El
des-informe
El
desastre del sexenio de Padrés
Por Alejandro Maty Ortega/ Dossier Político
Guardería ABC
Al igual que la otra socia de la
Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Gildardo
Francisco Urquídez Serrano fue exonerado por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia penal y administrativa del Quinto Circuito, por lo que se convierte en
el segundo implicado en lograr la absolución por la tragedia del 5 de junio y
jamás podrán ser juzgados por el caso que enlutó al país.
Guardería ABC
Al cumplirse 4 años y 4 meses del
incendio de la instancia infantil en Hermosillo, Urquídez Serrano enfrentaba
cargos por homicidio y lesiones culposas, además de uso indebido de
atribuciones y facultades; sin embargo, el juez correspondiente determinó que
éste no intervenía en la operación, administración y dirección de la Guardería
ABC, por lo que no podrá ser juzgado ya por estos delitos.
Lo anterior, debido a que fundamentalmente
no se le puede imputar cargo penal por no atender la normatividad en materia de
Protección Civil, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que
al igual que la señora Gómez del Campo Tonella no podrá ser llamado a cuentas por
la justicia.
De la larga lista de implicados no
se ha logrado fincar responsabilidad penal ni civil a ningún ex funcionario de
la administración pasada, tanto del Gobierno de la República, del Estado y
Municipio de Hermosillo;
El pasado 19 de septiembre se documentó
que integrantes de “Manos Unidas” recriminaron al presidente Enrique Peña
Nieto, a través de un desplegado en medios de circulación nacional, su
indiferencia y su falta de compromiso de resolver las causas del incendio de la
Guardería ABC, promesa que empeñó como candidato el pasado 19 de junio del
2012.
La promesa como candidato la hizo
en Ciudad Obregón durante una gira de trabajo por Sonora “me quiero comprometer
ante ustedes a ser sensible a este problema, darle la atención; de llegar al
Gobierno tendrán la garantía de que este decreto se mantenga y, eventualmente,
amplíe derechos”.
Ese 19 de junio se documentó la
promesa cuando en compañía del diputado federal y ex gobernador de Sonora,
Manlio Fabio Beltrones, el hoy presidente de la República aseveró que “he
escuchado las peticiones que sintetizan, primero que se aplique justicia, que
la PGR realmente se ocupe de la investigación, la atención debida por parte del
IMSS a los niños que resultaron con quemaduras y lesiones”.
“Es lamentable y penoso, lo más
grave es querer medrar y hacerlo parte de la discusión política, entiendo la
percepción que tienen que los derechos no vayan a permanecer, tengan la
seguridad de la atención a las peticiones y demandas suyas; me parece legítimo
que tengan la preocupación; si llego al Gobierno se mantendrá el decreto del 20
de julio de 2010; tengan la tranquilidad que en el cambio de Gobierno no
tendrán afectación”, dijo.
El lunes, la señora Ofelia Vázquez
Ruelas reveló a DP que una vez más solicitaron al mandatario que haga valer su
voluntad política para resolver el caso que por 4 años, 3 meses y 5 días ha
permanecido “empantanado” y no ha registrado avances significativos pues hasta
el momento ninguna persona señalada como responsables ha pisado la
cárcel.
En el posicionamiento publicado en
los principales medios de circulación nacional al cual este medio tuvo acceso,
exponen que “ante la imposibilidad de hacerlo en forma personal, toda vez que
hasta el momento no se nos ha concedido un audiencia con Usted, la cual hemos
solicitado con mucha anterioridad, los padres y madres de niños fallecidos y
lesionados en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que
integramos el grupo MANOS UNIDAS POR NUESTROS NIÑOS, nos vemos en la necesidad
de utilizar este medio para poner en su alto conocimiento la situación que
prevalece en torno al caso y que desde luego por lo extremadamente delicado del
mismo, se requiere desde ya la toma de decisiones para su total resolución”.
Además, precisan que en este
sentido permítanos decirle que reconocemos los esfuerzos que hace la
Procuraduría General de la Republica en la labor de investigación para el
esclarecimiento del caso, sin embargo el ritmo de trabajo que imprime a las
investigaciones es tan lento que tranquilamente pasara su sexenio sin que haya
una determinación y esta situación ha propiciado que una persona señalada en la
investigación como uno de los participantes en la provocación del incendio que
costó la vida de nuestros menores hijos y cuya identidad por razones obvias nos
reservamos, recientemente falleció en un aparente “suicidio” con motivo de un
extraño operativo policiaco.
“Créanos señor Presidente que esa
noticia nos causó mucha rabia, impotencia e indignación y más aún al saber que
PGR no había realizado acción alguna para su localización y/o detención, no
obstante que dicha autoridad tenía conocimiento de su responsabilidad en la
muerte de nuestros hijos desde dos meses antes de su supuesto suicidio.
