CUESTA A LOS CONTRIBUYENTES 4.5 MILLONES DE PESOS ANUALES CADA CONSEJERO DEL INE
Por sueldo, compensación,
aguinaldo, comidas y prima vacacional, cada consejero del INE cuesta a los
mexicanos 4 millones 522 mil pesos al año. Privilegiados en un país de pobres,
a estos “servidores públicos” se les otorgan tres seguros, una camioneta, un
iPad y un celular, con cargo al erario. Para 2018, el INE busca incrementar su
presupuesto en más de 3 mil millones
La austeridad no ha llegado al Instituto Nacional
Electoral (INE): 10 consejeros –encabezados por el doctor Lorenzo Córdova
Vianello– perciben, cada uno, 303 mil pesos brutos (220 mil pesos netos)
mensuales, integrados por sueldo y compensación garantizada, revela el oficio
INE/DEA/4635/2017.
Esos ingresos superan en 94 mil pesos las
percepciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien según el Portal de
Obligaciones de Transparencia gana 209 mil 135 pesos brutos al mes (142 mil 33
pesos netos).
El onceavo consejero electoral –del que no se
revela la identidad en el documento obtenido por medio de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– gana menos que
sus colegas pero más que el presidente de la República: sus percepciones brutas
ascienden a 270 mil 715 pesos al mes (187 mil 888 pesos netos).
La élite electoral –que se enfrenta a una profunda
crisis de legitimidad– lejos está de las penurias que pasan 53 millones 418 mil
mexicanos que sobreviven en situación de pobreza, de acuerdo con cifras
oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social.
Además de las percepciones mensuales que reciben
los consejeros, el erario les paga tres costosas prestaciones por igual. Se
trata de un aguinaldo de 350 mil 178 pesos; dos primas vacacionales por 32 mil
688 pesos en total (1 mil 634 pesos por día hábil descansado); y 545 pesos
diarios, con excepción de fines de semana, para alimentación (11 mil 970 pesos
mensuales). Tan sólo el gasto diario en comidas representa 6.8 salarios
mínimos, tasados este 2017 en 80 pesos por jornada laboral.
De la información del INE se desprende que los 11
consejeros cuestan a los mexicanos 49 millones de pesos anuales (a razón de 4
millones 522 mil 542 pesos por funcionario, con excepción del que obtiene
“sólo” 3 millones 775 mil 86 pesos).
Seguros y otros beneficios
El gasto en esos 11 servidores públicos no para
ahí. A cada uno se le otorga un seguro de vida de cobertura básica por 40 meses
de percepciones brutas (en la mayoría de casos, esto es 12 millones 121 mil
pesos); un seguro colectivo de retiro que va de 10 mil a 25 mil pesos; y un
seguro de gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales mensuales
en la Ciudad de México.
Además, en caso de que alguno de los consejeros
electorales falleciera, el INE prevé gastos funerarios hasta por 80 mil pesos
(1 mil veces el salario mínimo, indica el oficio).
Para “defender la democracia”, la élite electoral
cuenta con más privilegios, como el hecho de no desgastar su vehículo
particular para trasladarse de su domicilio a cualquier lugar, sin importar que
se dirija o no a una actividad pública.
Ello, porque el Instituto le asigna a cada
consejero un vehículo. Una lujosa camioneta Chevrolet Tahoe –con valor superior
a los 560 mil pesos– al consejero presidente; y a los otros 10 consejeros,
camionetas Toyota RAV4 con valor superior a los 300 mil pesos, consta en el
inventario de noviembre de 2016. Y no podía faltar la gasolina y el
mantenimiento de esos automotores, también pagados por la hacienda pública.
Por si esto no fuera suficiente, Córdova Vianello,
Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Adriana Margarita
Favela Herrera, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández, Dania Paola Ravel
Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles y Beatriz Claudia Zavala Pérez obtienen del INE un
teléfono móvil con cobertura ilimitada y hasta un iPad.
El problema con este tipo de gastos es que en
México no hay “austeridad republicana”, observa el doctor en estudios sociales
José Manuel Luque Rojas. Eso es algo de lo que adolece todo el gobierno y no
sólo el Instituto, considera.
“Por supuesto que el INE debería de ajustarse y ser
más austero”, señala el también investigador de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. Agrega que, por las facultades que le asignó la reforma constitucional
de 2014, el INE ahora es un monstruo con tentáculos en
todos lados y por ello ejerce un presupuesto público millonario.
