SAT perdonó impuestos
a privilegiados el equivalente a todo el gasto educativo de 2015: Fundar
Desde hace una década, el Gobierno
mexicano ha perdonado, de manera masiva, el pago de impuestos, multas y
recargos a un reducido número de contribuyentes, sean personas físicas o
morales. El problema es grave porque lo ha hecho de forma opaca e incluso
discrecional, plantea Fundar, Centro de Análisis e Investigación.El monto total
cancelado de 2008 a 2016 asciende 593 mil 448 millones de pesos, lo que
equivale al gasto ejercido en educación en México durante 2015.De acuerdo con
Iván Benumea, investigador de Justicia Fiscal de Fundar, esto se debe a que “el
sistema tributario no está haciendo lo suficiente para recuperar los recursos
de quienes tienen más riqueza, lo que es preocupante porque el sistema
tributario debería de ser progresivo, esto significa que debería de gravar, de
cobrar impuestos a quienes más tienen”. Y también porque en los programas de
impuestos masivos “se permitió que quienes hubieran aplicado en años anteriores
al pago de sus impuestos, volvieran a aplicar”.
Efrén Flores / Sin Embargo
Desde hace 10
años, el Gobierno federal ha venido perdonando, de manera masiva, el pago de
créditos fiscales a un cierto número de contribuyentes, sean estos personas
físicas o morales. Es decir, les ha condonado el pago de impuestos, multas,
recargos, entre otros adeudos en sus contribuciones fiscales. El problema es
que dichas condonaciones las ha ejercido de manera opaca –y tal vez, incluso,
de forma discrecional–, planteó Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El monto total
cancelado de 2008 a 2016 asciende 593 mil 448 millones de pesos, una cantidad
equivalente, por ejemplo, a todo el gasto ejercido en educación en México
durante 2015.
La información
disponible no esclarece los mecanismos utilizados por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para exentar a los contribuyentes del pago de
créditos fiscales, añade Fundar.
“No podemos saber
si las condonaciones están justificadas; si hay casos de personas que gocen de
privilegios fiscales; o si esas medidas propician la evasión del pago de
impuestos”, destaca.
Las condonaciones
fiscales del Gobierno federal tienen el objetivo de regularizar la situación
fiscal de los contribuyentes para impulsar la economía nacional y las de las
familias. Y aunque la condonación puede ayudar a que el Estado mejore la
recaudación de impuestos a corto plazo, sin embargo, los modelos masivos de
condonación de adeudos fiscales adoptados por las últimas dos administraciones
habrían propiciado la pérdida de recursos públicos, la evasión y la deducción
fiscales, y la cultura del no pago. ¿Por qué?
De acuerdo con
Iván Benumea Gómez, investigador de Justicia Fiscal de Fundar, esto se debe a
que “el sistema tributario no está haciendo lo suficiente para recuperar los
recursos de quienes tienen más riqueza, lo que es preocupante porque el sistema
tributario debería de ser progresivo, esto significa que debería de gravar, de
cobrar impuestos a quienes más tienen”. Y también porque en los programas de
impuestos masivos “se permitió que quienes hubieran aplicado en años anteriores
al pago de sus impuestos, volvieran a aplicar”.
En otras palabras,
para la organización civil el perdón de créditos debe percibirse como un evento
único, extraordinario y de difícil acceso, “ya que su repetición periódica y a
favor de los sectores económicos con mayor capacidad contributiva puede
incentivar a que los contribuyentes prefieran eludir sus obligaciones bajo la
expectativa de que algún día sus adeudos serán perdonados”.
La información
pública disponible revela que las condonaciones masivas del Gobierno federal
han beneficiado principalmente a quienes tienen mayores adeudos, de ese modo
beneficiando a quienes tienen mayor capacidad económica y cuyos recursos
podrían haber sido captados sin la necesidad de otorgarles la condonación de
adeudos.
De acuerdo con la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el ejercicio del programa de
condonación masiva de 2013 “Ponte al Corriente”, un total de 41 mil 399
personas morales [empresas] dejaron de pagar 159 mil 620.43 millones de pesos.
Sin embargo, en ese entonces sólo 36 compañías se vieron beneficiadas con el
50.2 por ciento de las condonaciones (dejaron de pagar 80 mil 161.06 millones
de pesos).
El monto que
dejaron de pagar esas 36 empresas, equivale a todo el presupuesto ejercido por
la Secretaría de Gobernación durante 2015.
Lo mismo sucedió
con el programa 2015-2016. La propia información del SAT indica que los mayores
beneficios fueron para un conjunto reducido de contribuyentes. En ese periodo,
mil 383 personas morales recibieron la condonación de adeudos por un monto total
de 4 mil 400.69 millones de pesos. Sólo 10 personas morales [empresas] –un 1
por ciento de los contribuyentes que recibieron una condonación– dejaron de
adeudar lo que representa más del 85 por ciento del monto total de
condonaciones para el periodo de julio de 2015 a julio de 2016 [3 mil 616.80
millones de pesos]. Cinco de esos 10 contribuyentes, estaban relacionados con
la Corporación GEO, la empresa de construcción y de desarrollo de vivienda
social.
En el caso de las
personas físicas, en el último año el 10 por ciento de ellas [47 de 474
contribuyentes] dejó de adeudar el 69 por ciento del monto total condonado
[21.8 de 31.7 millones de pesos]. Además, el 2 por ciento de ellos [10
personas] acumularon el 32 por ciento de los montos condonados.