Consideramos la muerte y lesiones
de nuestros hijos como un CRIMEN DE ESTADO, toda vez que se produjo como
consecuencia directa e inmediata de una acción y decisión de gobierno, tomada y
ejecutada por personas que ostentaban el poder en el sexenio anterior del
Gobierno del Estado de Sonora, quienes sin ningún recato ordenaron la
destrucción de documentación oficial que eventualmente revelaría la comisión de
prácticas y actos ilegales en el ejercicio de los recursos públicos.
Mucho se habla de la violencia e
inseguridad que se vive en el país y ambos males tienen un mismo origen, el de
la IMPUNIDAD, ya que mientras se sigan cometiendo delitos sin que sean
castigados los responsables, seguiremos padeciendo y sufriendo, ya que mientras
no se castigue a los responsables directos de la muerte y lesiones de nuestros
hijos (PGR ya sabe quiénes son) no tendremos paz para vivir el duelo por tan
grande perdida.
Le recordamos que en su carácter
de candidato presidencial hizo un compromiso con nosotros que de resultar
electo Presidente de la Republica, se tomarían las decisiones necesarias para
resolver el caso y fincar las responsabilidades correspondientes en contra de
todos los involucrados sin importar la posición política o económica que tengan
y aún estamos esperando que se dé cumplimiento y no le tiemble la mano para que
los responsables por la muerte y lesiones de nuestros hijos, se pongan a
disposición de la autoridad judicial para que respondan a la sociedad por sus
graves acciones.
Asimismo también se comprometió a
que el Estado Mexicano cumpliría con la obligación que le corresponde en cuanto
al tema de la reparación del daño, tal y como al efecto lo señalo el Dictamen
emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Facultad
de Investigación No. 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 18 de Noviembre de 2010 y que incluso el Gobierno Federal ha merecido dos
exhortos del Poder Legislativo Federal, sin que hasta la fecha el IMSS, que es
la entidad responsable por parte del Gobierno Federal de dar cumplimiento a
esta obligación, lo haya realizado, motivo por el cual nuevamente solicitamos
su intervención para que de una buena vez y por todas se resuelva esta
situación.
El 27 de agosto, el representante
legal de los padres integrantes del grupo “Manos Unidas”, Lic. Gabriel Alvarado
Serrano, reveló en la primicia y exclusiva los alcances de la resolución que
revoca la exoneración de Francisco Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo
Bours, donde confía en que ya no existan más los “intocables” en las
investigaciones de la tragedia de la Guardería ABC.
El abogado Alvarado Serrano
precisó que con esta resolución, la Procuraduría General de la República (PGR)
cuenta con los elementos suficientes para consignar a los implicados señalados
a un Juzgado; sin embargo, expuso, “aún falta que la resolución judicial quede
firme ya que los ex funcionarios aún pueden objetar y el caso volvería a subir
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que muy probablemente
estará del lado de las víctimas”.
Alvarado Serrano describió que la
exoneración que diera la PGR en mayo del 2012 que hoy fue revocada, será
evaluada de manera objetiva por las nuevas autoridades de la dependencia
federal, por lo que confía en que en cualquier momento la PGR pueda consignar a
Molinar Karam, Bours y Ernesto Gaytán ante un Juzgado.
Explicó que existe el recurso de
revisión donde los involucrados pueden objetar tal resolutivo, por lo que
existe el riesgo de que con su poder político y económico éstos podrían ejercer
presión sobre jueces y magistrado como aparentemente sucedió en el pasado y
durante los juicios en el caso de la tragedia de la Guardería ABC.
El representante legal de “Manos
Unidas” dijo además que en caso de que los presuntos acudan a la revisión en un
Juzgado Colegiado, el caso pasaría directamente a la SCJN, instancia que con
seguridad dará la razón a la revocación de la exoneración vigente.
“Se corre el riesgo de que estas
personas recurran al recurso de revisión, pero más aún que puedan e intenten
presionar a jueces y a los mismos magistrados de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, el riesgo siempre existe lamentablemente”, indicó en exclusiva.
Gabriel Alvarado Serrano señaló
también que esta acción del juez Martínez Martínez da un giro de 180 grados en
las investigaciones del llamado “ABC: El Expediente de la Impunidad”.
Destacó que a petición expresa de
los integrantes de “Manos Unidas” y sobre todo por el manejo puntual, objetivo
y por ser el medio de comunicación en México más informado sobre el caso
ABC, se determinó en consecuencia dar la primicia y exclusiva a Dossier
Político sobre la revocación de la exoneración a los ex funcionarios señalados,
así como posteriores avances en las investigaciones.
Desorden financiero
El 15 de septiembre, se informó que
abonando al colapsado sistema de pensiones del IMSS e Issste que el Gobierno de
la República puso “en coma” en México, ahora el Gobierno del Estado saqueó el
Fondo de Pensiones pues además de adeudar más de 40 mil millones de pesos
también se perdieron las reservas por aportaciones y de 2 mil 300 sólo quedan
200 millones para los 12 mil pensionados y jubilados que para el 2015 serán más
de 17 mil en Sonora.
