La carretera federal, sus bochornos y su legalidad
Por Alejandro de la Torre D.
“Artículo 11. Entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar no necesita de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos.”
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Hermosillo, Sonora.
1° de septiembre de 2021.
Fincada en 1933 con la gestión de Rodolfo Elías Calles, dos carriles de la Carretera Federal Número 15, son 46 años después, los mismos.
Se anunciaron dos carriles paralelos más de asfalto en 1985 y que sufrió la falta de mantenimiento que provocó centenas de volcamientos ganándose el mote de “Carretera de la muerte”.
Fue transferida por Beltrones al gobierno federal en 1997, en un procedimiento opaco, y empezada su construcción de concreto con el gobierno de Calderón, terminándose con el de Andrés Manuel en una licitación igualmente opaca. Incluso el tramo sin construir de casi tres kilómetros en Vícam, es saldo pendiente.
Con las casetas de cobro de peaje, todo cambia. Los recursos fueron manejados desde luego discrecionalmente, sin rendición de cuentas y con la certeza de que se robaban gran parte de esos dineros pagados por millones de vehículos en tránsito con seis puntos de cobro: Magdalena, Hermosillo, Guaymas, Esperanza, Fundición y La Jaula.
La avaricia y el rompimiento con la ley, data de la instalación de las casetas de cobro de peaje. Se iniciaron protestas discontinuas y con diferentes actores desde 2008. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos abordó el caso por la violación a la garantía establecida en el artículo 11 constitucional y se desbordó un conflicto con los ejidatarios de Bacabachi, Navojoa que abrieron una ruta alterna a la caseta de Fundición del año 2010 al 2012 a los cuales incluso los procesaron penalmente por no cerrar la brecha que abrieron que libraba dicho peaje.
La cámara de diputados se pronunció a favor del libre tránsito en 2012 y emitió acuerdos que pidieron transparencia, eliminación de algunas casetas y la reparación del daño a los habitantes afectados por el pago diario de hasta seis cruces, sin embargo nada de eso ha sucedido después de 13 años.
Los sectores productivos y empresariales del sur de Sonora principalmente, se replegaron con el gobierno de Peña Nieto, tal vez por el perfil partidario de las cámaras corporativas. El mote del organismo que reclamaba la aplicación del ajuste de Casetas, se llamó Frente Amplio por el Libre Tránsito y del que no fructificaron sus reclamos.
Hasta que se convirtió la protesta en Movimiento por el Libre Tránsito, con el cual se tomaron las seis casetas desde el año 2016 dejando libre el paso a todos los vehículos que transitan por la rúa.
En los últimos años, Martín Alfonso Canaan Castaños y otros protestantes que tomaron las casetas, fueron incriminados federalmente pudiendo librar las acusaciones pero fueron detenidos temporalmente.
Actualmente a unos días de tomar protesta como gobernador Alfonso Durazo Montaño, se pronuncia por la necesidad de los recursos que tiene el estado de Sonora con la reactivación de la operación de las casetas de peaje. Dice el próximo gobernador de Sonora: “El pago de ese peaje representa una parte muy importante para el presupuesto del estado de Sonora”.
Sin embargo el asesor jurídico Florentino Vásquez Borja ha mencionado que el gobierno federal tiene un presupuesto aparte de los fondos que se cobran por casetas, que están etiquetados para el mantenimiento de la carretera federal 15, y de las demás rúas federales en el estado de Sonora, por lo que “no se justifica su permanencia, violentando la garantía constitucional de libre tránsito”.
El funcionario federal Servando Flores Castelo fue designado por la Secretaria de Gobernación para concertar con ese grupo de protestantes en Sonora que forza el libre tránsito las 24 horas diariamente y ofrecer una tarjeta de residentes para evitar el pago, pero nada ha podido lograrse en la confianza de los integrantes de dicho movimiento a pesar de tomarse la foto con Canan Castaños y anunciar hace 15 días que serían soltadas para que entraran elementos de la Guardia Nacional a su custodia.
Los protestantes mantuvieron tomadas las seis casetas, desobedeciendo a Canan, y se presentaron difamaciones contra Florentino Vásquez arguyendo ser el beneficiario de las cooperaciones que los conductores de vehículos de carga, de pasaje y automovilistas aportan en los botes que acercan a la gente en cada caseta.
La carretera federal está en gran parte en óptimas condiciones, pero requiere de mantenimiento constante ya que tiene tramos que las rayas divisorias y acotamientos ya se encuentran desvanecidos, además de que se requiere limpiar la maleza y reparar equipamiento y no se conoce a ciencia cierta quién es el responsable de tales trabajos.
De la misma forma nos debe el gobierno de Claudia Pavlovich un informe financiero del deterioro presupuestal sufrido desde que no ingresan los peajes al Estado de Sonora, y un informe de la SCT de la situación financiera real de dicha rúa.
La alternativa no puede ser que todo siga en el estado en que se dejó la carretera con los gobiernos del PRI y del PAN, deben presentarse propuestas para la existencia de libramientos dignos y legales sin cobro como lo establece el principio constitucional del artículo 11, pero del mismo modo, debe ser aprovechada esta autopista como una fuente de ingresos libre, moderna y de rápida circulación, con equipamiento de servicios, iluminación y descansos, para fomentar el crecimiento económico industrial, aduanero, comercial y de actividades primarias.
Toda la ciudadanía sonorense reclama la necesidad que debe concertarse con los grupos de yaquis para construir el tramo de Vícam, para que ya no sigan obstruyendo y deteriorando los costos de los tiempos de circulación que tanto afectan a las empresas y a la misma gente en sus actividades cotidianas en Loma de Guamuchil.
También de buscarse opciones de construcción de vías alternas en La Jaula, Fundición y Esperanza, y aceptar que en Bácum y Guaymas las calles alternas están destrozadas, y cada vez es mayor el deterioro por lo que tampoco sirven ahí las vías opcionales sin costo.
El camino es la legalidad, la justicia, el crecimiento económico y las garantías de respeto del derecho personal a trasladarse para los mexicanos y los sonorenses, sin corrupción y sin opacidad, acabando la simulación y la tolerancia al abuso.
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