Regulará Congreso concesiones municipales más allá de un trienio de gobierno.
Hermosillo, Son.- El Congreso de
Sonora legisló la mañana de este jueves 14 de octubre, mejorar la Ley de
gobierno para que los ayuntamientos sean autorizados para otorgar concesiones
más allá de su periodo de tres años de administración municipal.
Esta reforma a la Ley de Gobierno y
Administración Municipal establece que las concesiones de servicios públicos
que trasciendan el periodo constitucional del ayuntamiento que las otorga
requerirán autorización previa del Poder Legislativo.
La propuesta fue impulsada por
legisladoras y legisladores de los partidos Morena, Verde Ecologista de México,
del Trabajo, Encuentro Solidario Sonora y Nueva Alianza Sonora, así como por la
diputada Alejandra López Noriega.
Las diputadas María Eduwiges “Vicky”
Espinoza Tapia y Amairany Peña Escalante estuvieron a cargo de la lectura de la
propuesta, que busca asegurar que las concesiones de largo plazo cuenten con
viabilidad financiera y respondan al interés público, mediante una revisión
previa de los compromisos que puedan trascender el periodo de la administración
municipal.
Con esta reforma, se mantiene la
facultad de los ayuntamientos para otorgar concesiones que concluyan durante su
administración. Sin embargo, cuando estos acuerdos se extiendan más allá de ese
periodo, incluidas las prórrogas, será necesaria la autorización del Congreso
del Estado.
Para solicitar la autorización, los
ayuntamientos deberán presentar documentación que incluya un análisis de
costo-beneficio, la proyección del impacto en la hacienda municipal durante
toda la vigencia de la concesión, el programa de inversiones y la opinión de la
Tesorería Municipal sobre su sostenibilidad financiera.
Las legisladoras explicaron que el
Congreso del Estado deberá resolver las solicitudes en un plazo de 30 días
hábiles, verificando la legalidad del procedimiento, la sostenibilidad
financiera, la proporcionalidad entre el plazo y las inversiones, así como las
garantías para la continuidad y calidad del servicio público.
Asimismo, la reforma establece que cualquier concesión otorgada sin la autorización del Congreso será inválida. En tanto, las que hayan sido formalizadas antes de que entre en vigor el decreto, seguirán sujetas a las reglas que estaban vigentes cuando fueron aprobadas.
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