Al menos, en la primera lectura
que arroja la revisión de la Cuenta Pública 2012.
El saqueo
Derivado del análisis de la Cuenta
Pública 2012 del Gobierno por parte del Congreso del Estado al informe que
ominosamente rindió el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF),
órgano que en apariencia habría incurrido en proteccionismo, omisión y
negligencia, se logró establecer que al menos 6 mil millones de pesos del
erario público no comprueban uso ni destino sólo el 2012, falta ver lo que
saldrá del 2013.
El diputado Carlos Navarro López,
férreo opositor a la carga impositiva en Sonora, puso el dedo en la llaga al
acusar del saqueo inmisericorde de las puntuales aportaciones que han realizado
casi 60 mil burócratas del Estado, de los 72 Municipios y Universidades al
Isssteson por concepto de Fondo de Pensiones que debería superar los 2 mil 300
millones de pesos; sin embargo, asegura que en este momento el fondo tiene 2656
millones.
Indignado, cuestionó ¿dónde
quedaron los 2 mil 100 millones de pesos que aportan miles de ciudadanos para
nuestra jubilación?, es increíble que no expliquen en qué se gastaron esos
recursos que hacen falta, el ISAF no lo explica, su informe está incompleto y
tiene que concluirlo, los diputados del PAN se están haciendo los payasos; esto
es algo serio, es indignante lo que está pasando”-
Por si fuera poco, “resulta
espantoso documentar que en la revisión contable a las arcas de esta
institución se hayan hecho 100 observaciones, creo que es urgente que los
directivos de la dependencia renuncien a sus cargos por el grave desorden que
existe en el manejo de los recursos de los trabajadores al servicio del
Gobierno”.
El “desorden”
Y es que el miércoles, diputados
del PRI, PVEM y del PRD en sesión extraordinaria reprobaron el dictamen
del informe de los análisis de la Cuenta Pública del Estado en su
ejercicio fiscal del 2012, presentado por el Instituto Superior Auditoria y Fiscalización.
Cabe recordar que en un Resumen
Ejecutivo leído el miércoles en la Comisión de Vigilancia por la legisladora
del PRI Karina García, señaló una serie de irregularidades encontradas en el
Informe del ISAF en la Cuenta de la Hacienda Pública del año pasado, de 2 mil
519 observaciones quedan pendientes por solventar 673 irregularidades.
Calificaron como “el mayor
desorden administrativo” en la historia del Estado de Sonora en dependencias
como Fondo para la Modernización del Transporte (FEMOT) Isssteson y la
Secretaría de Gobierno.
La legisladora del PRI reveló que
se desconoce el destino de los créditos contratados por $400 y 200 mil
pesos que aprobó la 59 Legislatura el 24 de marzo del 2011 en el Decreto número
101 y modificado el 7 de diciembre del 2001 en el Decreto número 152.
Se detectó el pago de 30 millones
de pesos de manera indebida a servidores públicos, de los cuales 17 millones de
pesos fueron a parar al Isssteson, lo que significa que el Gobierno del Estado
no cumplió con el Plan de Austeridad.
En el caso de la partida 25301
denominada Productos Farmacéuticos, en donde se encontró la existencia de pagos
de más de 9 millones de pesos con comprobantes que no cumplen con los
requisitos fiscales en virtud de que no cuentan en el cuerpo de la factura, la
cantidad, descripción y precio unitario de los medicamentos adquiridos por la
dependencia.
Se comprobó –aseguró la
legisladora- un déficit en la constitución del “Fideicomiso de Pensiones y
Jubilaciones” por 40 mil millones 768 mil 888 pesos con 97 centavos.
En el caso de la Secretaría de
Gobierno no exhibió documentación comprobatoria que ampare el gasto de 135
millones de pesos; un caso similar es el de la Secretaría de Educación con 76
millones; Fomento al Turismo 22 millones y la Secretaría de Salud 8.8 millones
de pesos.
Carlos Navarro López legislador
del PRD pidió a los integrantes de la Comisión que se elaborara un dictamen
para ser turnado al Pleno del Congreso del Estado como se hacía antes en donde
los diputados realmente fiscalizaban, “es muy penoso que ISAF haga el trabajo
que le toca a los diputados.
El ISAF no sólo debe de hacer
observaciones o mencionar las anomalías; hay que aplicar sanciones
administrativas o sanciones penales contra quien haya hecho mal uso de los
recursos públicos.
Navarro López recordó que en el
año de 1997 los diputados del Congreso del Estado “abdicaron de calificar las
Cuentas Públicas del Gobierno del Estado.
Por su parte, Abel Murrieta
Gutiérrez lamentó que las irregularidades detectadas vayan en aumento, incluso,
se refieren con daño patrimonial que la Ley de Fiscalización los califica como
delitos graves, el órgano auditor sí tiene “dientes” y no como lo ha venido
sosteniendo el Auditor Mayor, Eugenio Pablos Antillón; el priísta citó el
Artículo 41 de la ley que establece la obligación de informarnos, además de
resarcir los daños.
