Peña a la chinada

¡EPN debe irse! La dictadura se volvió imperfecta

Víctor M. Toledo

El país hierve. Vive momentos de una creciente indignación, protesta e insurgencia ciudadanas. El hartazgo de vivir en un país salvaje, ha comenzado a expresarse de manera masiva. Del estamos hasta la madre se ha pasado al que todos se vayan. Como ha sucedido en muchos otros países (Islandia, Egipto, Túnez, Libia, Ecuador, Bolivia), en México la movilización de los ciudadanos y la desobediencia civil de miles o millones realizando acciones concertadas terminará exigiendo la salida no sólo del Presidente de la República y su gobierno, sino de toda la clase política. 

Contra lo que las mentes conservadoras, temerosas y timoratas sostienen, hoy es factible realizar una revolución sin disparar un arma y/o sin acudir a las urnas, ahí donde la vía electoral ha sido cancelada. Hoy, los medios modernos de comunicación y transporte, junto a la libre difusión de conocimientos y análisis críticos, facilitan las transformaciones por la vía de la ocupación y el control pacífico de espacios, territorios, símbolos. Una nueva concepción de revolución sin violencia parece emerger en el mundo moderno.

La situación de México ha llegado a su límite y los mexicanos han (hemos) dicho ¡basta! La percepción de un país devastado y secuestrado por una minoría de políticos, empresarios y criminales en complicidad se extiende y multiplica por todos los sectores y regiones de la nación. La propaganda política, mercantil e ideológica que había logrado mantener anestesiados a los mexicanos ha sido insuficiente y el sistema (hoy representado por el PRI y los partidos de oposición) se ha obligado a utilizar la fuerza criminal del Estado contra los ciudadanos. La dictadura se tornó imperfecta. Las masacres de Ayotzinapa y Tlatlaya, y sus conexiones con otros sucesos acaecidos en éste y el sexenio anterior, le destapan a la mayoría adormecida y a la opinión internacional, la cloaca en la que se encuentra el país. Y esos dos trágicos escenarios no son sino iconos y expresiones de un contexto que se ha venido construyendo desde al menos la última década. Son el producto tangible de la corrupción que va y viene entre la clase política mexicana, un sector selecto de empresas y corporaciones y el crimen organizado.

Por lo anterior habría que preguntarse no sólo ¿quiénes son los culpables de estas masacres?, sino ¿quiénes son los responsables de los escenarios que las permitieron e indujeron? La dolorosa tragedia de Ayotzinapa se pudo evitar si el PRD no hubiera postulado a un gobernador corrupto y a un empresario de reputación dudosa, cuya esposa y tres de sus hermanos, se sabía desde 2009, estaban ligados al narco. Tampoco hubiera ocurrido ese acto deleznable si los policías que mataron a los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa en una protesta en Chilpancingo en 2012 hubieran sido detenidos y juzgados. Los policías asesinos están libres con la complicidad de todas las autoridades estatales y federales (PGR). ¿Por qué ni el PRD, ni el gobernador de Guerrero, ni la PGR ni el Presidente de la República movieron un dedo para castigar al alcalde de Iguala quien el 31 de mayo de 2013 mató, por su propia mano, a Arturo Hernández-Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, y sus dos acompañantes? ¿Por qué el gobernador del estado de México ensalzó emocionado en un discurso los actos heroicos de los soldados asesinos de Tlatlaya?