“El hecho de que
las personas con mayores adeudos sean quienes puedan acceder a estos beneficios
es preocupante, porque significa que otras personas con menores recursos que
presentan sus solicitudes no pueden acceder a esos beneficios”, explica Iván
Benumea de Fundar.
LA OPACIDAD DEL
SAT
En términos
legales, la cancelación de un crédito fiscal implica que la autoridad
tributaria abandonará la recaudación de un adeudo, ya sea porque el adeudo
resulta incosteable, o bien, porque el deudor es insolvente o no puede ser
localizado.
Luego de la caída
de los precios del petróleo a finales de 2014 y tras la implementación de la
Reforma Hacendaria de ese mismo año, los ingresos tributarios no petroleros
[los impuestos] se convirtieron en la principal fuente de captación de recursos
del Gobierno Federal.
Los datos
oficiales disponibles indican que hasta 2016, por la vía de los impuestos, se
recaudaron 2 billones 407 mil 716.7 mdp, que equivalen al 50.5 por ciento del
total de los ingresos obtenidos en dicho año -27.4 por ciento más que en 2014-.
En contraste, los datos más actuales de la ASF refieren que la evasión global
de impuestos correspondió al 2.8 por ciento del PIB [483 mil 874 mdp].
A pesar de que la
recaudación en México aumentó en un 10.1 por ciento de 2015 a 2016 –ya sea
porque creció la base de contribuyentes; o porque se regularizó fiscalmente a
más personas bajo el esquema del Régimen de Incorporación Fiscal, entre otros
factores-, “nuestro país aún se encuentra por debajo del promedio
latinoamericano en relación a la recaudación de ingresos tributarios como
proporción del PIB”, refiere Fundar en su informe “Privilegios Fiscales”
(2016).
De acuerdo con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México el
20 por ciento del PIB lo compone la recaudación tributaria, mientras que su
promedio internacional es de 34 por ciento.
Un ejemplo de la
baja capacidad de recaudación del Gobierno federal quedó asentado en el segundo
trimestre de 2016. Según el SAT, la cantidad de recursos públicos que deben de
ser cobrados asciende a un monto de 464 mil 965.60 millones de pesos. Sólo el
44 por ciento de ellos son “factibles de cobro”, o bien, están en proceso de
ser cobrados. El resto quizá se cobre; quizá no.
Si al bajo nivel
de recaudación de impuestos y al alto grado de evasión sumamos la desigualdad
de la condonación de créditos públicos –que beneficia a unos cuantos-,
obtenemos un cúmulo de ingresos que el Estado mexicano deja de ingresar para
resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Y esto se da ahora, en el marco
de los recortes al gasto público proyectados para el 2017 y ante el incremento
del endeudamiento público.
Por ello, Iván
Benumea menciona que “así como es importante saber con qué empresas, con qué
particulares el Estado celebra contratos, es importante saber a quiénes le
condona impuestos porque es un mecanismo similar. Al final están entregando
recursos –sólo que por la vía tributaria–. Y para el Estado eso significa una
pérdida de recursos. Para los contribuyentes eso significa una ganancia
monetaria, una ganancia a sus bolsillos”.
El problema es que
a pesar de que al día de hoy contamos con un marco normativo más favorable para
la transparencia y la rendición de cuentas, este no garantiza que la ciudadanía
pueda acceder a la información que debiera ser pública.
“Las nuevas reglas
no han logrado superar que el secreto fiscal sea defendido mediante otras vías,
y las autoridades continúan escudándose bajo esta figura para impedir que la
ciudadanía cuente con la información a la que tiene derecho a acceder”, explica
Fundar.
Pese a que en 2014
la reforma constitucional en materia de transparencia estableció al Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) como el órgano autónomo a través del cual el Estado debe
garantizar la transparencia, el SAT ha incumplido de manera sistemática una
gran cantidad de resoluciones en donde se le ha instruido la entrega de
información en materia de créditos fiscales.
Con todo y
reformas, al día de hoy, no podemos saber los motivos o los nombres de todas
aquellas personas que han sido exentados del pago de sus adeudos fiscales. Con
todo y que hoy el SAT anunció la publicación de información estadística sobre
las declaraciones anuales de las personas físicas y morales, no ha cejado en su
constante negativa de transparentar los motivos y los nombres de las personas
físicas y morales que han recibido el perdón de sus impuestos, o la cancelación
de sus deudas tributarias.
A la fecha, el
INAI ha ordenado al menos 32 veces la apertura de dicha información. Pero el
SAT no acata. Su justificación: los datos de los contribuyentes se encuentran
protegidos por el secreto fiscal.
“El problema aquí
es que no hay suficiente transparencia para poder determinar cuál es el
mecanismo que está siendo aprovechado por los contribuyentes para que se les
perdonen sus créditos fiscales y en qué ocasiones el SAT esta actuando de
manera irresponsable. O si por el contrario todo es legal y no hay un problema
al respecto y no hay ningún problema en que las condonaciones se concentren en
las personas que tienen los mayores adeudos, algo que parece difícil
sustentar”, refiere Benumea.
El próximo año
podría ser implementado otro programa de impuestos masivos, situación que
podría implicar una pérdida injustificada de recursos, señala el investigador.
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