Sistema judicial corrupto en Sonora.

La prisión preventiva para los pobres y la impunidad para los empoderados.

Por Alejandro de la Torre D.

Desde el año 2008 aprendí que el sistema judicial en Sonora y en México, no sirve.

¿Qué significa aseverar que “no sirve”?

Significa entender que los procesos judiciales, en la estructura de los tribunales no tiene un producto legal que le sirva a la impartición de justicia en México.

El país  convulsionado por el narcotráfico, la impunidad, la corrupción, la explotación de los trabajadores, la bota militar en las calles, la usura financiera exagerada, los poderes fácticos controlando jueces y fiscales, y un gobierno que sigue siendo autócrata por mas que digan que se encuentra en una “transformación”, nos indican que el personal judicial que lo conforman 54 mil empleados, desde ministros y jueces, secretarios, actuarios y personal de limpieza, antes de este gobierno y hoy con este gobierno, no sirve en su labor. 

La causa de este fenómeno es la obediencia al mando político burocrático que destruye toda la capacidad, eficiencia, independencia de juicio, y funcionamiento diligente, ágil e imparcial de la administración de justicia y de sus servidores públicos, Mientras no haya un nuevo Estado que se finque en una nueva Constitución y un nuevo régimen político, el sistema judicial seguirá siendo una infamia.

Un actuario federal por ejemplo es feliz al tener una tarjeta plástica que le da dinero cada quincena, gana por arriba de los 40 mil pesos mensuales, un juez 140 mil, un magistrado 170 mil.

Los grandes edificios refrigerados, con pasillos encerados, elevadores, de cinco o seis pisos, no sirven para lo que están hechos, generan un costo de mantenimiento enorme para que no haya justicia. Un Amparo directo y una revisión de amparo indirecto tardan de 2 a cuatro años en resolverse.

El pueblo, la gente en su amplia mayoría, principalmente la clase trabajadora, no es beneficiario en ningún sentido de los mas de 70 mil 155 millones de pesos (presupuesto 2026) que cuesta operar un poder judicial inservible.

Se podrá decir, entonces ¿qué hacen?. En cierto sentido pueden existir muchos casos donde un Amparo o un Juicio Civil de primera instancia, se resuelva en apego al derecho, pero lamentablemente al seguir un curso donde la mayor parte de la estructura judicial es falsa, esos mismos casos donde hubo cierta justicia se contagian de una enfermedad de grave injusticia y corrupción.

La mayoría no acude a un proceso judicial por que no tiene dinero. El gobierno es corrupto al no garantizar el derecho a la justicia, a procesos rápidos, imparciales, y de igualdad procesal.

El régimen de la cuarta transformación a 8 años de haber asumido el poder federal y estatal salió igual de corrupto y de protector de la impunidad y la injusticia. Recuerdo que en agosto de 2021 antes de tomar protesta, a Durazo le entregué en sus manos una propuesta de reforma del poder judicial para el Estado, dijo que la revisaría, pero se rio de ella y la echó a la basura.

Los servidores públicos del poder judicial, hacen como que trabajan y hacen como que cobran poco, que no es así cobran muy por encima de la mayoría de los trabajadores, viven en aire acondicionado, con puertas herméticamente cerradas y con una cantidad exagerada de guardias y vigilancia y los procesos son inalcanzables en su actuación por ser tan agudos en su trámite que un obrero o un campesino prácticamente son sujetos de burla por ese sistema.

Ese pueblo pobre, al contrario, cuando es pescado con un presunto delito, es sojuzgado y sometido a la cárcel de forma inmediata. Este es el caso de centenas de detenidos que la corrupta policía sea la guardia, la estatal o la municipal pisotean a los pobres, que muchos es predecible que por su marginación se dediquen a hacer pequeños robos, consumir dosis de cualquier droga y en este caso la moda es el cristal, y son pisoteados haciéndolos delincuentes y aplicándoles la prisión previa, llamada medida cautelar de prisión preventiva, estipulada por la fracción 14, la ultima y mas gravosa del artículo 155 del Código de Procedimientos Penales y por el artículo 19 constitucional. 

