Sale Jiménez, Luna sigue
Alrededor de las 20 horas del
jueves, el integrante de la Tribu Yaqui dejó el penal y expresó que “yo ya
sabía a lo que me atenía por manifestarme en contra de las políticas públicas
del gobernador Padrés” y apuntó que ante esta agresión oficial, “yo siempre me
consideré inocente de lo que me imputaron”…
Por
Jesús Ortega
Un duro golpe a la
política de represión del gobernador Guillermo Padrés Elías, representa la
libertad del líder yaqui Fernando Jiménez Gutiérrez aunque Mario Luna aún
continúa preso en el Cereso de Hermosillo.
Por casi un año,
Jiménez Gutiérrez padeció los embates de una procuración de justicia selectiva
del Nuevo Sonora contra los enemigos políticos del mandatario estatal, donde
algunos medios de comunicación también sintieron sus efectos.
Alrededor de las
20 horas del jueves, el integrante de la Tribu Yaqui dejó el penal y expresó
que “yo ya sabía a lo que me atenía por manifestarme en contra de las políticas
públicas del gobernador Padrés” y apuntó que ante esta agresión oficial, “yo
siempre me consideré inocente de lo que me imputaron”.
Añadió que “es una
muestra más de la soberbia de un gobernante que no supo llevar las riendas de
este estado, y ahorita no está completa esta cosa porque nos hace falta uno,
que es el compañero Mario Luna Romero, él uno de los voceros y yo en mi función
como su acompañante”.
El pasado 7 de
agosto del 2014, Mario Luna reveló en entrevista para Dossier Político que la
Procuraduría General de Justicia lo acusa de privación ilegal de la libertad
cuando el hecho es que se trata de una acción fundamentada en los usos y
costumbres de la Tribu Yaqui, por lo que la orden de aprehensión en su contra
es totalmente infundada.
Tras la cobertura
informativa realizada por DP sobre la problemática social, jurídica,
constitucional, técnica, política y económica que ha generado la construcción
del Acueducto Independencia y la férrea defensa del agua que ha emprendido la
Tribu Yaqui, el vocero confía a este medio que no cuenta con amparo pues no ha
transgredido la ley.
Apuntó que lo
sucedido el pasado 8 de junio del 2013 tiene fundamento en los usos y
costumbres de la etnia cuando uno de los integrantes comete alguna falta y en
el particular caso, se tomó una acción preventiva y correctiva; sin embargo,
nada tiene que ver con la comisión de un delito.
Por ello, dijo a
este medio, no existe delito alguno por lo que solicita al procurador Carlos
Navarro Sugich retire la orden de aprehensión en su contra al no existir
fundamento alguno para emitirla y deje la persecución política a quienes están
en contra del Acueducto Independencia.
Mario Luna fue
enfático en la entrevista que Dossier Político le realizara vía telefónica
sobre la orden de aprehensión que la Procuraduría General de Justicia del
Estado emitió contra el vocero de la Tribu Yaqui que asegura respetar los
acuerdos pactados con los tres órdenes de Gobierno en su lucha contra el
Acueducto Independencia.
El integrante del
grupo de opositores a la obra hidráulica que el delegado de la Conagua en
Sonora, César Lagarda Lagarda, ha calificado de deficiente, sostiene que la
acción judicial debe ser detenida pues sólo demuestra que su lucha es legítima
y tiene fundamentos legales por lo que pide al procurador Carlos Navarro Sugich
dejar la persecución política.
En atención a la
solicitud hecha por Dossier Político, Mario Luna dijo sentirse tranquilo y que
no cuenta con amparo alguno pues la ley y la justicia están de su lado por lo
que en caso de que se le ejecute dicha orden de aprehensión seguirá el proceso
legal y pondrá su caso en instancias federales.