Además la ley señala “que si en el
ejercicio de fiscalización superior aparecieran irregularidades que permiten
presumir la existencia de un delito es su obligación presentarla”; en el
Artículo 43 señala que las acciones resarcitorias tiene como objeto restituir
al Estado y los Municipios o Cuentas Públicas correspondientes el monto del
daño patrimonial y del daño que se ha causado respectivamente a la Hacienda
Pública.
También el Código de
Procedimientos Penales contempla en el Artículo 188, “que toda persona que en
el ejercicio de sus funciones públicas tenga el conocimiento de un delito que
debe de perseguirse de oficio está obligada a participarlo inmediatamente ante
el Ministerio Público trasmitiendo todos los datos que obtuviere.
Mientras que el Artículo 180 de la
misma Ley señala como “abuso de autoridad” por incumplimiento de un deber
legal… en su Fracción 8va dice: “procure la impunidad de los delitos o faltas
que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, absteniéndose a hacer
la denuncia de hechos o entorpeciendo su investigación”.
Gildardo Real Ramírez, a nombre de
la bancada del PAN, dijo que las observaciones que hacen los legisladores de
Karina García, Abel Murrieta y Carlos Navarro son políticas más no técnicas,
que las irregularidades de las que hablan los tres legisladores el ISAF tiene
la facultad desde hoy, iniciar los procedimientos de tipo administrativo o
legal.
Insistió en que las observaciones
de los legisladores son juicios de valoración partidista y pidió al presidente
de la Comisión José Luis Marcos León Perea que se asentara en el acta que su
bancada hará un posicionamiento del mismo juicio de valor que se está
planteando.
Por su parte Eugenio Pablos
Antillón en la reunión del miércoles de las Comisión de Vigilancia aclara que
el Estado tiene 30 días más los inhábiles que puedan solventar las 673
irregularidades de las 2 mil 519 observaciones y aclaró que el hecho de que en
la Cuenta Pública del 2012 se hayan presentado más observaciones no quiere
decir que haya más negligencia.
En el caso de las observaciones a
Femot, cuando llega la denuncia del PRI y del PVEM ya se estaba observando y
ahora se están viendo ambas; en el caso del Isssteson aseguró que son más de
las 100 observaciones que presentó el PRI y sólo esperan que el Congreso del
Estado oficialice esas observaciones para entrarle al procedimiento que sigue.
La quiebra
Después de las reiteradas
denuncias públicas expuestas de parte de integrantes del Partido Revolucionario
Institucional, PVEM y de PRD sobre desvíos de recursos y un grave “boquete”
financiero, ahora los diputados del PRI advierten de “histórico desorden
financiero” en el Gobierno del Estado.
A través de un desplegado, los
legisladores aseveran que “los sonorenses reprobamos la Cuenta Pública del
Estado, el mayor desorden financiero en la historia, malos manejos, no
comprobación del Gasto, desaparición de recursos, uso de cuentas bancarias no
autorizadas, 70 % de la obra pública con irregularidades y Gasto excesivo”.
En el documento, denuncian además
“histórico desorden en finanzas del Estado revela reporte del ISAF, no se
cumplieron metas programadas en el Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno del
Estado obtuvo más de 6 mil millones de pesos de recursos excedentes y aún así
no cumplieron el 40 % del Plan Estatal de Desarrollo”.
Sobre el transporte público, los
legisladores sonorenses del tricolor exponen que “se desconoce el destino y
aplicación de los créditos contratados por 400 millones y 200 millones para
determinar si se aplicaron conforme la autorización realizada por el Congreso,
hay denuncias ante la PGR por peculado y otros delitos en contra del secretario
de Hacienda y el ex director del Femot por estos hechos”.
En la exposición y largo
“rosario”, los priístas aseguran que “la deuda a proveedores se tiene
registrada por la cantidad de 956 millones 542 mil pesos, los adeudos a
proveedores significan un desorden mayúsculo en las finanzas estatales; se
piden servicios y productos pero no se pagan o se pagan únicamente a los
amigos”.
“No exhibición de documentación
comprobatoria que ampara el gasto de 409.9 millones de pesos, 30 millones de
pesos de pagos indebidos a servidores públicos, 17 millones del Isssteson, 9
millones de pesos en los que no se comprobó ni cantidad ni qué clase de
medicamentos adquiridos”, critican.
Y manifiestan que con la
Reconducción Presupuestal no hicieron caso de la ley, gastaron de más y como
castigo recibieron únicamente un regaño y entre los recursos del Femot y las
irregularidades de las dependencias estatales suman 6 mil millones de pesos que
no pueden comprobar”.
“La Comisión de Vigilancia del
Congreso del Estado reprueba la Cuenta Pública del Gobierno del Estado e
instruye al ISAF para que en caso de que el Gobierno no solvente en el término
de 30 días, promueva ante las autoridades competentes los procedimientos de
responsabilidad administrativos y penales que resulten procedentes, así como la
exigencia de la devolución de los recursos mal utilizados”, exponen en sus
conclusiones.
