más cuando es directa y ácida, incómoda
para la anterior fiscal y castigable para el nuevo fiscal.
Florentino que mereció siempre el
sobreseimiento de la causa penal, por el descubrimiento de datos y medios de
prueba demostrados a su favor, tuvo que ser aprisionado y hoy purga esa pena
que un cristo sufrió por estas fechas santas en un calvario.
Dos datos importantísimos son los que ofreció
Florentino Vázquez a través de cuatro defensores y por el mismo con una gran
experiencia obtenida en una centena de audiencias del nuevo sistema penal, a
favor de otros ofendidos e imputados que a muchos ha beneficiado, y ha tenido
en su mayor parte éxito como la libertad
de Miguel Valdés y Marco Duarte y la absolución plena de Irene Manzo, pero
también ha llevado casos importantes como el Amparo que logra el pasado 23 de
noviembre a favor de dos sentenciados a 94 años de prisión, encontrando una
laguna en el proceso que se les fincó logrando una orden de amparo a favor de
ellos de reposición del procedimiento, algo que pocos abogados logran.
Estos dos datos suficientes para sobreseer el
caso de vinculación a proceso a Florentino Vázquez, fue que la presunta
ofendida de despojo y amenazas de nombre Zobeida junto a su marido, hizo su
declaración ministerial de querella en junio del año 2018 por el delito de
despojo y dijo que Florentino la amenazó pero nunca usando el verbo matar o sus
derivados.
Cinco años después el 6 de septiembre de
2023, la AMIC de forma exprés con varios agentes en operativo, levantó 7
entrevistas a vecinos y familiares, anotados en un papel firmado, en todas
alegan que Florentino que no se comprobó cinco años atrás que dijo la palabra
“chingar”, ahora dijeron la dijo.
Y la supuesta ofendida, su vecina y su
pequeña hija de 9 años de edad, que tenía 4 años en ese momento, dicen que
Florentino las iba a matar.
Tanto las entrevistas al revisarse, pueden
deducirse que estuvieron todos de acuerdo en decir lo mismo en una hoja, con un
idéntico relato de los hechos, en un formato tipo machote, evidentemente
poniéndose de lado de la vecina y familiar.
Pero la falla más grave es que Zobeida y su
marido nunca dijeron en junio de 2018 que Florentino dijo que las amenazó de
muerte, ahora la vecina y la niña chiquita las hicieron firmar ante un
psicólogo entrevistador empleado de la Fiscalía, que si lo dijo. Esa es la más
grave inconsistencia de la imputación prefabricada y presentada por los
fiscales ante la jueza que los obedece como fieles camaradas.
La otra prueba irrefutable, es el contrato de
adquisición del terreno en supuesto despojo, que se encuentra por la calle
Tampico de la colonia Santa cruz en el poblado de Kino viejo, esta prueba se
anexa al presente reportaje.
Esta adquisición le entrega a Florentino
Vázquez la incuestionable propiedad del terreno de 621 metros cuadrados, 25 x
25 metros. El contrato es ante el gobierno del Estado de Sonora firmado por
Emeterio Ochoa Zuñiga Coordinador de la Comisión de Bienes y Concesiones, a los
15 días del mes de noviembre de 2005.
Este mismo inmueble obtuvo un interdicto para
confirmar la posesión en noviembre de 2021 a favor de Florentino. Continúa segunda parte... en este mismo portal...
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