“A eso se le suman los gastos suntuosos que no se
justifican, porque [los consejeros electorales] tienen altos salarios, iPads, celulares,
[gastan] mucha gasolina, vehículos… pues eso se suma. Pero al final de cuentas,
si nosotros exigimos austeridad en las estructuras del INE –los consejos, las
juntas, las comisiones de vigilancia– entonces les vamos a atar
las manos. Lo que sí podemos exigir es que tengan salarios adecuados a la
situación del país, y eso hay que exigirlo también a los gobernantes y
legisladores.”
La dote matrimonial de Lorenzo
Desde tiempo atrás, la austeridad ha sido algo
distante del consejero presidente del INE: el 30 de octubre de 2000, cuando se
desempeñaba en un cargo menor al actual, el doctor Córdova Vianello obtuvo 39
mil 875 pesos por concepto de dote matrimonial con cargo al erario del entonces
Instituto Federal Electoral. Es decir, que se le entregaron casi 40 mil pesos
de dinero público a Lorenzo Córdova por casarse.
Después de que la prensa diera a conocer este abuso
de la burocracia electoral, la dote matrimonial –aclara el INE en la respuesta
a la solicitud de información UE/17/02123, hecha por Contralínea–
fue eliminada el 16 de diciembre de 2009 de las gratificaciones. Sin embargo,
eso no garantizó que el gasto de la institución se volviera congruente con la
realidad del país, donde las mayorías padecen marginación y miseria.
Y es que, actualmente, el Instituto no sólo paga a
su personal aguinaldo, prima quinquenal, primas vacacionales, seguros y gastos
de defunción, sino que el despilfarro sigue mediante “ayudas” para “renta”
hasta por 20 mil pesos mensuales, durante un periodo no mayor de 6 meses; y
para despensa, por 350 pesos al mes, en forma permanente.
Asimismo, otorga gratificaciones por el Día de las
Madres a sus trabajadoras con esta condición, por 250 pesos, y por el Día de
Reyes y Día del Niño, 250 pesos por cada celebración a los funcionarios que
tienen hijos menores de 12 años.
Con dinero público, el INE también cubre los gastos
de traslado y menaje de casas, y otorga becas académicas a favor del personal
de plaza en los cargos de contralor general, directores ejecutivos, directores,
jefes de unidad técnica, subcontralores, coordinadores del registro federal de
electores, vocales ejecutivos locales, directores de área de estructura,
vocales ejecutivos locales, vocales secretarios, vocales locales, vocales
ejecutivos, secretarios distritales, subdirectores de área, vocales
distritales, coordinadores operativos, jefes de departamento, jefes de monitoreo
a módulos y homólogos, consta en su Manual de percepciones para
2017.
El Manual también contempla el
otorgamiento de percepciones extraordinarias para los funcionarios que cumplan
con su trabajo. Éstas pueden ser: “estímulos, reconocimientos, recompensas,
incentivos, compensaciones extraordinarias y pagos equivalentes, que se otorgan
a los servidores públicos de mando, cuya asignación se encuentra sujeta a
requisitos de realización futura e incierta y que no forman parte integrante de
la percepción ordinaria”.
Y piden más presupuesto
Aunque el presidente Enrique Peña decretó una época
de austeridad gubernamental desde hace un par de años, los consejeros electorales
buscan aumentar su presupuesto público para el próximo año.
Por ello, el Consejo General ha solicitado 18 mil
226.4 millones de pesos como presupuesto ideal del INE. Al respecto, Lorenzo
Córdova justificó la petición al decir que en 2018 se realizará la “elección
más grande de nuestra vida democrática [sic]” (Proceso, 28
de agosto de 2017).
Ese monto planteado en el proyecto presupuestario
es 3 mil 155 millones de pesos superior al aprobado por la Cámara de Diputados
para este 2017, que asciende a 15 mil 71 millones de pesos.
Al respecto, el doctor Efraín Érick Poot Capetillo,
investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, considera que “la enorme
cantidad de dinero que están solicitando [los consejeros] es parte de los
gastos que comúnmente tienen. Por supuesto que debe haber estrategias más
claras de en qué se va a gastar el dinero, pero los recursos que solicitan
parecen estar justificados. Lo que hace falta es transparencia y rendición de
cuentas”.