Padrés, debe irse
“Definitivamente el gobernador
Guillermo Padrés debe irse y no sólo eso, debe ser desaforado y sometido a un
proceso por los agravios a los sonorenses”, aseveró el líder de la Izquierda,
Gerardo Fernández Noroña, en visita a Dossier Político como parte de su gira de
trabajo “Porqué sí oponerse a la reforma energética”.
En exclusiva para DP, el ex
legislador federal por el Partido del Trabajo destacó en esta Casa Editorial
que Padrés “le quedó ´chico´ a las demandas y al sentir de los sonorenses pues
no ha cumplido como gobernante, yo lo he dicho y no cambio mi discurso, los
sonorenses deben ir a Palacio de Gobierno y sacarlo del poder, así de
sencillo”.
En la amplia entrevista concedida
a este medio el férreo defensor de la no privatización de Pemex, expuso que el
próximo 15 de septiembre la gente debe salir a dar el tradicional Grito a la
plaza Zaragoza aún con el anuncio del Gobierno que implementará un operativo de
seguridad con una serie de “filtros” similares a los del Estado Mayor
Presidencial.
“La gente ya está cansada, se
siente ofendida, agraviada, ni tres vallas pueden detener ´El Grito´ ciudadano,
´mega-mentada´ como se dice aquí y tiene derecho, por esa sistemática forma de
ofender al Pueblo, insisto, no sólo debe irse, renunciar, debe ser sometido a
un proceso y debe ser encarcelado”, consideró.
Contextualizó que el Gobierno
utiliza a las Policías y al Ejército para acallar las voces de los mexicanos
sumidos en el hartazgo por la manera en que un selecto grupo de poder se sigue
beneficiando con el erario público, donde el hambre, la pobreza, la desigualdad
y el desempleo es una constante en un país que además no lee.
“Convoco a los sonorenses, a los
mexicanos a la desobediencia civil, a defender a la Patria, a participar en la
defensa del petróleo, no estamos pidiendo dádivas ni limosnas, Pemex es de
todos los mexicanos, dejemos un mes de ver la televisión, sobre todo Televisa,
paremos todo al menos por 20 días y obtendremos respuestas de parte del
Gobierno”, precisó.
STEUS, sin pensiones
El pasado 21 de marzo de este
2013, con el ofrecimiento del 3.9 de incremento salarial y 0 por ciento a las
prestaciones sociales, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Universidad de Sonora (STEUS) en Asamblea General determinó emplazar a huelga a
las autoridades de la Unison, reveló en entrevista para Dossier Político el
M.A. Modesto Torres Valerio.
La Asamblea General del Sindicato
de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora emplazó a huelga a la
institución luego de que las autoridades negaran beneficios sociales a la
planta laboral sobre todo en lo concerniente al tema de las jubilaciones al no
recibir ningún tipo incremento en prestación social.
El secretario general del STEUS
lamentó que en las Mesas de Negociaciones la Universidad sólo pretende orillar
a los sindicatos a tomar medidas extremas como paros, manifestaciones y huelga
a fin de que la Opinión Pública critique las acciones del Derecho Laboral y no
el desinterés del Rector y la Comisión Revisora por dignificar la vida del
trabajador.
¿¡Universidad con Responsabilidad
Social?¡, cuestionó el maestro Modesto Torres.
En la entrevista con DP, lamentó
que la Universidad de Sonora solamente haya ofrecido un 3.9 de incremento
salarial y 0% para prestaciones no ligadas al salario, según Oficio No.
SGA/097/2013 firmado por la secretaria general Administrativa, M. E. Rosa Elena
Trujillo Llanes.
“Consideramos que no es un trato
serio el de la Comisión Revisora de la Unison, una vieja estrategia de retardar
los ofrecimientos; la Universidad debe de entender que es otra la forma de
negociar en base en argumentos y sustentos económicos y financieros, sino
parecería que esperan las medidas de presión que tanto afectan a los
estudiantes”, criticó.
Amplió que “en esta revisión
tenemos ejes principales como son jubilación integral, homologación de la
despensa, reestructuración del tabulador, zona de vida cara, seguro de vida,
seguro de gastos médicos mayores, fondo complementario de pensiones y
jubilaciones”.
Paradójicamente, el 11 de marzo,
fecha del 37 Aniversario del STEUS, por su labor educativa, trabajo de
vinculación con los sectores productivo y social, investigación, servicios a la
comunidad, producción cultural, acciones en sustentabilidad y otros rubros, la
Universidad de Sonora recibió por quinto año consecutivo la distinción de
Organización Socialmente Responsable.
Se trata del distintivo ESR 2013,
el cual se otorga a empresas e instituciones al cumplir, más allá de sus
obligaciones legales, con la gestión de políticas, procedimientos y programas
que inciden positivamente en las comunidades en que opera y, en general, el
entorno social de la región Noroeste de México.
