lunes, 23 de febrero de 2015

Los maestros y el ITSON. La Junta de Simulación y Arbitraje y la Burladuría de Justicia del Estado

Los maestros y el ITSON

Ante los avatares hace días para evitar emplazamientos de huelga en el Tecnológico de Sonora y en vista de las negociaciones con rectoría que tuvo como resultado un aumento salarial de 4.2 por ciento, es pertinente conocer lo siguiente:
La estructura laboral del ITSON se encuentra clasificada en dos grandes sectores de personal, compuesto por 600 empleados administrativos y operativos y mil 100 académicos.
Los académicos se subdividen en dos diferentes estratos donde se ubica en el primero a la amplia mayoría mal pagada que imparte clases por horas sueltas y un segundo sector minoritario sindicalizado y de altos funcionarios que no llegan a los 400 integrantes, de los cuales se puede escoger una planta de docentes privilegiados y de los cuales podemos describir a la “casta divina” compuesta por media centena de directivos con percepciones económicas superiores en 3 o 4 veces a la que reciben los maestros mejor pagados. Los sueldos y bonificaciones que recibe esta burocracia en jefe, van de los 40 mil a los 180 mil pesos mensuales, y ahí se encuentran los dos vicerrectores, el secretario y el Rector.
El modelo ITSON que nos vende la idea de una universidad equitativa y bien estructurada en cuanto al esquema laboral de la planta docente se derrumba al conocer que unos cuantos han logrado prestaciones muy superiores a las que tiene el 80 por ciento de los profesores que imparten la catedra como “maestros auxiliares”, que no pertenecen al sindicato y por supuesto tienen pisoteados sus derechos de ascenso y basificación. O sea más de 800 profesores son contratados bajo el régimen de honorarios con pírricas percepciones que van de los 2 mil a los 7 mil pesos mensuales, dependiendo de la cantidad de horas clases que imparten y que les reparten bajo el condicionamiento de nunca generar derechos.

La Junta de Simulación y Arbitraje
y la Burladuría de Justicia del Estado

Dos instancias jurídicas del anti derecho pueden señalarse como las que vacían la búsqueda de justicia e igualdad ante la ley, en las cuales se pervierte el procedimiento legal que deberían abogar presuntamente para los ofendidos.
En un caso los asalariados y en el otro quienes buscan justicia ante el delito.
Tanto la Junta de Conciliación y Arbitraje y el Ministerio Público del Fuero Común se encuentran bajo la tutela política del gobernador en turno y bajo el poder arbitrario ejercido por dos déspotas: el Secretario de Gobierno y el Procurador.
Por sanidad de la sociedad que desconoce de la corrupción e ineficiencia hasta que la sufre en carne viva y de la incapacidad en el ejercicio legal público de estas dos instancias simuladas, deben ambas separarse del dominio de una autoridad politizada como es la gubernatura del estado, que termina obedeciendo los intereses de su partido y de los grupos de poder político.
Tanto el derecho laboral como la procuración de justicia son entelequias producto de la burla y el escarnio de grupos discrecionales de interés, en las que no se ejerce la ley, se obedece, no se actúa se perece (derivativo de pereza), no se busca el derecho se esquiva, ahí no llegan los ciudadanos nunca, tan solo se tropiezan por azahares del destino. Son el reflejo de un país subdesarrollado y de su mal gobierno.
Los tribunales laborales deben constituir un aparato de justicia independiente del gobernador para que se acabe la impunidad y la destrucción de los derechos de los trabajadores, pero también respete el derecho de los empleadores.
La procuraduría y las agencias ministeriales deben de la misma forma separarse del aparato público al servicio del gobernador del estado, para ligarse únicamente al poder judicial.
Soy testigo y lo digo ante la desagradable experiencia de que se burlaron de mi demanda laboral por despido injustificado contra el Consejo Estatal Electoral presentada el 28 de febrero de 2009 en la cual el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Hermosillo, Juventino Jiménez López emitió un laudo hace dos meses que tiene todos los indicios de contubernio y arreglo con la demandada CEE que presidia hace un año Francisco Zavala Segura para dilatar el juicio y posteriormente emitir una resolución que desacata todo el procedimiento realizado, demanda que se fue al amparo en el Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral.
De la misma forma la ineficiencia de los Ministerios públicos especializados en Querella no operan, despachan en oficinas que no tienen personal suficiente, no notifican, no ejercen sus atribuciones legales, no tienen supervisión y ni evaluación, y dilatan todos los procedimientos con un rezago enorme en los casos en curso. La justicia del siglo 18 se asustara de lo rudimentario para aplicar los procedimientos penales en Sonora.
Los funcionarios de las agencias del MP simulan que trabajan y para poder resolver deben recibir órdenes superiores, nunca resolviendo igualitariamente. Si los querellantes no ejercen presión o no prevén motivar  a los servidores públicos, estos nunca llevan a cabo las diligencias. Solo se atienden los casos urgentes como homicidios, robos flagrantes o lesiones graves y los atienden sesgadamente.
El actual titular de la PGJE, Carlos Navarro Sugich fue un diputado panista malo y un achichincle durante dos años del ex procurador Abel Murrieta Gutiérrez, la Directora de la Visitaduría General Guadalupe Mendívil Corral que es la supuesta vigilante de que las agencias del MP y de los servidores públicos de la procuraduría se apeguen a la ley y a sus estipulaciones, es probablemente una funcionaria producto de la negociación de Padrés con el perredista Edgar Hiram Sallard, esposo de ella, también funcionario del gobernador como director del Instituto de Evaluación Educativa (IEEES).
Por ello casi siempre el actuar de los agentes del Ministerio Público obedecen a consignas políticas en vez de regirlos un sentido objetivo por la aplicación del marco legal.
Esto es dramático y detestable y no puede continuar esta ineficiencia y discrecionalidad en estos dos aparatos de “justicia” de los que la gente ya no acude o si busca justicia acude con gran desconfianza por apreciar inmediatamente a las primeras de cambio, que no sirven, más aún cuando se topa con esta ineficiencia y corrupción.

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