Ante las muestras solidarias de padres de familia, organizaciones civiles y diversos sectores de la población el movimiento impulsado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha crecido exponencialmente.
Hoy por hoy, no sólo el magisterio nacional defiende la educación pública y demanda trato respetuoso hacia el gremio, sino que, gran segmento de la sociedad mexicana e internacional se ha volcado en mostrar su solidaridad a la exigencia de los requerimientos sociales de los miles de docentes en el país, respeto a los derechos humanos, derecho de audiencia, trato digno, alto a la represión, a la criminalización de la protesta y a la masacre de docentes que se resisten a acatar disposiciones arbitrarias que lesionan derechos adquiridos en el tiempo y el espacio.
Las marchas que se han presentado simultáneamente o de manera intermitente en diversas entidades del territorio nacional, dan cuenta del momento histórico en que se halla México, del despertar de la populación.
El letargo en que durante décadas el magisterio se ha encontrado sumido y condicionado por la mancuerna SEP-SNTE, empieza a perder fuerza entre el personal adscrito a la dependencia educativa y afiliada al SNTE… afortunadamente.
De igual modo, el velo obstructor impuesto por los grandes emporios televisivos, como son Televisa y Azteca se descorre y permite que los espectadores observen la realidad, libres de la distorsión con que suelen presentar la noticias en relación a las causas sociales, particularmente, las relacionadas con el gremio magisterial.
Desde luego, la alarma debe haberse disparado en la Residencia Oficial de Los Pinos, el autoritarismo y la soberbia con que el gobierno federal ha conducido la política pública ha provocado un estallido social que alcanza dimensiones insospechadas, los disidentes con su pacifismo y su sensible lucha ha logrado captar la atención de los diversos actores sociales.
¡El descontento es mayúsculo y generalizado!
Pero… ¡Cómo no quieren los ejecutores de la Reforma Educativa que los docentes salgan a las calles a manifestarse contra la misma, cuando durante la implementación de ésta, se han transgredido derechos fundamentales –humanos, laborales y morales− del magisterio en México!
Por ello, las protestas contra la “Reforma Administrativa y Laboral –Reforma Educativa−y en solidaridad con el magisterio oaxaqueño se han desbordado.
Las movilizaciones continúan a la orden del día en diferentes puntos geográficos de México, Sonora no es la excepción, pero, esto parece no importar al presidente Enrique Peña Nieto, quien ha dado notorias muestra de desinterés por la problemática social que aqueja a los gobernados al marcharse a la “Cumbre de Líderes de América del Norte” −dista de serlo− en medio de la convulsión social.
Sin duda, el propósito esencial de las movilizaciones se mantiene inquebrantable… “la abrogación de la reforma educativa”. Toda vez, que ésta restringe la construcción de un nuevo modelo educativo, inhibe la práctica educativa, elimina derechos de los docentes y tiende a la privatización de la educación.
En este sentido, algunas conclusiones realizadas por dos miembros del Instituto Belisario Domínguez, Rodolfo Ramírez R. y Concepción Torres R. (México 2016), señalan tres aspectos torales en la evaluación de desempeño:
Se ha efectuado con tres instrumentos que no permiten conocer las prácticas pedagógicas, de dirección o gestión de los sujetos evaluados, situación que permite deducir que la evaluación del desempeño no ofrece un diagnóstico acerca de la práctica docente sino una imagen imprecisa −nivel de desempeño’−respecto a la información técnica y disciplinaria así como del conocimiento de las normas escolares que poseen los sustentantes.
En su momento, Manuel Gil Antón, señaló que es indispensable evaluar la evaluación aplicada: sus bases (perfiles, parámetros e indicadores) y, especialmente, los contenidos y la calidad técnica de los instrumentos aplicados, incluidos los criterios de calificación utilizados; asimismo, debe ser objeto de esta evaluación el diseño institucional para la puesta en marcha de la multicitada Reforma Educativa.