Jubilación Integral
Torres Valerio precisó que “parte
de nuestro liderazgo es el estar ocupados por el futuro de nuestros adultos
mayores, para poder encontrar una solución al problema de la pensiones y poder
llegar a una jubilación integral, estamos dispuestos a que esto sea gradual
para que se pueda tener un sustento económico, en el que se vean variables de
antigüedad pero también de vejez”.
Señaló que en este tema no existe
beneficio social exagerado, por ello, “es necesario evaluar para reformar este
esquema tan injusto de jubilación, una reforma suficiente con sustento
financiero; entrémosle de manera tripartita sindicatos universidad e
Isssteson”.
El Secretario General del STEUS
explicó “una jubilación que es necesaria, pues es muy fuerte la disminución de
los ingresos cuando los compañeros se jubilan, así como de la asistencia
médica; como sindicato estamos trabajando en la conformación de un Fondo
Complementario de Pensiones y Jubilaciones, en el cual estamos solicitando
también que se le inyecté recursos, pero esto es aparte de la solicitud de jubilación
integral, es un esfuerzo de nuestro gremio”.
Describió que, por otra parte,
“tenemos un seguro de gastos médicos mayores el cual ya no podemos pagarlo,
sería un gran avance poder tener una opción B para esta prestación, una póliza
que esté a nuestro alcance de pago, no importa que no tuviera la misma
cobertura ya que son menos de 300 los compañeros con esta póliza actualmente de
más de mil 941 asociados”.
Explicó a DP que la póliza del
seguro de vida tiene más de diez años que no se aumenta, “tenemos una póliza de
330 mil pesos y estamos solicitando un incremento a 500 mil pesos”.
En resumidas cuentas, dijo,
“nuestros compañeros no se jubilan porque se van con menos del 60% de su
sueldo, sin un servicio público suficiente, sin una póliza de estos de gastos
médicos mayores y con una reducción en su póliza de vida a menos de la mitad de
los activos; esto no es ser socialmente responsable”.
Indicó que otros puntos de estudio
son:
Homologación de la despensa como
la reciben los trabajadores de confianza de mil 900 pesos.
Actualmente se nos paga mil 300
pesos,
Reestructuración del tabulador, 5%
para distribuirse al tabulador actual.
Sin embargo, pese al esfuerzo del
líder del STEUS para evitar al máximo el emplazamiento a huelga y afectar con
ello a la Comunidad Universitaria, determinaron “planchar” las banderas
rojinegras e iniciar con el Plan de Acción los primeros días de abril próximo.
El pasado 27 de febrero, el
secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad
de Sonora (STEUS), M.A. Modesto Torres Valerio, reveló a DP que este año, más
de 200 trabajadores se encuentran en tiempo de jubilación, por lo que se hace
necesario priorizar el tema de las pensiones en la revisión contractual 2013
entre el STEUS y la Unison, que inicia a partir de hoy con la instalación de
las Mesas de Negociaciones.
En entrevista exclusiva el
secretario general del STEUS destacó que para fortalecer el Fondo de Pensiones
y Jubilaciones que tiene proyectado el Sindicato de Trabajadores y Empleados de
la Universidad de Sonora, solicitan a las autoridades universitarias una
aportación adicional de 2 millones de pesos, recursos que serán depositados en
un fideicomiso que administra dicho fondo.
Torres Valerio describió que para
antes del 2015, el 20 por ciento de los mil 941 trabajadores y empleados
integrantes del STEUS estarán en tiempo de jubilación, por lo que resulta
imperativo contar con un fondo acorde a las necesidades de este sector laboral
que requiere de la atención de las autoridades.
Expresó que la mayor parte de los
trabajadores que llegan a su etapa de madurez laboral al cumplir 28 años de
servicio, en el caso de las mujeres y 30, en el caso de los hombres, prefieren
quedarse más años en servicio porque hasta el momento la Universidad de Sonora
ofrece pensiones del 60 % del salario, de ahí la imperiosa necesidad pugnar por
un fondo que permita mejorar la condición de vida de los pensionados y
jubilados de la Unison.
El Secretario General del STEUS
dijo que en el tema de la transparencia y rendición de cuentas, el Sindicato de
Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora se encuentra a la
vanguardia, por lo que los mil 941 integrantes del sindicato reconocen que se
ha trabajado bajo el marco legal y de respeto al interior del gremio.
Torres Valerio insistió además en
la necesidad de revisar y reformar la Ley 38 del Isssteson a fin de mejorar la
calidad de vida de las personas jubiladas y pensionadas, por lo en esta
revisión se pide además analizar el convenio para establecer el fondo
complementario.
Los 230 mil viejitos
Y apenas el 4 de septiembre,
Virgilio Arteaga denunció que la Ley de Adulto Mayor sigue siendo “letra
muerta” en Sonora y que el Gobierno del Estado cobra al adulto mayor mil 500
pesos y no 900 como está estipulado, por lo que la herencia de más de 230 mil
“viejitos” se encuentra en riesgo.
