El CISEN un ominoso aparato de dos mil 800 millones de pesos y tres mil 500 empleados de confianza
Una
de las primeras decisiones del nuevo secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida, fue remover de inmediato al director general del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz
Gispert, quien sin experiencia alguna en materia de inteligencia y
seguridad se sostuvo en el cargo desde el arranque del gobierno de
Enrique Peña Nieto, por capricho del ahora exsecretario Miguel Ángel
Osorio Chong.
Con
la permanencia de Ímaz en los primeros 5 años del actual gobierno, el
principal órgano de seguridad nacional de México se mantuvo a la deriva;
una tendencia que siguió en los últimos 17 años, por lo que en este
lapso México careció de un instrumento de inteligencia eficaz que le
permitiera combatir los principales riesgos que enfrenta el país, como
por ejemplo el crimen organizado.
Desde
que el entonces panista Vicente Fox asumió la Presidencia de la
República, la incapacidad, el despilfarro y el derroche en el Cisen se
mantuvieron hasta el gobierno de Felipe Calderón, a quien lo que menos
le importaba era la seguridad de la nación: utilizó la estructura de ese
centro de inteligencia para espiar a sus adversarios políticos, líderes
sociales, periodistas críticos y movimientos estudiantiles, como el
llamado Yo soy 132.
Esa crisis en la
seguridad nacional aumentó en la actual administración priísta con el
nombramiento de Ímaz Gispert. Por eso es un acierto su remoción
inmediata, aunque el nuevo director general, Alberto Bazbaz, trae a
cuestas su renuncia a la Procuraduría del Estado de México en 2010 por
aquel escandaloso caso de la muerte de la niña Paulette, ampliamente
publicitado por los medios y que hasta la fecha se le critica por el
pésimo resultado de la investigación.
Sin
embargo, en su último encargo al frente de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), Bazbaz fue más eficaz y cientos de denuncias se
presentaron ante las procuradurías Fiscal de la Federación y General de
la República en contra de presuntos lavadores de dinero,
defraudadores y miembros del crimen organizado. Un trabajo tan
importante que debería ser una de las acciones principales del gobierno
federal para frenar los flujos de dinero sucio, y con ello
reducir la capacidad de financiamiento de los cárteles del narcotráfico;
pues con ese dinero corrompen a las distintas autoridades de gobierno.
Aunque
es un movimiento tardío, Bazbaz debe aprovechar los 11 meses que le
quedan a la actual administración para dar resultados en ese órgano de
inteligencia, más aún cuando estuvo varios años en la UIF y eso le
permite tener toda la información necesaria para reducir los elevados
niveles de corrupción, violencia y lavado de dinero.
El
Cisen arrastra los constantes desmantelamientos en los gobiernos
panistas de Fox y Calderón, quienes convirtieron a ese órgano civil
destinado a preservar la seguridad nacional en un vil centro de
espionaje. En los últimos 3 sexenios ese centro de investigación ha
visto disminuida su responsabilidad de defender la integridad,
independencia y soberanía del territorio nacional.
En
los 5 años de la actual administración de Peña Nieto no sólo no supo o
no quiso reordenar esa área de inteligencia fundamental para el gobierno
federal, sino que nombró a un titular carente de méritos y capacidades
para atender las prioridades de la seguridad nacional, lo que dio paso a
un desorden administrativo, un gasto desmesurado y a una operación
descontrolada que aprovecharon coordinadores y agentes para hacer
negocios independientes y convertirse en informantes al servicio de
intereses privados.
A pesar de todas
esas deficiencias, lo que no se reduce es el enorme presupuesto que
gasta el Cisen. Por ejemplo, en 2017 ascendió a 2 mil 823.45 millones de
pesos, cantidad nada despreciable si se considera que esa dirección
general de la otrora inteligencia civil, dependiente de la Secretaría de
Gobernación, utiliza casi la totalidad del recurso (90.64 por ciento)
para el gasto corriente y el resto (9.36 por ciento) al gasto de
capital, ante lo cual su labor ha sido convertida en un vil centro de
espionaje en contra de los movimientos sociales y sus líderes, a quienes
intervienen teléfonos, internet y redes sociales, mientras que la
inseguridad, la violencia y la violación a la privacidad por parte de
gobiernos estatales o empresas privadas está en auge.
Así
se explica el último escándalo de espionaje denunciado hace varias
semanas por un exagente del Cisen, Raúl González Vázquez, quien acusó al
exgobernador poblano Rafael Moreno Valle de destinar millones de pesos
del presupuesto estatal para armar una red de espionaje en contra de
altos funcionarios del gobierno federal, incluido el presidente Peña
Nieto y el ahora exsecretario de Gobernación, Osorio Chong; así como
adversarios políticos y hasta miembros de su propio partido.
La
denuncia investigada supuestamente por la Procuraduría General de la
República señala que Moreno Valle habría gastado 3 millones de dólares
en un sofisticado sistema de intercepción de llamadas telefónicas y
otros 14.9 millones de pesos en aparatos que permiten clonar números de
teléfono para tener acceso a su información y que sirven además de
micrófonos. A esto se suma el gasto en casas de seguridad y salarios de
los operadores.
Ante esas graves
acusaciones, Moreno Valle dijo desconocer a Raúl González Vázquez y
añadió que éste nunca trabajó en su administración. Además, señaló que
el exagente era un delincuente confeso, pues reconoció haber sido
contratado para realizar un trabajo ilegal de espionaje.
Después
de esos días de tensión por tan grave señalamiento en contra de un
exgobernador y la aportación de “pruebas” en su contra, como algunas
grabaciones ilegales, la actividad política del exmandatario se redujo
considerablemente, sobre todo si consideramos que antes del escándalo
aparecía permanentemente en espacios noticiosos de radio y televisión y
en portadas de revistas, sin descontar que sus aspiraciones
presidenciales se acabaron.
Así, con
un presupuesto superior a los 2.8 mil millones de pesos anuales y una
voluminosa nómina de 3 mil 500 empleados de confianza, el Cisen es
operado por 40 mandos superiores que perciben salarios mensuales de
entre los 160 mil y 200 mil pesos, más un bono por riesgo adicional
equivalente al 30 por ciento de sueldo.
A
pesar del enorme gasto que representa para las finanzas públicas ese
órgano de seguridad nacional, en los últimos 17 años, periodo en el que
el Partido Acción Nacional ocupó la Presidencia 2 sexenios y lo que
lleva Peña Nieto al frente, se convirtió en una institución gris en su
desempeño y en un barril sin fondo en su gasto público. Esto debe
cambiar y Bazbaz sólo tiene 11 meses para lograrlo.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
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