Sobre los
compromisos asumidos con la Federación y Estado respecto de los bloqueos en
Vícam, indicó que la Tribu Yaqui ha mantenido firme su compromiso de no implementarlos
en tanto las autoridades señaladas sigan empeñando su palabra de cumplir su
parte sobre todo en el seguimiento de la ordenanza de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación respecto a la consulta.
En la víspera, más
de 200 organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que detrás
de ésta puede estar la intención de hacer uso indebido del sistema de justicia
penal en México para perseguir a los líderes que se oponen a la realización del
megaproyecto hidráulico Acueducto Independencia.
En su momento, se
emitió la sentencia en el amparo en Revisión 93/2014 del Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito que confirma
la orden de aprehensión girada el 14 de junio de 2013 por el Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Penal de Hermosillo, Sonora.
Lo anterior por
los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos
o más personas respecto de vehículo de propulsión mecánica en contra de Mario
Luna, Secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo de Vícam de la
Tribu Yaqui.
Cabe recordar que
Mario Luna ha fungido como el vocero de la Tribu Yaqui en la defensa legal que
ésta ha emprendido en contra de la construcción y operación del Acueducto
Independencia, el cual pretende trasvasar a la Cuenca del Río Sonora el agua
del Río Yaqui, la cual pertenece en un 50% a la Tribu.
En un hecho
histórico para los derechos indígenas en México, el pasado 8 de mayo de 2013,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció la violación del
derecho a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto
Ambiental del Acueducto Independencia, ordenando a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin validez la autorización y
llevar a cabo la consulta, proceso que a la fecha se encuentra en desarrollo y
en el que tienen un papel fundamental las autoridades, entre ellos Mario Luna.
La orden de
aprehensión en contra de Mario Luna tiene que ver con hechos ocurridos el 8 de
junio de 2013, cuando durante el bloqueo carretero que mantiene la Tribu Yaqui
en protesta contra el Acueducto, una persona de la misma comunidad Yaqui
cometió una falta cuando transitaba en su vehículo y de acuerdo a los usos y
costumbres fue detenido, trasladado a la comisaría y sancionado.
El Gobierno del
Estado de Sonora hizo del conocimiento público que Mario Luna y Tomás Rojo,
ambos voceros de la Tribu en este conflicto, estaban siendo investigados por el
supuesto secuestro de dicha persona, integrante de la Tribu Yaqui.
Estas acusaciones
hacia las autoridades Yaquis no están fundadas ni motivadas, además de que
ignoran el Artículo 2 constitucional, el cual establece que, como miembros de
una comunidad indígena con usos y costumbres, se les reconoce autonomía para
aplicar sus propios sistemas normativos y, además, prevé el uso del sistema de
justicia indígena para solucionar los conflictos internos en las comunidades y
pueblos indígenas.
Es importante
añadir que las acusaciones ministeriales presentan muchas dudas y
contradicciones, además de que la ubicación y participación de Mario Luna, de
Tomás Rojo y de los demás supuestos responsables en los hechos no es clara.
Las organizaciones
firmantes señalan en la misiva dirigida al Secretario de Gobernación que “todo
esto es preocupante porque se ha visto que el sistema penal puede ser utilizado
para criminalizar a los líderes y a los defensores del territorio de los
pueblos indígenas que se oponen a algún megaproyecto de desarrollo y ésta es
práctica del Estado mexicano”. Por ello, manifiestan su preocupación de que
“detrás de esta orden de aprehensión exista la intención de hacer un uso
indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes
de la Tribu Yaqui que se oponen al Acueducto”.
Asimismo,
advierten que “la criminalización de los voceros y líderes de la Tribu Yaqui en
el asunto del Acueducto Independencia polariza la ya de por sí tensa
situación”, además de que pone en riesgo el proceso de consulta que ordenó la
SCJN, toda vez que “pocas cosas se oponen de forma tan rotunda a un proceso de
consulta libre, que implica la apertura de un diálogo significativo y de buena
fe entre las partes, que la persecución penal de los integrantes y voceros de
una de las partes del proceso”.
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