Esa reforma para aplicar rápidamente la prisión preventiva sirvió para violar los derechos humanos de los pobres, y no ha servido para los corruptos, solo el caso de Ernesto Ruffo ha implicado esa medida cautelar de prisión oficiosa, un caso politizado que no es el de decenas de corruptos dentro del gobierno o del pasado priista.

Los Centros Penitenciarios de Sonora, con la ingrata corrupción del gobernador, del Acuña Griego y del Fiscal Rómulo siguen metiendo a las mazmorras asquerosas y corruptas de Hermosillo con 4 mil 500 presos donde solo deben caber mil 200, y Ciudad Obregón con 3 mil presos donde solo deben caber 800, y se hacen como si nada pasara, pero se prestan a ser corruptos y nadie ni nada los sanciona o supervisa. 

Ellos son un grave defecto de eso que dicen llamar Cuarta Transformació. 

La activista Alba Luz Borbón y mucha gente que acude a ella y que se ha decidido a protestar por esa infamia, no descubren el hilo negro. 

El problema es que los despachos de abogados no defienden la ley y el derecho, y también se vuelven corruptos, sabiendo que no debe aplicarse la prisión preventiva "justfficada" y la dejan imponer, y los poquitos defensores de oficio del gobierno del Estado que debieran exigir el debido proceso, solo son un parapeto.

Detener a cualquier persona con droga o sin ella en las bolsas del pantalón o en el bolso de una mujer pobre, no es un delito, pero los policías estatales para ganarse la complacencia de sus jefes, y estos de los superiores y estos del gobernador, los hunden en la cárcel y los jueces penales a pesar de que conocen del hacinamiento y la saturación exagerada de los Ceresos, siguen metiendo a la cárcel a incautos, y no solo por droga incrustada en las pertenencias de los detenidos, también meten a la cárcel por violencia doméstica al padre de familia, al hijo que mantiene el hogar, al hermano que paga los costos de la  casa y la situación la agravan terriblemente.

Los seis suatos aspirantes a la coordinación estatal de la defensa de la cuarta transformación deberían pronunciarse por este sistema corrupto y brindar una salida al gravísimo problema.

No deben meter a la cárcel con medida cautelar gravosa a cualquier hijo de vecino, no deben meter a la cárcel violando la garantía constitucional de presunción de inocencia a cualquiera que le lleva la policía estatal al ministerio público y al juez corrupto. No deben meter a la cárcel a enfermos mentales afectados por el consumo de droga, si no hacer centros de atención para drogadictos y hospitales para afectados en su cerebro por la droga.

Los procesos judiciales, el personal judicial aflojonado que solo trabaja 6 horas diarias y cinco días a la semana, -esta si es semana inglesa-, y tiene vacaciones tres veces por año, vive feliz bajo un minisplit, una cafetera y revisando las redes sociales una hora de las seis, y unos jueces que dilatan exageradamente las sentencias civiles, mercantiles y familiaires, puede decirnos que mis litigios son inútiles y se mofan de lo pendejo que soy al confiar en sus deberes como jueces y agentes del ministerio públcio, todo ha sido un mofa. Mis casos son lo de menos, pero sin ellos no pude haberme dado cuenta.

Los presos a los que he apoyado por su libertad, desde Juan Murguía Franco en 2005, Irene Manzo Reyes en 2014, Miguel Valdéz Miranda en 2021, y mi colega estimado Marco Duarte Vargas, finado que me duele que haya partido. Florentino Vásquez Borja en 2023 y otros. También por mi propio caso que es un erupto de Durazo seguir acosándome. Me afianzaron claramente la concepción de que el poder judicial no sirve en el Estado de Sonora, y que igualmente los juzgados federales de distrito los protegen en complicidad.