Desde luego, no transita inadvertida la SOLICITUD de RENUNCIA del Secretario de Educación Pública, AURELIO NUÑO MAYER, derivado de la prepotencia con que conduce, su cerrazón para dialogar con el magisterio y por alentar a que la fuerza pública agreda a los docentes sin causa alguna, aún a sabiendas de las severas desventajas con que estos últimos se encuentran respecto de los primeros.
A la par, tampoco, pasa de lado la exigencias de esclarecimiento y castigo para los responsables de la masacre de Nochixtlán, Oaxaca, en alcance a ello, el magisterio es contundente con su demanda,… respuestas claras, precisas y castigo ejemplar para todos los responsables.
En contexto, Norma Gutiérrez, residente en Cuernavaca, Morelos, lanzó Change.org, la petición: “Cancelar la Evaluación Magisterial que impone la Secretaría de Educación Pública en México”, señalando que aplica esquemas arbitrarios de evaluación y sin fundamento educativo que los respalde
Añade, se trata de un sistema de evaluación para cuya aplicación se ha recurrido a la vigilancia por la fuerza pública. Un sistema que es parte de una política apoyada en la difamación, la criminalización, la detención selectiva de los maestros y la represión con la fuerza armada, política que ya cobró la vida de miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La política de evaluación está siendo impulsada con el garrote.
No es la formación en docencia, ni la práctica, ni la experiencia docente la que define el perfil del maestro dentro de este sistema. Se trata de una prueba que cuando mucho, atiende a la habilidad para responder en tiempo limitado, de manera electrónica, que tal vez podrá valorar la capacidad de narrativa escrita del maestro y eso, a criterio de un evaluador que fue capacitado, y no de un experto, un par en la docencia, que conociera directamente al docente evaluado, a su aula y su escuela de adscripción.
Un sistema de evaluación que cuesta millones de pesos al erario público y que lejos de pretender mejorar la educación, persigue el control y el dispendio de recursos en el sistema electrónico de evaluación y en honorarios de funcionarios y burócratas responsables de los mecanismos de evaluación impuestos.
Recursos que debieran ser para el beneficio directo de los maestros y estudiantes de escuelas públicas sin que medien oficinas reguladoras que cobran por sus servicios de aplicación de pruebas, capacitación de evaluadores y por monitorear y controlar los sistemas electrónicos. Ninguna reforma educativa o sistema de evaluación debe ser sostenido y promovido desde las medidas impositivas y represoras que está usando el gobierno federal y sus representantes en la SEP para llevar adelante las mismas.
Ninguna reforma educativa ni sistema de evaluación de docentes puede ser viable, pertinente o confiable al margen y en contra de los profesionales del campo que se encuentran en ejercicio.
Y, es precisamente lo antes señalado, lo que en múltiples ocasiones han peticionado los docentes de México, ser activos participantes de la transformación educativa, ser escuchados y atendidos en sus propuestas de mejoramiento de la calidad educativa, análisis de los contenidos de planes y programas de estudio, suficientes infraestructura física, dotada del equipamiento para el desarrollo de las diversas actividades consideradas en los tópicos a abordar, planteles educativos con accesibilidad para las personas con capacidades diferentes o discapacidad motriz, entre otros… peticiones que antes de los sucesos de Nochixtlán no había sido considerados en lo más mínimo, que lamentable que hayan tenido que morir docentes y quedar heridos otros tantos para que el presidente de la Comisión de Educación del Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores del sol azteca se pronunciaran a favor de modificar la reforma educativa para incluir las demandas del magisterio disidente.
Según Romero Hicks: “La reforma es una página en construcción y si los maestros o cualquier otro de los actores tienen alguna recomendación, nosotros estamos disponibles para recibirlas. Desde hace tres años estamos en espera de propuestas concretas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y ahora, a partir de sus planteamientos, puede abrir el diálogo.
Por su parte, Barbosa Huerta, expresó: “deben hacerse las modificaciones necesarias, por ejemplo, imponer una capacitación permanente, en lugar de una evaluación punitiva.
La pregunta… ¿Por qué hasta ahora? ¿Qué interés los mueve? ¿Serán los comicios electorales que se avecinan?
Piensa mal y acertarás, sentencia un viejo refrán.
