OTRA LEY MEDIOCRE E INCOMPLETA PRESENTADA: LA LEY DEL SERVICIO CIVIL
Por Alejandro De la Torre. CRóNICA10.
La actual Legislatura y su diputado
Sebastián están orgullosos de que hicieron dicen ellos, una ley trascendente,
al fin.
Pero se quedan cortos, muy lejos de
transformar el servicio profesional y civil de carrera en los cargos públicos,
tanto de base como de confianza en los poderes públicos del Estado de Sonora.
Partieron de hacer una serie de
reunioncitas con algunos comentaristas de diferentes organismos muy reducida,
sin conocer, así como nos tienen acostumbrados a la gran mayoría, el 99 por ciento
de la población y ciudadanía sonorense, de lo que trata esta nueva ley que
regula la integración de los empleos de la esfera de desempeño laboral público
que lo componen mas de 46 mil burócratas y cerca de mil funcionarios de
confianza.
No se determina con decisión y
firmeza que actualmente el partido en el gobierno Morena y sus satélites como
el Partido del Trabajo, fueron y son, agencias de colocaciones de hermanos,
primos, esposas, cuñadas, comadres, hijos, sobrinos, amigos y compañeros de
escuela, socios y colegas de partido violando la misma ley que hoy se corrige y
se aprueba sobre sus escombros una nueva, con esta mediocre iniciativa que
presentó evidentemente por consigna el diputado guaymense Orduño Fragosa,
recordado cuando atropelló matando a una persona de la tercera edad con su
automóvil en mayo de 2021.
La ley del servicio de carrera, es una ley sin mucho fondo, no regula en el corto y en el largo plazo el cambio cualitativo de un servicio público integral.
Los burócratas son conocidos como
empleados huevones, que trabajan 7 horas diarias y una de ellas para comer, y
otras para leer el periódico, chismear y tomar café.
No contempla esta ley la urgente
necesidad de que el burócrata cumpla con las 40 horas de trabajo a la semana, y
no contempla tampoco la evaluación del desempeño, con parámetros de medición de
productividad y tiempos efectivos, esto es que no deben presentarse tiempos
muertos en la labor del servicio público gubernamental, cuando todos sabemos
que esto es lo que impregna el servicio en cualquier dependencia u oficina de
gobierno, despotismo, influencias, amiguismo, desdén por los ciudadanos,
desatención, prepotencia, ignorancia, corrupción, además de ser servidores
públicos muy desobligados, sin el deber de servir de forma abierta y digna a
los ciudadanos que pagan los impuestos y que son dueños del presupuesto con que
les pagan los sueldos al gobernador, a sus altos y buenos pa nada de sus
funcionarios, a jueces y fiscales, a empleados de todo tipo y que pagan las
jugosas pensiones como la del que fue presidente del poder judicial Max
Gutiérrez Cohen, de 180 mil pesos mensuales, lo mismo que cobran decenas de jubilados quienes fueron mediocres y corruptos
magistrados de Tribunales o caciques de otros organismos públicos.
Esta ley no comprende que el servicio
público del poder judicial debe reformarse, esto es que deben las oficinas y
despachos judiciales ampliar sus turnos laborales y de atención al público, de
las 7 a las 19 horas de cada día, la labor judicial civil y penal, así como
laborar los días sábados, y no solo las oficialías de partes, si no la atención
a los usuarios.
Y esto debe comprender también todas
las dependencias estatales, de los ayuntamientos y de los organismos autónomos,
así como de las Fiscalías, las agencias fiscales, Icreson, Registro Civil,
ISAF, etcétera.
El servicio público debe tener
sistemas de mejoramiento contínuo, capacitación constante y uso de la
tecnología avanzada y actualizada, algo que no existe.
Pero lo mas importante es ver a los
ciudadanos no como gobernados, como los concibe esta ley, al resto de los
mortales, si no como dueños del servicio público, que con su trabajo con sus
impuestos son contribuyentes y deben ser los sujetos exigentes, que deben
conformar como no lo contempla la ley, un Consejo de gobernabilidad del
servicio público, que vigile y sancione a los malos funcionarios y malos
empleados públicos.
De la misma forma los funcionarios
sexenales no son acotados, ya que cada seis años o menos son removidos como
trapeadores, los únicos funcionarios que debería remover el gobernador son sus
tres principales funcionarios, el secretario de gobierno, el jefe de su
despacho, y el tesorero, todos los demás deben ser inscritos en la normatividad
por aplicar de una nueva y mejor Ley del servicio profesional público.
Es una ley mas, que tampoco se va
aplicar, como no se aplicó la que se sustituye, y no se aplican las leyes
chicas y grandes en el Estado de Sonora, como no se aplica nunca la Ley de Responsabilidades Administrativas. Todo es tráfico de influencias y corrupción
en los burócratas, para eso se pintan solos. Es una ley mediocre mas, de las
que ha confeccionado la Cuata Tanfomachón.
Para responder al cambio del régimen
político, se requiere reformar todo el aparato administrativo público del
gobierno del Estado, reformar la Constitución y el funcionamiento de todo el
gobierno, recortando por lo menos 10 mil millones de pesos anuales que se van
al gasto de dependencias que no deben de existir, como Turismo, Economía,
Trabajo, Fideicomisos y dependencias dioquis. Este dinero debe de aplicarse
para reducir la pobreza, combatir las adicciones, programas nutricionales, y
hospitales siquiátricos así como abrir plazas de empleo para mejorar calles,
limpieza, infraestructura, y generar el ingreso de la gente que vive en la
mendicidad, en la austeridad y la falta de mejoría de vida.
LIBERTAD INCONDICIONAL PARA EL
ABOGADO FLORENTINO VÁZQUEZ BORJA.
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