Paga Banco de
México, 97 pensiones millonarias, incluida la del expresidente Zedillo
Por Alba Olea
En
lo que va del austero gobierno de López Obrador, el Banco de México ha erogado
89 millones de pesos en 97 pensiones de altos exfuncionarios. Entre los
privilegiados destacan el expresidente Ernesto Zedillo, Agustín Carstens, Gil
Díaz, Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz, Buira Seira, Marcos Yacamán, Sidaoui Dib
y Del Cueto Legaspi.
Cada mes, el Banco de México
(Banxico) destina 14 millones 854 mil 315 pesos para sufragar las pensiones de
97 exfuncionarios, entre quienes destaca el expresidente de México Ernesto
Zedillo Ponce de León. En los 6 meses que lleva el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, ese gasto asciende a 89 millones 124 mil pesos.
De los 97 exfuncionarios, 78
ganan más que el presidente de la República: sus pensiones superan los 108 mil
pesos que el mandatario impuso como monto máximo para sueldos, e incluso en
un caso asciende a casi 300 mil pesos.
En un país con 90 millones de pobres
es vergonzoso que existan este tipo de pensiones, considera el doctor en economía y especialista en
gasto público Óscar Enrique Díaz Santos. El académico de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que las pensiones del Banco de
México son al menos siete veces más altas que las del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y
nueve veces mayores que las del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Quizás por eso Ernesto Zedillo no
renunció a esa remuneración. Y es que a diferencia de los otros expresidentes
de México, él mantiene su paga vitalicia con cargo al presupuesto del
Banxico: 107 mil 122 pesos al mes. El político expriísta fue miembro de la
Junta de Gobierno del Banco de 1987 a 1990 y presidente del país de 1994 a
2000.
El sistema del banco central es de
prebendas, porque otorga pensiones del ciento por ciento del último
salario de los funcionarios, y a veces un poco más, señala el
investigador Gabriel Badillo González. Adscrito al Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, explica en muchos casos los beneficiarios ni siquiera
son de la tercera edad: si han cumplido 25 o 30 años de servicio ya pueden
pensionarse.
En la lista de los privilegiados
figuran el actual gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín
Carstens Carstens; el exsecretario de Hacienda José Francisco Gil Díaz; y los exgobernadores y exsubgobernadores
Miguel Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz Martínez, Ariel Buira Seira, Jesús
Marcos Yacamán, José Julián Sidaoui Dib y Roberto del Cueto Legaspi, entre
otros.
Todos ellos se embolsan entre 100 mil
y poco menos de 300 mil pesos mensuales del erario. La pensión más alta –por 297 mil 433 pesos– la
cobra Mancera Aguayo, quien fuera gobernador de la institución de 1994 a 1997.
Para el doctor en derecho Manuel
Fuentes Muñiz, estas pensiones son “un enorme privilegio”, pues a diferencia de
los exfuncionarios del Banxico, “a la absoluta mayoría de los trabajadores
jubilados se les está pagando el equivalente a un salario mínimo mensual: unos
3 mil 80 pesos, aproximadamente”.
La política de austeridad, sin
embargo, está muy lejos de evitar estas canonjías. El especialista en gasto
público Díaz Santos explica que éstas y la Ley Federal de Remuneraciones no
afectarán el monto de las pensiones que paga el Banxico, puesto que la única
forma de que se reduzcan sería con la creación de un sistema de pensiones
unitario y equitativo, que incorpore los diversos regímenes existentes,
incluidos los de Nacional Financiera, la Comisión Federal de Electricidad,
Petróleos Mexicanos y el propio Banco.
Otros favorecidos de esa última
institución son: Enrique Trueba Méndez de Vigo, exdirector de Trámite
Operativo de 1983 a 1993, que recibe 266 mil 521 pesos mensuales; y
Francisco Gerardo Rueda Rábago, director de Contraloría de 1988 a 1996, quien
percibe 252 mil 201 pesos cada mes.
De acuerdo con información del propio
Banco, por esas 97 onerosas pensiones se gastaron 44 millones 562 mil
pesos tan sólo en el primer trimestre de 2019. El monto representó el 20.6 por
ciento del gasto total por concepto de pensiones y jubilaciones, que en ese
mismo periodo sumó 216 millones de pesos destinados a la cobertura de 3 mil 431
beneficiarios.
Para conocer los criterios que
posibilitan la disparidad en las pensiones y por qué no se aplica una política
de austeridad en el Banco, Contralínea solicitó entrevista con
el gobernador Alejandro Díaz de León Carrillo, pero la vocera de la
institución, Gina Castillo Casanova, indicó que no tenían nada que decir al
respecto.
La encargada del área de Comunicación
Social también dijo que ni el Banxico ni sus funcionarios harían declaración u
opinión alguna respecto a la controversia constitucional –sobre la Ley Federal
de Remuneraciones– que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para que no les fueran recortados sus sueldos y puedan seguir
ganando más que el presidente López Obrador.
Pensiones
millonarias
El doctor en derecho Manuel Fuentes
Muñiz considera que si bien las jubilaciones y pensiones del Banxico responden
a disposiciones legales y son acordes a su autonomía y normatividad
interna, son contrarias a la política de austeridad que plantea el
gobierno.
El profesor de la Universidad
Autónoma Metropolitana explica a Contralínea que los
pensionados y jubilados de Banxico pueden aducir que son derechos adquiridos y
que no se les pueden quitar. Pero, considera, si una ley es
desproporcionada tiene que haber una definición del Congreso de la Unión o una
declaración de la propia institución que permita revocar este tipo de
canonjías. Para que el gobierno pueda transformar esta realidad se
requiere de una legislación especial que corte o disminuya estos montos,
advierte.
Mientras eso no suceda, decenas de
exservidores públicos del Banxico seguirán viviendo del erario, como
Fernando Liceaga Rodríguez, quien fuera director de Administración de 1982 a
1996 y que actualmente sigue cobrando una jubilación mensual de 251 mil 188
pesos. O Guillermo Ortiz Martínez, gobernador de 1998 a 2009, a quien se le
pagan 237 mil 971 pesos mensuales.
Así, tan sólo en 2018, cada
uno de esos 97 exfuncionarios recibió entre 2 millones 717 mil y 3 millones 400
mil pesos, sufragados con los recursos del pueblo. Uno de esos 97 es el
anterior gobernador del Banco (2010-2017), Agustín Carstens Carstens, quien
se embolsó 1 millón 415 mil pesos el año pasado, a razón de 117 mil 927 pesos
mensuales.
Pero los exfuncionarios no son los
únicos que reciben pensiones millonarias: también hay beneficiarios por
viudez u orfandad, cuyas percepciones oscilan entre 120 mil y casi 200 mil
pesos. En esa condición se encuentran Verónica Ruiz Torres, con 193
mil 156 pesos mensuales; María de la Luz Mujica y Acereto, 147 mil; Paz María
José de la Mora García Sainz, 135 mil, y María Benita Gil Solís, 119 mil.
En entrevista con Contralínea,
el maestro Gabriel Badillo González señala que, previo a la llegada al poder de
López Obrador, muchos servidores del Banco de México se jubilaron de
manera anticipada para retirarse con una pensión igual a su sueldo.
El anuncio que hizo el morenista en
su campaña electoral respecto de la reducción de sueldos en el servicio
púbico causó pánico entre los servidores públicos de más alto nivel,
explica el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
“No creo que la Ley de Remuneraciones o de Austeridad tengan posibilidades de
cambiar esta situación”.
En 1994, año en el que se dio la
transición entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el Banco de
México modificó su plan de pensiones y adoptó el sistema de capitalización
individual o contribución definida. Los trabajadores contratados antes
de dicho año permanecieron con el régimen anterior, razón por la cual hoy existen
diferencias de más de 100 mil pesos en las jubilaciones de altos funcionarios.
De acuerdo con el maestro Gabriel
Badillo, la normativa estableció que para los servidores que ingresaron a
trabajar después de esa reforma ya no existirían prestaciones tan onerosas y,
en dado caso, “no habría tanto problema porque serían financiadas por
las propias aportaciones de los trabajadores y ya no con recursos públicos”.
El investigador agrega que “las
nuevas generaciones de servidores públicos del Banxico no van a recibir estos
beneficios. Ahora tienen un nuevo esquema que es financieramente más
viable, pero a quienes actualmente reciben estas pensiones no se las pueden
quitar. Es casi imposible modificar esta situación porque hay un
andamiaje jurídico que no lo permite”.
No obstante, la doctora Berenice
Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM, opina que el Banxico mantiene, aún después de la reforma de 1994, un
régimen de jubilación de privilegio, pues sus servidores tienen mayor
certidumbre que el resto de los trabajadores mexicanos afiliados, por ejemplo,
a las Afores.
La especialista en políticas públicas
agrega que las pensiones de los exgobernadores del Banco son reflejo de la
corrupción en el país, porque muchos de estos funcionarios llegaron a
esos puestos a través de recomendaciones de conocidos y no por sus propios
méritos.
La doctora en estudios latinoamericanos considera
que las políticas de austeridad tienen un objetivo correcto y por eso se
encuentran con tanta resistencia. “Incluso el gobierno se ha quedado corto en
hacer una evaluación más profunda sobre cómo, ante una economía deprimida, con
bajos salarios, el empleo público se transformó en un espacio de
desarrollo para sectores de clase media alta que fueron ubicados
fundamentalmente por las relaciones políticas que tenían con los directivos”.