El representante de Abuelos
Trabajando, Virgilio Arteaga González, asegura que las autoridades estatales
ignoran la Ley de Adultos Mayores del Estado de Sonora publicada en el Boletín
Oficial el 7 de septiembre del 2007, les están cobrando a quienes pretenden
realizar su testamento mil 500 pesos cuando el año pasado este cobro era de
novecientos.
Sin embargo, según la ley en su
Artículo 14, en su Cláusula Primera, indica que el Gobierno del Estado deberá
absorber los costos que el trámite del testamento represente en las Notarías,
así como la asistencia jurídica:
Artículo 14.- A la Secretaría de
Gobierno le corresponde:
I.- Proporcionar a los adultos
mayores asesoría jurídica gratuita en los procedimientos administrativos o
judiciales en que sean parte, entendiendo preferentemente aquellos que se
refieren a la seguridad de patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria;
los representantes de los adultos mayores acudieron al área de gestión Social
del PRI estatal para solicitar su apoyo con las autoridades ya que el 80% de
las personas mayores de 60 años no están en condiciones de pagar.
Como si no fuera suficiente la
apatía de las autoridades en cumplir para cumplir la ley durante esta
administración, dijo, se nombró un Consejo Ciudadano de la Ley del Adulto en
donde se tomó protesta incluso por el coordinador de los panistas, Javier
Neblina, teniendo como recinto el Salón Gobernadores.
Expuso que el Consejo ciudadano de
la Ley del Adulto ha sido ignorado o sólo se cumplió un protocolo para
darle realce a la ley al aparente compromiso del Gobierno en turno con los
adultos mayores, pero que solo quedo en palabras; actualmente el 10% de la
población en Sonora tiene más de 60 años esto significa que 230 mil personas
tienen problemas o tendrán en su momento cuando tramite su testamento.
La Secretaría de Salud
El 7 de mayo pasado, se documentó
que de acuerdo a informes proporcionados por el Dr. Carlos Manuel González
Méndez, el secretario de Salud, Bernardo Campillo, se hizo millonario de la
noche a la mañana y llevó al Sector Salud a una condición de quiebra financiera
con un saqueo inmisericorde de recursos que pone en riesgo la vida de los
pacientes y la funcionalidad de los Servicios de Salud en Sonora.
El Dr. González Méndez sostiene
que existe desabasto de medicinas y una deuda superior a los 600 millones de
pesos en el Sector Salud, hechos que han provocado la muerte de pacientes ante
la falta de equipamiento luego del saqueo que hoy mantiene al secretario de
Salud con una mansión de más de 10 millones de pesos en San Carlos, Nuevo
Guaymas, lo que no podría pagar con su salario como funcionario del Nuevo
Sonora.
El 14 de junio del 2012, dos días
después de su despido del Hospital General, el médico sostuvo una entrevista
con Dossier Político, denunció que después de 20 años ininterrumpidos como
neurocirujano, fue despedido injustificadamente luego de una férrea lucha en
pro de la transparencia y contra el desvío de recursos en la Secretaría de
Salud de Sonora.
En entrevista exclusiva el galeno
expresó que “los abusos del poder del Gobierno del Estado no tienen límites, el
esperanzador Nuevo Sonora es solamente una pesadilla de la cual no hemos podido
despertar, la lucha por nuestros derechos laborales y el pago completo de
nuestros salarios de los empleados de la Salud siguen”.
González Méndez describió que “la
lucha inicia en el año 2007 en pleno Gobierno autoritario boursista contra los
54 médicos que decidimos a través de los tribunales laborales y la Junta de
Conciliación y Arbitraje, exigir nuestro sueldo completo y nuestras
prestaciones para una jubilación justa, ya algunos médicos han fallecido sin
haberlo logrado”.
Amplió que con la llegada del
nuevo Gobierno, habiendo en campaña comprometido su palabra, Bernardo Campillo
y Gustavo López Caballero, “solamente la traición y la avaricia los ha
mantenido deteriorando los sueldos de los empleados de salud y desviando los
sueldos a sus arcas propias, se logró en agosto del 2010 constituir un
sindicato legítimo, con toma de nota y registro, pero nunca al servicio de los
corruptos, nació el SESSS”.
Los “aviadores”
Expuso que el SESSS inició
demandas históricas contra los 104 aviadores del sindicato de Villalobos,
“líder corrupto que no cuenta con registro ni toma de nota y coordinador de la
campaña de López Caballero a la Alcaldía.
Resultado, una Contraloría
solapadora. Un movimiento por la transparencia se inició para conocer el desvío
de recursos de las nóminas de los trabajadores de Salud, logrando mediante
manifestaciones que se nos entregaran, auditamos y encontramos irregularidades
desde el 2006, pero desvíos hasta por el 50% de los sueldos homologados que
envía la Federación”.
El Dr. González indicó que el
último año se enviaron 187 millones de pesos y se “prestaron” a programas
sociales del Gobierno del Estado como Oportunidades, Progresa y Crecer, casi 90
millones.