No sólo los paisajes de Guerrero están tapizados de fosas; ello ocurre en buena parte del país. No sólo en Guerrero hay o hubo narcogobernadores o funcionarios estatales corruptos, también en Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Coahuila, Puebla, Jalisco, Veracruz y Colima. Y lo más significativo: en el país la situación se agrava, no mejora. EPN está obligado a renunciar no sólo por Ayotzinapa y Tlatlaya (lo que en cualquier país democrático sería más que suficiente), sino porque en sus dos años de gobierno no ha logrado detener la inseguridad, la injusticia y la impunidad. Los datos duros son demoledores. En los dos primeros años de EPN, la inseguridad ha aumentado en relación con lo ocurrido en tiempos de Calderón, en homicidios violentos, secuestros, extorsiones y robos de autos. Las cifras son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, oficiales: 13 mil 155 homicidios dolosos, 907 secuestros, 4 mil 869 extorsiones y 32 mil 462 denuncias de autos robados en 24 meses. El gobierno actual, y al menos los dos anteriores, son responsables de que en México se haya hecho efectiva la popular frase de la vida no vale nada. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México se cometen al año unos 12 millones de delitos, de los cuales no se denuncian 85 por ciento y sólo terminan en sentencia uno por ciento. De acuerdo con la Envipe, encuesta sobre el tema que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 la proporción de delitos impunes fue de 93.8 por ciento, ligeramente superior a los de 2010-2012 que fue de 92 por ciento. Según esa fuente, en el mandato de EPN en 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos, que afectaron a 22.5 millones de personas y a 3.64 millones de hogares, uno de cada tres que existen en el país. ¿Qué ciudadano del mundo puede vivir en esas circunstancias?

Esta realidad brutal ha sido expuesta a escala internacional. En una entrevista en Washington, DC, el director para América de Human Rigths Watch, hace en cuatro minutos una devastadora acusación sobre EPN y la gravísima situación que vive México (video: México está en crisis de derechos humanos: HRW). A ello habría que agregar la selectiva, pero permanente represión que el gobierno de EPN realiza sobre líderes sociales, indígenas y ambientalistas en Chihuahua, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Puebla, Oaxaca y Michoacán. Mientras, las comunidades del campo y las ciudades siguen tomando las armas, no para desafiar al gobierno, sino simple y llanamente para defenderse y sobrevivir.

México es ya una sociedad sin mecanismos de autocontención, sin justicia ni normas que le hagan una nación civilizada, y el gobierno de EPN ha fracasado e incluso ha abonado para agravar la situación. EPN debe renunciar porque el país se ha convertido en un monumento a la impunidad. Debe dejar un puesto al que llegó de manera ilegítima, mediante la compra masiva de votos y recibiendo enormes sumas en transacciones sospechosas. Y en fin, debe renunciar porque mientras el país se desangra, sufre, se indigna y se incendia, el señor Presidente observa desde los cielos, por la ventanilla de un avión de 7 mil 500 millones de pesos, y sueña con ocupar una casa de 7 millones de dólares que cambia mágicamente el color de sus luces.

Después de Peña

JOHN M. ACKERMAN
Si México tuviera un régimen parlamentario, Enrique Peña Nieto no regresaría de China. La comprobada ineptitud de su gobierno, así como la enorme desconfianza social en su persona a raíz de la masacre de Iguala obligaría al parlamento a emitir una moción de censura para destituirlo a él y a todo su gabinete, así como llamar a nuevas elecciones federales. Con motivo de faltas mucho menores a las del actual presidente mexicano, el primer gobierno de Stephen Harper, en Canadá, fue disuelto en 2011 y los mandatos de Gerhard Schroeder, en Alemania, y de Romano Prodi, en Italia, fueron recortados en 2005 y 2008. En un sistema democrático, simplemente no tiene sentido que el titular del gobierno federal se mantenga en su puesto si no cuenta con el apoyo de la población, ya que ello genera una situación de extrema ingobernabilidad.

En los sistemas presidenciales como el mexicano, el procedimiento para el relevo anticipado del titular del Poder Ejecutivo es más complicado, pero no por ello menos necesario. En 1992, a raíz de graves acusaciones de corrupción en su contra, Fernando Collor de Mello renunció como presidente de Brasil. En 1997, el Congreso Nacional de Ecuador destituyó a Abdalá Bucaram por su demostrada incapacidad mental. En 2001, Fernando de la Rúa abandonó su cargo de presidente de Argentina en medio de una importante crisis económica y social. Los incompetentes presidentes bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa también fueron obligados a renunciar en 2003 y 2005. Y en 2000, después de meses de protestas contra la corrupción de su gobierno, Alberto Fujimori renunció a la presidencia de Perú durante un viaje a Japón. Peña haría un gran favor a la patria si siguiera el ejemplo de Fujimori ahora durante su propio viaje a Asia.