La tendencia es que el INE destina la mayor parte
del dinero público a gasto corriente (sueldos, prestaciones, operación,
papelería, equipos de cómputo, pensiones y jubilaciones) y no a gasto de
capital (inversión).
En el actual ejercicio, por ejemplo, de los 15 mil
71 millones de pesos que le fueron aprobados, al cierre del año habrá empleado
14 mil 799.39 millones en el gasto corriente, y sólo 271.79 millones en gasto
de capital, indica el análisis El presupuesto público federal de México
en materia electoral, 2016-2017.
Elaborado por el investigador Reyes Tépach,
integrante de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la
Cámara de Diputados, el estudio detalla que en este ejercicio la organización
de procesos electorales tuvo un costo de 80 millones 620 mil pesos en gasto
corriente, y de apenas 1 millón 480 mil en gasto de capital.
“El problema [del presupuesto] es más de fondo que
de forma: no creo que los consejeros del INE sean responsables. Lo son respecto
de los gastos superfluos que tienen, de las prerrogativas que ellos mismos
acuerdan para sí en el margen de la autonomía, pero lo demás es responsabilidad
de los partidos y de la clase política, porque está en la ley”, considera el
doctor Luque Rojas.
El descrédito de los
consejeros y el Instituto
El gasto multimillonario en esta institución no se
refleja en su aprobación social. Los consejeros del INE han sido cuestionados e
incluso un sector de la sociedad civil organizada (sobre todo el que encabeza
el aspirante presidencial y defensor de los derechos humanos Emilio Álvarez
Icaza) ha pedido su renuncia, por considerar que no han sido garantes del voto
ciudadano.
Para el doctor Poot Capetillo, “al INE le
están pasando la factura que en realidad le deberían cobrar a
los partidos políticos, porque costó mucho crear un instituto electoral,
primero con el IFE: profesionalizarlo, dotarlo de credibilidad. Lógicamente
cuando los partidos comenzaron a influir de manera importante en la
conformación del Consejo General, éste empezó a ser acotado. Cuando, con las
llamadas cuotas, los partidos comenzaron a influir de manera decisiva en la
designación de ciertos personajes como consejeros, fue el momento en el que
empezó el camino de la deslegitimación del papel que le tocaba jugar al
Instituto”.
En entrevista, el investigador refiere que la
transición de árbitro federal a nacional también ha repercutido en la imagen,
el desempeño y hasta en el gasto del Instituto. “Hay un aspecto que suele pasar
desapercibido: esto no fue la evolución propia del Instituto, sino un acuerdo
al que llegaron los partidos en el marco del Pacto por México: con la reforma
electoral se le dotó de una serie de atribuciones, pero al mismo tiempo éstas
fueron acotadas. Así, de forma precipitada absorbió muchas funciones y, al
mismo tiempo, también las críticas”.
En 2015, los consejeros electorales empezaron a
resentir el déficit de confianza. Algo que se acrecentó con el tiempo, al grado
que en este 2017 fueron acusados de parcialidad a favor del Partido
Revolucionario Institucional y, por ello, organizaciones como Ahora les
exigieron su renuncia.
Al respecto, el doctor Luque Rojas explica que la
crítica a la institución y a los consejeros arreció con los procesos
electorales de 2016 y 2017. Aunque sí hay deficiencias en el INE, observa, el problema
no es realmente del Instituto.
“El problema principal es de las normas sobre el
funcionamiento del Instituto: todo está establecido en la ley y eso no lo hizo
el INE, lo hicieron los legisladores y los partidos políticos en un gran
acuerdo dizque para resolver problemas de la democracia. En esa lógica se
inscriben sus decisiones [de los consejeros].”
El investigador de la Universidad Autónoma de
Sinaloa recuerda que el procedimiento para nombrar a los consejeros está en
manos de los partidos. “Cómo explicar que los partidos políticos acuerden que
vaya fulano o zutano al INE, [pues porque] son cuotas. Pero resulta que son los
mismos partidos los que los descalifican cuando en una elección cerrada, por
ejemplo, no encuentran eco a las demandas de nulidad. Éste es el fondo del
asunto, más allá de que sí han errado en algunas decisiones porque no han utilizado
de forma adecuada, en parte porque son cuotas, las atribuciones que tienen para
obligar a los actores políticos a que respeten la ley”.
Para la realización de este trabajo se solicito
conocer la versión de los consejeros electorales, a través del área de
Comunicación Social. No obstante, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