“Este año, desde febrero se nos
inician descuentos a todos los trabajadores de la Salud, con seguros de vida
inventados que no solicitamos y nunca entregaron pólizas por 400 pesos al mes, se
nos descuentan prestamos inventados, o faltas inexistentes, denunciamos y
actuamos requiriendo el cierre de la calle reforma para que se nos reintegrara
parcialmente”, precisó.
El día de hoy (jueves), en base a
un proceso de levantamiento de acta administrativa abusando de testigos falsos,
del Director Administrativo del Hospital General del Estado Huberto García
Astiazarán, “sujeto represor de nuestros derechos a manifestarnos y que actúa
como supervisor de maquiladora, han dado un duro golpe a la lucha por la
transparencia despidiéndome del Hospital General del Estado que durante 20 años
fue donde ejercí como neurocirujano”.
Aseguró que ante la adversidad, su
lucha no termina y la búsqueda por la reinstalación, apenas comienza.
“La verdad saldrá a flote y los
responsables de los desvíos de recursos tendrán su castigo; el movimiento no
termina con el terrorismo laboral del Hospital General “Dr. Pesqueira”, tiene
cuentas pendientes con sus trabajadores por su espíritu mezquino y cobarde”,
finalizó el secretario general del Sindicato de Empleados de los Servicios de
Salud de Sonora (SESSS).
Sonora Ciudadana
El pasado 21 de junio del 2012,
Sonora Ciudadana emitió un comunicado donde expone que tras una persecución
constante por parte de los directivos del Hospital General del Estado, el
neurólogo y líder del SESSS fue despedido el pasado 12 de junio por exigir
transparencia en el manejo de recursos públicos, por lo que se recurrirá a los
procedimientos legales correspondientes para defenderlo de
tal decisión.
Este es un hecho sin precedentes
pues el Sindicato cuenta con toma de nota y registro ante las autoridades
competentes, pero no goza del reconocimiento político/administrativo de
Servicios de Salud de Sonora. Con este despido injustificado se consolida el
“terrorismo laboral” que se ha venido denunciando desde hace tiempo por parte
de distintos trabajadores.
“Nuestro actuar no es
político-partidista, nuestras demandas empezaron en el anterior sexenio y
continúan en el actual, mismo que no ha cumplido con sus compromisos de
campaña. Mi despido es por recordarles esos compromisos y es una muestra de la situación
que guardan nuestros derechos como trabajadores de la salud”, señaló el Dr.
González.
Desde hace cinco años el Sindicato
de Empleados de Servicios de Salud de Sonora, que integra a 400 trabajadores de
la salud, ha exigido transparencia en el manejo de los recursos que envía
el Gobierno Federal para pagarle a los empleados la llamada homologación
salarial, por lo que desde 2008 se han interpuesto 205 demandas laborales para
que las autoridades paguen los salarios completos incluyendo las pensiones
debidas, como corresponde según los tabuladores oficiales.
“Preocupa que las autoridades
crean que pueden anular derechos básicos de los trabajadores como el derecho a
manifestarse”. Señaló Guillermo Noriega Esparza, Director de Sonora Ciudadana
AC, quién además recordó que solamente el año pasado el Gobierno Federal envió
más de 185 millones de pesos para los salarios de los trabajadores y no todo
llega a sus manos. “Ahí es donde tiene fundamento el trabajo de investigación
que realizamos con el SESSS”.
Señaló que acudirán a la Comisión
de Derechos Humanos, los tribunales competentes y se hará uso de todos los
recursos legales nacionales e internacionales para proteger los derechos de los
trabajadores de la salud, al mismo tiempo que hizo un llamado al Gobierno de
Sonora a permitir un clima democrático en el que se respete la libertad de
asociación y de manifestación.
“No preocupa mi situación, pues
sabemos que tarde o temprano los tribunales me reinstalarán en mi trabajo,
lo que preocupa es que quieran aniquilar un movimiento sindical de forma
tan autoritaria”. Concluyó el Doctor.
Para mayor información: Dr. Carlos
González, celular (662) 2762141
Antecedentes
• En 1998 inicia la Sociedad de
Médicos del Hospital General del Estado a solicitar a ISSSTESON, Servicios de
Salud de Sonora y Gobierno del Estado a que se entreguen prestaciones para
pensiones del sueldo homologado obtenido por la descentralización (1997).
• En enero de 2007 (sexenio de
Eduardo Bours) médicos del Hospital General inician proceso para demandar
laboralmente a los Servicios de Salud de Sonora por la nula respuesta a la
integración de la homologación para una pensión.
• En marzo 2007 se integran 56
demandas laborales por no recibir el salario como es debido. A lo largo de los
años se han sumado otros hasta llegar a 205 demandas.
• En abril 2007 inicia la
represión contra médicos que demandaron laboralmente, con amenazas de despido,
cambio de horarios y turnos de trabajo, videograbaciones al entrar y salir del
hospital, entre otras prácticas de acoso.