Si la masacre de Iguala fue la gota de derramó el vaso de la indignación ciudadana, la conferencia de prensa de Jesús Murillo Karam el viernes pasado fue el colmo del cinismo gubernamental. Para empezar, es importante aclarar que el procurador general de la República técnicamente no informó absolutamente nada. Solamente compartió algunas hipótesis que surgen de las confesiones video grabadas de tres señores conocidos como El Pato, El Jona y El Chereje preparadas especialmente para su transmisión televisiva en horario estelar. La gran confianza del desacreditado y cansado procurador en la palabra de tres presuntos narcotraficantes, dispuestos a decir cualquier cosa con tal de evitar ser torturados y conseguir su libertad, constituye un excelente botón de muestra del estado de descomposición de la desollada e incinerada justicia mexicana.

Todos conocemos muy bien la gran capacidad de los agentes ministeriales para fabricar culpables y proteger a los poderosos. La teatral detención de José Luis Abarca y su esposa recuerda el espectáculo de la detención de Florence Cassez en 2005. Y nunca hay que olvidar los tres meses en que la PGR vergonzosamente escondió la verdad sobre la masacre de Tlatlaya. Asimismo, apenas se dio a conocer que la PGR indujo a un líder del cártel del Golfo a inventar cargos contra dos policías ministeriales, al parecer con la intención de proteger a otras autoridades corruptas.

¿A quién protege Murillo Karam en el caso de Ayotzinapa? Ofrece algunos indicios su respuesta a los cuestionamientos sobre el extraño comportamiento del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, durante las tres horas que duró el ataque y las 12 horas que se habría tardado la incineración de los cuerpos. En lugar de anunciar una investigación de la evidente complicidad del Ejército con la masacre, el procurador celebró la inacción de las fuerzas federales:¿Qué habría pasado si el Ejército hubiera salido? ¿A quién habría apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!

En otras palabras, bajo el mando de Peña como comandante en jefe de las fuerzas armadas, el Ejército obedece ciegamente las órdenes del crimen organizado en municipios infiltrados por el narcotráfico. Se confirma entonces la hipótesis con respecto al contraste entre la situación colombiana y la mexicana. Mientras allá existiría una alianza entre el narcotráfico y la guerrilla, aquí el crimen organizado se encuentra firmemente al lado de la autoridad. La sociedad mexicana se encuentra en el más absoluto estado de desprotección y de vulnerabilidad.

Las típicas estrategias de fortalecimiento institucional, promovidas por los expertos en seguridad pública y los asesores del gobierno de Estados Unidos, solamente agravan el problema entonces. Otorgar mejor armamento y más capacitación a cuerpos de seguridad al servicio de bandas de asesinos vestidos de policías implica aumentar la fuerza del narcoestado.

El problema central no es de debilidad, sino de parcialidad institucional. La única forma para corregir el rumbo sería lograr que las fuerzas militares y las otras fuerzas de seguridad se coloquen bajo el mando de la sociedad en lugar de los criminales. Es decir, hace falta finalmente alcanzar un régimen democrático donde las autoridades en los tres ámbitos de gobierno (municipal, estatal y federal) respondan y rindan cuentas al pueblo.

La buena noticia es que tarde o temprano Peña tendrá que abandonar Los Pinos. Por el bien del país, hagamos votos para que se suspenda su mandato antes de los seis años previstos. México difícilmente aguantará cuatro años más del mismo naufragio. Mientras, urge consolidar las redes de solidaridad, organización y acción conjunta necesarias para asegurar que los próximos relevos federales no nos lleven a algo peor, sino que sirvan para finalmente transformar radicalmente la política nacional.