Destruir el pequeño comercio.
Por A. De la Torre.
Las
tiendas de abarrotes prácticamente están destruidas por los Ocxos. Todo lo que
tolera el actual gobierno, peor que los gobiernos del PRI del pasado, es para que
la cantidad monetaria, el flujo de recursos sea canalizado y los reciban las
grandes cadenas comerciales, que venden las tortillas a 12 pesos el kilogramo
un precio subsidiado para enganchar a los clientes.
El actual
gobierno con su Profeco neoliberal cerró sus oficinas de quejas en las ciudades
y solo las dejó en las delegaciones una por capital estatal.
Desde ahí
no se ayuda a la gente en todos los abusos de las cadenas comerciales, de los
altos precios, de la falta de cumplimiento con lo estipulado en la calidad de
productos y servicios, pero no les hacen nada, no los inspeccionan, no los
sancionan, pero si se meten con el pequeño comercio para destruirlo como a las tortillerías
que tienen que ofrecer su producto hasta la puerta de la casa, y eso no es
pecado.
La
regulación debe quedar en la secretaria de salud, en inspección y vigilancia
municipal, para cumplir con las normas sanitarias y también con el peso de la
bolsa de tortilla, eso puede regularse pero no prohibirse, es un gobierno más
neoliberal que los prianistas, por que su carácter no se perdió, actualmente
son más represivos.
El
gobierno no tiene programas para alentar a las tiendas, al mercado popular, a
impulsar sus negocios para mejorar el ingreso poblacional, a subsidiar con créditos
y de exenciones de impuestos.
Pero no,
es gente jodida, hay que joderla más.
En el
pasado se dejaban las botellas de leche en las puertas de las casas por las
madrugadas, después pasaba el cobrador y todo era normal, no había
desconfianza. Actualmente la degradación moral hace que se genere la
desconfianza a pesar de que dicen que el ingreso poblacional ha mejorado y que
el gobierno ha mejorado sus regulaciones. Pamplinas.
Las
grandes cadenas comerciales en supermercados tienen tortillerías y panaderías,
tienen tanques de gas en sus techos y todos los días ya tienen la clientela, a
pesar de que no tengan ganancias por vender esos productos básicos. El chiste
es el gancho.
Las
grandes cadenas acaparan el ingreso de la población y concentran el flujo
monetario que tanta falta hace en los sectores sociales obreros para mejorar el
nivel de vida y a las micro y pequeñas empresas.
En lugar
de tener programas de apoyo a los abarrotes, a las tortillerías, a los negocios
pequeños, el gobierno en una carrera desbocada por el capital comercial,
obstaculiza esa pequeña y noble labor de ofrecer productos a los hogares
trabajadores, que no pueden acudir a un expendio de víveres por su horario
laboral.
El
gobierno federal y los diputeibols y cenadores dicen que apoyan a la gente,
pero en realidad no hacen nada por el ingreso poblacional porque son lacayos,
una vez mas, del neoliberalismo.
Se
requieren programas de apoyo a la pequeña empresa, al pequeño comercio, capacitación
operativa y de ventas, orientación sanitaria y de pesas, pero no lo que
pretenden: prohibición.
Se
requieren créditos accesibles para abarrotes, farmacias, papelerías, mercerías,
puestos del tianguis, ferreterías, fruterías y verdulerías, prestadores de
servicios, plomeros, carpinteros, herreros, mecánicos y dejar de verlos como
rezagos y sujetos de golpeteo hasta acabarlos.
Que el
gobierno de la 4T promueva incentivos, impulso, apoyo a los pequeños negocios,
que no sea tan inservible.
DICE LA NOTA:
Profeco
contra venta de tortillas en hieleras.
La Profeco y autoridades sanitarias han comenzado a
prohibir y sancionar la venta y transporte de tortillas en hieleras, ya sea en
expendios o motocicletas, debido a que no garantizan condiciones higiénicas,
carecen de etiquetado adecuado y no aseguran el peso correcto, poniendo en
riesgo la salud del consumidor.
El uso de hieleras improvisadas y el transporte en
moto sin empaque adecuado contamina el producto y no conserva la temperatura
adecuada.
Estas tortillas suelen no tener etiquetado, fecha
de caducidad ni el peso garantizado.
Se han advertido multas de hasta 4 millones de
pesos a quienes incumplan estas normas de higiene y venta.
Esta prohibición busca asegurar que la venta de alimentos cumpla con los estándares de calidad e higiene necesarios.
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