De acuerdo con el informe “Violencia contra la prensa en México”, en el país se ataca a un periodista cada 15.7 horas y entre enero y junio de 2017 se reportaron 1.5 agresiones diarias y, además, expuso, 50.7 por ciento de esos atentados fueron cometidos por funcionarios públicos [con 140 de los 276 atentados].
Para Artículo 19, en su división México y Centroamérica, las cifras que hoy se revelan son “un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa”.
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En el periodo de referencia, la organización –que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas– identificó tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y qse acentúa de manera importante en los periodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año.
Ese es el caso de estados como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, en donde han aumentado las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores.
En este sentido destacó el caso de Coahuila, entidad sujeta a un proceso electoral complejo en el período analizado, y que reflejó un incremento de agresiones de 325 por ciento.
Esa entidad del norte del país ocupa ahora el tercer lugar con más agresiones contra la prensa, sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz, ambos estados con 28 agresiones registradas.
En su informe del primer semestre de este año, Artículo 19 citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su alerta sobre la violencia contra la prensa en la cobertura de comicios.
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“Los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas”, plantea la CIDH.
Sin embargo, alertó la Organización No Gubernamental (ONG), en México la tendencia muestra que, en un contexto electoral, las agresiones provenientes de integrantes o simpatizantes de partidos políticos aumentan, con una intención clara de reducir esos flujos de información que puedan derivar en el veto ciudadano o la exigencia de rendición de cuentas.
“Como se ha señalado en numerosas ocasiones, la falta de garantías democráticas en México provoca que la cobertura en contextos de protesta y electorales se convierta en un riesgo para las y los periodistas. Las elecciones y la protesta son ejercicios básicos y fundamentales dentro de una democracia y su cobertura se considera un discurso especialmente protegido. De esta manera, el aumento de agresiones en este contexto refleja las fallas institucionales de fondo en un país que se encuentra lejos de consolidarse como una democracia. Asimismo, corrobora la intencionalidad de los perpetradores de restringir el flujo efectivo de información de interés público”, expuso el informe.
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ATAQUES PARA SILENCIAR
El informe “Violencia contra la prensa en México” destacó que en un país plagado por la violencia, las amenazas o actos de intimidación son suficientes para generar miedo y, por lo tanto, forzar el silencio en la prensa.
En este caso, las agresiones más constantes de enero a junio de 2017 son actos de intimidación [67], amenazas [60] y ataques físicos o materiales [56].
También destacó que de las amenazas documentadas, 19 fueron de muerte, nueve de daño físico y tres de ellas realizadas con armas de fuego o explosivos. Además se registraron cuatro actos de intimidación con armas de fuego.
Respecto a las agresiones físicas, el informe registró 43 lesiones con las manos u otras partes del cuerpo; 37 de las cuales fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos. Además se registraron dos atropellamientos a periodistas.
En cuanto a los allanamientos, la organización documentó nueve en total: dos a oficinas de medios de comunicación y seis a domicilios de periodistas. En este rubro, la Ciudad de México encabeza la lista de allanamientos, con 44 por ciento de los casos.
Las privaciones de la libertad también fueron una constante, con 11 retenciones ilegales y 17 detenciones arbitrarias.
Artículo 19 destacó el caso de Rubén Pat, director del semanario Playa News, quien fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo.